La buena Administración: De puzzle a misterio

No es la primera vez que hago referencia a Malcom Gladwell en esta bitácora. Con "What the dog saw", son ya tres los libros que me he leído de este autor. Aunque este es un libro que no recomiendo tan fervientemente como otros suyos, el ser una colección de artículos le hace carente de una cohesión, no deja de ser un volumen que ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos más cercano agarrados a asideros exteriores.

Es el caso de su reflexión sobre cómo afrontar la resolución de los problemas. Clasifica los mismos en dos tipos, aquellos de los que se carece de piezas de información y los que no pueden resolverse por falta de capacidad para ligar el conocimiento disponible. Los primeros son puzzles, los segundos misterios. Identificar si un problema es un puzzle o un misterio es el primer paso hacia su resolución.

El buen Gobierno o la buena Administración de lo publico ha sido históricamente  un puzzle. Aquellos estudiosos que se han acercado al mismo se han enfrentado a una carencia de información, de las piezas que les permitieran identificar correctamente las carencias para recetar las medidas curativas apropiadas. Esa quizás fue una de las razones del fracaso de las recetas dadas por la escuela de la Nueva Gestión Publica. Dado que desconocemos cómo es la Administración la asimilamos a un problema que conocemos (la gestión privada) para identificar los remedios que nos permitan alcanzar el ideal del buen Gobierno.

El Gobierno Abierto e Internet están cambiando la naturaleza del problema. Ya no es la falta de información, sino la infoxicación la barrera a la que nos enfrentamos. Hemos pasado del puzzle al misterio. La búsqueda de la solución ha de seguir por tanto una estrategia distinta. Ya no es objeto del estudioso solitario o de la empresa consultora encontrar los remedios, no se trata de buscar las piezas ausentes sino de poder conectar toda las disponibles. Se necesitan esfuerzos coordinados, comunidades en red para navegar sobre la red de conocimiento disponible e identificar colaborativamente los remedios.

Alcanzar la buena Administración ya solo es posible mediante la participación de muchos. Es lo que tienen los misterios.

Necesitamos un PublicVille

FarmVille es uno de los muchos juegos sobre Facebook en los que miles de personas matan las horas. El jugador se muta virtualmente en agricultor debiendo cuidar por la prosperidad de su granja. Vigila las cosechas, compra animales, construye edificios, realiza intercambios con otras granjas, ... Todo ello sea por un bien común, la granja virtual. El resultado es que más de 60 millones de personas emplean una media de 15 minutos en cuidar su granja.

Corren tiempos de reforma de lo público, de optar entre reducir gasto, incrementar impuestos o realizar ambas cosas. O también de optar por alternativas más complejas, compartir servicios o contratar a otra AAPP para que ejecute parte de mis obligaciones. También reformas radicales están sobre el tapete, reducir ayuntamientos o reducir funcionarios. Cada un tiene su coste. La ciudadanía, no toda pero si parte, piensa que las opciones son de consecuencias neutras, que todas las reformas conducen al final al mismo destino. Desgraciadamente no es así, pero seguramente no sabemos hacerles ver lo contrario. 

Si los ciudadanos emplean su tiempo en juegos de simulación como FarmVille, ¿no les sería igual de entetenido un PublicVille? Diversos niveles de administración cada uno con sus complejidades en los que los ciudadanos descubran la limitación de recursos y la complejidad de la decisión en cada caso. Hacer el presupuesto, establecer un convenio con otra Administración, rediseñar una RPT, elegir en cada caso entre personal propio o outsourcing, ... Construir un micromundo administrativo virtual sería quizás la mejor de las enseñanzas a los ciudadanos, de la cual sin duda podrían sacarse decisiones de calado para aplicar en el mundo real.

Ahí queda la idea. Necesitamos un PublicVille. Se admiten programadores apasionados por lo público que lo desarrollen y alguien que organice un concurso.

Enseñanzas de un fracaso: Aprendizaje y Rediseño son necesarios en el Gobierno Abierto

La implantación del Gobierno Abierto, derivado de su novedad e imbuído por el espíritu 2.0, está en una fase de prueba y error. En la medida que sepamos aprender de los casos de fracaso tanto como de los casos de éxito, podrémos alcanzar buen puerto en la parcela de navegación que nos atañe. Es por ello que es importante que se divulguen casos como el acaecido en verano en el Reino Unido, dónde una llamada del Gobierno a los ciudadanos para aportar ideas de lucha contra la crisis finalizó en un sonoro fracaso. Los funcionarios encargados de implementarlas rechazaron todas y cada una de ellas para desánimo de los ciudadanos que participaron.

Por todo profesional informático es conocido que un proyecto tiene éxito en la medida que:

• Exista una visión clara de su objetivo
• Pueda demostrarse un caso de negocio favorable
• Se disponga de la tecnología necesaria
• Se lleve a cabo un rediseño de los procesos
• Las personas asuman los cambios culturales

Visto como un proyecto, es explicable por tanto el fracaso obtenido en el Reino Unido. No me cabe duda que existía una visión (apoyada desde el más alto nivel político, baste recordar la carta de Cameron al inicio de su mandato) y se creía contar con un caso de negocio favorable (el derivado de la implantación de la denominada Big Society, buscando extender los procesos de decisión a la sociedad como medida  de eficiencia). Tampoco será por ausencia de las tecnologías necesarias (disponibles desde hace tiempo para el que quiera utilizarlas). Cualquier profesional informático habría identificado que el proyecto estaba llamado al fracaso al no haberse realizado la adaptación de procesos ni el cambio cultural necesario.

En primer lugar, se trató de una iniciativa dirigida desde el nivel político, y no embebida en el complejo proceso de desarrollo de una política pública. Por un lado, el nivel político pidió opinión a los ciudadanos. Por otro, los funcionarios desarrollaron su actividad. Encajar al final ambas piezas resultó imposible. No se adaptó el proceso de diseño a recoger la participación ciudadana. Es el liderazgo político el que debe impulsar este rediseño de procesos.

