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miércoles, 20 de junio de 2012

Necesitamos más #opendata y más #openservices

No es difícil abrir el periódico y encontrar un ofrecimiento de "colaboración" de la empresa privada para mejorar el desarrollo de los servicios públicos electrónicos. Suelen ser estrategias destinadas a obtener contratos públicos que giran alrededor de la externalización de uno u otro aspecto del desarrollo del Gobierno electrónico. 

Una última moda dentro de este modo de actuar de alguna de nuestras empresas, es disimular dichas estratégias mediante llamadas a la Colaboración Pública-Privada (CPP), que en ocasiones son aplaudidas e incitadas por responsables del sector público. Casa sin embargo mal la CPP y el Gobierno Electrónico, y la OECD en su web indica que "not for projects with rapidly changing technology such as IT, but possibly for well known generic technology such as roads"

No quiero ser malinterpretado. El sector privado ha de tener su sitio en el desarrollo del Gobierno Electrónico, y de hecho lo tiene (Sin ir más lejos, en la AGE en 41% del presupuesto TIC se dedica a servicios prestados por sector privado y sólo el 26% a gastos de personal). Creo sin embargo que conviene que nuestras empresas avancen hacia modelos de negocio de Gobierno Electrónico superpuestos a la actividad de las Administraciones Públicas, que creen un valor adicional al ciudadano, ya sea de modo gratuito o bajo pago.

Existen diversos ejemplos de servicios de Gobierno Electrónico privados superpuestos los prestados por las Administraciones Públicas. Algunos de ellos como "Hogar 2012" o "Renueva tu carnet", orientados a dar usabilidad a servicios existentes. Otros como Euroalert agregan servicios a la información del sector público. Son ejemplos de como ampliar el servicio público llegando donde no llega la Administración.

Sin olvidarnos de las grandes empresas tecnológicas, los profesionales TIC deberíamos cuidar más y apoyar a quienes amplían el servicio público sin coste para el erario público. Hagamos más con menos, pero también facilitemos que alguien pueda hacer más con lo que ya hacemos. Necesitamos más opendata y openservices.

miércoles, 28 de marzo de 2012

Mis dos lineas sobre el anteproyecto de #leytransparencia

He tardado en escribir nada sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia. Tan sólo he realizado unos cuantos tweets al respecto, analizando las respuestas de unos y otros al mismo, y tratando de aportar algo distinto a lo dicho. En muchas de sus opiniones, coincido con lo escrito por @joseche_jagg , así que no voy a repetirme en la necesidad de que el ámbito de lo que sea al final la Ley de Transparencia debe afectar a todo aquel ente u organismo que se financia con dinero público. Tan prolijo detalle de organismos, parece más destinado a ocultar algo (e.g. la excepción tan mencionada de la Casa Real), que a arrojar luz sobre lo público. Pero voy un paso más allá, el ámbito de la futura Ley de Transparencia debe garantizar que los servicios públicos que un futuro pudieran privatizarse siguieran cumpliendo los preceptos de la Ley en su nuevo estado. 

La lista de materias sobre la que se ofrece información proactiva es algo en lo que tampoco voy a profundizar. Es una lista como otra cualquiera, en la que faltan cosas pero se incluyen muchas otras, y en la que cada uno podemos echar algo a faltar. Lo más preocupante, sin embargo, es que el artículo 7 relativo al Portal de Transparencia deja entrever que existirá un desarrollo reglamentario de la Ley, donde puede venir la rebaja de a partir de qué montantes han de publicarse contratos o subvenciones, por ejemplo. 

Lo que veo más criticable de la información que se publique de modo proactivo es la revelación de un espíritu profundamente analógico en el redactor de la ley.  Ninguna referencia a obligaciones de publicar la información en estándares abiertos, formatos desagregados y bajo licencias que permitan la reutilización generalizada. Es importante publicar información de modo proactivo por medios electrónicos, pero más lo es facilitar que dicha información se difunda y que pueda procesarase para que cada cual saque sus conclusiones.

Respecto al portal de transparencia, me parece una regulación escasa o innecesaria, segun se mire. Para dar acceso a la información pública de la Administración General del Estado, existe ya un portal, lo que haría innecesario regular el Portal de Transparencia, salvo por el hecho de aquello del marketing legal y administrativo. Pero es a la vez escasa, echo de menos que se consituya en un hub de la transparencia participativa, indicando que se dotará de herramientas para ello, y actue de punto único de ejercicio del derecho de acceso por medios electrónicos. Y fijate que esto último es sencillo, lo bien que lo hace tuderechoasaber.es y lo poquito que ha costado (aunque le falte usar registro electrónico en lugar de mail).

Sobre el mecanismo de solicitud de información, una vez más se muestra el espiritu analógico del legislador. ¿Porque no se incluye la posibilidad de adherirse a peticion en curso? ¿ Porque no se obliga a la publicación por medios electrónicos de las solicitudes de acceso y su resultado? Por no volver a mencionar a sólo a tuderechoasaber.es que a fin de cuentas es una iniciativa privada, darse una vuelta por "We the people" o por e-petitions, da una idea de cómo otros gobiernos implementan solicitudes de acción e información, plenamente exportable a la solicitud de acceso si uno abre un poco las miras.

Y habría más cosas criticables, por ejemplo la elección de la Agencia de Evaluación como Agencia de Transparencia sin dejar claro, por ejemplo, si va a ser más transparente en su vigilancia de la Ley de Transparencia que lo es en la evaluación de servicios públicos. Pero por hoy, vamos a dejarlo que ya hemos llenado Internet de muchos bits sobre el tema.





martes, 3 de enero de 2012

Propuesta socialista de ley de #transparencia : la broma adelantada del 28-D

El mismo día de la solemne apertura de la legislatura, el partido de la oposición presentó una proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me enteré de ello por el tweet de @antoniogalindog, pensando al principio que era algo serio, y que se trataba de la propuesta del partido del Gobierno. Pero no, se trataba de una broma adelantada en un día al 28 de Diciembre. Sólo de broma puede tacharse el hecho que un partido que ha estado 8 años en el gobierno presenté como primera propuesta una ley prometida en las elecciones previas a ambas legislaturas.

Me he leido el texto. Hubiera sido una buena propuesta de ley, pensaba incluso compartir un análisis escrito de ella en ésta bitacora, pero hoy hablar en más detalle de la misma es sólo una pérdida de tiempo. Tenemos el sistema electoral y político que tenemos. Las propuestas de la oposición en el parlamento tienen un nulo recorrido, y la propuesta de ley sólo puede considerarse una limpieza de los fondos de armario del paso por el poder. La propuesta de ley es un ejercicio vacuo y esteril.


Una vez más se confirma lo que dije en un tweet, las leyes de transparencia se distinguen por ser propuestas del partido de la oposición. Espero equivocarme y el Gobierno presenté la suya en tres meses como anunció la Vicepresidenta.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Gobierno Abierto: 12+1 retos para 2012



El próximo año 2012 va a ser sin duda un año crucial para la idea de “Gobierno Abierto” , un año en el que habrán de concretarse muchas de las propuestas que venimos debatiendo desde hace tiempo si no quieren perderse en el limbo de los justos.

En el siguiente texto, 12+1 interesados y expertos (me considero de los primeros) en esta materia de diversos países hemos colaborado para ofrecer nuestra  su visión de los retos debemos afrontar durante los próximos 12 meses. Doy las gracias a Cesar Calderon por la iniciativa, y he modificado su post original para darle el lugar que le corresponde en la lista.

En este trabajo han participado consultores, profesores universitarios, funcionarios, políticos, trabajadores de organismos internacionales, expertos provinientes del tercer sector.. todos unidos aportando sus propuestas sobre los retos que  el Open Government va a tener que superar, esperamos que sea de su interés.

Desde mi punto de vista 2012 no solo va a ser un año crucial, sino un año crítico en muchos sentidos.
La idea de transparencia avanza, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados, y los éxitos logrados, 2011 no ha sido el año de la gran eclosión que suponía, generando ya de forma evidente, gobiernos de dos velocidades, y por tanto, ciudadanos de dos categorías.
En la primera velocidad navegan los gobiernos con leyes de transparencia activas, avanzadas y exigentes; aquellos que han asumidos como propio el reto de ser permeables al cambio radical que se ha operado en la ciudadanía en los últimos meses. Gobiernos que comienza a experimentar nuevos canales de participación y nuevas estrategias de colaboración.
En la segunda velocidad quedan el resto, gobiernos que aún no han comprendido la importancia de estas cuestiones, y que con su cortedad de miras,  han convertido a sus ciudadanos en una suerte de segunda división respecto a los del grupo anterior.
El reto para 2012 es sin duda que no solo los más avanzados sigan corriendo, sino también que los otros puedan acortar distancias para no generar mayores fracturas sociales.

