"Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez…” - Junta Tuitiva, La Paz, 16 de Julio 1809
domingo, 10 de junio de 2012
El emperador de las mentiras #NoLeLlamesRescateLlamaleLola
sábado, 31 de diciembre de 2011
Cierre de ciclo en #eGov en España
- se materializó el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con los poderes públicos con la plena entrada en vigor de la Ley 11/2007
- se ha cerrado el andamiaje legal del Gobierno Electrónico en España con el ENI, ENS y RD 1671/2007
- el Gobierno Electrónico en España alcanzo el 9º puesto en el ranking de la ONU y su posición más alta en el ranking de la Unión Europea
- se ha avanzado en la Reuilización de la Información del Sector Público con un RD 1495/2011 que consagra el principio de reutilización sin autorización previa
- se han consolidado las infraestructuras comunes de Gobierno Electrónico, como SARA y @firma
Incognitas por delante. Por ahora sólo sabemos de la certeza de un cierre de ciclo.
martes, 22 de febrero de 2011
La Comisión Europea valora positivamente el Gobierno Electrónico en España
El informe, disponible en la web de la Comisión Europea, es extenso. Los comentarios de esta entrada son relativos tan sólo al informe ejecutivo inicial, que contiene un resumen de resultados, y que por ahora es lo único que he analizado con detalle.
En definitiva, con sus luces y sus sombras, el Gobierno Electrónico sigue progresando en nuestro país, lo que hace falta es que sepamos (y los presupuestos nos dejen) mantener el ritmo.
lunes, 3 de enero de 2011
Legislar el #teletrabajo en las #AAPP (recuerdo a @sevillajordi)
Disposición final sexta. Habilitación para la regulacióndel teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.
- Establece los elementos que ha de tener una política de teletrabajo, los criterios básicos para elegibilidad y participación de los empleados públicos
- Definir la necesidad de un programa de entrenamiento a los participantes en los programas de trabajo
- La necesidad de enlazar el teletrabajo con las políticas de continuidad de negocio
- Especificar los organismos horizontales que han de dar soporte en la iniciativa y en que materias: Gestión de personal, soluciones tecnológicas, gestión de la información pública y seguridad de la información
- Mandar hacer de la intranet un elemento de encuentro en los teletrabajadores
- Obligar a realizar la compra del equipamiento ofimático apto para el teletrabajo
- Establecer la figura del responsable de teletrabajo en cada organismo, destinado a dar apoyo a todas las unidades de la organización
- Definir mecanismos y contenidos de reportes para la evaluación de la eficiencia y efectividad del teletrabajo
Nota final: Cuando terminaba de escribir esta entrada tuve noticia de la experiencia piloto de teletrabajo del Gobierno Vasco. La nota de prensa refleja y captura el poder de transformación de la vida administrativa que su implantación supone: "puede llegar a mejorar la eficiencia de la actividad, la calidad de los servicios prestados y la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Todo ello con un objetivo común: la búsqueda de la productividad".
viernes, 10 de diciembre de 2010
Resistencia a la innovación de la sociedad española ante el #egov
El rediseño realizado es quizás uno de los más innovadores en materia de Gobierno Electrónico en España, aunando inclusividad en la aplicación de medios electrónicos con reducción de cargas administrativas para el ciudadano y reducción de burocracia innecesaria. No entra plenamente en vigor el Real Decreto hasta Noviembre, pero algunos ya hemos disfrutado del mismo. Antes, habíamos de ir a los centros de reconocimiento médico de conductores (CRC) para después ir a las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a finalizar la tramitación del carnet de conducir aportando fotografía y certificado médico. Ahora, son los CRC los que por medios electrónicos hacen llegar la DGT nuestra fotografía y firma manuscrita digitalizada junto con el resultado del reconocimiento médico sin necesidad de que hayamos de desplazarnos a las oficinas de la Administración. Los medios técnicos que permiten esta modernización de la expedición del carnet de conducir son aportados por la DGT, que instala en cada CRC la aplicación, una Webcam y un lector de firmas manuscritas (de esos que ya se ven en uso en grandes superficies comerciales).