En segundo lugar, existió también sin duda resistencia al cambio de los empleados públicos. Si no se le enseña a usar una caña a alguien no es posible convertirle en pescador. Incorporar la creencia de que las mejores ideas no son necesariamente las propias y el uso de las herramientas 2.0 y los medios sociales para desempeñar la actividad profesional, requiere un proceso formativo. No creo que Reino Unido sea distinto del caso de las escuelas de formación de empleados públicos en España, y, al menos el INAP, no incorporan aún cursos en este sentido. Tampoco podemos confiar en que los empleados públicos más jóvenes lideren este proceso, como bien recordaba un artículo que leí hace unos semanas,  saben usar la tecnología 2.0 para el ocio pero no en lo profesional, y lo peor es que tampoco se dan los pasos para enseñarles este uso.

Resumiendo, la voluntad de impulso del Gobierno Abierto y los medios para desarrollarlo son importantes, pero igual lo es el aprendizaje de cómo hacerlo por parte de funcionarios y el rediseño de los procesos administrativos por parte de los responsables políticos.

Gobierno Abierto: Eje del circulo virtuoso de la innovación en la Administración Pública

En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada.  Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por "The Economist". Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el "European Innovation Scoreboard 2009" realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente

For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27

Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.

La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos

• Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar


• Facilitar la innovación por parte del sector privado


• Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento


• Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales


• Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación

En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público.  Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.

Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:

• Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.


• Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.

Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)

La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.

El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.

El derecho a la información pública por medios electrónicos

Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, ...) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.

Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de "Public Online Information Act" (POIA) en trámite en el Congreso.

Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:

• Consagración de la equivalencia "publico=online"


• Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos


• Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24x7 accesible en línea la información pública


• Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet


• Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública

La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.

Gobierno Abierto: Año y medio descubriendo a qué nos enfrentamos

Aunque hubiera antecedentes, me caben pocas dudas que,  si existe historia de esto del Gobierno Electrónico, el día cero del Gobierno Abierto pasará por ser el día siguiente de la toma de posesión del Presidente Obama.  No habían pasado veinticuatro horas cuando dió las órdenes ejecutivas que arrancaban la transición del obscurantismo al Gobierno Abierto abierto en los USA, y en un efecto arrastre en (al menos) todo el mundo occidental. Aunque parezca que todo comenzó hace mucho tiempo, fue hace poco más de año y medio. Es quizás tiempo de análisis, de tratar de identificar de modo sistemático los retos a los que estamos enfrentándonos.

Quizás los más importantes son los retos  globales a al concepto en sí. Particularmente creo que el más importante es su sostenibilidad.  La acción de las AAPP se basan en la legalidad, en la existencia un marco que les obliga a dar unos determinados servicios. Sin la existencia un marco legal, el impulso se agota. No vale un mero acuerdo de gobierno, que puede ser olvidado cuando el siguiente gobierno llegue. Baste para ello ver como la pata transaccional del Gobierno Electrónico sólo ha sido desarrollado de modo decidido cuando ha existido un marco legal que lo ha habilitado. De la mano del marco legal, es sólo cuando es posible mantener las dotaciones continuadas estables de recursos económicos y humanos que demanda la implantación del Gobierno Abierto, y disponer de una base para impulsar el cambio cultural entre los empleados públicos.

La transparencia se enfrenta al reto de la usabilidad. No se trata tan sólo de facilitar muchos datos en formato reutilizable, han de facilitarse herramientas eficientes de catalogación, cuidar la calidad de los datos y ser capaz de facilitarlos en el entorno temporal necesario. Un ejemplo de las dificultades de una implantación generalizada de la transparencia en un país se relata en la entrada "La Crisis de los Portales de Transparencia" de Gonlink.

Hacer efectiva la participación supone  resolver retos sociales y tecnológicos.  En primer lugar, rompiendo la inercia de las AAPP y la desconfianza de los colectivos sociales, buscando fórmulas que nos permitan integrarnos en las iniciativas de participación externas a nuestras sedes electrónicas, espatando posibles miedos orwellianos.  En segundo lugar, evitando el rapto por las élites, habilitando una participación transversal a la sociedad y no sólo de los más vociferantes y/o con ventajas socioeducativas.  Finalmente,  introduciendo tecnologías que permitan dar calidad a la participación, como filtrados automatizados que permitan un uso efectivo del crowdsourcing y registros electrónicos de la participación realizada como garantía a la ciudadanía.

En la colaboración o coproducción se presentan  interesantes retos procedimentales. Integrar en nuestros flujos de trabajo mecanismos de identificación de comunidades con las que construir servicios efectivos para la sociedad y aplicar nuevas fórmulas de adquisicion contraprestación de sus servicios mutuamente beneficiosas.

He dejado para el final las personas, empleados públicos y nuestros dirigentes políticos. La implantación del Gobierno Abierto sólo es posible con una actuación más autónoma de los empleados públicos de acuerdo a los principios del interés general.  Los modelos jerárquicos y de rígido control de la acción del funcionariado por la clase política difícilmente harán otra cosa que esclerotizar el concepto de Gobierno Abierto. Es necesario desarrollar un modelo de gestión de objetivos y actividades en las AAPP basado en la confianza entre dirigentes políticos y empleados públicos.

UK: La hora crítica del Gobierno Abierto

Ayer se anunció que los conservadores vuelven al poder en UK. Mala noticia para los ciudadanos británicos, vuelve el thatcherismo y el capitalismo salvaje. Pero un momento interesante para los que estamos alrededor del Gobierno Electrónico y el Gobierno Abierto.