Crear un organismo independiente que vele por el #o.gov y #o.data. al servicio por una parte de todas las administraciones y por otra de la ciudadanía.
1. A las Administraciones: ayudarles a implementar el ogov y el odata con formación y asesoramiento. Además se encargaría de recoger todo el código que en esta materia se va desarrollando y aglutinarlo para que cualquier administración que lo quiera implementar lo pueda hacer de una forma fácil y rápida. Autentificaría los códigos abiertos y su reutilización. Y lo mismo con los datos, para evitar fraudes. Formaría a los miembros de las administraciones para poder comunicarse con la ciudadanía y en el uso de las herramientas. Investigaría tanto los usos y experiencias internacionales como los softwares y plataformas existentes y las validaría para facilitar su implementación.
2.A la ciudadanía: le garantizaría las plataformas que realmente son ogov y o data y canalizaría su participación y colaboración haciendo llegar a las administraciones competentes los temas propuestos o tratados por la ciudadanía. Les ofrecería un espacio común para poder participar en política y trabajar de forma colaborativa por el bien común. Seria neutral con los temas tratados sin sacrificar ninguno, tan solo se encargaría de ordenarlos y cruzar agentes/administraciones implicadas. Recogería todos los datos abiertos para ponerlos a disposición de los reutilizadores e infomediarios.
A mi juicio, el mayor reto para el #ogov el año que viene, será que los gobiernos sean más permeables y consoliden sus procesos para establecer mejores mecanismos de transparencia y colaboración, de cara a los ciudadanos.
Existe un gran avance a la hora de hacer más transparentes las actividades de los gobiernos, pero es imperativo avanzar hacia dinámicas que hagan que los ciudadanos se sientan parte del quehacer de éstos y que estos cambios impacten directamente en sus vidas diarias; es decir que los gobiernos no sean unas cajas negras de cara a las personas y que permitan que éstas puedan participar y conocer gran parte del funcionamiento de la máquina estatal y que esto se traduzca también en un esfuerzo de ofrecer mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas.
Un gran desafío para los países de nuestra región, es tener la visión y lograr separar los procesos y servicios que operan hacia el interior del Estado y establecer estándares y protocolos que permitan entregarle una mejor atención a los usuarios-ciudadanos.
Un gran paso es la adopción de varios países de la región del Open Government Partnership, que de alguna manera fija ciertos pisos e intenta construir una comunidad en torno al tema. Es de esperar que toda Iberoamérica en un mediano plazo pueda sumarse a esta iniciativa.
Compartiendo absolutamente lo trascendental, en relación a la evolución de ‘Gobierno Abierto’, que se antoja 2012, desde Navarra queremos compartir las bases con la que ya estamos cimentando nuestra acción de gobierno para el despliegue definitivo de esta, tan nueva como necesaria, forma de gobernar.
En primer lugar, y siguiendo los modelos colaborativos, entendemos que es imprescindible la comunicación, cooperación y trabajo conjunto entre la administraciones regionales, nacionales y mundiales, tratando de reutilizar todo aquello que se haya construido, y, en el mejor de los casos, edificar de forma conjunta, y así consensuar un modelo único de Open Government, cuya arquitectura deberá emanar, siempre, de la ciudadanía.
En el caso de Navarra, creemos en un modelo apoyado en una ‘Ley de Transparencia y Gobierno Abierto’, uniendo ambos conceptos en un texto valiente, innovador y ejemplarizante, que nos sirva como base para la participación, centrada en la conversación, y la colaboración, tratando de buscar la máxima implicación de ciudadanos, empresas, instituciones y administraciones. Así como en una Hoja de Ruta, que marque el camino a seguir en los próximos años y sus objetivos, siendo un documento vivo que se transformará en función de los tiempos, necesidades y aportaciones de todos y cada uno de los componentes de la Comunidad Foral de Navarra.
Open Government Challenges in 2012
Open government is a citizen-centric philosophy and strategy that believes the best results are usually driven by partnerships between citizens and government, at all levels. It is focused entirely on achieving goals through increased efficiency, better management, information transparency, and citizen engagement and most often leverages newer technologies to achieve the desired outcomes. This is bringing business approaches, business technologies, to government.
Open Government often begins within the organization, driven by passionate municipal employees, driven by a desire to become more open, more engaged with citizens The use of open government practices often comes from a desire to become more efficient, more effective, to ensure that politicians, government employees, and citizens work in a collaborative manner to achieve a shared vision.
In early 2011 I evaluated the progress made in 2010 for the United States, giving the country a solid B,noting the following challenges and focus areas for 2011:
  • A focus on core leadership practices and potential organizational realignment.
  • A focus on employee training and retention.
  • A focus on economic goals such as cost savings.
  • A quarterly Presidential review with clear scorecards from each agency.
  • Avoid making this a political issue. Washington is more divided than ever, if this becomes a political pawn all progress could be destroyed.
Unfortunately, little progress has been made in the above areas and open government is still often left to, and driven by, the technologist within the organizations, the cities, the countries, of the world. While open government has made positive strides in many areas (e.g., open data in particular) it has also been beaten back in other areas (e.g., government records have been harder to access under the Obama administration).
As I look forward into 2012 the focus areas listed above become even more important and require a global, in addition to national and local, focus. Open Government must move beyond the tactical and become a strategic solution that politicians, government employees, and citizens can all point to as key to their joint success.
Una de las nuevas tendencias que empezaran a aparecer serán pequeños experimentos sobre participación ciudadana. El referendum sobre la diagonal de Barcelona, una vez superadas las elecciones municipales y generales, debe verse por su vertiente positiva, que las hubo, y aprender en cualquier caso de los experimentos realizados por los demás.
Las criticas y los miedos hacia el posible fraude que puede cometerse con el voto electrónico, solo se superaran en base a realizar nuevas consultas y con garantías jurídicas que lo permitan. Con seguridad, que más de una Institución Local esta empezando a pensar en como materializar la participación ciudadana, con garantías y con temas que realmente sean del interés de los ciudadanos.
La transparencia como base del Open Government
En los últimos dos años hemos visto nacer en España portales de open data en comunidades autónomas y provincias, se aprobó el Real Decreto de Reutilización de la Información del Sector Público y el Real Decreto de Archivos. Sin dejar de reconocer que estos son avances para la transparencia en España, es importante destacar que ni acceso a archivos ni reutilización equivalen a transparencia, son complementos básicos y necesarios para conseguir un sistema de transparencia completo pero no son la base. España necesita aprobar con urgencia una ley que siente las bases y que armonice todas las normas que establecen obligaciones de transparencia a las instituciones públicas españolas.
Hemos empezado la casa por el tejado, es necesario aprobar una ley de acceso a la información que reconozca claramente el principio de transparencia de la acción pública. Una ley que reconozca un derecho fundamental de acceso a la información, es decir la obligación de las instituciones públicas de responder a las solicitudes de información que reciben y de publicar proactivamente su información básica. Esta norma, que definirá el futuro sistema de transparencia de España, debe aspirar a ser moderna y progresista y recoger lo mejor de las experiencias internacionales en la materia. Para ello debe reconocer claramente que toda la información en manos de las instituciones españolas es pública, debe establecer las condiciones de ejercicio del derecho de acceso, los mecanismos de garantía y protección del mismo, así como las medidas de promoción para asegurar una rápida y efectiva implementación de este derecho.
Potenciar una nueva ciudadanía:
Desde hace más de 10 años la Red ha emergido de la periferia nerd hasta ubicarse en la centralidad de la mayoría de los procesos sociales. Entender la evolución de la cultura hoy, es comprender Internet con todo lo que el concepto implica: dispositivos, programas, aplicaciones, plataformas, estándares, contenidos y, hoy más que nunca, interacción. Así lo han entendido, tal vez tardíamente, la mayoría de las empresas que poseen el potencial de movilizar la actividad económica.
Sin embargo, en el ámbito de la gestión pública y la política, esta realidad recien hoy empieza a ser considerada y no fruto de una reflexión meditada sino producto del forzaje generado por la presión de la gente que se apropió del proceso de granulación de contenidos multimediados que hoy testimoniamos. En los próximos años, se producirá un viraje fundamental en la perspectiva de los actores políticos, quienes en una primera instancia, se preguntaron “qué podían hacer con todo esto” y buscaron aprovechar la irrupción de los medios sociales con sólo fines propagandísticos, y pasarán a repreguntarse, “cómo esto cambiará todo”. Signo de cierta madurez, entenderán que la transformación no es optativa, lo que deberá suponer la centralización definitiva de las hoy “(no tan) nuevas tecnologías” en la mayoría de los procesos de la gestión pública. Así como en las empresas emergieron sistemas de gestión (CMS, CRM, ERP, “business intelligence”, etc.) que hoy se van integrando en arquitecturas efectivamente más abiertas, el sector público deberá incorporar sistemas equivalentes que posibiliten una gestión mucho más co-creativa e integrada con la participación de la gente, tanto intra como inter y extra-institucionalmente, lo que finalmente consolidará la emergencia de una nueva ciudadanía.
  • Rafa Rubio (@rafarubio) , Consultor y profesor de la UCM
No es fácil distinguir entre predicción y deseo pero me atrevo a decir que en 2012 se producirá cierta racionalización de la presencia social de las administraciones y su definitiva orientación al servicio del ciudadano; las guías de uso se convertirán en un standard.
Será el año de la movilidad; veremos una explosión de aplicaciones móviles en la administración, esperemos que con algo más de orden y concierto que en la explosión de perfiles sociales, pero nunca se sabe. Además los grupos de trabajo colaborativo, públicos y transparentes, se convertirán en un sistema habitual del trabajo de las administraciones. Y con la aprobación de la ley de transparencia empezaremos a ver como la sociedad civil, que empezó a despertar en 2011, se empieza a centrar en proyectos concretos preparando el camino para que 2013 sea su año.
Gobierno Abierto es una respuesta al desafío que tienen los gobiernos para enfrentar un contexto de alta complejidad que profundizó la brecha entre política y ciudadanos. Gobierno Abierto es un cambio en las formas y diseños de las organizaciones del Estado. Este proceso de cambio requiere de las nuevas tecnologías como una condición necesaria pero no suficiente para llevarlo adelante.
Si usted ve que su gobierno no pone la información en formatos accesibles a los ciudadanos, entonces no es un Gobierno Abierto. Si usted ve que su gobierno establece mecanismos de toma de decisión donde los ciudadanos son solo “invitados”, ese no es un Gobierno Abierto. Si usted ve que su gobierno sigue tomando las decisiones en despachos aislados donde solo entran los “expertos” y los “amigos”, ese no es un Gobierno Abierto.
Asistimos a una nueva moda: la instalación de nuevas tecnologías para hacer los mismos que siempre, en donde los ciudadanos son tomados como sujetos pasivos en la toma de decisiones y no como sujetos activos del cambio social. Las nuevas tecnologías de la comunicación son utilizadas para ampliar la capacidad de “hablarle” a la sociedad, pero no están pensadas para escuchar sus demandas ni sus aportes.
América Latina y sus dirigentes tienen una oportunidad histórica en esta coyuntura de bonanza económica. Tienen la posibilidad de revolucionar la forma de hacer política. Este nuevo modelo de gobierno requiere la instalación de nuevas capacidades en sus equipos: liderazgo democrático, planificación para la acción, procesamiento de problemas complejos, comunicación y escucha activa, trabajo en red; son alguna de ellas.
El uso de canales de mensajería instantánea como Messenger o WhatsApp puede revolucionar la Administración Pública el próximo año.
La posibilidad de conectar con los ciudadanos en cualquier momento para informar y/o resolver dudas en un solo clic, a través de su dispositivo móvil, es una magnifica oportunidad que las Administraciones Publicas no deben dejar escapar. El potencial de usabilidad, así como las prestaciones de conversaciones grupales, envío de ficheros, sincronización automática con códigos QR e identificación de usuarios, van a cambiar las ecuaciones de lo presencial y lo no presencial en el uso de conversaciones bilaterales y multilaterales en tiempo real o diferido.
El creciente uso de los smartphones por un sector cada vez más amplio de la población asegura que las iniciativas que relacionen administración y ciudadanía a través de la comunicación por canales de mensajería instantánea resulten exitosas. Para la Administración Publica, la mensajería instantánea, representa la posibilidad de informar a los ciudadanos según sus intereses y personalizar la atención de una forma rápida y económica.

