Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas

domingo, 10 de junio de 2012

El emperador de las mentiras #NoLeLlamesRescateLlamaleLola

El azar ha querido que la petición de rescate financiero por parte de nuestro Gobierno me haya encontrado leyendo "The Emperor of the Lies". El libro, es una versión novelada de lo que acaeció en el ghetto de Lodz durante la II Guerra Mundial, centrada alrededor de Chaim Rumkowski

Rumkowski fué el presidente del Consejo de Ancianos del ghetto de Lodz desde la invasión alemana en 1939 hasta 1944. A diferencia de lo que sucedió con quienes ocuparon un cargo similar en otros ghettos, mantuvo siempre unas excelentes relaciones con el invasor alemán. Una tras otra, Rumkowski colaboraba y facilitaba la implementación de todas y cada una de las medidas que el invasor alemán solicitaba. Si, incluso con la deportación de miles de judios del ghetto hacia campos de exterminio.

Uno de los pasajes más conocidos de la vida de Rumkowski, fue su discurso "Entregadme a vuestros hijos". En el discurso solicitaba como mal menor a los habitantes del ghetto que le entregaran niños de edad inferior a los nueve años y a los enfermos para ser deportados, dando a entender que ello permitiría salvar al resto de habitantes del ghetto. 

Al final de la guerra, no se salvaron de la deportación a los campos de exterminio más que unos pocos. De los más de 150.000 judíos que fueron concentrados en el ghetto de Lodz en el último trimestre de 1939, apenas 800 quedaban entre sus ruinas cuando entraron los rusos.

Rumkowski colaboró con el invasor alemán hasta el extremo de entrar voluntariamente en el último tren rumbo a Auswitz que salió del ghetto. No le sirvió de nada, allí su cuerpo se disolvió entre las cenizas de otros miles.

El primer apellido de Rumkowski también comenzaba por "R". La historia trae estas metáforas.

sábado, 31 de diciembre de 2011

Cierre de ciclo en #eGov en España

Bajo el ruido de la motosierra de los recortes, ha pasado inadvertido el cierre de ciclo del Gobierno Electrónico en España. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el cese del Director General para el Impulso de la Administración Electrónica, Fernando de Pablo Martin, y una reestructuración ministerial que afecta a la coordinación de la misma.

Sobre el cese del primero, baste recordar que durante su permanencia en el cargo:
  • se materializó el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con los poderes públicos con la plena entrada en vigor de la Ley 11/2007
  • se ha cerrado el andamiaje legal del Gobierno Electrónico en España con el ENI, ENS y RD 1671/2007
  • el Gobierno Electrónico en España alcanzo el 9º puesto en el ranking de la ONU y su posición más alta en el ranking de la Unión Europea
  • se ha avanzado en la Reuilización de la Información del Sector Público con un RD 1495/2011 que consagra el principio de reutilización sin autorización previa 
  • se han consolidado las infraestructuras comunes de Gobierno Electrónico, como SARA y @firma

Como dijo @feserdel , eran muchas las tareas que tenía por delante cuando se le nombró, pero muchas de ellas han sido satisfechas. Quizás ha faltado alcanzar mayores cuotas de uso del Gobierno Electrónico en comparación con nuestro entorno (aunque están pendientes los datos de Eurostat de 2011) y avanzar en la centralización de los recursos humanos y económicos del Gobierno Electrónico. Tareas que quedan para quien le suceda en sus responsabilidades a lo largo de los próximos dias, y que aún no se conoce. Solo sabemos por el Real Decreto de estructura que ha de ser funcionario.

Al respecto de la reestructuración ministerial, con el cese de Fernando de Pablo Martin desaparece una Dirección General exclusivamente dedicada al impulso de la Administración Electrónica y su disolución de nuevo en la refundada Dirección General de Modernización. Ello puede ser signo de una pérdida de peso del Gobierno Electrónico en el conjunto de las políticas públicas, aunque no necesariamente. Baste recordar que la Ley 11/2007 fue desarrollada antes de existir la ya difunta DGIAE y que las sinergias con aspectos como la simplificación administrativa y reducción de cargas puede desarrollarse mejor dentro de una DG conjunta. El tiempo dirá si esta reestructuración es positiva o negativa, lo cuál dependerá de la estructura de Subdirecciones Generales que quede, de las personas que ocupen éstas y la Dirección General y de como se desarrollen las relaciones de colaboración con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Energía.


Incognitas por delante. Por ahora sólo sabemos de la certeza de un cierre de ciclo.


martes, 22 de febrero de 2011

La Comisión Europea valora positivamente el Gobierno Electrónico en España

Mantengo un sano escepticismo hacia los rankings y evaluaciones del Gobierno Electrónico. De un lado creo que son necesarios, ya que difícilmente se avanza en lo que no se mide. De otro, la existencia de un número infinito de ellos permite siempre encontrar el que a uno le guste, que suele coincidir con el que mejor nos evalúa. Sin embargo, y como diría De Gaulle, siempre es bueno que hablen de uno aunque sea bien, y eso es lo que en el último año de modo constante pasa con los servicios de Gobierno Electrónico en España

En esta ocasión, quien habla bien de España y su Gobierno Electrónico, es la novena edición del benchmarking de servicios de Gobierno Electrónico de la Comisión Europea (Informe Cap Gemini). Para aclararnos, se trata de la tradicional evaluación de los 20 servicios básicos definidos en eEurope, aunque desde hace unos años trata desesperadamente de evolucionar hacia la evaluación de nuevos ámbitos: Eventos vitales, Adquisiciones Electrónicas y portales nacionales. El informe ejecutivo de este benchmarking ha fue presentado en Diciembre en la conferencia "Lift-off towards opengovernment" organizada por la Presidencia Belga de la UE, aunque por eso del marketing político no se ha hecho pública oficialmente  y completamente por la Comisión Europea hasta ayer.

El informe, disponible en la web de la Comisión Europea, es extenso. Los comentarios de esta entrada son relativos tan sólo al informe ejecutivo inicial, que contiene un resumen de resultados, y que por ahora es lo único que he analizado con detalle.