El Reino Unido ha sido uno de los abanderados del Gobierno Abierto. Experiencias como "The Power of Information Task Force", "Show us a better way" o data.gov.uk no hubieran sido posibles sin un impulso político claro. ¿Se mantendrá el impulso con los conservadores?  Cabe recordar que los conservadores indicaron las IT como un potencial área de recorte. ¿Será uno de ellos data.gov.uk?

Puede parecer un escenario de ciencia-ficción, y sin emabargo es posible. Di Maio ya hablo de la necesidad del soporte legal para la sostenibilidad del Gobierno Abierto. He revisado el web de data.gov.uk y no he encontrado una sóla referencia legal. Y ya se sabe, en la Administración, lo que no está en el BOE (Official Gazzette, en este caso), no existe. Todo lo que no existe en la ley, no pasa de ser un concesión a los súdbitos que puede suprimirse.

UK es la prueba del nueve sobre la reversibilidad o irreversibilidad del Gobierno Abierto.

Alrededor del borrador de reglamento UE de iniciativa ciudadana

La Comisión ha hecho publico un borrador del reglamento de la iniciativa ciudadana, una de las grandes novedades del Tratado de Lisboa. La fecha del borrador es del 31/3/2010, sin embargo no recuerdo despliegue mediático al respecto por lo que deduzco que su publicación ha de ser más reciente. Concretamente, yo lo conocí a través de un tweet de @osimod . Conviene aclarar que dicha iniciativa ciudadana no sustituye la iniciativa legislativa de la Comisión en ninguna circunstancia, sino que es una iniciativa ciudadana limitada y destinada a espolear la iniciativa legislativa que la Comisión Europea tiene de acuerdo a los Tratados.

De una primera lectura en diagonal, me sorprenden dos aspectos. El primero son las condiciones de aceptación de una iniciativa ciudadana (artículo 4). Para empezar, las juzga la propia Comisión, para continuar la Comisión ha de considerarlas serias (curioso término jurídico) y para terminar no pueden ir contra los valores de la Unión. Vamos, que iniciativas sí, pero dentro de un orden, no vaya a ser que a un euroescéptico se le ocurra alguna maldad.

Lo segundo que me llama la atención es el curioso uso del canal electrónico, destinado a dar el mínimo trabajo a la Comisión. La Comisión se limita  hacer un registro electrónico de las iniciativas y a decidir su aceptación. Validar que los sistemas de recogida de firmas  electrónicos son válidos y la autenticidad de las mismas se deja a los Estados Miembros. Eso sí, la Comisión será quien dicte las normas técnicas que han de cumplir. Dado que la identidad electrónica es un tema clave en todo proceso de firma y que el desarrollo de la interoperabilidad de la identidad electrónica en Europa está en curso (ver STORK), el plazo de 12 meses tras la aprobación del reglamento para tener las normas técnicas puede quedarse corto.

Seguro que existen otros puntos grises en la propuesta, que aún no he leido entera con detalle. No obstante, es un paso adelante que puede tener derivadas imprevistas y positivas. Por ejemplo, no habría razón para no aplicar las normas técnicas que dicte la Comisión a nuestra iniciativa popular nacional, que aún carece de desarrollo reglamentario tras casi cinco años desde que se incluyo la posibilidad de medios electrónicos en la misma.

La co-producción de servicios públicos (II)

Va para dos meses que publiqué la primera parte de esta entrada. El tiempo dejado  entre una y otra no ha sido intencionado, tan sólo ahora he encontrado alguna pista para seguir avanzando en la materia. Otra vez la misma viene del Reino Unido, de la mano de un documento corto y con un excelente resumen ejecutivo "The engagement ethic".

Breve recordatorio de qué perseguimos con la co-producción: Servicios públicos no sólo para los ciudadanos sino con los ciudadanos. Con ello obtenemos servicios más efectivos, pero también con una mayor base de legitimación.

Dejábamos el tema en la búsqueda de metodologías para aplicar las técnicas de co-producción de servicios públicos. El primer paso, identificar en qué servicios puede hacerse de la colaboración el eje de su diseño y producción, nos lo viene a resolver el documento mencionado. Estos servicios  los presenta caracterizados por:

• Existencia de una comunidad clara de interesados


• Crecimiento limitado dentro de la comunidad de interesados


• La contribución de la comunidad es crítica para el exito del servicio


• Existencia de relaciones de largo plazo


• La comunidad tiene un claro interés en participar en el servicio

Hacer de una comunidad el eje de la co-producción de servicios, lleva a una segunda derivada. La co-producción puede tomar dos puntos de arranque de desarrollo:

• Servicios mutualistas externos a las AAPP que son apoyados para su desarrollo


• Identificar dentro de las AAPP servicios en que puede ser  efectivo incorporar a una comunidad para una prestación más efectiva

Por ir a ejemplos prácticos tanto de lo uno como de lo otro dentro del  Gobierno Electrónico. La iniciativa AbreDatos 2010 que se celebra en este fin de semana puede dar lugar a servicios iniciados en una comunidad. El servicio Red Trabaj@ ya mencionado en la primera parte de esta entrada es ejemplo de la incorporación de comunidades a la prestación de servicios públicos. Se trata en definitiva de primar la misión del organismo sobre el uso de la tecnología.

La fórmula de la co-producción está aún en sus primeros pasos. Pero puede ser la solución para revitalizar servicios con escaso nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos. Por acabar de nuevo con un cita de Seth Godin,

Trying harder is impossible when you're already trying as hard as you can. But you can always try different.

Queremos ser del País Vasco

Entre las noticias que leí en los desayunos previos de cada día de asistencia a Tecnimap, seguí con especial interés la revuelta ciudadana de Valença del Miño y otros pueblos cercanos. Veo que no he sido el único en asociarlo a los servicios de Gobierno Electrónico. Más de una vez, he escrito acerca de la brecha de derechos que se está abriendo en España a resultas de la implementación del canal electrónico de relación con las AAPP. Servicios electrónicos alrededor de la educación y la sanidad son ofrecidos por unos gobiernos regionales mientras otros no se conoce si tienen intención de ello.