  • Marc Garriga ( @mgarrigap), Experto en Open Data
El efecto bola de nieve en la apertura de datos: la socialización del OpenData.Aunque hay administraciones públicas que llevan décadas ofreciendo datos a la sociedad (algunos incluso antes de la era Internet) es comunmente acceptado que el movimiento OpenData empezó en USA, primero en 2009 en Washington DC (con su célebre AppsForDemocracy) y posteriormente en la Administración Obama (y su Open Government Directive).Ello significó los primeros copos de nieve…
En este tiempo hasta el día de hoy la bola ha crecido… muchísimo!, hasta a ese punto que, según mi opinión, ahora ya es imparable y, además, arrastrará (lo digo en un sentido positivo) todo lo que se le ponga enmedio.
Otros importantes copos han sido data.govdata.gov.ukOpenData EuskadiFundación CTICAbreDatosProyecto AportaEPSI Platform120 portales OpenData en todo el mundoDirectiva 2003/98/CELey 37/2007RD 1495/2011Open Data Strategy for Europenumerosas conferencias y congresosel sector empresarial se implicano sólo los gobiernos abren datosBigDataSmartCityOpenGovernment,Periodismo de datosThe Guardian, y un sinfín más de copos, hasta llegar a una inmensa bola de nieve.
En el 2012 seguro que esta bola crecerá muchísimo más: mejoras en la transparencia informativa ayudarán; además habrá dos grandes hitos: el inicio de la armonización de la oferta y un aumento claro de la demanda (por parte del sector empresarial). Ello obligará a situar los servicios OpenData en el centro de las decisiones de nuestros gobiernos (en los que aún no sea así) y a socializar el OpenData.



  • Andres Nin ( @andresnin)  y Enric Uberta, funcionarios
2012 es un año crítico para el Gobierno Abierto. Es un año de consolidar derechos incipientes, el más importante el opendata-by-default. Cuando la propuesta de revisión de la Directiva de Reutilización de la UE lo propone, tenemos la suerte que sea una realidad ya en la Administración General Del Estado. La suma de los dos nuevos Reales Decretos 1495/2011 y 1708/2011 crean de facto una Ley de Transparencia para la Administración Central, pero que hacerlo realidad en la calle exige de todos una reivindicación de su implementación. Pero hay que hacer de la transparencia un derecho ante todas las Administraciones Públicas, un derecho acorde con los estándares internacionales. Aunque no imprescindible como demuestra la via de los Reales Decretos, una Ley de Acceso y Transparencia uniforme para todos los ciudadadanos ante cualquier poder público quizás sea el instrumento más adecuado para impulsar este derecho. Nos ahorrariamos el continuo remiendo.
Pero la transparencia no ha de ser fin sino medio. Medio de fortalecimiento del control público del poder político, herramienta de impulso de la democracia y catalizador de eficiencia pública mediante la colaboración entre sociedad y gobiernos. La transparencia ha de ser la palanca definitiva de un gobierno más participativo, de una administración basadaen la corresponsabilidad. Y el nexo entre transparencia y participación son losmedios electrónicos, la participación continua es posible. Y si intentamos huir de ese escenario, la alternativa es la irrelevancia de lo público, su crisis final para regocijo de quien apuesta por el mercado ocupando toda la actividad social.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Romanones y la #transparencia

"Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento."
Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones


Hace ya un tiempo, mantenía la tesis de la no necesidad de una ley de transparencia. Contra viento y marea en algún debate, he mantenido la tesis de la existencia de dicha ley, que no era otra que la Ley 30/1992, que en su artículo 37 regula el acceso de los ciudadanos a los archivos públicos. Aplicando la sentencia del Conde de Romanones que abre esta entrada, he defendido que valía un Real de Decreto de desarrollo de la Ley 30/1992 para solventar los defícit en materia de acceso a la información pública de nuestra legislación. Estos básicamente eran dos:
  • Requisito de ser interesado para acceder a la información de los archivos de la Administración
  • No existir un plazo de respuesta a una solicitud de acceso
Notese que digo "eran", hablando en pasado. Desde el día 18/11/2011, estas limitaciones han desaparecido con el Real Decreto 1708/2011 que regula el "Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso". Esta nueva pieza legal tiene como objetivo (artículo 1.c)

Establecer el procedimiento común para el acceso a los documentos obrantes en el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado
Es decir, a cualquier documento generado por la AGE en función de sus competencias, fijando un plazo (aunque quizás largo) para dar respuesta al que solicita la petición (artículo 30.1)

La resolución de la solicitud de acceso o de consulta deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para tramitarla.

y eliminando la condición de interesado para acceder a la información  (artículo 24.3)

No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, el solicitante podrá exponer los motivos de su petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución de la solicitud.
No veo sin embargo gran entusiasmo con la nueva regulación dentro del movimiento de #transparencia . Probablemente porque un Real Decreto no permite el amrketing jurídico ni tiene el glamour de una ley. Vale, tiene la limitación del ámbito (sólo la AGE), pero alguna nota al respecto felicitandose por el éxito debería haberse publicado en access-info.org .