Cuando aún esta innovación estaba en fase de diseño, tuve oportunidad de oir hablar de ella. Me resultaba difícil pensar que nadie pudiera posicionarse en contra de la misma. Es difícil que una solución de Gobierno Electrónico presente menos dificultades de uso para los ciudadanos. Sin embargo, la resistencia al cambio de la sociedad española es capaz de aparecer donde uno menos se los espera. El otro día me enteré (con retraso) que una serie de asociaciones profesionales de fotografos "se oponen al sistema propuesto por la DGT de captación de imagen mediante webcam en los centros de reconocimiento psicotécnicos ya que supone un intrusismo en el sector de la fotografía profesional". Leyendo su carta, proponen para ello que los CRC en lugar de tomar la fotografía con la Webcam proporcionada realicen un escaneo de la que proporcione el ciudadano o admitan que esta le sea enviada por correo electrónico. En definitiva, mantener su cuota de negocio cautivo.
Claramente, el sistema en fase de implantación por la DGT supondrá una merma de ingresos para los fotografos, que ellos estiman pérdidas en 27 millones de Euros. Sin embargo, el ahorro económico para la sociedad que supone la medida también es cuantificable y excede con creces está cantidad. De acuerdo a los datos de la DGT, se expidieron en 2008 un total 859.179 licencias de conducir tipo B (la que usamos todos). De acuerdo con el sistema de evaluación de cargas incluido en la "Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo", la diferencia de coste a favor de la sociedad que supone la presentación de cada solicitud a través de los CRC en lugar de hacerlo él presencialmente es de 45 Euros, lo que supondrá una reducción de costes económicos para la sociedad (sólo en licencias B) de más de 38 millones anuales de Euros (sin contar los ahorros que supone para la Administración que también repercuten en todos los ciudadanos).
Cuanto nos gusta que la sociedad gane en competitividad y que la Administración sea más efciente mientras que nada cambie para nosotros.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Consulta pública #risp sobre Real Decreto de desarrollo Ley 37/2007
- Definición con tiempo de respuesta tasado de un procedimiento para solicitar que un conjunto de datos se ofrezca en formato procesable. El organismo o ministerio debería dar transparencia máxima a dichas solicitudes y las respuestas facilitadas a las mismas (salvaguardando la privacidad del solicitante).
- Establecimiento de un procedimiento de mecenazgo de datos. Apoyándose en las posibilidades de colaboración público-privado contenidas en las leyes de contratación pública, definir un marco general que permita a una empresa realizar la transformación de conjuntos de datos de formatos cerrados y no procesables a un formato abierto y procesable. La contraprestación sería los derechos económicos resultantes de la venta del conjunto de datos por el organismo o ministerio.
- Enumeración de un conjunto mínimo de información disponible para la reutilización en formato procesable. Existe un grupo común de información de interés general que todos los organismos poseen (e.g. contrataciones, presupuestos, recursos humanos, ...) cuya liberación en formato procesable de forma obligatoria para todos ellos supondría un impulso a la reutilización de la información pública y la implementación del Real Decreto.
- Cuadro de mandos público de la reutilización. Incluir dentro de la "información sobre documentos susceptibles de reutilización" un conjunto de datos sobre la implementación de la norma que han de ser públicos y estar en formato procesable. Entre estos datos figurarían el total de conjuntos de datos, cuales de ellos son gratuitos o de pago, cuáles están en formato procesable, cuáles están accesibles de modo automatizado, ...
- Transparencia de la consulta. La publicación de las propuestas y comentarios recibidos, que ha sido anunciada en la web del proceso de consulta.
- Establecer un diálogo. La consulta pública debe ser un diálogo. Basarse sólo en correo electrónico supone desaprovechar los medios sociales que realmente permiten un diálogo entre Sociedad y poderes públicos (twitter, facebook, ...). La actividad de @proyectoaporta en twitter es, cuando menos, augurio que este diálogo se producirá en este caso
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Discriminación positiva del software de fuentes abiertas
Es necesario por tanto poner al software de fuentes abiertas en condiciones de igualdad en las licitaciones públicas. La herramienta para ello es la definición de claúsulas tipo a incluir en los pliegos técnicos que garanticen la igualdad. Una propuesta de las mismas serían:
- Cálculo por el licitante del total de coste del ciclo de vida de su propuesta, incluyendo costes de entrada y salida de la misma
- En aquellos casos que se otorgue una licencia perpetua o por uso de un producto propietario, especificar el coste de lista de precios de la misma, que se añadira al total de coste del proyecto y se tendrá en cuenta en la valoración de la oferta económica
- Un licitador podrá ofertar un producto propietario en su propuesta, pero habra de dar evidencia de que tiene en su empresa capacidades para uso de software de fuentes abiertas y que ha valorado la posibilidad de su uso para el proyecto aunque lo haya descartado
- Las licencias de los productos si los hubiese serán validas para toda la Administración, debiendo motivarse posibles costes de licencia por usuario
- Declaración explícita de no haber vendido previamente la solución a ninguna unidad administrativa y de haberlo hecho indicarse el impacto de la reusabilidad sobre el coste de la propuesta
lunes, 13 de septiembre de 2010
Revisión de la OECD de Plan Avanza: ¿Olvidados?
