"Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez…” - Junta Tuitiva, La Paz, 16 de Julio 1809
miércoles, 28 de marzo de 2012
Mis dos lineas sobre el anteproyecto de #leytransparencia
martes, 3 de enero de 2012
Propuesta socialista de ley de #transparencia : la broma adelantada del 28-D
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Romanones y la #transparencia
"Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento."
Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones
- Requisito de ser interesado para acceder a la información de los archivos de la Administración
- No existir un plazo de respuesta a una solicitud de acceso
Establecer el procedimiento común para el acceso a los documentos obrantes en el Sistema de Archivos de la Administración General del EstadoEs decir, a cualquier documento generado por la AGE en función de sus competencias, fijando un plazo (aunque quizás largo) para dar respuesta al que solicita la petición (artículo 30.1)
La resolución de la solicitud de acceso o de consulta deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para tramitarla.
y eliminando la condición de interesado para acceder a la información (artículo 24.3)
No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, el solicitante podrá exponer los motivos de su petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución de la solicitud.No veo sin embargo gran entusiasmo con la nueva regulación dentro del movimiento de #transparencia . Probablemente porque un Real Decreto no permite el amrketing jurídico ni tiene el glamour de una ley. Vale, tiene la limitación del ámbito (sólo la AGE), pero alguna nota al respecto felicitandose por el éxito debería haberse publicado en access-info.org .
P.S. Al respecto de tuderechoasaber.es. Todas mis simpatías, pero cambiar mandar el mail por el acceso al registro electrónico de los organismos. Otra cosa no tiene reconocimiento de ser una petición de acceso.
martes, 1 de noviembre de 2011
Partido Popular y #egov : Las promesas
- Impulsaremos el pleno desarrollo de la agenda digital de la Unión Europea
- Avanzaremos hacia el apagón del papel en la administración, mediante la elaboración de un plan nacional para la plena conversión de los servicios de la administración al entorno digital
Es imprescindible ofrecer a cada ciudadano una información personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las administraciones públicas; una verdadera ventanilla única electrónica.
Para conseguirlo es necesario replantear con rigor las estructuras administrativas que internamente soportan la prestación de servicios informáticos.
- Aprobar de modo inmediato una Ley de Transparencia
- Ampliar los mecanismos de participación de la sociedad en desarrollo de disposiciones normativas
- Crear portal de transparencia con información de presupuestos, subvenciones, contratación, nóminas altos cargos, ...
- Incrementa transparencia en contratación
lunes, 10 de octubre de 2011
Deberes pendientes: Ley de acceso a la información
- Ámbito de la ley: Debe ser garantizado el acceso a la información de gestión relevante de Administraciones Públicas, servicios públicos y servicios de especial transcendencia económica (según la definición de estos en Ley 56/2007). La información de gestión relevante estaría constituida por datos de acceso a los servicios, satisfacción ciudadana con los mismos, coste de los servicios para el ciudadano y rendimientos sociales obtenidos, datos relativos a la igualdad de acceso a los mismos.
- Publicación proactiva de información: La información de gestión relevante se publicaría electrónicamente de modo proactivo a partir de la entrada en vigencia de la ley, con un periodo de adpatación de seis meses. El acceso electrónico a la información por medios electrónicos sería gartuito.
- Demanda de información: Podría pedirse la información de archivos y expedientes de las entidades en el ámbito de la ley, con respuesta en plazo de 15 días e intepretación de silencio negativo. La información facilitada a cualquier ciudadano, anomizando datos personales, se publicaría por medios electrónicos. Por medios electrónicos se facilitarían datos de las peticiones de acceso recibidas, aceptadas y denegadas. La información demandada a prestadores de servicios de especial transcendencia económica estaría limitada por el posible perjuicio a la empresa. En cualquier caso, la información se prestaría de modo gratuito si se facilita por medios electrónicos.
- Reutilización de la información pública: La nueva ley incluiría los preceptos relativos a la reutilización de la información pública recogidos en la Ley 37/2007. La licencia por defecto será la reutilización sin condiciones ni coste, si bien pueda establecerse otro tipo de licencias.
- Opendata: Información facilitada por medios electrónicos en estándares abiertos de acuerdo a la definición incluya en el estándar nacional de interoperabilidad.