P.S. Al respecto de tuderechoasaber.es. Todas mis simpatías, pero cambiar mandar el mail por el acceso al registro electrónico de los organismos. Otra cosa no tiene reconocimiento de ser una petición de acceso.


jueves, 1 de diciembre de 2011

#ogov es integrarse en los foros de los ciudadanos

Desde los portales informativos y de servicios de Gobierno Electrónico, se han hecho de modo continuado esfuerzos por implementar procesos de participación electrónica. Impelidos por nuestro contacto continuo con la tecnología, los empleados públicos TIC hemos tratado una y otra vez de abrir foros de debate (tecnológicos) esperando que aluvión de compañeros y colaboradores expresarán sus inquietudes y se ayudaran los unos a los otros.

Ejemplos de iniciativas de exito mejorable hay muchos. Enumeremos uno cercano: Los foros del 060 que languidecen con 26 respuestas a los dos temas abiertos. La falta de expectativas de qué se va a hacer con las aportaciones recibidas y la carencia de un sentimiento de comunidad, pueden ser alguna de las razones. en definitiva, la falta de aportación de valor y la aproximación a la participación como un fin en lugar de un medio.

Llama la atención por el contrario el dinamismo de comunidades similares en redes sociales. Un ejemplo es el grupo "Administración Electrónica y Función Pública 2.0" existente en LinkedIn (password necesaria). Más de 1400 miembros y varias decenas de entradas, algunas de ella con más de 20 comentarios como respuesta. Y todo ello en una plataforma social cuya orientación profesional garantiza un crecimiento continuo.

Deberíamos asumir la comoditización tecnológica y la existencia de estos foros no sólo en el Gobierno Electrónico, sino en toda política pública. Un Gobierno Abierto integrado en los foros usados por los ciudadanos será más abierto que el generado entre las paredes de nuestros silos.


martes, 29 de noviembre de 2011

No credibilidad e irrelevancia: La única alternativa al #opengovernment

En unos días, se celebra en Sevilla la segunda edición del evento "Going Local". Es un esfuerzo loable de la Comisión Europea por acercar la Agenda Digital a los ciudadanos de cada Estado miembro y, al mismo tiempo, tomar el pulso a la implementación en cada país. En el evento se hablará de Gobierno Electrónico y, para calentar el ambiente, la Comisión Europea ha abierto un foro de debate de ideas "sobre la Agenda Digital Europea en eGobierno desde la perspectiva española".

Desconozco si en otros países el "roadshow" de la Comisión Europea ha realizado el mismo experimento. Desconozco también hasta que punto toman parte en la iniciativa las Administraciones públicas españolas. En cualquier caso, el foro permite abrir una vez más la reflexión sobre el riesgo de irrelevancia que corren los poderes públicos. La irrelevancia es fruto de la falta de credibilidad. La falta de credibilibilidad resultado de decir que es imposible o negarse a considerar lo perfectamente realizable.

La negación continua de la realidad parece dominar en ocasiones la aplicación de las TIC a la acción pública, especialmente cada vez que rozan la apertura de los Gobiernos. Una vez más, en el momento de escribir estas líneas, figura a la cabeza de las iniciativas más votadas la necesidad de mayor transparencia por medios electrónicos de las Administraciones Públicas, en concreto la relacionada con la visualización en tiempo real de la ejecuación presupuestaria. Añadamos a ello una propuesta que apareció en "El País" durante el fragor electoral, destinada a hacer realidad una participación directa a la carta del ciudadano en la acción pública. Ambas son propuestas perfectamente realizables desde el punto de vista tecnológico y razonables desde la óptica de cualquier democrata, y, sin embargo, ni tan si quiera parecen arrancar unos minutos de debate en ningún foro de decisión real. Ninguna de las dos está exenta de complejidad legal ni técnica, pero el camino se recorre andando y por ahora es un mero callejón sin transeuntes.

En España el uso de Internet supera el 50%. Es de suponer que la viabilidad de las propuestas anteriores es conocida por al menos el 70% de estos internautas, que de un modo u otro las experimentan en otros servicios.Es decir, un 35% de la población es consciente que nuestra clase política mira hacia otro lado ante estas realidades. ¿Y nos preguntamos el porqué de la desafección? Si alguien no es creible, simplemente se le igmora. Eso es lo que está en juego para los poderes públicos con la implementación o no de una política de Gobierno Abierto.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

#ogov entrando en el #egov

El Gobierno Electrónico debería ser ejemplarizante en el Gobierno Abierto. El segundo no puede existir sin el primero, pero lamentablemente tardaba el primero en verse empapado por el segundo. Al menos en España. Resulta sorprendente como en otros lares dan publicidad a las visitas a los sitios web de la Administración de modo generalizado y debaten abiertamente sobre como mejorarlas y aquí tan sólo estamos empezando en transparencia, participación o crear comunidad en Gobierno Electrónico.

Aquí existen islotes de transparencia respecto a gastos y uso del Gobierno Electrónico. Poco sabemos de los presupuestos y gastos TIC más allá de lo que publica el Observatorio de Administración Electrónica respecto a la AGE y EELL. Y respecto a visitas a sedes electrónicas o webs, pocos casos se dan como los de la OEPM o la AEAT que hacen publicas sus estadísticas de uso de servicios Internet. Y sinceramente, no se entiende. Los gastos compensan el uso si se compara con el canal presencial. 

También poco a poco comienza a entrar la participación. La misma Ley 11/2007 y los Esquemas nacionales de Seguridad e Interoperabilidad estuvieron abiertos a contribuciones de los ciudadanos, y algo parecido ha pasado con el reciente Decreto del Gobierno Vasco. Existen más ejemplos, y si no existen más no es por falta de voluntad de responsables del Gobierno Electrónico.

Y también el Gobierno Abierto es crear comunidad. Twitter se está convirtiendo en la herramienta catalizadora de una comunidad de Gobierno Electrónico. Muchos son los perfiles, tanto en el ámbito de la AGE (@oejis , @proyectoaporta u @obsae ) , como en el ámbito regional ( @gencat , @opendatanavarra , @pipejgv , @imitxunta ) que día a día forjan esta comunidad y merecen seguirse.

Pequeños pasos, pero que no dejan de ser una base para que el Gobierno Abierto entre en el Gobierno Electrónico.




lunes, 27 de junio de 2011

¿Sobrevirá el incipiente #opendata de España?

España ha sido, hasta ahora, un caso a imitar en materia de #opendata. Existen iniciativas en gobiernos regionales y municipales a lo largo de toda nuestra geografía. En la web del @proyectoaporta puede encontrarse un listado de estas iniciativas.

Llama la atención en este listado dos cosas. Excepto en el caso del País Vasco, el resto de las inciativas es entes de la Administración (regionales o locales) dónde ha habido algún cambio de Gobierno en las dos últimas convocatorias electorales (elecciones catalanas y #22m ). El partido que accede al poder en estas Administraciones, por su parte, no tiene en marcha ninguna iniciativa #opendata en marcha allí dónde ya gobernaba.

