Parlamento Europeo se pronuncia críticamente sobre #egov

Siempre es complejo seguir los procesos de decisión y/o opinión de las Instituciones Europeas. Si cabe más difícil, en aquellos asuntos en que la Unión Europea no tiene competencia alguna pero en los que se actúa, como el Gobierno Electrónico. Así, desde 2009, se habían sucedido las siguientes declaraciones o posicionamientos sobre Gobierno Electrónico de las distintas instituciones:

• Declaración Ministerial de Malmo sobre Gobierno Electrónico (Diciembre 2009), realizada en reunión informal de los ministros responsables de la Administración Electrónica
• Plan de Acción Europeo 2011-2015 (Diciembre 2010), comunicación de la Comisión Europea respondiendo a la Declaración de Malmö con un plan para su implementación
• Conclusiones sobre el Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico (Mayo 2011), aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en su reunión de 27 de Mayo
• Dictamen sobre Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico (Octubre 2011), adoptado por el Comité de las Regiones en su reunión de 12 de Octubre

Quedaba en toda esta serie de pronunciamientos la toma de decisión del Parlamento Europeo, el cuál ha aprobado hace unos días el informe "Un mercado digital competitivo - Gobierno Electrónico como punta de lanza".

El informe del Parlamento Europeo podría haber sido un hito más de la serie de pronunciamientos que alimenta la cadena burocrática de la Unión Europea de no ser por su aire profundamente crítico en algunos de sus pasajes, señalando las carencias del desarrollo del Gobierno Electrónico en Europa en distintos ámbitos. Así, por ejemplo, en el campo de la reutilización de la información del sector público:

• Pide a los Estados miembros y a la Comisión que publiquen los datos obtenidos mediante fondos públicos en soportes legibles por máquina (y en tiempo real) y con licencias abiertas (punto 16)
• Resalta la necesidad de consensuar el significado del término "datos abiertos públicos" (punto 17)
• Alienta a los Estados miembros a que obliguen a las entidades públicas a que faciliten datos a través del mantenimiento de repertorios y catálogos de datos públicos (punto 34)

Siguiendo dentro del ámbito del Gobierno Abierto, también se adentra en señalar la falta de herramientas electrónicas que faciliten el diálogo continuo con los ciudadanos

• Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y establezcan instrumentos específicos en materia de TIC para facilitar la participación electrónica (punto 48)

Esta situación crítica al respecto del desarrollo del Gobierno Abierto se extiende a otros ámbitos del Gobierno Electrónico. Probablemente, todo ello por pensar que existe una falta de rumbo de los Estados miembros y la Comisión Europea en el camino a una Administración Digital. A los primeros, muy cortésmente les indica la necesidad de tomarse en serio los compromisos adquiridos en Malmö y avanzar en la implementación de sus instrumentos

• Invita a los Estados miembros a elaborar estrategias nacionales de administración electrónica en consonancia con los objetivos y metas del Plan de acción sobre administración electrónica y la Agenda Digital, como un medio hacia el desarrollo del mercado único digital europeo y la zona europea de gobierno electrónico (punto 31)

Por su parte, a la Comisión Europea le achaca por falta de liderazgo el incumplimiento del objetivo de haber definido en 2011 los servicios transfronterizos necesarios para la implementación de la Europa digital

• Lamenta que los Estados miembros todavía no hayan acordado la lista de todos los servicios públicos transfronterizos fundamentales que deberán estar disponibles en línea antes de 2015; pide a la Comisión que incremente sus esfuerzos hacia la consecución de este objetivo (punto 47)

¿Porqué todos estos fallos en el desarrollo del Gobierno Electrónico en los últimos años a pesar de las buenas intenciones de Malmö? Quizás ahí le ha faltado valor al Parlamento, que no da razones al respecto, aún resaltando la necesidad de ello en los primeros puntos del informe (1 a 7). Y la respuesta es probablemente sencilla, lo urgente no nos está dejando actuar sobre lo importante, la crisis tampoco está dejando marca una estrategia a los responsables políticos europeos del Gobierno Electrónico.

Eventos vitales en #egov: Una oportunidad

Una de las razones por la que los ciudadanos sentimos lejos Europa es la complejidad de sus procesos de decisión. Salvo excepciones de urgencia, lease peligro del capitalismo liberal, sus ritmos son exasperantes y se componen de múltiples pasos, sin alcanzar nunca el paso final. Quizás sea porque las utopías se alejan en el horizonte a medida que avanzamos hacia ellas. Basta ver el caso del Gobierno Electrónico. A la "Declaración Ministerial de Gobierno Electrónico Malmö" le sucedió el "Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico 2011-2015". Toda parecía hacer intuir que ambos serían suficientes para la coordinación de políticas de Gobierno Electrónico entre los Estados miembros, pero hete aquí que aparecen las "Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico 2011-2015" para cerrar el ciclo.

El nuevo documento, aporta pocas novedades, siendo de modo general una reafirmación de los principios de la Declaración Ministerial y un impulso de las actividades previstas en el Plan de Acción. La única novedad importante es la invitación a los Estados miembros (curioso que los Ministros se inviten a si mismos) a incrementar la disponibilidad de servicios desarrollados desde la prespectiva de los eventos vitales. Llamamiento importante por lo que supone de impulso al avance de poner al ciudadano y la empresa en el centro de los servicios públicos electrónicos.

Sin embargo, el desarrollo de servicios de Gobierno Electrónico tiene un mayor calado para el caso de nuestro país. De acuerdo con la definición dada por la Comisión Europea 

Eventos vitales son los un paquete de servicios gubernamentales, prestados normalmente por múltiples agencias, en torno a un tema que tenga sentido para el ciudadano. Los sistemas informáticos de las agencias gubernamentales que participan cooperan (es decir, interoperan) para la entrega sin costuras del servicio.

Dada la configuración política de nuestro Estado, cualquier servicio desarrollado desde la perspectiva de un evento vital va a implicar necesariamente la cooperación entre varios ministerios, consejerías de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pongamos como ejemplo el caso de un cambio de domicilio, que hay que comunicar a diversas entidades de la Administración General del Estado (AEAT, Seguridad Social, Tráfico, ...) , al registro de empadronamiento del Ayuntamiento de residencia y a un número indeterminado de entes autonómicos dependiendo de la región de residencia. La implementación de un servicio desarrollado sobre la perspectiva del evento vital implicaría o vien un sistema de single sign-on que permita acceder a todas las entidades involucradas con una sóla identificación u ocultar dicha complejidad mediante una petición que se despliega mediante comunicación entre las unidades administrativas de forma oculta al usuario (implementación escogida en el desarrollo parcial de este servicio ahora existente en la AGE).