Respecto a los 20 servicios básicos, se registra el esperado acercamiento de España al 100% de disponibilidad y sofisticación. Aunque el documento no deja ver con exactitud lo que resta para alcanzar la completitud, menos de un 5% nos separa del mismo. Ello es de imaginar se debe a restricciones legales que hacen imposible alcanzarlo en ciertos servicios (e.g. el nivel 5 en las becas universitarias debido a la separación administrativa entre quien matricula, Universidades, y quien da la beca, M. de Educación). Aunque es un indicador saturado y obsoleto, (los Estados miembros están todos por encima de un 80% y carece de sentido mantenerlo mucho más tiempo finalizada la fase inicial de despliegue del Gobierno Electrónico), es importante resaltar el salto de 10 puntos en nuestro país, debido sin duda a la plena entrada en vigor de la Ley 11/2007 el año pasado.

Aproximarnos a servir los ciudadanos de acuerdo a la satisfacción de los eventos vitales que se le plantean, creo sin duda que es una de las nuevas fronteras hacia las que debe avanzar el Gobierno Electrónico. La Comisión Europea ha evaluado en esta ocasión los eventos vitales la atención al desempleado y creación de empresas, eventos críticos en la actual situación económica. No indica el informe ejecutivo. Aunque no queda claro como se ha realizado la evaluación, supongo que en el caso de España esto ha significado la evaluación, respectivamente, de Red Tr@baja y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios. Son ambos casos de cooperación interadministrativa para resolver un evento vital, camino sin alternativa en nuestro país altamente descentralizado. La buena noticia es que en ambos casos se resalta la posición líder de nuestro país y el ejemplo de ambos como buena práctica. La mala noticia es que difícilmente podremos encontrar un caso similar alrededor de otro evento vital de ciudadano o empresa.


La evaluación de las adquisiciones electrónicas es también un reflejo de los esperado, que no siempre ha de ser totalmente positivo. España está a un buen nivel, que sin embargo es inferior al del año pasado. La causa de este estancamiento es obvia. A pesar de la existencia de una Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), abierta por ley al uso por parte de todas las Administraciones Públicas, cada Administración (regional o local) se empeña en desarrollar su solución, ello lleva a una infinidad de soluciones que no todas implementan el ciclo completo de contratación, y que hace bajar la media global del indicador para España

Finalmente, resaltar también la valoración positiva que se realiza del portal nacional de servicios, 060, que se incluye entre las soluciones líderes en usabilidad, orientación al usuario y modo de empaquetar servicios. Resulta quizás lo más sorprendente de la evaluación de la Comisión Europea, aunque lo mismo era apuntado el año pasado, por el escaso conocimiento y valoración del mismo en nuestro país. El contraste entre la opinión de la evaluación de la Comisión y la opinión generalizada en nuestro país, es un asunto que daría par un largo post. Mi opinión personal, es que la evaluación de la Comisión refleja lo que podría ser (un punto único de servicio) y la opinión generalizada en España refleja lo que es (un intermediario de difícil encaje en nuestra organización administrativa atomizada).


En definitiva, con sus luces y sus sombras, el Gobierno Electrónico sigue progresando en nuestro país, lo que hace falta es que sepamos (y los presupuestos nos dejen) mantener el ritmo.

lunes, 3 de enero de 2011

Legislar el #teletrabajo en las #AAPP (recuerdo a @sevillajordi)

A lo mejor ya hay muchos que no lo recuerdan, pero hay está el BOE para recordarlo. Hubo un tiempo, siendo ministro Jordi Sevilla, que el teletrabajo en la Administración General del Estado parecía a la vuelta de la esquina. Tan cerca parecía, que una de las leyes que promovió, la Ley 11/2007 incluía la siguiente disposición

Disposición final sexta. Habilitación para la regulacióndel teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Sin embargo Jordi Sevilla ceso como ministro, y pasó el 1 de marzo de 2008 sin que el teletrabajo se regulará en la Administración General del Estado. Una ocasión perdida para una reforma que podría ahorrar a las AAPP un importante dinero en alquileres y, sobre todo, ser vector de la introducción en ellas de un modo de trabajo por objetivos, alejado del mero presencialismo (que en algunos casos es un absentismo presencial). Por no hablar del ejemplo de liderazgo, que permitiría a nuestro país abandonar la cola en la implantación del teletrabajo (datos de la OECD).

Este recuerdo a uno de los ministros que más se preocupó de tratar de reformar y modernizar las AAPP con hechos y no sólo palabras, viene a cuento de la aprobación en los USA de la Ley para la Mejora del Teletrabajo en las Administración. Cuanto tiempo habríamos ganado ya de haber andado ya ese camino.

La ley aprobada en los USA tiene interesantes elementos, que sin duda serán modelo para leyes similares en otros países:
  • Establece los elementos que ha de tener una política de teletrabajo, los criterios básicos para elegibilidad y participación de los empleados públicos
  • Definir la necesidad de un programa de entrenamiento a los participantes en los programas de trabajo
  • La necesidad de enlazar el teletrabajo con las políticas de continuidad de negocio
  • Especificar los organismos horizontales que han de dar soporte en la iniciativa y en que materias: Gestión de personal, soluciones tecnológicas, gestión de la información pública y seguridad de la información
  • Mandar hacer de la intranet un elemento  de encuentro en los teletrabajadores
  • Obligar a realizar la compra del equipamiento ofimático apto para el teletrabajo
  • Establecer la figura del responsable de teletrabajo en cada organismo, destinado a dar apoyo a todas las unidades de la organización
  • Definir mecanismos y contenidos de reportes para la evaluación de la eficiencia y efectividad del teletrabajo
La ley de los USA demuestra que es posible legislar el teletrabajo, y que cada día que en España pasamos sin hacerlo, estamos perdiendo la oportunidad de avanzar en una de las piedras angulares de la AAPP del futuro. Pero para ello, necesitariamos otro Jordi Sevilla.

