viernes, 3 de septiembre de 2010

Wikileaks y las obligaciones de los empleados públicos

Wikileaks ha sido una de las serpientes de verano. Ha sido indigna la persecución a su fundador Assange, con ribetes de novela negra, pero resulta corto que el debate se quede ahí. También habría que debatir sobre la legalidad de sus fuentes. Tarde o temprano habrá un Wikileaks en España, y fijar términos siempre es clarificador.

La legalidad ha de ser la frontera de la transparencia sobre la información pública. Puede ser una legalidad en exceso restrictiva y que debiera ser cambiada, tal es el caso de España u otros países, pero nunca debería quebrantarse. Lo electrónico, favorece este quebranto, la inmaterialidad de la información alcanzado por lo digital, permite en un sólo movimiento romper todos los secretos, ya sea burlando permisos que no se tienen o abusando de los que se poseen. La facilidad que da lo electrónico para ese quebranto de la legalidad, y no otra cosa, es el campo de cultivo sobre el que crece Wikileaks.

Los funcionarios y empleados públicos, tenemos el deber de guardar secreto sobre lo que conocemos y no es público. Pueden existir excepciones, pero éstas suelen se a su vez violaciones de la legalidad y, si las conocemos hemos de denunciarlas en los juzgados. Ni es lícito filtrar a un periódico un proyecto de ley que conozcamos y no sea oficial por impulsarlo o pararlo, ni una reforma contra la que estemos en contra, ni la adquisición de un bien o servicio que esté en negociación, ni otro asunto público no oficializado que conozcamos por razón de nuestro puesto.

En la transparencia pública, funcionarios y empleados públicos somos instrumento del poder político, no entes con poder de decisión propio. Podemos, a título personal, contribuir a ser altavoces de lo conocido y no lo suficientemente publicitado a nuestro juicio, al igual que podemos tomas partido por causas no compartidas por la oficialidad gubernamental. Nuestro límite es no crear una oficialidad paralela y ajena a la legitimidad democrática, y hacer uso de nuestro puesto para difundir información pública no oficial no es lícito. Ese es el límite que traspasa quien filtra información a Wikileaks y similares.

Los intentos de eliminar la libertad del fundador de Wikileaks son deleznables, pero igualmente condenables son las filtraciones que lo alimentan.

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