La única carencia del posicionamiento del Consejo es la definición concreta de una lísta de eventos vitales a satisfacer.  Si realmente se quiere avanzar al respecto, es necesario que, de igual modo que hacia el año  se seleccionaron 20 servicios básicos cuya disponibilidad han sido la base del progreso del Gobierno Electrónico en Europa, se definan por el Consejo un conjunto de evento vitales y los servicios que han de empaquetar cada uno. Ojalá Europa puede en este caso pasar de las intenciones a los hechos y superar el síndrome de la tortilla.

En el caso de nuestro país, el desarrollo de los servicios orientados a los eventos vitales serían la oportunidad de desarrollar un gran proyecto nacional de Gobierno Electrónico. Una oportunidad de romper con la cultura de silos ayudados por la herramienta del Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

#egov como reflejo del síndrome de la tortilla en la UE

Viendo el ranking de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, resulta poco discutilble el liderazgo de Europa en materia de Gobierno Electrónico. Con todo lo discutible que sea este indicador, la realidad es que bajo unos criterios homógeneos 6 de los 10 primeros puestos son ocupados por países de la Unión Europea (incluyo a Noruega, que aunque no sea parte de la Unión, asume las políticas en la materia y participa de las mismas).  Insisto en la necesidad de relativizar estos datos, pero no dejar de ser reflejo de lo que consigue un consenso y la voluntad política de avanzar en pos de conseguirlo. Aquel consenso fueron el desarrollo pleno de 20 servicios básicos de Gobierno Electrónico, que fueron aprobados en Consejo de la Unión Europea.

Año tras año, se ha evaluado el avance en la consecución del objetivo, repaldando el avance por una evaluación continua del progreso de los Estados Miembros en esa dirección. Desde hace ya un par de años, el objetivo ha sido alcanzado en la mayoría de los países, que superaron su consecución en un 90%, y sin embargo la Unión ha seguido con el ritual anual de su evaluación, sin saber introducir ningún objetivo visible nuevo que sirva de punto al que dirigirse conjuntamente. Ha habido Declaraciones Ministeriales posteriores que han servido de base de nuevas acciones, pero sin establecer nuevos objetivos que sean cuantificables de modo objetivo, excepto los relativos a las adquisiciones electrónicas introducido en Manchester para los cuales no se ha establecido una evaluación creible 5 años después de su establecimiento.

La falta tanto de objetivos nuevos en el Gobierno electrónico como de medios creibles de evaluación objetiva de los existentes, es un reflejo de la captura de la Unión Europea por el síndrome de la tortilla. No puede hacerse una tortilla sin romperse los huevos. La falta de competencias de la Unión Europea en la materia y la carencia de liderazgo de la Comisión Europea en tratar de establecerlas, no valen ya. La buena voluntad sirve para que conjuntamente comencemos a empujar un coche, pero se necesita algo más para que se le empuje en la misma dirección, para empezar fijar dicha dirección. Una prueba de esta falta de voluntad es la inexistencia, seis meses después de su aprobación, de ningún avance conocido entorno a los consensos que el Plan de Acción de Administración Electrónica 2011-15 indicaba era necesario alcanzar en 2011. Sigo de modo habitual la materia, y no conozco aún ningún objetivo en materia de transparencia, administración verde o desarrollo de servicios transfronterizos que, tal y como se especificaba en el Plan, haya sido establecido.

Supongo muchos pensarán que Europa tiene areas más importantes en que concentrar sus esfuerzos. Probablemente sea cierto, pero también es cierto que el avance en dichas áreas es también perfectamente descriptible. No es un problema de materias, es un problema de voluntad y liderazgo, es un problema de romper los cascarones de los intereses nacionales para crear una tortilla.

La Comisión Europea valora positivamente el Gobierno Electrónico en España

Mantengo un sano escepticismo hacia los rankings y evaluaciones del Gobierno Electrónico. De un lado creo que son necesarios, ya que difícilmente se avanza en lo que no se mide. De otro, la existencia de un número infinito de ellos permite siempre encontrar el que a uno le guste, que suele coincidir con el que mejor nos evalúa. Sin embargo, y como diría De Gaulle, siempre es bueno que hablen de uno aunque sea bien, y eso es lo que en el último año de modo constante pasa con los servicios de Gobierno Electrónico en España. 

En esta ocasión, quien habla bien de España y su Gobierno Electrónico, es la novena edición del benchmarking de servicios de Gobierno Electrónico de la Comisión Europea (Informe Cap Gemini). Para aclararnos, se trata de la tradicional evaluación de los 20 servicios básicos definidos en eEurope, aunque desde hace unos años trata desesperadamente de evolucionar hacia la evaluación de nuevos ámbitos: Eventos vitales, Adquisiciones Electrónicas y portales nacionales. El informe ejecutivo de este benchmarking ha fue presentado en Diciembre en la conferencia "Lift-off towards opengovernment" organizada por la Presidencia Belga de la UE, aunque por eso del marketing político no se ha hecho pública oficialmente  y completamente por la Comisión Europea hasta ayer.

El informe, disponible en la web de la Comisión Europea, es extenso. Los comentarios de esta entrada son relativos tan sólo al informe ejecutivo inicial, que contiene un resumen de resultados, y que por ahora es lo único que he analizado con detalle.

Respecto a los 20 servicios básicos, se registra el esperado acercamiento de España al 100% de disponibilidad y sofisticación. Aunque el documento no deja ver con exactitud lo que resta para alcanzar la completitud, menos de un 5% nos separa del mismo. Ello es de imaginar se debe a restricciones legales que hacen imposible alcanzarlo en ciertos servicios (e.g. el nivel 5 en las becas universitarias debido a la separación administrativa entre quien matricula, Universidades, y quien da la beca, M. de Educación). Aunque es un indicador saturado y obsoleto, (los Estados miembros están todos por encima de un 80% y carece de sentido mantenerlo mucho más tiempo finalizada la fase inicial de despliegue del Gobierno Electrónico), es importante resaltar el salto de 10 puntos en nuestro país, debido sin duda a la plena entrada en vigor de la Ley 11/2007 el año pasado.

Aproximarnos a servir los ciudadanos de acuerdo a la satisfacción de los eventos vitales que se le plantean, creo sin duda que es una de las nuevas fronteras hacia las que debe avanzar el Gobierno Electrónico. La Comisión Europea ha evaluado en esta ocasión los eventos vitales la atención al desempleado y creación de empresas, eventos críticos en la actual situación económica. No indica el informe ejecutivo. Aunque no queda claro como se ha realizado la evaluación, supongo que en el caso de España esto ha significado la evaluación, respectivamente, de Red Tr@baja y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios. Son ambos casos de cooperación interadministrativa para resolver un evento vital, camino sin alternativa en nuestro país altamente descentralizado. La buena noticia es que en ambos casos se resalta la posición líder de nuestro país y el ejemplo de ambos como buena práctica. La mala noticia es que difícilmente podremos encontrar un caso similar alrededor de otro evento vital de ciudadano o empresa.