Nota final: Cuando terminaba de escribir esta entrada tuve noticia de la experiencia piloto de teletrabajo del Gobierno Vasco. La nota de prensa refleja y captura el poder de transformación de la vida administrativa que su implantación supone: "puede llegar a mejorar la eficiencia de la actividad, la calidad de los servicios prestados y la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Todo ello con un objetivo común: la búsqueda de la productividad".





viernes, 10 de diciembre de 2010

Resistencia a la innovación de la sociedad española ante el #egov

La Ley 11/2007 obliga en su artículo 34 a que la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos implique un "rediseño funcional y simplificación del procedimiento". Eso, ni más ni menos, es lo que se ha realizado con el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. Dicha norma regula como todos y cada uno de los españoles accedemos a la renovación del carnet de conducir.

El rediseño realizado es quizás uno de los más innovadores en materia de Gobierno Electrónico en España, aunando inclusividad en la aplicación de medios electrónicos con reducción de cargas administrativas para el ciudadano y reducción de burocracia innecesaria. No entra plenamente en vigor el Real Decreto hasta Noviembre, pero algunos ya hemos disfrutado del mismo. Antes, habíamos de ir a los centros de reconocimiento médico de conductores (CRC) para después ir a las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a finalizar la tramitación del carnet de conducir aportando fotografía y certificado médico. Ahora, son los CRC los que por medios electrónicos hacen llegar la DGT nuestra fotografía y firma manuscrita digitalizada junto con el resultado del reconocimiento médico sin necesidad de que hayamos de desplazarnos a las oficinas de la Administración. Los medios técnicos que permiten esta modernización de la expedición del carnet de conducir son aportados por la DGT, que instala en cada CRC la aplicación, una Webcam y un lector de firmas manuscritas (de esos que ya se ven en uso en grandes superficies comerciales).

Cuando aún esta innovación estaba en fase de diseño, tuve oportunidad de oir hablar de ella. Me resultaba difícil pensar que nadie pudiera posicionarse en contra de la misma. Es difícil que una solución de Gobierno Electrónico presente menos dificultades de uso para los ciudadanos. Sin embargo, la resistencia al cambio de la sociedad española es capaz de aparecer donde uno menos se los espera. El otro día me enteré (con retraso) que una serie de asociaciones profesionales de fotografos "se oponen al sistema propuesto por la DGT de captación de imagen mediante webcam en los centros de reconocimiento psicotécnicos ya que supone un intrusismo en el sector de la fotografía profesional". Leyendo su carta, proponen para ello que los CRC en lugar de tomar la fotografía con la Webcam proporcionada realicen un escaneo de la que proporcione el ciudadano o admitan que esta le sea enviada por correo electrónico. En definitiva, mantener su cuota de negocio cautivo.
Claramente, el sistema en fase de implantación por la DGT supondrá una merma de ingresos para los fotografos, que ellos estiman pérdidas en 27 millones de Euros. Sin embargo, el ahorro económico para la sociedad que supone la medida también es cuantificable y excede con creces está cantidad. De acuerdo a los datos de la DGT, se expidieron en 2008 un total 859.179 licencias de conducir tipo B (la que usamos todos). De acuerdo con el sistema de evaluación de cargas incluido en la "Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo", la diferencia de coste a favor de la sociedad que supone la presentación de cada solicitud a través de los CRC en lugar de hacerlo él presencialmente es de 45 Euros, lo que supondrá una reducción de costes económicos para la sociedad (sólo en licencias B) de más de 38 millones anuales de Euros (sin contar los ahorros que supone para la Administración que también repercuten en todos los ciudadanos).

Cuanto nos gusta que la sociedad gane en competitividad y que la Administración sea más efciente mientras que nada cambie para nosotros.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Consulta pública #risp sobre Real Decreto de desarrollo Ley 37/2007

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, han hecho público y abierto a consulta pública el proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 37/2007. Se pretende con el mismo promover  y faciltar al máximo la puesta a disposición de la información del sector público para su reutilización para fines tanto comerciales como no en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). 

El texto legislativo propuesto es sin duda necesario. La  AGE es en exceso reglamentista, y sin el mismo difícilmente terminará de despegar la reutilización de la información del sector público dentro de la misma. El proyecto de Real Decreto viene a facilitar la superación de las barreras a la reutilización dentro de la AGE que señale en una reciente entrada de la bitácora.En muchos aspectos incluso supera lo que comenté entonces, por ejemplo, introduciendo la figura del responsable de reutilización en cada ministerio u organismo.

Dado que es el momento de participar, así lo he hecho hace unos dias. Estas son mis propuestas  para el debate y de mejora para el texto:
  • Definición con tiempo de respuesta tasado de un procedimiento para solicitar que un conjunto de datos se ofrezca en formato procesable. El organismo o ministerio debería dar transparencia máxima a dichas solicitudes y las respuestas facilitadas a las mismas (salvaguardando la privacidad del solicitante).
  • Establecimiento de un procedimiento de mecenazgo de datos. Apoyándose en las posibilidades de colaboración público-privado contenidas en las leyes de contratación pública, definir un marco general que permita a una empresa realizar la transformación de conjuntos de datos de formatos cerrados y no procesables a un formato abierto y procesable. La contraprestación sería los derechos económicos resultantes de la venta del conjunto de datos por el organismo o ministerio.
  • Enumeración de un conjunto mínimo de información disponible para la reutilización en formato procesable. Existe un grupo común de información de interés general que todos los organismos poseen (e.g. contrataciones, presupuestos, recursos humanos, ...) cuya liberación en formato procesable de forma obligatoria para todos ellos supondría un impulso a la reutilización de la información pública y la implementación del Real Decreto.
  • Cuadro de mandos público de la reutilización. Incluir dentro de la "información sobre documentos susceptibles de reutilización" un conjunto de datos sobre la implementación de la norma que han de ser públicos y estar en formato procesable.  Entre estos datos figurarían el total de conjuntos de datos, cuales de ellos son gratuitos o de pago, cuáles están en formato procesable, cuáles están accesibles de modo automatizado, ...
Estas propuestas las he hecho llegar al buzón consultareutilizacion@mityc.es , que además amablemente han hecho acuse de recibo de las mismas. Y esto me lleva a una reflexión general para la mejora de los procesos de consulta pública de la Administración, que en gran medida están aplicándose en éste caso:
  • Transparencia de la consulta. La publicación de las propuestas y comentarios recibidos, que ha sido anunciada en la web del proceso de consulta.
  • Establecer un diálogo. La consulta pública debe ser un diálogo. Basarse sólo en correo electrónico supone desaprovechar los medios sociales que realmente permiten un diálogo entre Sociedad y poderes públicos (twitter, facebook, ...). La actividad de @proyectoaporta en twitter es, cuando menos, augurio que este diálogo se producirá en este caso
Una consulta sobre un tema clave para el Gobierno Abierto que es de por si un ejemplo de Gobierno Abierto. Predicar con el ejemplo.