viernes, 10 de septiembre de 2010
IaaS en la AGE: Una fusión fría necesitada de principios
- Funcionamiento con mentalidad de servicio, estableciendo acuerdos claros con las áreas usuarias y precios a pagar por las unidades por el uso infraestructuras en modo servicio
- Hacer obligatorio el uso de las infraestructuras definidas como servicio, definiendo un acotado escenario de excepciones que no suponga voluntariedad alguna
- Vetar el establecimiento de las grandes unidades TIC como proveedores de infraestructuras en modo servicio, conduciendo a una pérdida de eficiencia en la introducción del modelo
- Construir sobre casos de éxito pre-existentes, aprovechando las experiencias de servicios compartidos ya desarrolladas
- Definición de una hoja de ruta de migraciones y aplicación para nuevos proyectos, haciendo ineludible su cumplimiento ligándolo a objetivos medibles para cada responsable de unidad
- Creación de una oficina de servicios con autoridad ejecutiva, destinada realizar un seguimiento de uso de las infraestructuras en modo servicio, solventar las problemáticas que se planteen con su introducción e impulsar el calendario establecido. Dicha oficina resolvería también aspectos relacionados con la reubicación de los recursos humanos liberados.
jueves, 2 de septiembre de 2010
Revisión de la OECD de Plan Avanza: ¿Avanzados?
El Plan Avanza es la política más completa puesta en marcha en España, hasta la fecha, para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y que ha permitido alcanzar ya importantes logros en la difusión de las TIC.
España ha completado con éxito el proceso de adopción de las TIC, y debe seguir trabajando con decisión hasta alcanzar la fase de uso intensivo de las TIC que potencie al máximo el impacto y dé paso a un nuevo modelo económico y social basado en el conocimiento.
lunes, 30 de agosto de 2010
Comparación del gasto TIC en AAPP como base de la racionalización
lunes, 16 de agosto de 2010
Anteproyecto de Ley de Transparencia
Agosto y la blogotwittersfera revuelta. Y todo por la noticia de hoy de de "El País" anunciando el anteproyecto de Ley de Transparencia, que de tan transparente, aún vemos a través del texto que no conocemos. De lo filtrado, poca novedad, nada que no hubiera podido ser realizado con un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la ley de regimen jurídico y de procedimiento administrativo, que es el actual marco jurídico de acceso a la información en España. La consideración o no de ese artículo como marco legal del acceso a la información fue objeto de un debate entre @idoiallano, @mgarrigap y @andresnin en twitter. El origen fue una entrada de la bitacora de @idoiallano.
Desconocido para muchos es este artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), que supongo superará en alcance el nuevo proyecto de ley. Contiene la definición del Derecho de Acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos, enumerado entre los derechos ciudadanos del artículo 35 de la misma ley. Consecuentemente, dicho derecho de acceso es citado explícitamente en el artículo 6.1 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como uno de los que ha de asegurarse su ejercicio por medios electrónicos a los ciudadanos. No vamos a decir que no pueda ejercerse, para eso existen los formularios genéricos presentes en las sedes electrónicas, pero la voluntad de facilitarlos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que pocos Ministerios lo presenten destacado en su lista de procedimientos electrónicos (tan sólo lo he visto en uno). Y por supuesto, no esperemos encontrar datos en las sedes electrónicas sobre el uso que los ciudadanos hacen del mismo y la respuesta al mismo de la Administración en forma de informes estadísticos.
Por ahora, lo único que sabemos que aporta de añadido el anteproyecto de Ley es el límite de 30 días para responder a las peticiones (algo que podía haberse desarrollado por Real Decreto) y la creación del watchdog del acceso a la información, que hace recaer las competencias en la Agencia de Protección de Datos (algo que también había podido hacerse por Real Decreto ya que el Estatuto de la Agencia es un Real Decreto).