La evaluación de las adquisiciones electrónicas es también un reflejo de los esperado, que no siempre ha de ser totalmente positivo. España está a un buen nivel, que sin embargo es inferior al del año pasado. La causa de este estancamiento es obvia. A pesar de la existencia de una Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), abierta por ley al uso por parte de todas las Administraciones Públicas, cada Administración (regional o local) se empeña en desarrollar su solución, ello lleva a una infinidad de soluciones que no todas implementan el ciclo completo de contratación, y que hace bajar la media global del indicador para España. 

Finalmente, resaltar también la valoración positiva que se realiza del portal nacional de servicios, 060, que se incluye entre las soluciones líderes en usabilidad, orientación al usuario y modo de empaquetar servicios. Resulta quizás lo más sorprendente de la evaluación de la Comisión Europea, aunque lo mismo era apuntado el año pasado, por el escaso conocimiento y valoración del mismo en nuestro país. El contraste entre la opinión de la evaluación de la Comisión y la opinión generalizada en nuestro país, es un asunto que daría par un largo post. Mi opinión personal, es que la evaluación de la Comisión refleja lo que podría ser (un punto único de servicio) y la opinión generalizada en España refleja lo que es (un intermediario de difícil encaje en nuestra organización administrativa atomizada).

En definitiva, con sus luces y sus sombras, el Gobierno Electrónico sigue progresando en nuestro país, lo que hace falta es que sepamos (y los presupuestos nos dejen) mantener el ritmo.

Servicios transfronterizos de Gobierno Electrónico: Una primera lista

Uno de los dos grandes objetivos del Plan de Acción de Gobierno Electrónico Europeo 2011-2015 es la disponibilidad en 2015 de un conjunto de servicios transfronterizos claves para la movilidad de ciudadanos y empresas dentro de la Unión Europea. El objetivo es complejo por la no existencia previa de una identificación de cuáles son estos servicios. Los railes están puestos, hay están la Estrategia de Ineroperabilidad Europea y el Marco de Interoperabilidad Europeo, pero falta por definir los trenes que han de circular por ellos.

Las actuales condiciones económicas imponen el condicionante de la existencia de un caso de negocio claro para los mismos, una necesidad social o económica que justifique su implementación. La construcción de este caso de negocio ha de apoyarse necesariamente en las dos piedras angulares de la Unión Europea: La ciudadanía Europea y el Mercado único. La estrategia para la potenciación de ambos instrumentos ha sido definida en dos comunicaciones recientes de la Comisión Europea, respectivamente, "Informe de ciudadanía de la UE 2010" y "Hacia un Acta del Mercado Único". Ambos instrumentos han de ser la fuente de inspiración fundamental de los servicios transfronterizos en la UE.

Existen en ambas comunicaciones menos referencias al Gobierno Electrónico como instrumento de las que serían deseables, y sería aconsejable el complemento de ambos documentos con un análisis de necesidades al respecto por parte de la Comisión Europea. Se pueden adivinar sin embargo algunos intrumentos y servicios que habrán de desarrollarse:

• Hacer realidad las compras públicas electrónicas transfronterizas
• Interconexión electrónica de los registros mercantiles
• Servicios asociados a la movilidad de los trabajadores: Intercambio electrónico de registros de empleo, vida laboral, certificaciones de prestacione, reconocimiento de cxualificaciones profesionales
• Potenciar los aspectos informativos del portal "Your Europe" relativos a derechos y deberes de ciudadanos y empresas
• Habilitar la resolución de conflictos entre consumidores y empresas en la red SOLVIT
• Implementar el intercambio de historial médico entre Estados miembros (lo cual en algún caso ,como España , requiere previos esfuerzos nacionales)
• Sistema de registro de vehículos transfronterizo, incluidos los aspectos impostivos
• Intercambio electrónico de certificados de estado civil (nacimiento, matrimonio, muerte, ...)

No deja de ser una lista extraida en una primera lectura. En contra de la creencia de los servicios de Gobierno Electrónico como entelequia, son reales y necesarios.

Unión Europea: Competencias sobre #aapp por la puerta trasera

La Unión Europea, y por ende su brazo ejecutor la Comisión Europea, nació sin poder competencial alguno sobre la organización administrativa de los Estados Miembros. Ello trajo como consecuencia, por ejemplo, el encuadramiento de las políticas de Gobierno Electrónico dentro del ámbito de la Sociedad de la Información. Este pecado original que ha llevado a un desarrollo del Gobierno Electrónico en exceso tecnológico, en que la evaluación de su progreso se centra alrededor de su erronea consideración como un servicio más de Internet. Aún no existiendo obligación para los Estados Miembros de seguir esta línea de desarrollo del Gobierno Electrónico, la falsa voluntariedad del Método de Coordinación Abierta obliga en la práctica a diseñar políticas públicas en la línea marcada por la Comisión Europea.

La Unión Europea sigue sin poder competencial alguno sobre las Administraciones Públicas de los Estados Miembros. En estos tiempos de crisis en que cada vez es más claro que sólo una estrecha coordinación de políticas permitirá a Europa levantar el vuelo, esta carencia limita el poder de acción conjunta, ya que la implementación de cualquier política pública depende en gran medida de sus reglas internas. A pesar de la posibilidad de desarrollo de los mismos que le ofrece el artículo 197 del Tratado de Lisboa, la Comisión parece haber optado de nuevo por la puerta falsa del Método de Coordinación Abierta. Eso al menos se deduce de la Comunicación de la Comisión Europea "Innovation Union", uno de las iniciativas claves del desarrollo de la Estrategia Europa 2020.

El punto 4 de la Comunicación "Innovation Union", está dedicado a la "Maximización de la cohesión social y territorial" a través de la innovación, siendo una de sus claves la innovación social y del sector público. Dos son las acciones claves alrededor de la innovación en el sector público que se prepara la Comisión a realizar. En primer lugar, el desarrollo de un programa de investigación sobre innovación en el sector público,  el cual no es una buena noticia ya que es de temer será pasto de consultoras y lobbies deseosas de limitar el alcance del sector público. En segundo lugar, el desarrollo de un Cuadro de Mando de Innovación en el Sector Público, que será el instrumento de la Comisión para encaminar a las Administraciones Públicas por las sendas organizativas y de funcionamiento que desee, probablemente alrededor de las conclusiones del programa de investigación.

Me considero un ferviente europeista. Europa es nuestro terreno de juego y sólo desde la solidadridad y coordinación con los restantes Estados Miembros podrémos tener algún tipo de futuro. Se necesitan más instrumentos de diseño común a todos los Estados Miembros, más políticas públicas donde nos  rijamos por los mismos principios. Ello debería afectar a las Administraciones Públicas como afecta ya al Gobierno Electrónico. Es positivo que se inicie el camino para un acercamiento del funcionamiento de las Administraciones de los Estados Miembros, aunque sea por la puerta trasera de la innovación. Hay que reconocer, que los tecnocratas de Bruselas tienen imaginación.