En estos tiempos de recorte, es de suponer que para un nuevo gobierno sea sencillo cercenar estas iniciativas aun balbuceantes. Por transparencia y por potencialidad de la creación de actividad económica, más valdría que las tentaciones sean evitadas

miércoles, 26 de enero de 2011

Economía y segunda fase del #opendata

Hace un par de días, @mgarrigap publicaba una entrada en su bitácora referente a la apertura de una segunda fase del desarrollo del movimiento "opendata". Básicamente, estoy de acuerdo con él, y en ella entramos por puras razones economicistas. Es una consecuencia lógica de la necesidad de dar soporte económico al esfuerzo de puesta a disposición de la información pública, de aminorar la tensión existente entre la demanda de transparencia y el coste de satisfacerla en tiempos de arcas públicas exhaustas. Algo previsible a medida que nuevas unidades administrativas se plantean la necesidad de entrar en el terreno de juego del "opendata" y, como indicaba hace un año, descubren que "la transparencia y apertura de datos no es gratis, y muchas supone trabajar con sistemas obsoletos sobre los que cualquier intervención cuesta un potosí".

Siempre he sido de la idea que no toda la información pública podrá facilitarse de modo gratuito, y mucho menos en formato procesable.  La higiene democrática y las leyes obligan u obligarán a que así sea para ciertos conjuntos de datos (presupuestos, gasto público, ...), y esto será así principalmente para información que sea objeto de reutilización no lucrativa por aplicaciones como ¿Dónde van mis impuestos? de @dcabo, pero no será la norma general. 

Cómo decía @andreadimaio en un post reciente, cobrar por el "opendata" no es una mala idea. El aspecto a determinar es cuánto cobrar. La Ley 37/2007 habla de como establecer contraprestaciones económicas en su artículo 7. Es importante resaltar que el precio a hacer recaer no es referente a una información o conjunto de datos concreto, sino que se refiere a "cubrir al menos los costes del servicio o actividad". Ello permite a las Administraciones Públicas modelos de negocio no onerosos para el erario público, en que se conjugue ofrecer a coste cero conjuntos de información de interés general mientras ciertos conjuntos de información que tengan demanda comercial se ofrezcan a precios superiores a lo que cuesta generarla. La condición es la suma cero de todo ello basándonos en un balanceo entre aquellos que podemos cobrar por uso y aquello que no debemos establecer coste por utilizar.

Y aquí es dónde entran en juego modelos como el puesto encima de la mesa por el Gobierno Británico. La creación de una corporación de opendata que haga la gestión global de todo el servicio para las Administraciones Públicas permite establecer economías de escala y un balanceo apropiado entre aquello que se cobra y lo que se da gratis

Comparto parte del escepticismo alrededor de la propuesta, aunque en mi caso no provenga de la idea sino de la posible titularidad privada de su implementación que deja traslucirse en este caso. En primer lugar, creo que la gestión y puesta a disposición de la información pública debe realizarse por el mismo sector público, evitando en lo posible la entrada de actores privados que den lugar a conflictos de intereses sobre qué liberar y a qué precio. En segundo lugar, el establecimiento de un modelo de partenariado público- privado en esta materia como ha propuesto alguna vez la OECD  lo veo de difícil compatibilidad con el veto a los acuerdos de exclusividad que marca la actual Directiva europea en la materia y la Ley 37/2007.

Efectivamente, entramos en una segunda fase del opendata. Nuevas unidades administrativas que aún no han entrado en juego entrarán en la medida que  el marco legal les obligue y exista un modelo de producción no deficitario. Los dineros van a marcar esta nueva fase además de la demanda de transparencia, y, probablemente, necesitemos adoptar modelos de cooperación interadministrativa que nos permitan adoptar las economías de escala para afrontar esta fase.

miércoles, 19 de enero de 2011

Del #opendata al #openservices

Una de las principales razones tras el desarrollo de las políticas de datos abiertos (opendata)  en las Administraciones Públicas es facilitar a terceros las construcción de servicios innovadores, servicios que por una razón u otra no consideran oportuno desarrollar las Administraciones Públicas. Los balbuceos en la liberación de datos públicos en formatos procesables, ha dado lugar a microservicios, desarrollados generalmente sinánimo de lucro, de carácter informativo. Ejemplo de ello son los que fueron resultados de AbreDatos 2010 en España. 

He de reconocer que, aunque como ejercicio estético, demostrador del poder escondido tras la apertura de las Administraciones Públics, me parece interesante este tipo de competiciones, mantengo un sano escepticismo al respecto de los microservicios actuales, en particular, y los concursos tipo AppsFor Democracy, en general. Comparto la visión de al respecto de Andrea de Di Maio en uno de sus posts ("These are all great ideas, but in most cases far from being ready for prime time"). Sinceramente, creo que no existe tras muchos de ellos (por no decir todos) un modelo de negocio sólido, y sin un modelo de negocio, nungún servicio privado sale adelante. Sería curioso que liberaramos datos para despertar la iniciativa privada y además les pagaramos por los servicios. Mi abuela, en su primario machismo educacional, le llamaba a eso ser prostituta y poner la cama.

Necesitamos algo más que opendata para que desde fuera de las Administraciones Públicas se creen servicios públicos rentables, servicios públicos por los que alguien, de modo directo o indirecto, esté dispuesto a pagar. Al final es de eso de lo que se trata. El Gobierno como Plataforma ha de ser opendata, pero también openservices. Es necesario habilitar interfaces programáticas a servicios modulares existentes (o de creación) en las Administraciones Públicas. Ejemplo de ello en España son la validación de datos de identidad o la validación de dirección que supusieron un hito en la simplificación administrativa. Obviamente, ello implicará tomar las adecuadas precacciones y medidas alrededor de los datos personales. 

¿Porque necesitamos dar el paso hacia el openservices? 

De un lado, los ciudadanos buscan fundamentalmente que se les satisfaga necesidades vitales, no que se les facilite realizar un trámite. Cómo un ciudadano se enfrenta a un hecho vital depende del contexto en que se le presente y de sus antecedentes socioeconómicos. Veo difícil que las Administraciones seamos capaces de poner en pie servicios de Gobierno Electrónico que satisfagan todas las variaciones posibles. La cosntrucción de servicios electrónicos orientados a eventos vitales para nichos de población específicos,  dispuestos a pagar por los mismos sólo es posible con openservices.
De otro lado, compartamoslo o no, van a existir servicios públicos que se externalicen en esta crisis sin fondo. Las agencias de colocación es un primer ejemplo, pero vendrán más. Habrá que asumir la necesidad de ofrecer a los agentes electrónicos de estos servicios el acceso a las fuentes de información fiable que posee la Administración (repito, con las adecuadas medidas de protección de datos personales). La versión electrónica de servicios públicos prestados por el sectror privado sólo es posible con una estrategia openservices.

Y finalmente los servicios transfronterizos europeos. No creo que ningún Estado miembro finalmente termine implementando servicios de calidad en este ámbito. A fin de cuentas, también nos debemos a la demanda. Operadores privados habrán de intervenir necesariamente para reforzar esta necesidad (con un coste, obviamente), pero sólo lo podrán hacer si las Administraciones Públicas adoptamos una estrategia de openservices.

Estamos al comienzo del camino del opendata al openservices.




miércoles, 8 de diciembre de 2010

Todos los ciudadanos somos #wikileaks

La memoria es subversiva. Y juega malas pasadas para con la conciencia, introduciendo en ellas imágenes que no te dejan dormir. Una de ellas es la que acompaña este párrafo. A muchos no les sonara de nada, en mi cerebro es poco más que el recuerdo de uno de aquellos Nodo previos a las tardes de sesión continua en los cines de mi barrio. Esa imagen es la voladura del "Diario Madrid", un periódico que la dictadura fascista en España persiguió hasta el exterminio material, no eran "rojos subversivos", simplemente eran de otra familia política del régimen, la que quería una retirada temparana del dictador. Simplemente eran molestos al poder.

La voladura virtual es lo que quieren hacer con Wikileaks, eso es lo que los ciudadanos tenemos que tratar de impedir. Voladura virtual es que se les eché de los servidores de Amazon por un presunto delito (aunque parece obvio que se haya podido cometer una ilegalidad). Como bien indica el Gobierno de Australia en defensa del ciudadano Assange, "la responsabilidad legal es de los responsables de la fuga inicial no autorizada". Es decir, de funcionarios o responsables políticos del Gobierno de Estados Unidos. Cuando la primera ronda de persecución de Julian Assange, escribí otra entrada en este sentido. La legalidad ha de ser el límite de la transparencia y un funcionario o político solo puede dar a conocer aquello que legalmente no tiene prohibición de hacer público. Y ello está definido en España, y es de suponer que de modo igual en USA como (ver Ley 7/2007, artículo 95)
  • La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
  • La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

Pero en lugar de los fallos en el procedimiento interno se persigue a quien los pone a la luz. Se persigue al mensajero. Por eso todos somos wikileaks, porque está matándose al mensajero, porqué se está cercenando la libertad de expresión.