Los Portugueses quieren ser Españoles. Los Madrileños, y muchos otros, querrían ser del País Vasco en lo referente al Gobierno Electrónico. Un destacada posición en lo referente al aspecto transaccional (de acuerdo al informe eEspaña 2009) y un liderazgo claro en la creación de espacios electrónicos de participación (Irekia) y transparencia (Opendata Euzkadi).

No nos va a quedar más remedio, que ir con la ikurriña a la Puerta del Sol.

¿Deben las AAPP estar en las Redes Sociales?

Hoy ha acabado Tecnimap 2010. Una de las sesiones que más éxito de convocatoría tuvo fue la dedicada al uso de las Redes Sociales en las AAPP. En ella hubo intervenciones de  alta calidad por parte de @balapiaka, @alorza, @idoiallano, @mgarrigap, @rafaelchamorro e Ignacio Celaya.

Sería difícil elegir cuál de las intervenciones fue aquella con cuyo mensaje pueda sentirme más identificado. Globalmente, la que más me convenció fue la de @mgarrigap y con su idea de "hacer uso de la redes sociales para hacer pedagogía sobre los límites de la Administración". Sin embargo, salí del auditorio más convencido de "la necesidad de las AAPP de estar en las redes sociales para ser ciudadanía y servir mejor a las AAPP" que dijo @idoiallano. Un mensaje en el que con su provocativo estilo incidió al día siguiente @andreadimaio en otra sesión.

Quizás sea un exceso de heterodoxia por mi parte, pero en el retorno a casa en el AVE me surgió la duda de si realmente eso es lo que quieren los ciudadanos. La idea base es que es así, es que las AAPP hemos de estar allí para dialogar de modo más directo con los ciudadanos. ¿Pero realmente es lo que desean los ciudadanos? ¿No conduce ello a una Administración en exceso presente en la actividad ciudadana? ¿No existe el riesgo que llevado a su extremo nos convirtamos en una sociedad orwelliana? ¿No existe el peligro que fomentar  la intervención en las mismas de los funcionarios términe por anular el debate que en las mismas se produce?

Las redes sociales nos presentan nuevos cruces de caminos y nuevas decisiones. Es pronto para poder determinar que uso de las mismas nos puede conducir a sociedades más abiertas, deliberativas y democráticas. El objetivo es que el ciudadano no sólo sea el objetivo de los servicios sino también el origen de los mismos,  pero queda mucho para que sepamos como hemos de utilizar las redes sociales para servir mejor a la ciudadanía. Como dijo @mgarrigap, no nos queda más remedio que el trystorming.

El uso de los medios sociales por empleados de las AAPP

Hace ya unos meses, hice referencia a la necesidad de desarrollar procedimientos que regularan la intervención del factor humano de la función pública en los medios sociales. Que dicha regulación es más que necesaria lo muestran incidentes como el acaecido en el Principado de Asturias, el lamentable bloqueo de una de esas bitacoras informales de un empleado público que ayudan a la creación e incremento del conocimiento en el colectivo de los empleados públicos. Con unas cuantas lecturas más y alguna pieza legislativa nueva en nuestro ordenamiento jurídico, vuelvo sobre el tema, con la creencia que el Gobierno Abierto ha de ser en gran medida desarrollado entorno al empleado público.

Son dos los ámbitos diferenciados que deben regularse. De un lado, el uso informal, como persona que hace uso de los medios sociales para adquirir y compartir conocimiento con personas de un mismo ámbito profesional. De otro lado, el uso oficial, como parte de un organismo público al servicio de la ciudadanía.

La regulación del uso informal de los medios sociales por los empleados públicos debería limitarse al incentivo de la misma. Han de equipararse a una herramienta más de trabajo, con las limitaciones únicas de la responsabilidad y la discrección y la manifestación (implícita por el contexto o explícita) del carácter personal y no profesional del uso. Con estas salvaguardas, somos un número importante los que cada día nos beneficiamos de la generación de conocimiento colectivo.

Más compleja es la regulación del uso formal. Las nueve páginas del documento "Best practices for social media usage in North Carolina" nos dan unas cuantas pistas al respecto de la visión global de esta regulación, y ha sido la inspiración del resto de esta entrada. La regulación empieza por entroncar el uso de los medios sociales con la estrategia global de comunicación del organismo. Los gabinetes de prensa obviamente han de jugar un papel rector en este punto y deben ser los primeros involucrados en el diseño de la estrategia en este punto, fijar quién y cómo puede intervenir en y en qué medios.  Un ejemplo real de la compleja relación entre los  gabinetes de prensa y aquellos que intervienen en los medios sociales , así como de los beneficios del uso de los mismos, está descrita en esta entrada de "Digital Engagement".

En segundo lugar, ha de crearse un marco de garantías y obligaciones de aquellos que actuan en nombre de los organismos en los medios sociales. En mi anterior entrada sobre este tema, hacia mención de las normas la respecto creadas en Reino Unido, hoy me parecen escasas. Las normas han de contener no sólo una reglas de comportamiento y su entronque con las consecuencias disciplinarias de su incumplimiento, sino también han de reflejar los procesos de solicitud y autorización de participación en medios necesarios para ello. Prever la existencia de estas normas en el desarrollo reglamentario del EBEP en las distintas Administraciones, sería quizás recomendable.