Plan de Acción de #egov UE: Evitando que las #aapp sean irrelevantes

La semana pasada, la Comisión Europea hizo pública la estrategia para el desarrollo del Gobierno Electrónico en la Unión Europea en el próximo quinquenio. El nuevo plan de acción tiene como objetivo facilitar la construcción de Gobiernos más inteligentes, sostenibles e innovadores con ayuda de las TIC. El Plan de Acción tiene una duración de prevista de cinco años, 2011-2015, siendo el instrumento para la implementación de la Declaración de Malmö aprobada en Noviembre de 2009. Sus objetivos, consecuentemente, son promover el empoderamiento de ciudadanos y empresas, impulsar el mercado único y facilitar la construcción de Administraciones Públicas más eficientes y efectivas. 

Existen otros objetivos enunciados con menos concreción, pero incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos es el gran objetivo del nuevo Plan de Acción. Alcanzar el 50% de uso por parte de la ciudadanía y el 80% por parte de las empresas son las metas fijadas para hacer del canal electrónico el canal dominante en la provisión de servicios públicos.  Son objetivos claramente al alcance de la mano a la luz de los últimos datos de Eurostat, el uso por parte de ciudadanía está en un  42% y el uso por parte de las empresas se situa en un 75%.  Claramente, es el uso la condición necesaria para extender los beneficios del Gobierno Electrónico a la sociedad, si bien están ausentes (y serían necesarios) objetivos de uso indirecto, igual o más importantes en la construcción de un Gobierno Electrónico Inclusivo. Para alcanzar el objetivo de uso, se ponen en forma de acciones los medios para alcanzar servicios mas orientados a las necesidades de la sociedad. Más participación, más transparencia, más colaboración. En definitiva, más Gobierno Abierto es la vía que marca la Comisión para alcanzar el objetivo. Como dijo la Comisaria Kroes en su discurso de presentación del plan, "eGovernment is growing up to be weGovernment".

Es difícil destacar alguna de las medidas contenidas en el Plan, por lo demás algunas de ellas en el lenguaje complejo de este tipo de documentos (recomiendo a todo tipo de lector sin embargo la magnífica nota de prensa resumen ¿Qué hay en el Plan de Acción para mí?). Por elegir tan sólo una de ellas, opto por la denominada "Plan de Acción de la eCommision", que pretende que sea la propia Comisión Europea la que lidere con el ejemplo. La implementación por la Comisión de la contratación electrónica o el desarrollo de su propio catálogo de datos abiertos, entre otros servicios,  le permitirá a un mismo tiempo un mayor nivel de exigencia mayor a los Estados miembros y conocer las limitaciones y problemáticas de las acciones planteadas en su estrategia.

Para acabar esta entrada, un recordatorio también tomado del discurso de la Comisaria Kroes: "If public administrations fail to keep up with the times, they risk irrelevance or even worse."  Este Plan de Acción es un impulso al Gobierno Electrónico, un medio para evitar la irrelevancia de los poderes públicos.

Las AAPP y la transición a IPv6

Internet es la frágil plataforma sobre la que se asienta nuestra vida cotidiana, nuestro ocio, nuestro modo de trabajar. Existen elementos externos a la misma que quieren una evolución regresiva de la red. Pero estos son elementos contra los que podemos actuar, organizarnos en núcleos de solidaridad que (al menos) dificulten el tránsito por este camino. Más peligrosos para mantener nuestro "Internet way of living" son los problemas estructurales de la red, que empiezan a aflorar tras sus quince primeros años de adopción masiva.

El principal problema estructural de la red es derivado de su uso masivo. Cada vez son más los dispositivos que conectamos a la red, cada día conectamos más dispositivos que el día anterior. Aunque con matices, todas estas nuevas conexiones demandan una dirección propia que les habilite para emitir y recibir información. La consecuencia es obvia, las direcciones se van acabando, quedando tan solo un 10% de direcciones libres. La ampliación del espacio de direccionamiento de la red exige la evolución de las  reglas que utilizan los dispositivos de comunicaciones sobre los que se apoya y que hacen uso de la misma. Esas reglas en obsolescencia son el protocolo IPv4, las nuevas reglas necesarias son el protocolo IPv6. La implantación de IPv6 permitiría que pasaramos de disponer 2³² a disponer 2¹²⁸, asegurando la sostenibilidad de la red.

Las acciones hasta ahora de los poderes públicos han ido destinadas a hacer posible la transición a IPv6.  Aunque sin fruto evidente, la Comisión Europea ha financiado diversos problemas de investigación en la última decada. La creciente escasez de direcciones obliga a que se acelere el paso. Hay que entrar en la fase de implementación de IPv6. 

Se han comenzado a dar los primeros pasos de esta evolución a IPv6 en las AAPP. La Agenda Digital para Europa habla de la necesidad de que las Administraciones Públicas apoyen la transición a IPv6, y, de un modo más concreto tal y como acostumbra, Vivek Kundra ha definido una hoja de ruta para el Gobierno Federal USA.  Ello supondrá actualizar de un modo u otro equipos y aplicaciones de Gobierno Electrónico.

Cuando la Comisión Europea publicó la Agenda Digital mostré mi escepticismo sobre la idoneidad del momento y la aproximación. Lamentablemente, sobre el momento no podemos actuar, pero si sobre la aproximación tomada. La migración a IPv6 debe ser una acción global liderada por organismos multinacionales. De un lado, los operadores de telecomunicaciones han de comenzar a activas las nuevas reglas de IPv6 en su equipamiento de red, haciendo del actual IPv4 un servicio sobre la misma, algo totalmente posible. De otro, hemos de hacer una diseminación de la problemática entre los ciudadanos y comenzar a prepararles para el cambio, del mismo modo que se les ha hecho participes de la lucha contra el cambio climático. 

Si sólo abordamos qué tenemos que hacer las AAPP como usuarios de  la red para evolucionar a IPv6,  fracasaremos en asegurar la sostenibilidad de Internet.

La introducción del consumo en el Gobierno Electrónico: ¿Bueno o malo?

Lo digital, está sometido al voraz consumismo y a la externalización de los signos de estatus social. La posesión de los artilugios de la manzana en lugar de equivalentes de otras marcas es quizás el ejemplo más claro. Mientras todos los servicios de Gobierno Electrónico eran prestados por las Administraciones Públicas, los mismos eran quizás uno de los escasos campos de la sociedad digital dónde el consumo no se había introducido. Todo parece cambiar.