Pero al mismo tiempo, todos las Administraciones son la Administración Obama. En alguna entrada dejé escrito algo parecido a que la tecnología inhabilita las excusas para lo que es público no esté en línea 24x7. No es el caso que nos ocupa, que existe material secreto de por medio, pero a lo mejor la primera pregunta es si muchos de los documentos filtrados merecen tal calificativo, si una mejor clasificación de los documentos no habría facilitado la vigilancia de lo que realmente no debía trascender. En el caso de España, la clasificación de documentos se realiza de acuerdo a la Ley 9/1968 . Es de pensar  que en Estados Unidos existen previsiones similares, con previsiones de clasificación igual de ininteligibles incluso para el común de los funcionarios o políticos , con referencias a marcos legales propios de cada sector, y que conducen a un exceso de celo en la clasificación, a que se intente proteger el todo inabarcable dejando las partes (incluidas las vitales) inermes. Aumentar el perímetro de la opacidad, no nos hace más seguros. Por eso las Administraciones Públicas debemos aumentar el perímetro de lo público, darlo a conocer sin restricciones, facilitar su acceso por las TIC. Sólo mediante la transparencia podremos proteger lo que debe mantenerse en secreto.

La tecnología está arrasando modelos de negocio obsoletos. Primero, fueron las discográficas las que sucumbieron por no querer adaptar sus modelos de negocio a la tecnología. Las editoriales literarias llevan el mismo camino. ¿Ha llegado el turno de las Administraciones Públicas? Esperemos que no porque detrás sólo está la ley de la selva, esperemos saber migrar hacia un modelo de negocio  de AAPP basado en la habilitación de la transparencia mediante las TIC.

martes, 23 de noviembre de 2010

Big Society: Un modelo Victoriano de #ogov

La colaboración es el tercer pilar del Gobierno Abierto. En su piedra angular teórica el memorandum aprobado por Obama en el primer día de sus Presidencia, se enunciaba que 

Government should be collaborative. Collaboration actively engages Americans in the work of their Government.
El Gobierno debía abrirse a las comunidades, empresas y ciudadanos particulares y hacerles participes de la búsqueda de soluciones y gestión de servicios públicos. No es una renuncia a la responsabilidad final sobre los resultados, ni un abandono a su suerte de los individuos.

Reino Unido es considerado como uno de los adalides del Gobierno Abierto. Ciertamente resulta ejemplar en el ámbito de la Transparencia y rendición de cuentas (basta ver su portal de transparencia), aunque en el ámbito de la Participación haya sus luces y sus sombras. Pero es quizás en el ámbito de la Colaboración dónde han alcanzado máximos de perversión del concepto.

El Gobierno de David Cameron articula su estrategia de Colaboración alrededor del concepto de "The Big Society". Básicamente, la idea base del concepro es
We want to give citizens, communities and local government the power and information they need to come together, solve the problems they face and build the Britain they want
Aquí el Gobierno desaparece, renuncia a sus obligaciones en dando lugar a un renacimiento de la sociedad victoriana, con servicios apoyados en la caridad, el voluntariado o autogestión de las comunidades locales. Ejemplos de todo ello son medidas que pretende implementar como la creación de un Servicio Nacional Civil de Voluntarios basado en el adoctrinamiento de adolescentes, obligar a participar en este voluntariado a funcionarios mediante el chantaje de incluirlo como punto de su evaluación del rendimiento, dar la "oportunidad" a empleados públicos de dirigir y ser dueños los servicios que proveen o alentar las empresas sociales y de caridad para realizar funciones públicas.

Hay algo que parece olvidarse en "The Big Society". Determinar cuáles son esos servicios que van a dejar de prestarse por el Gobierno y ser cedidos a las comunidades, identificar el proceso de decisión para llegar a ellos. Tampoco los mecanismos de sostenibilidad parecen obvios, apoyarse en un fondo de cuentas durmientes es sólo un paso para poner en píe el espantapajaros. Todo parece un camino cierto al caos social y al salvese quien pueda más literal. Supongo que el modelo de sociedad perseguido es el caso de los que se arreglan la carretera por si mismos porque nadie del Gobierno pasa a repararla. El Gobierno Abierto no puede significar abandonar las responsabilidades de la acción colectiva de la sociedad.

Los experimentos sociales terminan pagándose caros. Recordemos que los lodos de la huida del derecho administrativo que supuso la Nueva Gestión Pública ha dado lugar a un enjambre descontrolado de empresas públicas, que curiosamente ahora quieren suprimir quienes idearon el modelo sin por lo menos entonar un mea culpa.

martes, 16 de noviembre de 2010

Gobierno Abierto y convivencia

Hace unas semanas se me cruzo en el camino un estudio interesante denominado "Internet, Trust in Government and Citizen Compliance". Analizaba el impacto del uso de Internet en la confianza que los ciudadanos de Corea tienen en su Gobierno y como esta confianza se relacionaba con el cumplimiento de las normas sociales. Desconozco si existe un estudio similar para el ámbito de España o la UE, pero de existir es probablemente que las conclusiones sean similares: Más uso de Internet implica una mayor desconfianza en los Gobiernos y ello deriva en un abandono del cumplimientos de las normas.

Creo que ello nos debería llevar a la reflexión si estamos sabiendo hacer de Internet una herramienta de creación de sociedad, o si por el contrario los Gobiernos estamos haciendo una dejación de ese espacio de colaboración permitiendo que sirva de elemento de disolución del tejido social. No apalancarnos en Internet para la construcción de una democracia más deliberativa tiene como consecuencia un crecimiento de la desconfianza ciudadana de consecuencias impredecibles. La ciudadanía sabe identificar que los gobiernos no tienen ya excusa para no ser más transparentes, participativos y colaborativos. La tecnologia habilita de modo irreversible el Gobierno Abierto, no avanzar en su construcción no es perdonado por los ciudadanos. Ni tan siquiera simulacros estéticos consiguen engañarlos, ello explica que los resultados del estudio en un país como Corea en cabeza del ranking de e-participación de la ONU. Y cuando los ciudadanos no creen a sus Gobiernos, las normas de convivenciadejan de tener razón de ser.

Con la implementación del Gobierno Electrónico,  el desarrollo de las versiones electrónicas de servicios y procedimientos administrativos, nos jugábamos la construcción de una sociedad más productiva y competitiva. La conjunción del medio electrónico y la simplificación administrativa produce significativos ahorros que permiten a los ciudadanos y empresas generar más actividad. Con la implementación del Gobierno Abierto nos jugamos algo más importante, la convivencia. Sólo poniendo la tecnología la servicio de la creación de confianza mantendremos viva una sociedad democrática, cohesionada y responsable.




martes, 26 de octubre de 2010

Repensando el principio de transparencia

La transparencia fue asumido como uno de los principios del Gobierno Abierto dentro del Memorandum que Obama promulgó en su primer día como Presidente de los Estados Unidos. No era uno más de los principios, sino el "primus inter pares", el habilitador de los dos restantes, la participación y la colaboración. ¿Hemos sobrevalorado la transparencia como piedra angular del Gobierno Abierto?

Parece claro, al menos, que no es el único de los requisitos habilitadores. De los fracasos puede deducirse que, al menos, la extensión de una cultura de democracia participativa entre sociedad, políticos y empleados públicos, es al menos tan importante como la transparencia

La transparencia ha sido utilizada también como excusa para evitar lo que ha de ser su objetivo: El rendimiento de cuentas. Los árboles de los datos liberados han sido los que en ocasiones no han dejado ver el bosque del rendimiento de cuentas. Es difícil hacerse una idea de si el gasto público ha sido o no realizado de acuerdo a los principios de la buena gestión liberando sin más la base de datos de gasto público. Pasado el primer frenesí de satisfacción, uno descubre la dificultad de comprender el lenguaje presupuestario administrativo de los programas de gasto aunque sea con ayuda  y ha de recurrir a aplicaciones de visualización que faciliten el sentido a la información recibida. 

No obstante, los gobiernos siguen teniendo la clave de la transparencia. La complejidad de las acciones gubernamentales, la necesidad de dividir el gasto a lo largo del tiempo en diversos contratos, por ejemplo, requiere que todo cobre sentido con una análisis detallado de acciones concretas con voluntad pedagógica con una alta participación de las unidades administrativas. 