Otro aspecto que no queda claro es el enlace entre este anteproyecto y la Ley 37/2007. Recordemos que recoge el procedimento de solicitud de reutilización de información pública en el artículo 10 de la Ley sobre reutilización de información del sector público (Ley 37/2007). ¿Existirán previsiones de transparencia proactiva? ¿forzará a que se realice en formato reutilizable? Algo parece que hay de acuerdo al artículo de "El País", pero nada claro, tan sólo habla de datos de presupuestos y su ejecución (no especifica límites de cantidad de ejecuciones presupuestarias, cluego no sabemos si el límite de las mismas bajará a un límite como los 500 libras de UK) y habla también de otra información estadística y económica relevante. Mucho me temo que los detalles se dejen a un Real Decreto de desarrollo.
Nos queda esperar a que "El País" o la web de La Moncloa publique el anteproyecto. Quizás lo segundo es más recomendable desde el punto de vista estético. Resulta curioso que haya sido por "El Pais" y no por el twitter de La Moncloa como nos hayamos enterado (que por cierto, no está de vacaciones). A ver si al final todo es un globo sonda.
Para acabar, no estaría de más que antes de enviar el anteproyecto al Parlamento, se abra a opinión de los ciudadanos, por medios electrónicos y no electrónicos. La ocasión lo merece. Por cierto, ¿alguien ha oido hablar de los medios electrónicos en el anteproyecto?
No esperemos por el momento más Gobierno Abierto en España
Frecuentemente aparecen en esta bitácora como comentarios acusaciones de maquillaje político a las iniciativas de Gobierno Abierto. No sólo estoy de acuerdo, sino que subo la apuesta, el Gobierno Abierto (y el Gobierno Electrónico) se está convirtiendo en parte de la acción política. Ello no me parece malo, es algo inevitable y positivo, y asi lo mantengo desde hace tiempo. Más importancia política implica más recursos para desarrollar las actividades asociadas.
Sin embargo, toda cara tiene su cruz. La politización del Gobierno Abierto supone su sometimiento a los ciclos políticos, a la tiranía de los periodos de cuatro años. Una excelente explicación de este hecho lo encontré recientemente en la bitácora Wikinomics. El autor lo ilustraba con el caso Obama, pero el caso de UK tras el acceso al poder de la coalición conservadora-liberal o icluso en el caso del Páis Vasco comentado hace poco, son otros ejemplos para el argumentario.
Ello nos lleva a una conclusión fatalista: No esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto en España por una temporada. Estamos a un año de las elecciones autonómicas y dos de las generales. Se nos ha pasado el arroz de que alguna iniciativa pueda arrancarse en ambos ámbitos. Nadie va a invertir en algo que no pueda sacarle rédito y los tiempos ya se han hecho cortos.
miércoles, 21 de julio de 2010
Avanza 2: Sólo una estrategia
Ayer se publicó el Plan Avanza 2 (Estrategia 2011-15 para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España), que fué aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Era sospechoso que en la reseña del Consejo no figurara mención a previsiones presupuestarias y que en la rueda de prensa subsiguiente no se hiciera mención a presupuesto alguno. Y no había mención, porque tal y como se indica en la reseña de ayer
Estrategia que, como tal no está vinculada a unos presupuestos concretos sino que marca unas prioridades que se adoptarán y desarrollaran dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno.
Y es una lástima, porque en el área del Gobierno Electrónico hay cuando menos buenas intenciones. En el anexo que recoge todas las medidas previstas (?), dentro de las agrupadas bajo el epígrafe "Desarrollar servicios de Gobierno Abierto y de la eAdministración" aparecen cantos a Planes de Gobierno Abierto y a la racionalización de los recursos TIC en la AGE, aspectos ambos necesarios. ¿Serán de las que sean posibles dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria?
Pero el tema del Gobierno Electrónico es colateral. Con el perfecto razonamiento de la importancia del desarrollo de la Sociedad de la Información que se realiza en el planteamiento estratégico, llama la atención que no se haga una mínima reserva presupuestaria para el desarrollo de un aspecto clave dentro del desarrollo de un nuevo modelo económico. De momento Avanza 2, es sólo una estrategia. El dinero, más tarde.
viernes, 16 de julio de 2010
Las imprecisiones de Expansión
Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo "El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra".