Se está asumiendo, en parte de modo correcto, que no todos los servicios relacionados con el Gobierno Electrónico pueden ser prestados por las Administraciones Públicas. El astillamiento de Internet impide que las Administraciones sigan el ritmo de la evolución tecnológica, y puedan ofrecer sus servicios en todo tipo de plataforma de usuario. Es incluso razonable pensar que los recursos públicos están mejor empleados en desarrollos válidos para plataformas generalistas (PC) que para plataformas minoritarias (iPhone). Es este un campo dónde la introducción del consumo es positivo. Introducir el pago por aplicaciones de Gobierno Electrónico para teléfonos inteligentes no introduce barreras sociales por razones económicas.

Se empieza a introducir el consumo dentro de otros ámbitos del Gobierno Electrónico. La continua sospecha orwelliana que tenemos sobre el estado hace que los datos personales sean ámbito abonado a la introducción de la acción privada. La teoría es dejar la propiedad de sus datos personales al ciudadano y que sean las AAPP quienes acudan a él cuando los necesite. Deja ello espacio a un ámbito de negocio peligroso, y goloso para el sector privado. Las cajas fuertes de datos personales, especialmente en el sector sanitario, abren un debate ético interesante sobre los límites de la acción privada en el Gobierno Electrónico. Personalmente, creo que sería un error dejar servicios de este tipo al ámbito privado, por las posibles divisiones sociales que pueda dar lugar y por introducir las motivaciones económicas (esas y no otras son las del sector privado) en un ámbito especialmente sensible. Es este un debate que no es baladí, y que surgirá a lo largo del quinquenio ya que la Agenda Digital Europea introducía la posibilidad de revisar la legislación de protección de datos personales. Los habituales lobbies que circulan por Bruselas es de esperar que tengan ya en su punto de mira que esta comercialización de los datos personales se introduzca en la revisión de la directiva europea. Protección de datos para ricos y para pobres.

Bueno y malo, el consumo ha llegado al Gobierno Electrónico. Sólo queda por ver que pesa más en la balanza y si podremos establecer los contrapesos necesarios para que no se introduzcan desigualdades sociales con ello.

Primeras notas sobre el Gobierno Electrónico la Agenda Digital de la Unión Europea

La Comisión Europea ha hecho hoy pública, después de varias tentativas, la Agenda Digital Europea. El documento es la renovación de la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo de la Sociedad de la Información una vez finalizado el periodo que abarcaba la estrategia i2010.  Aunque el Gobierno Electrónico no es tratado en detalle, tal será el objetivo del Plan de Acción de Gobierno Electrónico consecuencia de la Declaración de Malmö, existe algún punto de interés que empieza a perfilar las acciones que se van a desarrollar al respecto los próximos años en Europa.

Para empezar, la Comisión Europea se va a animar a reformar tres piezas legislativas clave para el Gobierno Electrónico. De un modo u otro, se insinuan posibles modificaciones de las Directivas de protección de datos personales, de firma electrónica y de reutilización de la información pública. No espero que lleguen a incluir algunas de las reformas que desde aquí he propuesto (intuyo que esta bitacora es poco leida en Bruselas), pero por algún sitio se empieza. La Comisión Europea lleva más de un quinquenio de renuncia voluntaria a su liderazgo en la acción legislativa sobre el Gobierno Electrónico, que retome la tarea siempre es una buena noticia para la creación de la Europa de los Ciudadanos.

También son positivas las señales en el ámbito de la interoperabilidad. Existe también un compromiso de impulsar marcos nacionales de interoperabilidad compatibles con la nueva versión del marco europeo. Soy de los que creo que la interoperabilidad podía ser un problema menor con una voluntad real de construcción europea que nos evitará muchas de las barreras existentes, pero a falta del traje completo, nos vale el remiendo.

Sin concretar, los servicios transfronterizos centrarán también parte de los esfuerzos de la Unión Europea. Identificar y desarrollar los servicios transfronterizos que potencien el mercado único y la movilidad de los ciudadanos europeos es el gran objetivo. Quizás es más fácil hacer que decir. En un periodo de restricciones económicas, o existe un apoyo financiero claro de la Comisión para ello o no veo a los Estados Miembros gastando dinero en ello.

Dejo para el final lo que me ha supuesto la mayor sorpresa, y para mí una falta de contacto con la realidad de la Comisión Europea o un brindis al sol: Impulsa el uso de IPv6 en el Gobierno Electrónico. Literalmente, utiliza la siguiente frase como una obligación de los Estados Miembros

Make eGovernment services fully interoperable, overcoming organisational, technical or semantic barriers and supporting IPv6

Sorprende más la frase cuando es la única referencia a IPv6 en la Agenda Digital y cuando no se menciona ni en las Declaraciones de Malmö ni de Granada. Da la sensación que la Comisión Europea piensa en el Gobierno Electrónico como la killer-application del IPv6. Sinceramente, hay que estar muy lejos de la realidad para pensar que las Administraciones Públicas van a dedicar parte de los escasos recursos que se dejen a las TIC en dar soporte a IPv6. ¿Usted lo haría?

Hay alguna cosa más, pero no hay que dejar de hacer notar un gran ausente o al menos muy camuflado. El lector habrá notado cuál es, así que no lo nombro. A ver si no se le olvida a la Comisión Europea en el Plan de Acción.

Gobierno Electrónico: Herramienta de construcción de la Ciudadanía Europea

Uno de los mayores defícits de la construcción Europea es la construcción de la Europa de los Ciudadanos. Hemos dedicado esfuerzos a la construcción de un espacio común para nuestras empresas (dentro de lo que cabe), pero como ciudadanos seguimos siendo cada uno de nuestro país. Todo ello parece llamado a cambiar con el Tratado de Lisboa, con el que pasa a ser parte legalmente vinculante la Carta de la UE de Derechos Ciudadanos .

Todo ello, como tantas buenas intenciones de la UE, podría quedar en papel mojado. Hay sin embargo espacio a la esperanza. La persona encargada de llevar todo ello a buen puerto es la Comisaria Viviane Reading, en el pasado azote de operadoras telco y que promete ser azote de Administraciones Públicas y Gobiernos desde sus primeros discursos. No parece temblarle el pulso ni al prometer una reforma de las Directivas relacionadas con la Protección de Datos Personales. Por el momento, ya ha presentado un primer borrador de la iniciativa ciudadana que, con sus límites, es un paso adelante.

Hace tiempo escribi acerca de la necesidad de construir la Europa de los Ciudamistradores a partir del año 2010.  Existen pocas excusas para que no sea así. Nos hemos dotado de una Directiva de Servicios que facilita la creación de empresas y el desarrollo de  su actividad, lo que supone un cumplimiento en gran medida del punto 14 de la Declaración Ministerial de Malmö. El gran avance del próximo quinquenio debería ser en el cumplimiento del punto 15 de esa misma Declaración, en hacer del Gobierno Electrónico una herramienta para la ciudadanía europea que facilite a las personas vivir, estudiar, trabajar y retirarse en cualquier lugar de Europa. Ello no viene a ser sino el cumplimiento del artículo 45 de la Carta de Derecho Ciudadanos de la EU.