miércoles, 22 de septiembre de 2010

Discriminación positiva del software de fuentes abiertas

El Gobierno Electrónico es una política pública más, debiendo aprender por su relativa juventud de las herramientas  utilizadas en otros ámbitos. Una de ellas es la discriminación positiva, cuyo uso podría ser clave para favorecer la introducción definitiva del software de fuentes abiertas en las Administraciones Públicas.

No deja de ser chocante, que en este periodo de búsqueda de ganancia de eficiciencia económica y racionalización de las TIC no se ponga la cuestión del software de fuentes abiertas encima del tapete. No soy un talibán del mismo, pero si reconozco que su uso en las Administraciones Públicas puede traer ventajas económicas, además de mayor transparencia al Gobierno Electrónico. Se trata de poner las condiciones para que estas ventajas sean obtenidas, una competición igualitaria entre software propietario y software de fuentes abiertas. Nuestra legislación (Ley 11/2007 y Esquema Nacional de Interoperabilidad) es a mi juicio acertada en no establecer una predilección en la elección del software de fuentes abiertas, pero ello significa que hay que establecer las condiciones de igualdad para que ello no suponga una predilección no deseada por el software propietario. En palabras de John Stuart Mill utilizadas en la exposición de motivos de la Ley Organica de Igualdad, la «perfecta igualdad es la que no admite poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros».

Es necesario por tanto poner al software de fuentes abiertas en condiciones de igualdad en las licitaciones públicas. La herramienta para ello es la definición de claúsulas tipo a incluir en los pliegos técnicos que garanticen la igualdad. Una propuesta de las mismas serían:
  • Cálculo por el licitante del total de coste del ciclo de vida de su propuesta, incluyendo costes de entrada y salida de la misma
  • En aquellos casos que se otorgue una licencia perpetua o por uso de un producto propietario, especificar el coste de lista de precios de la misma, que se añadira al total de coste del proyecto y se tendrá en cuenta en la valoración de la oferta económica
  • Un licitador podrá ofertar un producto propietario en su propuesta, pero habra de dar evidencia de que tiene en su empresa capacidades para uso de software de fuentes abiertas y que ha valorado la posibilidad de su uso para el proyecto aunque lo haya descartado
  • Las licencias de los productos si los hubiese serán validas para toda la Administración, debiendo motivarse posibles costes de licencia por usuario
  • Declaración explícita de no haber vendido previamente la solución a ninguna unidad administrativa y de haberlo hecho indicarse el impacto de la reusabilidad sobre el coste de la propuesta

Y no sólo debería haber esta obligación para  el licitador, también las unidades promotoras deberían reflejar en las memorias previas a iniciar la adquisición las acciones que han realizado para comprobar que el proyecto que solicitan no ha sido desarrollado por una unidad administrativa, y que por tanto no pueden acceder sin coste a una solución similar en aplicación de lo previsto en la Ley 11/2007.

No se trata de favorecer el uso del software de fuentes abiertas, pero si de ponerle en condiciones de ser objeto de valoración como alternativa y potencialmente elección.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Revisión de la OECD de Plan Avanza: ¿Olvidados?

Segunda entrega de mis reflexiones tras la lectura del informe “Good Governance for Digital Policies: How to get most out of ICT – The Case of Spain´s Plan Avanza”, en el cual la OECD realizó una revisión del Plan Avanza. Creo que con el título, queda claro que esta serie es en parte un homenaje a quienes como Felix, trabajaron en su ejecución, y pueden sentir insuficientemente reflejada su labor en el informe.

Y es que el informe de la OECD tiene olvidos de actuaciones, previstas entre los objetivos y las medidas del Plan Avanza(dividas en dos periodos), que han sido ejecutadas y encuentran escaso reflejo en el texto.  Es difícil saber a que se deben estas carencias, ya que no hay mayor éxito que lo anunciado y ejecutado. Supongo que alguna influencia habrá tenido el que parte de los actores que intervinieron en el diseño y ejecución del plan no hayan participado en su revisión por encontrarse en otros destinos (caso de Felix Serrano).

El capítulo del informe de la OECD que he leido con mayor detalle es el relativo al Gobierno Electrónico, 4.7, denominado "Plan Avanza and the Public Administration: supporting national agendas for modernisation and e-government". No se si habrá alguna revisión del mismo antes de su publicación final (en agosto no lo localice en la web de la OECD por lo que supongo estaría baho revisión final), si es así, espero que este post sea una contribución a la mejora del documento en la puesta en valor de lo diseñado y realizado en el área del Gobierno Electrónico.

Es triste comenzar por el ólvido mayor. Era destacado en el Plan Avanza como gran objetivo (página 19) "Garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP". No existía por entonces aún la Ley 11/2007, y su confección, aprobación y ejecución no merece un sóla mención en todo el capítulo. Es cierto que se incluye un (escaso) párrafo en el capítulo dedicado  a la Gobernanza del Plan (capítulo 2), pero personalmente me parece escaso bagaje. Relacionado con ello, tampoco el informe recoge los datos de cumplimiento de ejecución de la ley en la AGE que si recoge el informe Orange eEspaña 2010, y que superan con creces el 80% que se marcaba en el Plan Avanza (cercanos al 98%). Dada la difusión del informe de la OECD, se ha perdido una gran ocasión de publicitar el mayor logro de modernización de las AAPP en los últimos años y el esfuerzo por conseguirlo.