En tercer lugar, entran en juego la regulación de los medios tecnológicos utilizados para habilitar la partipación del empleado público en los medios sociales. Aunque sobre ello podría debatirse, es mi opinión que la regulación aplicable habría de ser la Ley 11/2007 (y el RD 1671/2009 en el caso de la AGE). En este marco legal, y debido a las posibles consecuencias de la intervención de un empleado público en una conversación virtual registrable, hay que buscar los medios de  autenticación y registro de la participación de empleado público en un medio social. Si los medios sociales están bajo control del organismo en la sede selectrónica, autenticación y registro de las intervenciones en medios sociales vendrán garantizados por las previsiones para ambos ámbitos en las sedes electrónicas. La complejidad puede surgir cuando los medios sociales están fuera de la sede electrónica de los organismos. En primer lugar, el marco legal nos facilita los sistemas de firma electrónica que habrían de utilizarse, que en el marco de la AGE se limitan a sistemas basados en certificado de acuerdo al RD 1671/2009.  En segundo lugar, habría de disponerse de mecanismos de archivo fideligno del documento electrónico resultante de la participación del empleado público en el medio social (sobre la importancia de este punto, ver éste artículo). Es fácil suponer, que estos dos condicionantes limitan en la práctica poder actuar en los medios sociales no establecidos por los gobiernos como sería deseable.

Aunque el asunto no es tan simple como sería deseable, ello no es obstáculo para no empezar a trabajar en la habilitación de este nuevo marco de participación.

Gobierno Abierto, finanzas públicas y cambio de modelo productivo

No hace mucho, twitee una entrada de una bitacora referida al coste de una política de Gobierno Abierto en el ámbito del Gobierno Electrónico. La transparencia y apertura de datos no es gratis, y muchas supone trabajar con sistemas obsoletos sobre los que cualquier intervención cuesta un potosí (y está por ver la efectividad para ello de la fórmula mágica de la colaboración pública-privada que propone la OCDE). Lo mismo podriamos decir la participación y la colaboración, implican un coste derivado del cambio tecnológico,  cultural y organizativo que requieren su implementación.

Un Gobierno Abierto no es barato, ello supone unas inversiones y el empleo de unos recursos públicos escasos. Quizás conviene recordárselo a algunos que al mismo tiempo abogan por un Gobierno Abierto y una reducción de impuestos. Como en tantas cosas, servicios europeos requieren niveles impositivos europeos. La coherencia política de promoverlo requiere asumir que tiene un coste sobre las finanzas públicas.

Afortunadamente, no sólo son insumos en un Gobierno Abierto. Existen retornos materiales más allá del necesario refuerzo de los procesos democráticos.  Es quizás hora de comenzar a hacer hincapíe sobre su efecto positivo en el cambio de modelo productivo.

La transparencia habilita la reusabilidad de la información pública. La consecuencia es la creación de todo un nuevo sector productivo relacionado con la producción de contenidos digitales. Del efecto en el crecimiento que tiene este sector puede encontrarse estimaciones en los estudios de la Comisión Europea MEPSIR y PIRA.

Participación y Colaboración también contribuyen al cambio de modelo económico. La co-producción en los servicios o la elaboración de políticas públicas de modo conjunto con la ciudadanía nos llevan a Administraciones Públicas más sostenibles. No es necesario apoyarnos en un crecimiento interno ilimitado para adquirir las capacidades que nos permitan servir mejor a la sociedad.

Un Gobierno Abierto tiene un coste, pero también nos habilita para seguir avanzando hacia el bienestar social.

¿Existe en España la Ciudadanía 2.0?

En los foros físicos y virtuales del Gobierno Electrónico, nos solemos preocupar con reiterada frecuencia de qué nos falta para ser una Administración 2.0. El ejercicio refleja una loable preocupación por la mejora continua, pero también un narcisismo significativo. De nada sirve la Administración 2.0 sin una Ciudadanía 2.0.

Parto de la base que la Ciudadanía 2.0 estará compuesta de Ciudamistradores, y digo estará porqué no creo que aún hayamos conseguido el nacimiento de los mismos, al menos en este país. La construcción de la Administración 2.0 pasa necesariamente por promover esta nueva clase de ciudadanos, en crear el entorno para ello y eliminar las barreras políticas que impiden su advenimiento. De nada sirve crear servicios para la participación sin haber audiencia que participe.

Quizás esté pasando por la etapa de desencanto al respecto de mis expectativas al respecto de una Administración 2.0, pero cada día acreciento mis dudas al respecto de la preparación de este país para ello. Y mis dudas se cimientan en no encontrar Ciudamistradores a mi alrededor. ¿Pero se quiere que existan? ¿pueden existir? Asistí recientemente a una conferencia de Carolyn Lukensmeyer, presidenta de AmericanSpeaks. En ella, la activista americana hablaba de la necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria para hacer florecer la ciudadanía participativa. Esta infraestructura la veía como una combinación de los siguientes ingredientes:

• Legislativo, basado en uns instituciones de amplia representación que creen el entorno legal apropiado


• Físicos, disponiendo de espacios dónde la ciudadanía pueda hablar en libertad y dialogar sin intermediarios


• Tecnológicos, dotando a la sociedad de las infraestructuras de comunicación de banda ancha y los medios de identificación electrónica que les permita hacer del mundo visrtual un entorno de participación y colaboración


• Humanos, facilitando la creaciónde una red de habilitadores del diálogo basado en el voluntariado


• Organizativo, contando con asociaciones realmente representativas y basadas en si mismas en la participación


• Medios de comunicación, que sean honestos y sepan dar visiones sinceras de la realidad a los ciudadanos, alejadas de intereses espureos


• Educación, incorporándo a los curriculum de los sistemas de enseñanza básica los elementos que permitan comprender las responsabilidades de participación derivadas de los derechos ciudadanos

Una revisión del estado de estos componentes en nuestro país, no llama al optimismo, y quizás explica el desencanto generalizado y porqué no existe más demanda de una Administración 2.0. De acuerdo que quizás estén comenzando a surgir. La reciente rebelión contra la disposición final del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible o el grupo de ciudadanos que coordinados a través de Facebook han llevado una conocida político a los tribunales, invitan al optimismo. Pero demandas más allá de las realizadas (que a muchos suenan a "protestan porque les quitan las pelis y CDs gratis") han de realizarse desde la ciudadanía. Petición de la liberación de datos públicos, de una ley de acceso a la información pública o de una ley de democracia participativa que gire entorno al canal electrónico han de ser incorporadas al movimiento. Habremos de pensar que no existe una Administración 2.0 simplemente porque faltan los clientes para ella.