Ello puede llevarnos a concluir que la verdadera transparencia es caro e inabordable para toda la acción pública. Realmente lo es, por lo que hay que poner las cosas en su sitio. La transparencia proactiva en forma de liberación masiva de información pública en formato reutilizable es necesaria, pero más necesario es un funcionamiento efectivo de resolución de las peticiones de acceso a la información pública, o, en su defecto, que al menos los ciudadanos intervengan en la priorización de los conjuntos de datos a liberar. La transparencia bajo demanda ciudadana es el único paliativo de la inalcanzable transparencia total.

Y acabo con una de mis preocupaciones recurrentes: La inclusividad del Gobierno Electrónico. No hemos cerrado la brecha digital cuando hemos ya abierto la brecha de información digital. La transparencia ha de servir, como antes indicaba, para la rendición de cuentas de los Gobiernos, no para dar más oportunidades a los que ya disponen de bastantes. Quizás voy contracorriente, pero toda información susceptible de generar negocio ha de liberarse a cambio de un precio.








lunes, 11 de octubre de 2010

Las barreras de la reutilización de la información en la AGE

Son ya casi dos años los que el Proyecto Aporta lleva tratando de difundir entre las AAPP la culutura de la reutilización. Un catálogo de acceso a la información pública generada por la Administración General del Estado, es quizás el símbolo externo más palpable de su progreso. Sólo con ver este catálogo, uno es consciente de la gran cantidad de información pública que ya está disponible. El mismo, seleccionando datos estadísticos, da a acceso a los datasets generados por organismos y ministerios de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo siguen existiendo barreras a la reutilización en la AGE.

Tenemos sin embargo el concepto de un escaso compromiso de la AGE con la reutilización y el opendata. Es ello quizás cierto, pero también juega en contra la escasa visibilidad que se da a las iniciativas existentes. En parte, es un problema de marketing de lo público, comenzando por el mismo catálogo, que en lugar de haberle llamado datos.gob.es le hemos ocultado dentro de la web de un proyecto. Mezclando además los conjuntos de datos con otra información que, aunque de interés, tiene menos interés para los reutilizadores. Y continuando por las webs públicas, donde no en ocasiones los datos están dispersados entre distintas páginas sin existir una zona lógica que los agrupe y los haga accesibles.

El acceso a los datos reutilizables es el segundo de los obstáculos. Frente al modelo data.gov en el cual los datos están accesibles en formato procesable directamente en el catálogo, la AGE cuenta con un linkódromo. El reutilizador ha de acceder desde el catálogo a la web dónde realmente están los datos. Allí generalmente no acaban sus penas. Habrá de enfrentarse a un formulario para descargar los datos que quiere. Unas veces podrá automatizar otro proceso, pero será bajo su cuenta y riesgo y sin contar con una API oficial.

Los formatos en que se ofrecen los datos tampoco facilita la reutilización, aunque este tercer obstáculo es menos generalizado. Existen muchos de los datos en formato excel (e.g. DGT) y  algunos en HTML (e.g MAMRM), pero pervive el uso del pdf.

¿Pero son los datos a los que accede reutilizables con fines comerciales o no comerciales? La inseguridad jurídica es el cuarto de los obstáculos a la reutilización. La mayoría de los conjuntos de datos ofrecidos carecen de condiciones de licenciamiento claras. Unas veces por aparecer en el aviso legal un mensaje críptico al respecto y otras veces por ni tan siquiera aparecer nada.

La visibilidad, la accesibilidad, los formatos y la inseguridad son las barreras de la reutilización que Aporta no ha conseguido romper en dos años. No creo haya sido por falta de esfuerzo, sino quizás por un defecto generalizado en la AGE: Nuestro excesivo regulacionismo. Aquello sin soporte legal tiende a no hacerse. Sólo por ello, es una buena idea que dentro del Plan Avanza2 se haya incluido el desarrollo de la Ley 37/2007 mediante Real decreto. A lo mejor con ello se consigue remover barreras.

miércoles, 6 de octubre de 2010

Enseñanzas de un fracaso: Aprendizaje y Rediseño son necesarios en el Gobierno Abierto

La implantación del Gobierno Abierto, derivado de su novedad e imbuído por el espíritu 2.0, está en una fase de prueba y error. En la medida que sepamos aprender de los casos de fracaso tanto como de los casos de éxito, podrémos alcanzar buen puerto en la parcela de navegación que nos atañe. Es por ello que es importante que se divulguen casos como el acaecido en verano en el Reino Unido, dónde una llamada del Gobierno a los ciudadanos para aportar ideas de lucha contra la crisis finalizó en un sonoro fracaso. Los funcionarios encargados de implementarlas rechazaron todas y cada una de ellas para desánimo de los ciudadanos que participaron.

Por todo profesional informático es conocido que un proyecto tiene éxito en la medida que:
  • Exista una visión clara de su objetivo
  • Pueda demostrarse un caso de negocio favorable
  • Se disponga de la tecnología necesaria
  • Se lleve a cabo un rediseño de los procesos
  • Las personas asuman los cambios culturales

Visto como un proyecto, es explicable por tanto el fracaso obtenido en el Reino Unido. No me cabe duda que existía una visión (apoyada desde el más alto nivel político, baste recordar la carta de Cameron al inicio de su mandato) y se creía contar con un caso de negocio favorable (el derivado de la implantación de la denominada Big Society, buscando extender los procesos de decisión a la sociedad como medida  de eficiencia). Tampoco será por ausencia de las tecnologías necesarias (disponibles desde hace tiempo para el que quiera utilizarlas). Cualquier profesional informático habría identificado que el proyecto estaba llamado al fracaso al no haberse realizado la adaptación de procesos ni el cambio cultural necesario.

En primer lugar, se trató de una iniciativa dirigida desde el nivel político, y no embebida en el complejo proceso de desarrollo de una política pública. Por un lado, el nivel político pidió opinión a los ciudadanos. Por otro, los funcionarios desarrollaron su actividad. Encajar al final ambas piezas resultó imposible. No se adaptó el proceso de diseño a recoger la participación ciudadana. Es el liderazgo político el que debe impulsar este rediseño de procesos.

En segundo lugar, existió también sin duda resistencia al cambio de los empleados públicos. Si no se le enseña a usar una caña a alguien no es posible convertirle en pescador. Incorporar la creencia de que las mejores ideas no son necesariamente las propias y el uso de las herramientas 2.0 y los medios sociales para desempeñar la actividad profesional, requiere un proceso formativo. No creo que Reino Unido sea distinto del caso de las escuelas de formación de empleados públicos en España, y, al menos el INAP, no incorporan aún cursos en este sentido. Tampoco podemos confiar en que los empleados públicos más jóvenes lideren este proceso, como bien recordaba un artículo que leí hace unos semanassaben usar la tecnología 2.0 para el ocio pero no en lo profesional, y lo peor es que tampoco se dan los pasos para enseñarles este uso.

Resumiendo, la voluntad de impulso del Gobierno Abierto y los medios para desarrollarlo son importantes, pero igual lo es el aprendizaje de cómo hacerlo por parte de funcionarios y el rediseño de los procesos administrativos por parte de los responsables políticos.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Acceso a la información: Una defensa acorde con la realidad

El día 28/9/2010 se celebró el "Dia Internacional del Derecho a Saber". Con tal motivo, AccessInfo organizó una jornada vespertina denominada "Del secretismo a la transparencia: ¿Qué es el derecho a saber?". Es conocido por quien me lee que doy gran importancia al libre acceso a la información pública, cuya efectividad en España deja que desear, razón por la cual hice difusión de dichas jornadas a través de twitter y me acerque a las mismas. También mantengo por ello en esta bitacora publicidad de la necesidad de una Ley de Acceso a la Información. Sin embargo, creo que la defensa de toda idea hay que hacerla desde una base sólida y desde la realidad, no desde una visión sesgada de la realidad tratando de atizar el fuego de los neutrales. Es esta una práctica que en política (y defender el libre acceso a la información es política) no creo que sea la más acertada (aunque sea practicada con frecuencia). Mezclo en esta nota qué se contó y mi grado de acuerdo parcial o total con algunas afirmaciones (y actuaciones) que allí presencie.