También habla el documento de estrategia del Plan Avanza del objetivo de (página 20) "crear estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas (AGE, CCAA y EELL)". Queda siempre terreno por mejorar en esta materia, pero resulta una carencia del informe no resaltar que esas estructuras se han creado (e.g. Consejo Superior de Administración Electrónica, Conferencia Sectorial de Administración Electrónica) y que fruto de ellas han sido logros tan importantes como el desarrollo de la misma Ley 11/2007 o los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

Y por acabar con algunas de las medidas dividas en dos periodos que han sido ejecutadas y no se nombran en el capítulo dedicado al Gobierno Electrónico. Durante el periodo del Plan Avanza tal y  como estaba previsto, se ha desarrollado el Esquema nacional de Interoperabilidad, se ha avanzado en implementar el nivel AA de accesibilidad en las webs públicas, se ha progresado en la eliminación del papel (BOE electrónico, eliminación de fotocopias en DNI, ...) y se ha creado el Centro de Transferencia Tecnológica para el intercambio de buenas prácticas entre las Administraciones Públicas.

Se tienen pocas oportunidades de publicitar los logros que se realizan. Conviene que los ólvidos no lleve a desaprovecharlas y a dejar sin reconocimiento a quienes lo han realizado.

viernes, 10 de septiembre de 2010

IaaS en la AGE: Una fusión fría necesitada de principios

La crisis pone muchos usos y costumbres en el disparadero. Entre ellos, el uso que de las TIC hacemos en las Administraciones Públicas. Aunque el tanto por ciento del gasto presupuestario dedicado a las TIC se ha mantenido prácticamente estable en el pasado quinquenio,  si es hora de tratar de hacer un uso más optimizado de los fondos públicos destinados a tecnología. No voy a entrar de nuevo en el debate de si los resultados obtenidos con  el uso de las TIC en las AAPP son los adecuados, ya que creo es difícil aislarlo de otros aspectos, tampoco en si lo que hacemos con las TIC puede hacerse de un modo más eficiente (la respuesta obvia es sí). Hoy toca hablar de las implicaciones organizativas en las AAPP de introducir eficiencia en el uso de las TIC y como facilitarlas.

Parto de la base, que la introducción de eficiencia en el uso de las TIC en las AAPP no ha de significar la externalización de las mismas. Existen, a mi juicio, razones de peso para no ir por esta opción. Ello no evitará un impacto organizativo. La Administración, en especial la AGE, cuenta con un modelo excesivamente atomizado de introducción de las TIC en las AAPP. En lugar de haber servido como piedra arrojada contra esa jaula de cristal de la eficiencia que es la cultura de silos, se ha visto en cierto modo encerrada en la misma. Cualquier factor de eficiencia que trate de introducirse en el uso de las TIC ha de suponer por fuerza la necesidad de recolocar recursos humanos y reordenar estructuras. La introducción de infraestructuras TIC como servicio (IaaS)  ofrecido por una unidad administrativa a las restantes es la primera piedra de esta reorganización.

La aplicación del concepto de infraestructura como servicio (IaaS) dentro de la AGE es el primer paso de lo que sería de hecho una "fusión fría" de unidades TIC. La virtualización masiva de máquinas y almacenamiento, por ejemplo, supondría una liberación de recursos  humanos difícil de estimar, pero que fácilmente superaría el 10% del personal TIC de la AGE (e.d. entorno a las 1500 personas) en un escenario de 4-5 años.  Liberaciones menores de personal pero no menos importantes supondría desplegar un correo único en la AGE o hosting de webs públicas (e.d. reducir el papel de las unidades administrativas a la gestión de sus contenidos). Los beneficios de esta liberación de recursos para otras actividades son claras: Más servicios para los ciudadanos, eliminación de dependencia de proveedores externos al poder asumir proyectos en manos privadas, ...

Es fácil imaginar las resistencias culturales (no sólo internas a la AGE sino de los proveedores) a las que una "fusión fría" de este tipo habría de enfrentarse. Sólo una clara definición inicial de los principios de la introducción de la infraestructura como servicio en la AGE, de aquello que no puede ser discutido, facilitaría su implementación. Andrea Di Maio en una entrada en su bitacora hablaba de algunos de ellos dentro del más amplio marco de las G-Clouds, ejemplos de los mismos serían:


  • Funcionamiento con mentalidad de servicio, estableciendo acuerdos claros con las áreas usuarias y precios a pagar por las unidades por el uso infraestructuras en modo servicio
  • Hacer obligatorio el uso de las infraestructuras definidas como servicio, definiendo un acotado escenario de excepciones que no suponga voluntariedad alguna
  • Vetar el establecimiento de las grandes unidades TIC como proveedores de infraestructuras en modo servicio, conduciendo a una pérdida de eficiencia en la introducción del modelo
  • Construir sobre casos de éxito pre-existentes, aprovechando las experiencias de servicios compartidos ya desarrolladas
  • Definición de una hoja de ruta de migraciones y aplicación para nuevos proyectos, haciendo ineludible su cumplimiento ligándolo a objetivos medibles para cada responsable de unidad
  • Creación de una oficina de servicios con autoridad ejecutiva, destinada realizar un seguimiento de uso de las infraestructuras en modo servicio, solventar las problemáticas que se planteen con su introducción e impulsar el calendario establecido. Dicha oficina resolvería también aspectos relacionados con la reubicación de los recursos humanos  liberados.


Y de nuevo, volvemos a un tópico recurrente y querido por mí: La politización del Gobierno Electrónico. El principio más importante de la "Fusión fría" sería el impulso al máximo nivel político de la misma.


jueves, 2 de septiembre de 2010

Revisión de la OECD de Plan Avanza: ¿Avanzados?