Tomemos lo recopilado hasta ahora:
- El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet
- El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.
- El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.
- El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.
Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de como se realiza dicha estimación se aprecia:
- La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.
- La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).
- La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.
¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si "demostramos "que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.
miércoles, 14 de julio de 2010
¿Se puede reformar la AGE sin estructuras para la reforma?
A día de hoy se habla de muchas reformas necesarias (unas en camino y otras en diseño): cajas, laboral, ... pero no se habla de una más que necesaria y que otros (@feserdel, @oscarcortes) más de una vez han indicado en sus bitacoras: La reforma de la Administración General del Estado. No, no voy a hablar de por donde pienso que ha de ir esa reforma, sino de porqué creo que no se realiza. Por dónde ha de ir esta reforma está claro: Gobierno Abierto.
¿Pero porqué no se realiza esta reforma? Es una interesante pregunta, la respuesta es sencilla si se asocia a otra pregunta. ¿Quien habría de realizar esta reforma?. La pregunta no es trivial. Las sucesivas crisis ministeriales desde que Jordi Sevilla dejó el Ministerio de Administraciones Públicas han laminado las estructuras responsables de dicha reforma. Primero, desaparición la Dirección General de Modernización Administrativa, separándose sus competencias sobre organización de sus competencias sobre Gobierno Electrónico. Sonaba innecesario seguir incidiendo en la reforma, se consideraba que la modernización ya había sido realizada. Presuntuosa decisión, la Administración ha de vivir en perpetua modernización porque, como dice @alorza, ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, y la sociedad está en continua reforma.
Después, la Secretaria de Estado de Administración Pública se transmuto en Secretaría de Estado de Función Pública, los nombres no es asunto baladí y ello conllevó un alejamiento del problema estructural. La Administración Pública deja de ser el asunto central para ocuparse tan sólo de una parte. Sólo hay que ocuparse de lo laboral, no de cómo se administra lo público.
Se puede decir que se está en camino de reconstruir las estructuras, que para eso en uno de los últimos Consejos de Ministros se ha creado el Observatorio del Empleo Público. En primer lugar, se sigue incidiendo en sólo una parte (aunque quizás la más importante), los Recursos Humanos. No queda claro que el observatorio vaya a ocuparse de procedimientos internos de funcionamiento o aspectos organizativos. En segudo lugar, no es un organo con capacidad ejecutiva, sino tan sólo de diseño de soluciones y elaboración de recomendaciones.
¿Podemos seguir esperando la necesaria reforma de la Administración General del Estado? Primero, hay que recuperar las estructuras que hagan la reforma posible.
lunes, 12 de julio de 2010
España, campeona del mundo 2010
Mi memoria son recuerdos de ocasiones falladas. Del "gol" de Cardeñosa, de la tanda de penalties contra Bélgica, de Camacho sudando de impotencia ante los errores de un árbitro egipcio. A partir de hoy, mi memoria será el gol de Iniesta y el beso de Iker a Sara Carbonero.
domingo, 11 de julio de 2010
Nación Catalana, Estado Español
No soy nacionalista, ni castellano, ni catalán, ni mucho menos español. Soy jacobino, creo existen competencias irrenunciables para que un Estado asegure la solidaridad entre sus integrantes. Y ayer apoyé la justa defensa del sentimiento nacional de una de las naciones que conforman España: Cataluña. La defensa de una Nación catalana y un Estado español no son una contradicción, son caras de una misma moneda unidas por la amalgama de un nuevo pacto constitucional.
Como funcionario, juré en mi toma de posesión la defensa y hacer cumplir la Constitución Española de 1978. Como ciudadano, creo en un Estado Español plurinacional, conforme con su historia y con el acuerdo de las naciones que la conforman. Sumando ambas condiciones, creo que la mejor defensa de nuestra de Constitución es su reforma, crítica para superar un modelo de Estado que no tiene su origen en nuestra historia sino en las circunstancias históricas que dieron origen a la misma.
Comencemos por la historia. El origen del Estado Español es un pacto, matrimonial como no podía ser de otro modo en aquella época, entre dos realidades nacionales: Castilla y Aragón (que a pesar del nombre tenía ya como entidad dominante Cataluña). Negar este hecho es cerrar los ojos a la historia. Se puede dudar de la existencia de otras realidades nacionales, originadas por una toma de conciencia posterior (Galicia o Vasconia) o nacidos del sentimiento ser una colonia (Canarias), pero dudar de la existencia de una nación castellana y una nación catalana que decidieron unirse (aunque fuera por matrimonio siguiendo el modo y costumbre de la era absolutista) en el Reino de España es como dudar de la naturaleza esférica de la Tierra.