- Promoción y visibilidad de la información: Creación de portales de transparencia en las sedes electrónicas de las entidades dentro del ámbito de la ley, a través del cual el ciudadano pueda accesder a la información pública y ejercer sus derechos de acceso. Obligación en incluir en clausulas de contratación la necesidad de generar la información pública derivada del mismo en formatos estándares abierto
- Vigilancia de cumplimiento de la ley: Por un organo único a nivel del Estado, independiente del Gobierno y elegidos sus miembros por el Parlamento. Se podría recurrir al órgano de Vigilancia en caso de denegación de los derechos recogidos en la ley.
lunes, 27 de junio de 2011
¿Sobrevirá el incipiente #opendata de España?
martes, 26 de octubre de 2010
Repensando el principio de transparencia
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Acceso a la información: Una defensa acorde con la realidad
- Se dice que España es de los pocos paises que no posee una ley de acceso a la información, ello es una verdad a medias. No existe una ley como tal pero si existe un marco legal general (art 35 y 37 de la Ley 30/92) y previsiones parciales en otros textos legales (Ley 16/85, Ley 38/95, ..). Cuestionemos la efectividad del marco legal, pero no su falsa inexistencia.
- Se habla de la necesidad de adecuarse al Convenio del Consejo de Europa para acceso a documentos oficiales. Comparto totalmente ese objetivo, pero no puede defenderse sin indicar que tan sólo un puñado de países han firmado su adecuación.
- No se dan datos sobre el alcance y ámbito de las leyes de acceso a la información de otros países. Supongo que todos los países que se indican tienen leyes, pero no se indica cuáles de estos no es más que previsiones legales similares a las que ya existen en España, aunque tengan forma de ley independiente.
- No se dan datos sobre la efectividad del marco legal en otros páises. Como antes indiqué, emn España no es que no exista un marco legal, sino que no es efectivo. No me preocupa que en otros países no lo sea sino que no lo sea en el mio, sin emabargo, si se usa el argumento comparativo, hay que dar datos concretos de cumplimiento, citando las fuentes de los mismos.
viernes, 3 de septiembre de 2010
Wikileaks y las obligaciones de los empleados públicos
La legalidad ha de ser la frontera de la transparencia sobre la información pública. Puede ser una legalidad en exceso restrictiva y que debiera ser cambiada, tal es el caso de España u otros países, pero nunca debería quebrantarse. Lo electrónico, favorece este quebranto, la inmaterialidad de la información alcanzado por lo digital, permite en un sólo movimiento romper todos los secretos, ya sea burlando permisos que no se tienen o abusando de los que se poseen. La facilidad que da lo electrónico para ese quebranto de la legalidad, y no otra cosa, es el campo de cultivo sobre el que crece Wikileaks.
Los funcionarios y empleados públicos, tenemos el deber de guardar secreto sobre lo que conocemos y no es público. Pueden existir excepciones, pero éstas suelen se a su vez violaciones de la legalidad y, si las conocemos hemos de denunciarlas en los juzgados. Ni es lícito filtrar a un periódico un proyecto de ley que conozcamos y no sea oficial por impulsarlo o pararlo, ni una reforma contra la que estemos en contra, ni la adquisición de un bien o servicio que esté en negociación, ni otro asunto público no oficializado que conozcamos por razón de nuestro puesto.
En la transparencia pública, funcionarios y empleados públicos somos instrumento del poder político, no entes con poder de decisión propio. Podemos, a título personal, contribuir a ser altavoces de lo conocido y no lo suficientemente publicitado a nuestro juicio, al igual que podemos tomas partido por causas no compartidas por la oficialidad gubernamental. Nuestro límite es no crear una oficialidad paralela y ajena a la legitimidad democrática, y hacer uso de nuestro puesto para difundir información pública no oficial no es lícito. Ese es el límite que traspasa quien filtra información a Wikileaks y similares.
Los intentos de eliminar la libertad del fundador de Wikileaks son deleznables, pero igualmente condenables son las filtraciones que lo alimentan.
lunes, 30 de agosto de 2010
Comparación del gasto TIC en AAPP como base de la racionalización
lunes, 16 de agosto de 2010
Anteproyecto de Ley de Transparencia
Agosto y la blogotwittersfera revuelta. Y todo por la noticia de hoy de de "El País" anunciando el anteproyecto de Ley de Transparencia, que de tan transparente, aún vemos a través del texto que no conocemos. De lo filtrado, poca novedad, nada que no hubiera podido ser realizado con un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la ley de regimen jurídico y de procedimiento administrativo, que es el actual marco jurídico de acceso a la información en España. La consideración o no de ese artículo como marco legal del acceso a la información fue objeto de un debate entre @idoiallano, @mgarrigap y @andresnin en twitter. El origen fue una entrada de la bitacora de @idoiallano.
Desconocido para muchos es este artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), que supongo superará en alcance el nuevo proyecto de ley. Contiene la definición del Derecho de Acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos, enumerado entre los derechos ciudadanos del artículo 35 de la misma ley. Consecuentemente, dicho derecho de acceso es citado explícitamente en el artículo 6.1 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como uno de los que ha de asegurarse su ejercicio por medios electrónicos a los ciudadanos. No vamos a decir que no pueda ejercerse, para eso existen los formularios genéricos presentes en las sedes electrónicas, pero la voluntad de facilitarlos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que pocos Ministerios lo presenten destacado en su lista de procedimientos electrónicos (tan sólo lo he visto en uno). Y por supuesto, no esperemos encontrar datos en las sedes electrónicas sobre el uso que los ciudadanos hacen del mismo y la respuesta al mismo de la Administración en forma de informes estadísticos.