El verano es siempre tiempo de recuperar asignaturas pendientes. Una de las que tenía era la lectura del informe "Good Governance for Digital Policies: How to get most out of ICT - The Case of Spain´s Plan Avanza", en el cual la OECD realizó una revisión del Plan Avanza. Y tenía curiosidad por una simple razón: Sin la voluntad de progresar en el desarrollo de la Sociedad de la Información que supuso el Plan Avanza este país habría perdido el tren de la modernización e incorporación al nuevo modelo productivo. Otra razón, la incitación a su lectura que hace tiempo recibí desde la bitacora de Felix Serrano, forzando la máquina he convertido esta serie de dos entradas en un nuevo homenaje al maestro de bloggers Felix. Hoy toca "avanzados", proximamente "olvidados".

Y también quería leermelo era el uso que del mismo se realiza en el el Plan Avanza 2, donde se realiza un uso de ciertas frases del informe hecho por OECD con afán de estímulo. Con algunas de ellas estoy de acuerdo como la que dice



El Plan Avanza es la política más completa puesta en marcha en España, hasta la fecha, para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y que ha permitido alcanzar ya importantes logros en la difusión de las TIC.


Si bien es una frase que sonroja en un informe realizado a petición del Gobierno de España (así se indica en el preámbulo), existen elementos sobrados para estar de acuerdo con ella. En el último quinquenio ha habido un fuerte incremento del uso de Internet y banda ancha por ciudadanos y empresas, lo cuál es el símbolo más inmediato y visible de los esfuerzos hechos por asentar la Sociedad del conocimiento.

¿Pero han sido estos esfuerzos suficientes? Dice el Plan Avanza 2 que a juicio de la OCDE:



España ha completado con éxito el proceso de adopción de las TIC, y debe seguir trabajando con decisión hasta alcanzar la fase de uso intensivo de las TIC que potencie al máximo el impacto y dé paso a un nuevo modelo económico y social basado en el conocimiento.


Pues tengo mis serias dudas que la OECD acierte al decir que hemos adoptado con éxito las TIC. Basta revisar la evolución de España recogida en las sucesivas ediciones del "Global Information Technology Report" que elabora el World Economic Forum. El informe trata de evaluar como los países hacen uso de los avances en las TIC en favor del crecimiento y desarrollo, apoyándose en una metodología denominada Networked Readiness Index. Haciendo uso de las herramientas intercativas que acompañan al informe, puede apreciarse que España ha bajado en el periodo 2005-2009 del puesto 31 al puesto 34, con todo el EU 20 excepto Grecia e Italia por delante de nosotros.

En consecuencia, podemos decir que el Plan Avanza nos ha servido para no perder el tren, pero no para acelerar el paso. Seguimos en el mismo nivel de desarrollo comparativo con tendencia a la baja.

Lo malo de utilizar estas observaciones de la OECD, lo malo del triunfalismo y autosatisfacción que revelan, es que suele volverse en contra. ¿Si ya hemos avanzado tanto porqué hemos de seguir invirtiendo en Sociedad de Información en estos tiempos de crisis? ¿Porqué no dedicar los escasos recursos a otras necesidades? Eso es lo que parece nos ha pasado con el Plan Avanza 2, de momento, no sabemos cuál va ser los recursos y presupuestos del mismo.

lunes, 30 de agosto de 2010

Comparación del gasto TIC en AAPP como base de la racionalización

El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

lunes, 16 de agosto de 2010

Anteproyecto de Ley de Transparencia

Agosto y la blogotwittersfera revuelta. Y todo por la noticia de hoy de de "El País" anunciando el anteproyecto de Ley de Transparencia, que de tan transparente, aún vemos a través del texto que no conocemos. De lo filtrado, poca novedad, nada que no hubiera podido ser realizado con un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la ley de regimen jurídico y de procedimiento administrativo, que es el actual marco jurídico de acceso a la información en España. La consideración o no de ese artículo como marco legal del acceso a la información  fue objeto de un debate entre @idoiallano, @mgarrigap y @andresnin en twitter. El origen fue una entrada de la bitacora de @idoiallano.


Desconocido para muchos es este artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), que supongo superará en alcance el nuevo proyecto de ley. Contiene la definición del Derecho de Acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos, enumerado entre los derechos ciudadanos del artículo 35 de la misma ley. Consecuentemente, dicho derecho de acceso es citado explícitamente en el artículo 6.1 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como uno de los que ha de asegurarse su ejercicio por medios electrónicos a los ciudadanos. No vamos a decir que no pueda ejercerse, para eso existen los formularios genéricos presentes en las sedes electrónicas, pero la voluntad de facilitarlos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que pocos Ministerios lo presenten destacado en su lista de procedimientos electrónicos (tan sólo lo he visto en uno). Y por supuesto, no esperemos encontrar datos en las sedes electrónicas sobre el uso que los ciudadanos hacen del mismo y la respuesta al mismo de la Administración en forma de informes estadísticos.


Por ahora, lo único que sabemos que aporta de añadido el anteproyecto de Ley es el límite de 30 días para responder a las peticiones (algo que podía haberse desarrollado por Real Decreto) y la creación del watchdog del acceso a la información, que hace recaer las competencias en la Agencia de Protección de Datos (algo que también había podido hacerse por Real Decreto ya que el Estatuto de la Agencia es un Real Decreto).


Otro aspecto que no queda claro es el enlace entre este anteproyecto y la Ley 37/2007. Recordemos que recoge el procedimento de solicitud de reutilización de información pública en el artículo 10 de la Ley sobre reutilización de información del sector público (Ley 37/2007). ¿Existirán previsiones de transparencia proactiva? ¿forzará a que se realice en formato reutilizable? Algo parece que hay de acuerdo al artículo de "El País", pero nada claro, tan sólo habla de datos de presupuestos y su ejecución (no especifica límites de cantidad de ejecuciones presupuestarias, cluego no sabemos si el límite de las mismas bajará a un límite como los 500 libras de UK) y habla también de otra información estadística y económica relevante. Mucho me temo que los detalles se dejen a un Real Decreto de desarrollo.