Sobre la Directiva de Gobierno Abierto de Obama

Con unos días de retraso, he tenido ocasión de leerme con calma la Directiva de Gobierno Abierto promulgada por el Gobierno Obama. He querido leermela en comparación diagonal con otros dos planes de acción relacionados, los del Gobierno Australiano y el Gobierno del Reino Unido, que fueron dados a conocer aproximadamente el mismo día.  Aunque los documentos Australiano y Británico, respectivamente, de naturaleza (plan vs ley) u orientación distinta (reforma administrativa vs gobierno abierto), permiten centrar el análisis sobre las carencias del documento norteamericano.

En primer lugar, el documento del Gobierno Obama hace especial hincapíe sobre la transparencia, especialmente la de carácter presupuestario, dejando más de lado los aspectos de participación y colaboración ciudadana. Los plazos y acciones marcados al respecto de lo primero son claramente más exigentes que para los segundos. Podemos justificarlo en que la transparencia es la piedra angular de participación y colaboración, pero esperaba mayores compromisos en estos campos.  Un ejemplo de los mismos son los Bonos de Impacto de Social como mecanismo de finaciación de las iniciativas no gubernamentales que se quiere poner en marcha en el Reino Unido.

La Directiva Americana cae también en el defecto de la Asimetría de la Relación entre Gobierno y Ciudadano. Este aspecto es también criticado por Andrea Di Maio.  Mientras que tanto Australianos como Británicos apuestan por un flujo bidireccional de información y colaboración, con los empleados públicos haciendo un uso intensivo de los medios sociales para ello, el Gobierno Obama se apoya en dar información para obtener colaboración, sin buscar obtener información o prestar colaboración. Este desequilibrio, en mi opinión, lleva en el medio plazo a un rapto por las élites de la acción pública, ya que en ella participarán de modo activo los interesados (i.e. los lobbys) y no los ciudadanos. La presencia en los medios sociales es la nueva forma en que los empleados públicos han de defender el interés general.

Consecuencia de estas dos carencias, nace una tercera. La falta de un cariz inclusivo de la Directiva Obama. No existe una sóla mención en las once páginas en cómo lograr que toda la sociedad forme parte del Gobierno Abierto, en cómo incorporar a todo la población al proceso de decisión mediante un uso flexible de las TIC, que no necesariamente ha de ser personal. Espacios dedicados a la accesibilidad, en el caso australiano, o del uso del gobierno local para llegar a los excluidos, en el caso británico, son la mayor ausencia de la Directiva Obama.

Un último comentario. Gobierno Abierto es sinónimo de transparencia, participación y colaboración. Es necesaria una estrategia clara de como convertir estos tres puntos en unos mejores y más efectivos servicios, de lo contrario, cuando se convierten en un fin en si mismo, pasan a ser tan sólo fuego de artificio mediático. Tampoco he encontrado en la Directiva Obama como se hará este engarce.

El voto electrónico de los representantes electos y la democracia asamblearia

No hace unos días que "El País" publicaba una noticia que reabría un viejo debate. Dos concejales en estado de buena esperanza amenazan con dejar en minoria al gobierno municipal de Bullas. Una solución puesta en sobre el tapete es la reforma constitucional que permita hacer uso del voto telemático a los representantes electos.

Ello abré da lugar a la necesidad de dar respuesta, al menos, a dos preguntas. La primera es determinar cuándo podrán sus señorías y similares hacer uso del voto electrónico. Aunque el debate se reabra con motivo de unas licencias laborales por maternidad, pueden darse otras circunstancias (no necesariamente por razones de salud) en que este justificado este voto remoto. ¿Pero quién determina esa justificación? ¿La responsabilidad del representante electo? ¿Un lista exhaustiva incluida en la legislación?. La respuesta no es fácil, sobre todo por la continua sospecha ciudadana de picaresca por parte de sus representantes (sin ir más lejos, ese mismo día el mismo periódico publicaba una Carta al Director al respecto).

La segunda pregunta es aún de más difícil respuesta. Supuesto que se habilita el voto electrónico para el representante electo, ¿qué razones habría para no habilitar el mecanismo como medio de una actuación cotidiana de la ciudadanía? Es de suponer que no se haría al mismo tiempo, pero sería difícil justificar su no habilitación en plazo medio después de la primera medida una vez que a sus señorías se les diera la posibilidad de votar electrónicamente en los debates.

Curioso como la conciliación laboral de sus señorías conduce a la democracia asamblearía, con los riesgos que eso implica.

La escalera de la Participación

Nota previa: Lo malo de tener fondos escritos para cuando agobia el trabajo, es que los amigos te medio pisan lo escrito. También es casualidad, Carlos.

Según el libro de Clay Shirky "Here Comes Everybody" , tres son los ingredientes de un proceso colaborativo: Causa, herramientas y reglas. Ya sea la creación de un sistema operativo, la construcción de la wikipedia o cualquier otra comunidad ad-hoc, sin una definición clara de esos tres elementos no puede existir un proceso de colaboración. El éxito o no del proceso es otro cantar, pero depende de la adecuación o no de las instanciaciones de los ingredientes al proceso que se implementa.

Aproximándonos a la participación ciudadana por medios electrónicos como un proceso colaborativo, la causa y las herramientas parecen adecuadas. La primera, la creación de un gobierno más abierto y participativo tiene el atractivo suficiente para atraer a aquellos que pueden formar parte de la comunidad. Las segundas, las distintas herramientas 2.0 que permitirían implementar una comunicación bidireccional son maduras, conocidas y usadas por un número alto aquellos llamados a tomar parte en el proceso.

