Economía y segunda fase del #opendata

Hace un par de días, @mgarrigap publicaba una entrada en su bitácora referente a la apertura de una segunda fase del desarrollo del movimiento "opendata". Básicamente, estoy de acuerdo con él, y en ella entramos por puras razones economicistas. Es una consecuencia lógica de la necesidad de dar soporte económico al esfuerzo de puesta a disposición de la información pública, de aminorar la tensión existente entre la demanda de transparencia y el coste de satisfacerla en tiempos de arcas públicas exhaustas. Algo previsible a medida que nuevas unidades administrativas se plantean la necesidad de entrar en el terreno de juego del "opendata" y, como indicaba hace un año, descubren que "la transparencia y apertura de datos no es gratis, y muchas supone trabajar con sistemas obsoletos sobre los que cualquier intervención cuesta un potosí".

Siempre he sido de la idea que no toda la información pública podrá facilitarse de modo gratuito, y mucho menos en formato procesable.  La higiene democrática y las leyes obligan u obligarán a que así sea para ciertos conjuntos de datos (presupuestos, gasto público, ...), y esto será así principalmente para información que sea objeto de reutilización no lucrativa por aplicaciones como ¿Dónde van mis impuestos? de @dcabo, pero no será la norma general. 

Cómo decía @andreadimaio en un post reciente, cobrar por el "opendata" no es una mala idea. El aspecto a determinar es cuánto cobrar. La Ley 37/2007 habla de como establecer contraprestaciones económicas en su artículo 7. Es importante resaltar que el precio a hacer recaer no es referente a una información o conjunto de datos concreto, sino que se refiere a "cubrir al menos los costes del servicio o actividad". Ello permite a las Administraciones Públicas modelos de negocio no onerosos para el erario público, en que se conjugue ofrecer a coste cero conjuntos de información de interés general mientras ciertos conjuntos de información que tengan demanda comercial se ofrezcan a precios superiores a lo que cuesta generarla. La condición es la suma cero de todo ello basándonos en un balanceo entre aquellos que podemos cobrar por uso y aquello que no debemos establecer coste por utilizar.

Y aquí es dónde entran en juego modelos como el puesto encima de la mesa por el Gobierno Británico. La creación de una corporación de opendata que haga la gestión global de todo el servicio para las Administraciones Públicas permite establecer economías de escala y un balanceo apropiado entre aquello que se cobra y lo que se da gratis. 

Comparto parte del escepticismo alrededor de la propuesta, aunque en mi caso no provenga de la idea sino de la posible titularidad privada de su implementación que deja traslucirse en este caso. En primer lugar, creo que la gestión y puesta a disposición de la información pública debe realizarse por el mismo sector público, evitando en lo posible la entrada de actores privados que den lugar a conflictos de intereses sobre qué liberar y a qué precio. En segundo lugar, el establecimiento de un modelo de partenariado público- privado en esta materia como ha propuesto alguna vez la OECD  lo veo de difícil compatibilidad con el veto a los acuerdos de exclusividad que marca la actual Directiva europea en la materia y la Ley 37/2007.

Efectivamente, entramos en una segunda fase del opendata. Nuevas unidades administrativas que aún no han entrado en juego entrarán en la medida que  el marco legal les obligue y exista un modelo de producción no deficitario. Los dineros van a marcar esta nueva fase además de la demanda de transparencia, y, probablemente, necesitemos adoptar modelos de cooperación interadministrativa que nos permitan adoptar las economías de escala para afrontar esta fase.