Nos queda esperar a que "El País" o la web de La Moncloa publique el anteproyecto. Quizás lo segundo es más recomendable desde el punto de vista estético. Resulta curioso que haya sido por "El Pais" y no por el twitter de La Moncloa como nos hayamos enterado (que por cierto, no está de vacaciones).  A ver si al final todo es un globo sonda.


Para acabar, no estaría de más que antes de enviar el anteproyecto al Parlamento, se abra a opinión de los ciudadanos, por medios electrónicos y no electrónicos. La ocasión lo merece. Por cierto, ¿alguien ha oido hablar de los medios electrónicos en el anteproyecto?

No esperemos por el momento más Gobierno Abierto en España

Frecuentemente aparecen en esta bitácora como comentarios acusaciones de maquillaje político a las iniciativas de Gobierno Abierto. No sólo estoy de acuerdo, sino que subo la apuesta, el Gobierno Abierto (y el Gobierno Electrónico) se está convirtiendo en parte de la acción política. Ello no me parece malo, es algo inevitable y positivo, y asi lo mantengo desde hace tiempo. Más importancia política implica más recursos para desarrollar las actividades asociadas.


Sin embargo, toda cara tiene su cruz. La politización del Gobierno Abierto supone su sometimiento a los ciclos políticos, a la tiranía de los periodos de cuatro años. Una excelente explicación de este hecho lo encontré recientemente en la bitácora Wikinomics. El autor lo ilustraba con el caso Obama, pero el caso de UK tras el acceso al poder de la coalición conservadora-liberal o icluso en el caso del Páis Vasco comentado hace poco, son otros ejemplos para el argumentario.


Ello nos lleva a una conclusión fatalista: No esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto en España por una temporada. Estamos a un año de las elecciones autonómicas y dos de las generales. Se nos ha pasado el arroz de que alguna iniciativa pueda arrancarse en ambos ámbitos. Nadie va a invertir en algo que no pueda sacarle rédito y los tiempos ya se han hecho cortos.



miércoles, 21 de julio de 2010

Avanza 2: Sólo una estrategia

Ayer se publicó el Plan Avanza 2 (Estrategia 2011-15 para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España), que fué aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Era sospechoso que en la reseña del Consejo no figurara mención a previsiones presupuestarias y que en la rueda de prensa subsiguiente no se hiciera mención a presupuesto alguno. Y no había mención, porque  tal y como se indica en la reseña de ayer




Estrategia que, como tal no está vinculada a unos presupuestos concretos sino que marca unas prioridades que se adoptarán y desarrollaran dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno.



Y es una lástima, porque en el área del Gobierno Electrónico hay cuando menos buenas intenciones. En el anexo que recoge todas las medidas previstas (?), dentro de las agrupadas bajo el epígrafe "Desarrollar servicios de Gobierno Abierto y de la eAdministración" aparecen cantos a Planes de Gobierno Abierto y a la racionalización de los recursos TIC en la AGE, aspectos ambos necesarios. ¿Serán de las que sean posibles dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria?


Pero el tema del Gobierno Electrónico es colateral. Con el perfecto razonamiento de la importancia del desarrollo de la Sociedad de la Información que se realiza en el planteamiento estratégico, llama la atención que no se haga una mínima reserva presupuestaria para el desarrollo de un aspecto clave dentro del desarrollo de un nuevo modelo económico. De momento Avanza 2, es sólo una estrategia. El dinero, más tarde.






viernes, 16 de julio de 2010

Las imprecisiones de Expansión

Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo "El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra".


Tomemos lo recopilado hasta ahora:




  • El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet

  • El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación  ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.

  • El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.

  • El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.


Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de  como se realiza dicha estimación se aprecia:




  • La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.

  • La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).

  • La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.


¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si "demostramos "que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.

miércoles, 14 de julio de 2010

¿Se puede reformar la AGE sin estructuras para la reforma?

A día de hoy  se habla de muchas reformas necesarias (unas en camino y otras en diseño): cajas, laboral, ... pero no se habla de una más que necesaria y que otros (@feserdel, @oscarcortes) más de una vez han indicado en sus bitacoras: La reforma de la Administración General del Estado. No, no voy a hablar de por donde pienso que ha de ir esa reforma, sino de porqué creo que no se realiza. Por dónde ha de ir esta reforma está claro: Gobierno Abierto.


¿Pero porqué no se realiza esta reforma? Es una interesante pregunta, la respuesta es sencilla si se asocia a otra pregunta. ¿Quien habría de realizar esta reforma?. La pregunta no es trivial. Las sucesivas crisis ministeriales desde que Jordi Sevilla dejó el Ministerio de Administraciones Públicas han laminado las estructuras responsables de dicha reforma. Primero, desaparición la Dirección General de Modernización Administrativa, separándose sus competencias sobre organización de sus competencias sobre Gobierno Electrónico. Sonaba innecesario seguir incidiendo en la reforma, se consideraba que la modernización ya había sido realizada. Presuntuosa decisión, la Administración ha de vivir en perpetua modernización porque, como dice @alorza, ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, y la sociedad está en continua reforma.


Después, la Secretaria de Estado de Administración Pública se transmuto en Secretaría de Estado de Función Pública, los nombres no es asunto baladí y ello conllevó un alejamiento del problema estructural. La Administración Pública deja de ser el asunto central para ocuparse tan sólo de una parte. Sólo hay que ocuparse de lo laboral, no de cómo se administra lo público.


Se puede decir que se está en camino de reconstruir las estructuras, que para eso en uno de los últimos Consejos de Ministros se ha creado el Observatorio del Empleo Público. En primer lugar, se sigue incidiendo en sólo una parte (aunque quizás la más importante), los Recursos Humanos. No queda claro que el observatorio vaya a ocuparse de procedimientos internos de funcionamiento o aspectos organizativos. En segudo lugar, no es un organo con capacidad ejecutiva, sino tan sólo de diseño de soluciones y elaboración de recomendaciones.