Todo ello requiere un liderazgo firme de la Comisión Europea. Y quizas estemos de suerte con la asunción de responsabilidades en el área de Viviane Reading. En el antes mencionado primer discurso de la comisaria establecía precisamente el derecho ciudano al libre movimiento en la EU como una de sus prioridades.

Second, we must strengthen the right of citizens to move freely in the EU. Free movement is after all a core right of EU citizens and it must be more than an abstract idea. It needs to be tangible and bring a positive impact to the lives of our citizens.

El Gobierno Electrónico ha de ser, la herramienta que permita pasar de lo abstracto a lo concreto en la Ciudadanía Europea. Ha sido posible para la libertad de establecimiento de empresas, ¿porque no para los ciudadanos?

Alrededor del borrador de reglamento UE de iniciativa ciudadana

La Comisión ha hecho publico un borrador del reglamento de la iniciativa ciudadana, una de las grandes novedades del Tratado de Lisboa. La fecha del borrador es del 31/3/2010, sin embargo no recuerdo despliegue mediático al respecto por lo que deduzco que su publicación ha de ser más reciente. Concretamente, yo lo conocí a través de un tweet de @osimod . Conviene aclarar que dicha iniciativa ciudadana no sustituye la iniciativa legislativa de la Comisión en ninguna circunstancia, sino que es una iniciativa ciudadana limitada y destinada a espolear la iniciativa legislativa que la Comisión Europea tiene de acuerdo a los Tratados.

De una primera lectura en diagonal, me sorprenden dos aspectos. El primero son las condiciones de aceptación de una iniciativa ciudadana (artículo 4). Para empezar, las juzga la propia Comisión, para continuar la Comisión ha de considerarlas serias (curioso término jurídico) y para terminar no pueden ir contra los valores de la Unión. Vamos, que iniciativas sí, pero dentro de un orden, no vaya a ser que a un euroescéptico se le ocurra alguna maldad.

Lo segundo que me llama la atención es el curioso uso del canal electrónico, destinado a dar el mínimo trabajo a la Comisión. La Comisión se limita  hacer un registro electrónico de las iniciativas y a decidir su aceptación. Validar que los sistemas de recogida de firmas  electrónicos son válidos y la autenticidad de las mismas se deja a los Estados Miembros. Eso sí, la Comisión será quien dicte las normas técnicas que han de cumplir. Dado que la identidad electrónica es un tema clave en todo proceso de firma y que el desarrollo de la interoperabilidad de la identidad electrónica en Europa está en curso (ver STORK), el plazo de 12 meses tras la aprobación del reglamento para tener las normas técnicas puede quedarse corto.

Seguro que existen otros puntos grises en la propuesta, que aún no he leido entera con detalle. No obstante, es un paso adelante que puede tener derivadas imprevistas y positivas. Por ejemplo, no habría razón para no aplicar las normas técnicas que dicte la Comisión a nuestra iniciativa popular nacional, que aún carece de desarrollo reglamentario tras casi cinco años desde que se incluyo la posibilidad de medios electrónicos en la misma.

¿Se necesitan cambios en la Directiva de Reusabilidad de la Información Pública?

El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.

Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.

Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.

Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.

Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos "muy grandes para caer" y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.

Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

Gobierno Electrónico y Tratado de Lisboa

Las políticas de Gobierno Electrónico de la Unión Europea están encuadradas dentro de la globalidad de las acciones alrededor de la promoción de la Sociedad de la Información. De acuerdo al portal de la Unión Europea, las acciones de la Unión Europea dentro del campo de la Sociedad de la Información se desarrollan de conformidad con los artículos 163 a 172 del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidades Europeas (TCE), que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) resultante del Tratado de Lisboa han pasado a ser los artículos 179 a 188.

Aún considerando el peso de los aspecto tecnológicos, tan sólo integrando el Gobierno Electrónico dentro de la Sociedad de la Información podía la Unión Europea actuar sobre la misma. De acuerdo con el antiguo TCE, la Unión Europea no tenía competencia alguna sobre materias de Administración Pública. La situación jurídica varía con el TFUE resultante del Tratado de Lisboa, que otorga a la Unión Europea competencias sobre la “cooperación administrativa”.

Artículo 197

1. La aplicación efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros, que es esencial para el buen funcionamiento de la Unión, se considerará asunto de interés común


2. La Unión podrá respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión. Esta acción podrá consistir especialmente en facilitar el intercambio de información y funcionarios, así como en apoyar programas de formación. Ningún Estado miembro estará obligado a valerse de tal apoyo. El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán las medidas necesarias a este fin, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.


3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de aplicar el Derecho de la Unión, ni de las prerrogativas y deberes de la Comisión. Se entenderá también sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados que prevén una cooperación administrativa entre los Estados miembros y entre éstos y la Unión.

Este nuevo artículo podría significar abrir la puerta a un inexistente hasta ahora paquete legislativo de Gobierno Electrónico a nivel comunitario. Los actuales elementos legales que le son de aplicación, tales como la Directiva 1999/93/CE de Firma Electrónica, o la Directiva 2003/98/CE de relativa a la Reutilización de la Información del Sector Público, tienen su base en el artículo 114 del TFUE (antiguo artículo 95 del TCE) destinado a promover la aproximación legislativa que requiere el mercado único.

La condición del Gobierno Electrónico como herramienta clave para “mejorar la capacidad administrativa”,  justificaría la realización de propuestas legislativas por la Comisión Europea.  Dicha intervención, sería a mi juicio más que necesaria para aspectos tales como  la promoción del uso verde de las TIC en las AAPP o la implementación de estrategias multicanal, por no hablar del ordenamiento de los escenarios de aplicación de la firma electrónica.

Dada la creciente importancia de las TIC dentro de las Administraciones Públicas, la clara separación del Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información que implicaría contar con un marco legislativo comunitario propio sería positiva. Reflejaría una madurez sin ninguna duda ya alcanzada y un alineamiento más claro de la misma como un canal más de provisión de servicios gubernamentales, y no como un servicio más disponible en Internet.

Esperemos  que este y no otro sea el uso que la Comisión Europea haga de sus nuevas competencias.

Administraciones Públicas y Tratado de Lisboa

Andamos ya cerrando el año, y en la tranquilidad navideña del Ministerio, he estado echando un vistazo al Tratado de Lisboa. O mejor dicho, las nuevas versiones consolidadas de los Tratados de la Unión y del Funcionamiento de la Unión que son consecuencia del mismo. No ha sido una visita casual a los mismos, sino una lectura detallada de tres artículos que el otro día oí mencionar como la puerta de entrada de la Comisión Europea a los asuntos de las Administraciones Públicas de los Estados Miembros. Son los artículos 197, 298 y 336 de la versión consolidad del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La existencia de estos artículos, no tendría mayor problema más allá de la voracidad competencial de la Comisión Europea, que hasta ahora no tenía poder alguno sobre las AAPP de los EEMM, sino fuera por los antecedentes. Sólo basta recordar los intentos por implantar la jornada de 65 horas rechazadas en el último trámite, para echarnos a temblar. No tranquiliza un posible poder reglamentario de las fuerzas neoliberales de Bruselas sobre el estatuto de la función pública.