Las reglas, como nos referiamos en una entrada anterior, son el punto débil. Sólo la credibilidad de las reglas hacen fracasar o triunfar los procesos de participación. ¿Cómo transmitir credibilidad? Aunque resulte una perogrullada, creando procesos relamente participativos. La ciudadanía tiende a identificar las farsas y huir de ellas.

¿Cuándo un proceso de participación es más o menos creible? El más simple esquema de clasificación por autenticidad de un proceso de participación, lo he encontrado en un artículo denominado “A Ladder of Citizen Participation”, que tiene el valor adicional de haber sido escrito en 1969. El autor, Sherry Arnstein, establece una escalera de ocho peldaños en los que clasificar los procesos de participación, de más a menos creible:

1. Manipulación, creando comités conjuntos con la ciudadanía para utilizar esta como coartada


2. Terapía, similar a la anterior, creando un entorno dónde la ciudadanía se desahogue pero sin atender a su expresión


3. Informativo, estableciendo un canal unidireccional en el que el gobierno facilita información de sus intenciones pero sin dar opción a la réplica


4. Consulta, creando un entorno de expresión de la ciudadanía y atención de la misma, aunque sin expresar un compromiso acerca del tratamiento de sus opiniones.


5. Apaciguador, aceptando de modo claro propuestas de la ciudadanía que sirvan como muestra de la bondad de las intenciones de la Administración pero sin dejar claro como se toman las decisiones globales


6. Colaboración, en un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas pero conducido por la Administración en todos sus ámbitos


7. Delegación de poder, en el cual los ciudadanos tiene ámbitos cuya opinión prevalece sobre la opinión de la Administración


8. Control ciudadano, dónde la ciudadanía participa sin tutelaje alguno de la Administración

En general, los ciudadanos tenderán a participar más en los procesos de participación de los 3-4 últimos peldaños, mientras huirán de los situados en los niveles bajos de la escalera. Quizás la falta de éxito de los procesos de participación se basa en que las Administraciones aún no han sabido subir más allá de los primeros peldaños.

Procedimientos a desarrollar para una Administración 2.0 (I): El factor humano

De vez en cuando, he escrito algo en esta bítacora sobre la necesidad o no de dar cobertura legal a ciertos aspectos derivados del desarrollo de la Administración 2.0. Iba a escribir unas líneas sobre si las nuevas arquitecturas que requiere la Administración 2.0, con integración de infraestructuras y servicios del sector público y privado, necesitan de algún desarrollo en este sentido cuando me ha asaltado la duda. No es un secreto que trabajar en la Administración en asuntos relacionados con las Tecnologías de la Información tiene grandes diferencias con respecto al sector privado. Una de ellas es, precisamente, la referente a los aspectos jurídicos fuertemente imbricados con nuestro día a día. Conocer cuando es o no necesario respaldo legal explícito para ejecutar algo que quieres hacer, saber si  las normas existentes valen para dar cobertura a una mejora en un servicio o defender la inelubilidad de realizarlas y otras sabidurías similares, varían dependiendo de las circunstancias políticas, en general, y  de los directivos que a uno le caen en suerte, en particular.

Hecha esta introducción, me limitaré tan sólo a señalar algunos aspectos sobre los que intuyo que habrá que adoptar una postura para poder desarrollar arquitecturas de integración para la construcción de una Administración 2.0. Si esta postura se adopta en forma de política común o norma legal, vamos a dejarlo a la opinión de los que tengan más conocimiento. Por el momento, llamemoslo procedimientos a desarrollar para la adopción de la Administración 2.0.

Hoy escribo sobre el factor humano.

Van ya camino de quince años de presencia de Internet en las Administraciones Públicas, y, al igual que en muchas empresas privadas, no existe una definición del uso apropiado de Internet desde el puesto de trabajo. La carencia es menor en una Internet con mayoría de servicios Web 1.0, una web de solo lectura. Acceder a recursos no relacionados con la ocupación laboral en horario de trabajo es, como mucho, una perdida de tiempo. El mal uso de los servicios de la Web 2.0 presenta un riesgo sobre la reputación. Vertir una opinión inoportuna o colgar un video no apropiado en YouTube en horas de trabajo puede tener otras consecuencias, más en el mundo del funcionariado dónde se realiza en horas de servicio público ejerciendo una potestad administrativa. De un lado, consecuentemente, soy de la opinión de limitar el acceso a los medios sociales.

Y he dicho limitar, no prohibir. Prohibirlos, como acertadamente indicaba hace unos días Enrique Dans en Expansión, sería como prohibir el teléfono. En paralelo, los medios sociales han de integrase en los procesos de gestión pública. Las unidades administrativas deben cumplir con su misión de servicio público allí dónde esta el ciudadano. Identificar los medios sociales de interés para la misma, apoyarlos en su desarrollo e integrarlos como canal de relación con el ciudadano, es uno de los retos de la  Administración 2.0. Claramente esta labor ha de desarrollarla el funcionariado, razón por la cual estimular al empleado público para realizar esta labor debe ser una labor del directivo público.

Dentro del Reino Unido, el Cabinet Office tomo hace unos meses la iniciativa de extender el "Codigo de Servicio Civil" con unas pautas para el comportamiento en línea.  Es un código sencillo de cinco puntos, que demuestra que una regulación no ha de ser necesariamente compleja. Quizás su única carencia es la definición de la figura del "Community manager" de las unidades gubernamentales. Con la complicación que supone trasladar todo lo proveniente del mundo Administrativo anglosajón a nuestra más regulada Administración Española, quizás es la oportunidad de hacerla. Si el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad va a tener forma reglamentaría, ¿porqué no incluir en el articulado del desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público un código de participación on line del funcionariado?