¿Podemos seguir esperando la necesaria reforma de la Administración General del Estado? Primero, hay que recuperar las estructuras que hagan la reforma posible.

lunes, 12 de julio de 2010

España, campeona del mundo 2010


Mi memoria son recuerdos de ocasiones falladas. Del "gol" de Cardeñosa, de la tanda de penalties contra Bélgica, de Camacho sudando de impotencia ante los errores de un árbitro egipcio. A partir de hoy, mi memoria será el gol de Iniesta y el beso de Iker a Sara Carbonero.


domingo, 11 de julio de 2010

Nación Catalana, Estado Español

No soy nacionalista, ni castellano, ni catalán, ni mucho menos español. Soy jacobino, creo existen competencias irrenunciables para que un Estado asegure la solidaridad entre sus integrantes. Y ayer apoyé la justa defensa del sentimiento nacional de una de las naciones que conforman España: Cataluña. La defensa de una Nación catalana y un Estado español no son una contradicción, son caras de una misma moneda unidas por la amalgama de un nuevo pacto constitucional.


Como funcionario, juré en mi toma de posesión la defensa y hacer cumplir la Constitución Española de 1978. Como ciudadano, creo en un Estado Español plurinacional, conforme con su historia y con el acuerdo de las naciones que la conforman. Sumando ambas condiciones, creo que la mejor defensa de nuestra de Constitución es su reforma, crítica para superar un modelo de Estado que no tiene su origen en nuestra historia sino en las circunstancias históricas que dieron origen a la misma.


Comencemos por la historia. El origen del Estado Español es un pacto, matrimonial como no podía ser de otro modo en aquella época, entre dos realidades nacionales: Castilla y Aragón (que a pesar del nombre tenía ya como entidad dominante Cataluña). Negar este hecho es cerrar los ojos a la historia. Se puede dudar de la existencia de otras realidades nacionales, originadas por una toma de conciencia posterior (Galicia o Vasconia) o nacidos del sentimiento ser una colonia (Canarias), pero dudar de la existencia de una nación castellana y una nación catalana que decidieron unirse (aunque fuera por matrimonio siguiendo el modo y costumbre de la era absolutista) en el Reino de España es como dudar de la naturaleza esférica de la Tierra.


Superado en el XIX los modelos absolutistas, llegó la hora de que los pueblos y naciones decidieran seguir conformando los mismos Estados o dar lugar a otros nuevos. Ello sucedió de modo generalizado en Europa, sin ir más lejos, la misma España sufrió el desgarro de parte de lo que entonces era el Estado Español, perdiendo sucesivamente todas las naciones Iberoamericanas. El resultado fue que España volvió a tener naturaleza básicamente Ibérica, exceptuando los territorios colonizados de las Islas Canarias que habían sido la base de paso en la conquista del Nuevo Mundo.


Y ahora vamos por el tema del origen de nuestra Constitución. La cuestión del modelo de unión de las dos naciones que dieron origen a España quedó sin resolver en el siglo XIX, no teniendo ocasión de resolverse hasta el último tercio del siglo XX por razón de sendas dictaduras (1923-1930 y 1939-1975) que anularon todo proceso de libre entendimiento entre los ciudadanos. Llegada la oportunidad de resolver el modelo de Estado (Constitución de 1978), las presiones externas evitaron que se consolidara la visión de un Estado plurinacional, llamado España para crearse un Estado-Nación llamado España. Esta visión puede resultarles a algunos chocante, pero basta ver la redacción del artículo 2 del borrador constitucional




La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.



y compararlo con lo que fue el artículo 2 que finalmente se consolidó en nuestra Constitución




La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.



En el borrador se habla de España como Estado (el borrador hablaba siempre de España como Estado y no como Nación) compuesto de nacionalidades y regiones, en el texto final España pasa a ser una Nación indisoluble. Ese mismo borrador en su artículo 128.2 autorizaba a cada territorio autónoma (aún no se hablaba de CCAA) a usar "la denominación oficial que mejor corresponda a su identidad histórica", por ejemplo, añado yo, Nación.


Las cesiones de entonces, derivadas de las presiones cuarteleras relatadas el algún libro como "Nacionalismo Español: Esencias, Memorias e Instituciones" impidieron la conformación de un libre pacto sobre la forma de Estado. Un reparto competencial insuficientemente pensado en sus consecuencias (se renunció a la Educación y Sanidad como campo de solidaridad Estatal), con puertas falsas (artículo 150)  y gestos de cara a la galería inútiles e insuficientes (como escribir Girona en lugar de Gerona en las carreteras de zonas del Estado no catalanohablantes o la impostura de decir Generalitat en lugar de Generalidad cuando se habla en castellano), han servido a lo largo de los años para irritar a unos y otros sin resolver la cuestión de fondo: Diseñar un Estado plurinacional.


Ahora, el Tribunal Constitucional ha dicho, con razón de acuerdo al texto legal, que Cataluña no es una Nación. Ahora Cataluña ha salido a la calle a recordar que es una Nación. ¿Es o no es Nación? Esa no es la cuestión, ambos tienen razón de acuerdo a su razón de ser.  La cuestión es hasta cuando vamos a estar con remiendos,  hasta cuando vamos a estar minando la convivencia posible con la inacción, hasta cuando vamos (unos y otros) a ser parte de un Estado basado en el vasallaje (somos porque somos) y no en la razón (somos porque queremos). La cuestión es la reforma de la Constitución y con ella la supervivencia del Estado español, un Estado que algunos pensamos que es un gran invento. Y no sólo para el fútbol.


viernes, 9 de julio de 2010

Gobierno Abierto: Eje del circulo virtuoso de la innovación en la Administración Pública

En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada.  Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por "The Economist". Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el "European Innovation Scoreboard 2009" realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente




For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27



Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.


La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos




  • Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar

  • Facilitar la innovación por parte del sector privado

  • Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento

  • Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales

  • Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación


En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público.  Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.


Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:




  • Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.

  • Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.


Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)




La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.



El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.



jueves, 24 de junio de 2010

El derecho a la información pública por medios electrónicos

Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, ...) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.


Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de "Public Online Information Act" (POIA) en trámite en el Congreso.


Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:




  • Consagración de la equivalencia "publico=online"

  • Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos

  • Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24x7 accesible en línea la información pública

  • Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet

  • Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública


La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.