Los artículos mencionados están abiertos a la interpretación y nadan en la ambigüedad. Pueden ser tanto un"sigamos como hasta ahora" como la vía a un "uniforme de talla única para todos los funcionarios europeos". En el ambiente de restricciones actuales, no es difícil imaginarse la talla que nos sería aplicada.

No cabe duda que es necesaria una reforma de la Función Pública en todos los niveles de gobierno. Tanto de nuestro país como de otros de nuestros socios comunitarios. Pero los cambios en la reglas que nos son aplicables no deben entrar por esa puerta falsa. Que esto no sea una vez más buscar que Europa tome las decisiones difíciles por nosotros.

Presidencia UE 2010, una oportunidad de liderazgo en el Gobierno Electrónico

Nuestra Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007) recoge en su artículo 6 un amplio conjunto de derechos ciudadanos en la relación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.  Aunque sin embargo, conviene recordar cómo dichos derechos no pasan de ser papel mojado por las previsiones de la disposición adicional tercera: Sólo la Administración General del Estado está obligada a satisfacer las previsiones legales establecidas cuando llegue el 31/12/2009.

A veces, y yo el primero, sobrevaloramos la importancia y transcedencia de nuestra ley en comparación con otras iniciativas europeas. Falta un pronunciamiento claro de las Administraciones regionales sobre su renuncia a refugiarse en la salvaguarda de las "disponibilidades presupuestarias" para evitar dar cumplimiento a estos derechos. Nada parece indicar que dentro de un par de meses el escenario de desigualdad ciudadana en los derechos de relación electrónica con las Administraciones Públicas vaya a sufrir alteración. Ni tras una denuncia clara como suponian las conclusiones del "III Estudio sobre la e-administración autonómica" ha existido ningún pronunciamiento claro.

En nuestro entorno, las iniciativas europeas mencionadas anteriormente solo realizan un aseguramiento de derechos en aspectos puntuales como la firma electrónica. Esta por ver cuál va a ser el alcance de las implementaciones de  la Directiva de Servicios, pero todo parece indicar que serán interpretaciones de mínimos.

El 31/12/2009, sólo tenemos, claro por tanto, que las sedes electrónicas de la Administración General del Estado serán una isla de garantías jurídicas en el Gobierno Electrónico.

Una de los objetivos establecidos para la Presidencia Española de la UE en 2010 abarca la definición de la ciudadanía del siglo XXI. Los derechos de los ciudadanos en la relación electrónica con las Administraciones Públicas, forma parte de la definición del ciudadano del siglo XXI. La Presidencia Española de la UE se presenta como una oportunidad de liderar el Gobierno Electrónico mediante la potenciación de una carta de derechos comunes en el ámbito europeo.

La Presidencia Española se iniciará también apenas un mes después de la aprobación Declaración de Malmö por los Ministros de los Estados Miembros responsables del Gobierno Electrónico. Tras la misma queda esperar el Plan de Acción de desarrollo, de cuyas ideas se sabe poco más que lo esbozado en el documento de la Comisión Europea  “Visions and priorities for eGovernment in Europe-Orientations for a post 2010 eGovernment Action Plan” (ver resumen aquí). En cualquier caso, el desarrollo del Plan de Acción 2010-2015 para el Gobierno Electrónico en la UE será arrancado en su desarrollo también en la Presidencia Española de la UE. presentando otra posibilidad de influir de modo directo en la definición de las líneas comunes de actuación en la materia.

Declaración Ministerial de Malmö: Primeras y positivas impresiones

Europa es una vieja señora de andar lento. Los avances decididos sólo le son posible cuando sincroniza adecuadamente todos sus órganos vitales: cerebro anglo-nórdico, corazón mediterráneo y pulmones centroeuropeos. La Declaración de Malmö aprobada ayer parece el signo de un caminar decido de Europa hacia la Administración 2.0 apoyándose en el Gobierno Electrónico.

Habrá tiempo de analizarla, hoy por hoy sólo dispongo de uno de sus últimos borradores que gentilmente me ha facilitado un compañero. A la luz de dicho borrador, existen motivos para pensar que el camino hacia la Administración 2.0 está abierto. Unos cuantos puntos a destacar en la misma son:

• Los servicios de Gobierno Electrónico son identificados como un apoyo decisivo para superar los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestra sociedad


• Establece la necesidad de una mayor colaboración entre Administraciones Públicas para facilitar el desarrollo de servicios transfronterizos y reducir cargas administrativas (importante a este último respecto la referencia a caminar hacia evitar pedir más de una vez datos al ciudadano)

• Asume como propios los valores de participación, transparencia y empoderamiento propugnados en el manifiesto “Open Declaration on European Public Services”

• Por primera en una Declaración Ministerial de la UE se hace referencia explícita al factor humano (por dos veces aparece el término “funcionario”) resaltando con ello su importancia en el cambio organizacional que se avecina


• Recuerda la necesidad que tienen las Administraciones Públicas de reducir su huella medioambiental


• Apoya decididamente el uso de especificaciones abiertas y recomienda la promoción del software libre


• Proclama la necesidad de hacer de la innovación el centro de la actividad administrativa

Tras los nuevos objetivos establecidos en la Declaración, tan sólo queda esperar que el Plan de Acción para alcanzarlos, también previsto en la misma, sea igual de ambicioso. No deja de ser curioso que la Declaración de los gobernantes incluya algunos de los principios que algunos echábamos de menos en la “Open Declaration on European Public Services” (ver Apuntes Electrónicos y Neocivis). Al final va a resultar que, como en Mayo de 1968, hemos de ser más razonables y pedir lo aparentemente imposible.

28/11/2009: La Declaración está disponible aquí. Es curiosa también la nube de tags de la Declaración, y que descubre una importante palabra ausente ...

Ampliando la "Declaración Abierta para los Servicios Públicos Europeos"

(This post has an English versión in "Electronic Notes")

No soy el único en seguir y admirar el trabajo que realiza David Osimo. Sin duda es uno de los principales animadores del escenario europeo de la Administración 2.0 y quizás sólo echo de menos que escriba algo más en su bitacora, a través de la cual muchos nos iniciamos en el tema. Su última hazaña ha sido la promoción del desarrollo de "Una declaración abierta para los servicios públicos europeos".