Nota final: Recomendable echar un vistazo al survey de Deloitte  sobre Redes Sociales y puesto de trabajo. Aunque realizad sobre un entorno claramente distinto del sector público español, plantea interesantes puntos para la reflexión.

Evolución de los buscadores

Los buscadores de información en Internet supusieron en su momento un elemento facilitador de la expansión en el uso de la Red. Gracias a ellos, la red dejo de ser un producto sólo para iniciados y se convirtió en herramienta para uso cotidiano de las masas en la vida cotidiana. Tal fue su éxito, que fueron replicados inmediatamente en los portales de servicios e información, entre ellos los de las Administraciones Públicas. Sin embargo, aunque han tenido mejoras estéticas o en la eficiencia y efectividad de sus algoritmos de rastreo de la red y selección de resultados, el concepto de qué es un buscador parecía congelado en el tiempo.

A toda especie le llega el momento de su evolución. A los buscadores les ha tocado evolucionar en este año que se celebra el 150 aniversario de la publicación de "On the origin of Species", la popular "Teoría de la Evolución de las Especies". De modo casi simultáneo en el tiempo, han surgido una serie de iniciativas, alguna de las cuales me he referido anteriormente.

De un lado, aparecen buscadores verticales de universo limitado, útiles para localizar conceptos en áreas temáticas concretas. Un ejemplo podemos verlo en Moneyspeak del Gobierno del Reino Unido. Tanto la búsqueda como los resultados de la misma se presentan dentro de un concepto temático, facilitando acceso a la información de modo simplificado. Útiles para facilitar el acceso a una categoría de un tema en un sólo click, dando un número de resultados límitado a la pregunta realizada, categorizados de acuerdo al tipo de las mismas.

Por otro lado buscadores basados en conocimiento simbólico, teoría de la computabilidad y lógica matemática, como el tan publicitado Wolfram. Aún no me he acostumbrado a él y quizás mi juicio sea prematuro. Son buscadores que pretenden dar una respuesta única pero rica en detalle. Anda a medio camino entre la Wikipedia y los buscadores tradicionales. Como resultado de la pregunta realizada presenta una ficha de datos, sobre alguno de los cuales puede profundizarse mediante clicks. He de reconocer que tras tanta fanfarría mediática previa me ha decepcionado, aunque sea sólo por el hecho de que cuando lo probé no reconocía la "ñ", y los resultados de "España" sólo eran accesibles preguntando por "Spain" o "Espana".

Finalmente, y quizás la apuesta más novedosa por su aproximación 2.0, los buscadores que tratan de localizar información generada en los diálogos que ocurren en la red en ese instante. Dentro de esta categoría, pero aún en los laboratorios, esta Collecta. Estos buscadores analizan la información que está siendo producida en los medios sociales en ese momento (e.g. Wordpress, twitter, flickr, ...), actualizándola en tiempo real. El resultado no deja de ser espectácular como puede verse en la demo de búsqueda del término "Obama" en Collecta.

Son sólo tres ejemplos de nuevos buscadores, es de esperar que en un futuro cercano surjan nuevas aproximaciones. Sin ir más lejos, Google parece estar preparando su contraataque según cuentan en La Cofa. La integración con la Administración Electrónica dará sin lugar a dudas nuevos servicios y más efectivos. Ejemplos pueden ser el uso de soluciones tipo Collecta para seguimiento de catástrofes de uno u otro tipo (hay una demo de la gripe porcina pero es fácil imaginarse una de cualquier desastre metereológico como la nevada en Madrid de principio de año) o localización de información asociada a procesos de participación ciudadana sobre temas concretos (por ejemplo, facilitar a los ciudadanos acceso a las opiniones de un proyecto legislativo sometido a consulta pública).

e-consulta: recomendaciones y tecnologías para ir más allá de la fachada

La e-consulta parece estar extendiéndose en nuestro país, o al menos eso uno quiere pensar. Recientemente, el reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007 o el “Manual Práctico de reutilización de información del Sector Público” del proyecto Aporta han sido casos con una cierta repercusión dentro del ámbito del Gobierno Electrónico. La Partcipación Electrónica es un tema recurrente en este blog. Cada uno escribe de lo que le preocupa y ocupa, y me viene esta vez a la cabeza tras leer un brillante artículo de "European Journal of ePractice" llamado "E-consultations: New tools for civic engagement or facades for political correctness?".

El artículo enuncia como es de esperar las ventajas de los procesos de e-consulta y sus dificultades y retos, algo frecuente en este y otros blogs, pero sobre todo, me ha sorprendido que alguien se plantee como evaluar el impacto de los procesos de e-consulta. O más bien la dificultad de realizarlo. Poco sabemos de cómo identificar si nuestras opiniones son tenidas en cuenta y si valen o no para cambiar las intenciones del Gobierno previas a la consulta. En ocasiones, no sería descabellado incluso el pensar en un posible futuro uso de la e-consulta por parte de los Gobiernos como vía de imponer políticas que no podrían llevara a cabo por su fuerza parlamentaria.

El artículo mencionado no llega más que a plantearse la pregunta, sin llegar a desarrollar respuestas y metodologías para identificar si existe o no impacto de las e-consultas en las políticas públicas. No obstante, siempre la pérfida albión sale en nuestro socorro. No puedo dejar de aconsejar la lectura del report del Cabinet Office "The Power of Information", dónde en una de sus recomendaciones al Gobierno Británico presenta los puntos que ha de tener una e-consulta. Claramente, nos queda aún mucho por mejorar, empezando por

• la presentación del material sobre el que se consulta


• la transparencia del proceso


• la habilitación de un diálogo ciudadano-ciudadano y no solo ciudadano-administración

Para todo ello, como bien indica la recomendación, hay soluciones técnicas. Algunas de ellas de poco coste y fácil implementación, como puede ser el uso de CommentPress sobre Wordpress. En el mismo sitio desde dónde puede descargarse (software libre) puede verse un ejemplo de su uso.