En primer lugar, y por las razones que expuse en una anterior entrada al escribir sobre el caso Wikileaks, me parece condenable que se me reciba dándome una copia del borrador de anteproyecto de la denominada ley de transparencia, no publicado oficialmente y fruto de una filtración. Tenemos derecho a saber, ese anteproyecto tenía que haberse debatido publicamente, pero distribuirlo en un acto público en una universidad pública creo que roza la apología de la ilegalidad. Las leyes nos obligan a todos, y saltarnoslas cuando no coinciden con nuestra visión ideológica no creo que sea el mejor modo de luchar por una idea. Defiendo un más efectivo acceso a la información y una mayor transparencia de nuestros gobernantes, pero ello no implica la necesidad de quebrantar o fomentar que se quebrante la legalidad.

En segundo lugar, las ideas hay que defenderlas con datos objetivos e irrebatibles. Helen Darsbishire expuso magistralmente las limitaciones del supuesto anteproyecto de ley de transparencia (básicamente, el ámbito y alcance objetivo y subjetivo no definido suficientementemente y los plazos de acceso), pero se ha de ser más sólido en el argumentario comprativo con otros países. Ejemplos de la endeblez argumental comparativa internacional son a mi juicio los siguientes:
  • Se dice que España es de los pocos paises que no posee una ley de acceso a la información, ello es una verdad a medias. No existe una ley como tal pero si existe un marco legal general (art 35 y 37 de la Ley 30/92) y previsiones parciales en otros textos legales (Ley 16/85, Ley 38/95, ..). Cuestionemos la efectividad del marco legal, pero no su falsa inexistencia.
  • Se habla de la necesidad de adecuarse al Convenio del Consejo de Europa para acceso a documentos oficiales. Comparto totalmente ese objetivo, pero no puede defenderse sin indicar que tan sólo un puñado de países han firmado su adecuación. 
  • No se dan datos sobre el alcance y ámbito de las leyes de acceso a la información de otros países. Supongo que todos los países que se indican tienen leyes, pero no se indica cuáles de estos no es más que previsiones legales similares a las que ya existen en España, aunque tengan forma de ley independiente.
  • No se dan datos sobre la efectividad del marco legal en otros páises. Como antes indiqué, emn España no es que no exista un marco legal, sino que no es efectivo. No me preocupa que en otros países no lo sea sino que no lo sea en el mio, sin emabargo, si se usa el argumento comparativo, hay que dar datos concretos de cumplimiento, citando las fuentes de los mismos.
Algo parecido puede decirse de la intervención del Profesor Manuel Sanchez. Toda su intervención giró en la necesidad de regular el acceso a la información como ley orgánica. La razón no es otra que las mayores garantías de efectividad de una ley que esto supone (permite recurso de amparao ante el Tribunal Constitucional) y evita la desigualdad territorial de derechos (una ley orgánica es básica en todas sus previsiones y no admite particularidades autonómicas). Estando de acuerdo en las razones que da para ello, creo que no se puede defender que ello es posible hacerlo ya de conformidad con el artículo 20 de la Constitución que regula la libertad de información. No pueden estirarse los textos legales "adinfinitum" para que cuadren con mis ideas. Mas coherente me pareció la breve intervención del Profesor Jose Luis San Martín, de igual modo defendió la conveniencia de regular el acceso a la información por ley orgánica, pero previa reforma Constitucional.  Para este tema, y para muchos, hay que perder el miedo al cambio de la Constitución. Lo contrario, deriva en un páis del "todo vale".

Si hay un tema con el que perdí las reticencias, hacer de la Agencia de Protección de datos el guadían del acceso a la información. En cierto modo, es quizás contradictorio, ya que pùede introducir un cierto cariz restrictivo al acceso a la información. Sin embargo, me convenció la intervención de Jose Luis Piñar. El principal problema de este páis con el acceso a la información y la transparencia no es legal, es de cultura, si algo ha hecho bien la Agencia es extender la cultura de la privacidad y eso es una garantía de éxito para extender la cutura de la transparencia administrativa.

No pude asistir a más. Sigo defendiendo que necesitamos un marco efectivo de acceso a la información pública, pero cada vez tengo más dudas que una ley más sea lo que necesitamos. Ya lo comenté cuando se hizo pública la existencia del anteproyecto, creo que un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la Ley 30/1992 puede conseguir el mismo efecto con menor coste. También creo que la defensa del acceso a la información hemos de basarla en la necesidad de crear el derecho, por higiene social y pública no en una supuesta existencia del mismo o en una carencia en comparación con nuestro entorno.





martes, 14 de septiembre de 2010

#ogov en el nuevo marco jurídico de las #aapp de Cataluña

Como en todo tramo final de legislatura, el Parlamento de Cataluña ha estado envuelto en los últimos meses en un frenesí legislativo. Entre estas leyes se encuentran la Ley 26/2010 y la Ley 29/2010 de la Generalidad de Cataluña que regulan, respectivamente, las particularidades del procedimiento administrativo en Cataluña y la aplicación de medios electrónicos en el sector público de Cataluña.

He de reconocer que me resulta incomprensible cuál es la razón (aparte de que esté escrito en la Constitución) por la que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas se empeñan en aprobar leyes propias relacionadas con el funcionamiento de la Administración, que debería ser igual para todos los españoles. Ello sin embargo es ocasión para mejorar y superar el marco legislativo del Estado, algo que en parte, aunque insuficientemente, hacen las leyes mencionadas en lo relativo al Gobierno Abierto.

Ya es bastante que ambas leyes, a diferencia de las equivalentes del Estado (Ley 30/1992 y Ley 11/2007), dediquen  más espacio a la transparencia y participación por medios electrónicos. Se quedan sin embargo casi siempre en el ámbito del "puede" y no del "debe". 

El derecho de acceso a la información regulado en los artículos 26 y 27 de la Ley 26/2010 no elimina en ningún momento las restricciones de la Ley 30/1992. Ni elimina la condición de interesado como requisito de acceso ni fija plazos tasativos de respuesta. Tampoco avanza la Ley 29/2010 en este ámbito, no obligando a ningún plazo para implementar el ejercicio del derecho de acceso ante las Administraciones Catalanas por medios electrónicos ni mucho menos a ofrecer de modo proactivo estadísticas sobre cuantas son las peticiones recibidas y el tratamiento realizado de ellas.

En lo referente a la información publicada de modo proactivo, el artículo 10 de la Ley 29/2010 ofrece una lista de la que es obligado ofrecer, bastante más que hace la Ley 11/2007. Sin embargo, ni fija un plazo en el cual ha de estar esa información necesariamente presente en las sedes electrónicas y entre la misma no figuran datos de ejecución presupuestaria de modo desagregado. Tampoco la ley establece obligación alguna a uso de formatos reutilizables en la información publicada (algo más que el uso de estándares abiertos que cubre las menciones a la interoperabilidad).

La participación por medios electrónicos queda igualmente en el ámbito del "puede". Se indica la posibilidad del uso de los mismos en los procedimientos de audiencia e información pública (artículos 67 y 68 de la Ley 26/2010) y el artículo 12 de la Ley 29/2010 habla de fomentar el uso de los mismos para canalizar la participación y promover la creación de comunidades virtuales. Bastantes más menciones que en legislación estatal, pero sólo "pueden" y no "deben".

Se va avanzando, pero tal y cómo indicaba en un post anterior, no esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto por unos meses.

lunes, 16 de agosto de 2010

No esperemos por el momento más Gobierno Abierto en España

Frecuentemente aparecen en esta bitácora como comentarios acusaciones de maquillaje político a las iniciativas de Gobierno Abierto. No sólo estoy de acuerdo, sino que subo la apuesta, el Gobierno Abierto (y el Gobierno Electrónico) se está convirtiendo en parte de la acción política. Ello no me parece malo, es algo inevitable y positivo, y asi lo mantengo desde hace tiempo. Más importancia política implica más recursos para desarrollar las actividades asociadas.


Sin embargo, toda cara tiene su cruz. La politización del Gobierno Abierto supone su sometimiento a los ciclos políticos, a la tiranía de los periodos de cuatro años. Una excelente explicación de este hecho lo encontré recientemente en la bitácora Wikinomics. El autor lo ilustraba con el caso Obama, pero el caso de UK tras el acceso al poder de la coalición conservadora-liberal o icluso en el caso del Páis Vasco comentado hace poco, son otros ejemplos para el argumentario.


Ello nos lleva a una conclusión fatalista: No esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto en España por una temporada. Estamos a un año de las elecciones autonómicas y dos de las generales. Se nos ha pasado el arroz de que alguna iniciativa pueda arrancarse en ambos ámbitos. Nadie va a invertir en algo que no pueda sacarle rédito y los tiempos ya se han hecho cortos.