No puedo dejar de solidarizarme con los principios que la declaración propone que han de regir los servicios públicos en Europa, pero creo que David, esta vez, se ha quedado corto. Demasiado hincapié en dar un lugar a la sociedad en el desarrollo de los mismos y poco  (ningún) espacio dedicado al cambio de modelo organizacional de las Administraciones Públicas. El cambio de dicho modelo es esencial de cara a progresar en la mejora de muchos servicios públicos, los servicios de Gobierno Electrónico sin ir más lejos.

El olvido es lógico dado que la práctica totalidad de los actores que han colaborado con David no forman parte de las Administraciones Públicas. No quiero que ello se entienda como corporativismo, sino como autocrítica hacia los que no hemos colaborado lo suficiente. Elllo ya es un indicio que la evolución de los servicios públicos europeos pasa por una evolución en nuestros modos de trabajar.

Tras este discurso de contrición, llegando fuera de tiempo, le facilito a David, esta contribución tardía a su esfuerzo. Un cuarto principio que debería regir también los servicios públicos europeos:

Administraciones Públicas Inteligentes, la colaboración entre organizaciones públicas y  empleados públicos más activos son piedras angulares en la construcción de los servicios públicos. Una mayor fluidez en las relaciones e intercambio de la información entre las organizaciones, permitirá construir servicios públicos más adptados a las necesidades de la sociedad y que impliquen menos cargas administrativas sobre los ciudadanos. Es necesario para ello,  aprovechar y mejorar las capacidades internas de las organizaciones públicas haciendo uso más eficiente y eficaz de los empleados públicos, cambiando sus modos de trabajar a través de las herramientas que permiten una mayor contacto de los mismos con los ciudadanos a los que sirven.

En cualquier caso, yo ya me he adherido a la declaración, ¿y tu?

Identidad electrónica personal y los límites del crowdsourcing

La inteligencia de las multitudes es una de las bases sobre las que se apoyan los servicios colaborativos. Ayudar con la opinión individual a que otros se formen opinión sobre un tema concreto, es el servicio más claramente identificable en esta línea. La integración de diversos formatos digitales para ello (texto, imagen, audio, vídeo) ha sido facilitado por los medios sociales.

Los asuntos públicos comienzan a ser objeto de este tipo de servicios colaborativos. Un ejemplo de ello es "Patient Opinion", dónde los ciudadanos del Reino Unido describen su experiencia como usuarios del Sistema Nacional de Salud. Si uno toma un tiempo leyendo las mismas, encuentra tanto opiniones favorables como desfavorables, pero con el denominador común de referirse a empleados públicos perfectamente identificables. Los datos de carácter personal, de acuerdo a la interpretación de la definición de estos que recoge la Opinión 4/2007 del grupo de trabajo del Artículo 29 , son un elemento de manejo frecuente en este tipo de servicios.

Y sólo acabamos de empezar.  La evaluación de servicios públicos puede ir más allá. Hace unos días Andrea di Maio ponía un ejemplo para la meditación en su blog. Hay que encontrar los límites del crowdsourcing Entre la libertad de expresión y la protección de los datos personales. De nuevo el 2.0 nos enfrenta con una razón para repensar el marco legal de la identidad electrónica personal en su más amplio significado.

Encrucijada de caminos en el desarrollo del Gobierno Electrónico en la UE

Tras unas semanas de desconexión total, dejando a Gabi la labor de mantener una mínima vida de esta bitácora, volvemos a la brega. No vamos a quejarnos, en las circunstancias que estamos, somos unos afortunados los que tenemos que cumplir con la maldición divina de ganar nuestro pan con el sudor de la frente.

Y comenzamos el curso cómo lo acabamos, con una consulta pública sobre políticas de Sociedad de la Información. Si antes de verano era el MITYC el que iniciaba una consulta sobre el Plan Avanza 2, ahora es el turno de la Comisión Europea. La publicación de la consulta coincide también con la de un interesante report en varios fasciculos sobre el estado de la Sociedad de la Información en la UE (Europe´s Digital Competitiveness Report), centrado en dar una visión del resultado final de la estrategia i2010.

Si en la consulta del MITYC se trataba de un conjunto de preguntas de respuesta abierta, la Comisión Europea ha optado por un formato más dirigido, con preguntas más dirigidas conteniendo propuestas de respuestas que dejan entrever alguna de las preocupaciones de los "policy-maker" comunitarios. Algunas de estas preocupaciones resultan contradictorias con el triunfalismo de los resúmenes para prensa y gran público del resultado de la estrategia i2010. Las respuestas  propuestas dejan  entrever alguna de las soluciones que se barajan.

Ejemplo de lo anterior son algunas de las cuestiones planteadas alrededor de los servicios públicos electrónicos, y más en concreto las relativas al Gobierno Electrónico.  Las dos preguntas planteadas (8.1 y 8.2) reflejan la actual encrucijada en que se haya el desarrollo del Gobierno Electrónico en la UE.

La preocupación mayor es la primera planteada, y que empieza a abrirse camino en muchos foros: ¿Porqué sigue sin despegar el uso de los servicios de Gobierno Electrónico?. Los Gobiernos han realizado importantes inversiones en ellos y las cuotas de uso por la población siguen siendo bajas. Lejos quedaron los tiempos en que se pensaba en un ritmo de adopción de los mismos similar al del uso de Internet.

Se presentan varias ideas para alcanzar un mayor uso del Gobierno Electrónico, pero, a mi juicio, lo que más resalta es la opción entre multicanalidad y cierre de ventanillas. Soy más proclive a lo segundo que a lo primero, apoyando un programa (de medio  plazo) de cierre de ventanillas sobre la colaboración social en aquellos casos que sea posible (e.g. tramitación electrónica de las licencias de circulación de vehículos por los concesionarios) y el despliegue de una red de kioscos electrónicos. Una apuesta por la multicanalidad, llevaría a una nueva espiral de inversiones tecnológicas de dudoso rendimiento: El teléfono móvil tiene sus limitaciones como dispositivo de acceso y no existe el necesario despliegue de descodificadores de TDT interactiva.

La segunda preocupación planteada es la desigualdad en la calidad de acceso al Gobierno Electrónico entre los ciudadanos de la UE. Es un tema que he tratado anteriormente desde la óptica nacional. La implantación del Gobierno Electrónico está creando una brecha de derechos en la relación entre ciudadanos y Administración cuya transcendencia aún está por descubrirse.  Las soluciones planteadas apuntas al establecimiento de un marco de "soft-regulation". Creo sin embargo que debiera irse un paso más allá, creando una carta de derechos ciudadanos en la relación electrónica en forma de directiva comunitaria. Carta de derechos con menos ambición que nuestra Ley 11/2007, pero eliminando la opcionalidad de las mismas y obligando a Administraciones nacionales y regionales a acudir en apoyo de las Administraciones locales con fuentes de financiación insuficientes.

El reto de los próximos años queda claro con esas dos preguntas: Alcanzar un despliegue general y uniforme del Gobierno Electrónico entre los ciudadanos.