Superado en el XIX los modelos absolutistas, llegó la hora de que los pueblos y naciones decidieran seguir conformando los mismos Estados o dar lugar a otros nuevos. Ello sucedió de modo generalizado en Europa, sin ir más lejos, la misma España sufrió el desgarro de parte de lo que entonces era el Estado Español, perdiendo sucesivamente todas las naciones Iberoamericanas. El resultado fue que España volvió a tener naturaleza básicamente Ibérica, exceptuando los territorios colonizados de las Islas Canarias que habían sido la base de paso en la conquista del Nuevo Mundo.
Y ahora vamos por el tema del origen de nuestra Constitución. La cuestión del modelo de unión de las dos naciones que dieron origen a España quedó sin resolver en el siglo XIX, no teniendo ocasión de resolverse hasta el último tercio del siglo XX por razón de sendas dictaduras (1923-1930 y 1939-1975) que anularon todo proceso de libre entendimiento entre los ciudadanos. Llegada la oportunidad de resolver el modelo de Estado (Constitución de 1978), las presiones externas evitaron que se consolidara la visión de un Estado plurinacional, llamado España para crearse un Estado-Nación llamado España. Esta visión puede resultarles a algunos chocante, pero basta ver la redacción del artículo 2 del borrador constitucional
La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.
y compararlo con lo que fue el artículo 2 que finalmente se consolidó en nuestra Constitución
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
En el borrador se habla de España como Estado (el borrador hablaba siempre de España como Estado y no como Nación) compuesto de nacionalidades y regiones, en el texto final España pasa a ser una Nación indisoluble. Ese mismo borrador en su artículo 128.2 autorizaba a cada territorio autónoma (aún no se hablaba de CCAA) a usar "la denominación oficial que mejor corresponda a su identidad histórica", por ejemplo, añado yo, Nación.
Las cesiones de entonces, derivadas de las presiones cuarteleras relatadas el algún libro como "Nacionalismo Español: Esencias, Memorias e Instituciones" impidieron la conformación de un libre pacto sobre la forma de Estado. Un reparto competencial insuficientemente pensado en sus consecuencias (se renunció a la Educación y Sanidad como campo de solidaridad Estatal), con puertas falsas (artículo 150) y gestos de cara a la galería inútiles e insuficientes (como escribir Girona en lugar de Gerona en las carreteras de zonas del Estado no catalanohablantes o la impostura de decir Generalitat en lugar de Generalidad cuando se habla en castellano), han servido a lo largo de los años para irritar a unos y otros sin resolver la cuestión de fondo: Diseñar un Estado plurinacional.
Ahora, el Tribunal Constitucional ha dicho, con razón de acuerdo al texto legal, que Cataluña no es una Nación. Ahora Cataluña ha salido a la calle a recordar que es una Nación. ¿Es o no es Nación? Esa no es la cuestión, ambos tienen razón de acuerdo a su razón de ser. La cuestión es hasta cuando vamos a estar con remiendos, hasta cuando vamos a estar minando la convivencia posible con la inacción, hasta cuando vamos (unos y otros) a ser parte de un Estado basado en el vasallaje (somos porque somos) y no en la razón (somos porque queremos). La cuestión es la reforma de la Constitución y con ella la supervivencia del Estado español, un Estado que algunos pensamos que es un gran invento. Y no sólo para el fútbol.
viernes, 9 de julio de 2010
Gobierno Abierto: Eje del circulo virtuoso de la innovación en la Administración Pública
En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada. Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por "The Economist". Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el "European Innovation Scoreboard 2009" realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente
For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27
Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.
La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos
- Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar
- Facilitar la innovación por parte del sector privado
- Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento
- Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales
- Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación
En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público. Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.
Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:
- Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.
- Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.
Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)
La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.
El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.
jueves, 24 de junio de 2010
El derecho a la información pública por medios electrónicos
Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, ...) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.
Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de "Public Online Information Act" (POIA) en trámite en el Congreso.
Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:
- Consagración de la equivalencia "publico=online"
- Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos
- Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24x7 accesible en línea la información pública
- Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet
- Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública
La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.