Por ahora, lo único que sabemos que aporta de añadido el anteproyecto de Ley es el límite de 30 días para responder a las peticiones (algo que podía haberse desarrollado por Real Decreto) y la creación del watchdog del acceso a la información, que hace recaer las competencias en la Agencia de Protección de Datos (algo que también había podido hacerse por Real Decreto ya que el Estatuto de la Agencia es un Real Decreto).
Otro aspecto que no queda claro es el enlace entre este anteproyecto y la Ley 37/2007. Recordemos que recoge el procedimento de solicitud de reutilización de información pública en el artículo 10 de la Ley sobre reutilización de información del sector público (Ley 37/2007). ¿Existirán previsiones de transparencia proactiva? ¿forzará a que se realice en formato reutilizable? Algo parece que hay de acuerdo al artículo de "El País", pero nada claro, tan sólo habla de datos de presupuestos y su ejecución (no especifica límites de cantidad de ejecuciones presupuestarias, cluego no sabemos si el límite de las mismas bajará a un límite como los 500 libras de UK) y habla también de otra información estadística y económica relevante. Mucho me temo que los detalles se dejen a un Real Decreto de desarrollo.
Nos queda esperar a que "El País" o la web de La Moncloa publique el anteproyecto. Quizás lo segundo es más recomendable desde el punto de vista estético. Resulta curioso que haya sido por "El Pais" y no por el twitter de La Moncloa como nos hayamos enterado (que por cierto, no está de vacaciones). A ver si al final todo es un globo sonda.
Para acabar, no estaría de más que antes de enviar el anteproyecto al Parlamento, se abra a opinión de los ciudadanos, por medios electrónicos y no electrónicos. La ocasión lo merece. Por cierto, ¿alguien ha oido hablar de los medios electrónicos en el anteproyecto?
viernes, 9 de julio de 2010
Gobierno Abierto: Eje del circulo virtuoso de la innovación en la Administración Pública
En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada. Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por "The Economist". Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el "European Innovation Scoreboard 2009" realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente
For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27
Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.
La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos
- Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar
- Facilitar la innovación por parte del sector privado
- Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento
- Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales
- Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación
En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público. Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.
Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:
- Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.
- Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.
Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)
La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.
El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.
jueves, 24 de junio de 2010
El derecho a la información pública por medios electrónicos
Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, ...) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.
Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de "Public Online Information Act" (POIA) en trámite en el Congreso.
Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:
- Consagración de la equivalencia "publico=online"
- Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos
- Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24x7 accesible en línea la información pública
- Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet
- Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública
La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.
lunes, 7 de junio de 2010
La transparencia: Un asunto culinario
Hace unos días, publiqué una entrada sobre los retos a los que nos enfrentamos en la implantación del Gobierno Abierto. Uno de los temas tratados eran los retos de la transparencia. Ilustraré con un par de ejemplos como todo se reduce a un aspecto culinario, a encontrar cocineros honrados para alimentos defectuosos.
El viernes 4/6/2010, el Gobierno Británico publicó en formato reusable los datos financieros de sus actividades, la base de datos COINS. Navegar por ese mar de datos es un ejercicio proceloso. Nisiquiera lo he intentado en crudo sino a través de la aplicación desarrollada por The Guardian, y he sido incapaz de encontrar lo que buscaba: El coste de desarrollo de data.gov.uk . La información está disponible, pero claramente es poco usable. Necesitamos quien nos ayude a digerirla, necesitamos un cocinero honrado que sin adulterar el alimento haga este digerible para todos los gustos. Las presentaciones no son neutrales, y no se me ocurre mejor manera de forzar dicha neutralidad mediante una condición de licenciamiento de los datos genérica introducida en la legislación de reutilización de información pública, que permita sancionar el uso espureo de la misma.
No basta sólo con eso. Lo ocurrido en Hungría nos lleva a la otra condición, la calidad de los datos. Como ya sucedió con Grecia, Hungría reconoce haber presentado datos financieros maquillados (solo se ha retractado del análisis no del hecho), datos del mismo tipo que los de la base de datos COINS. Si dichos datos hubieran sido liberados previamente para su reutilización, nuestro cocinero hubiera guisado con alimentos en malas condiciones. No podemos ya presumir de la buena fe de nuestros gobiernos.
Y por último, la facilitación de la información en tiempo. Recibir los alimentos es bueno, pero mejor es recibir alimentos no caducados. De nada sirve conocer en este momento conocer datos financieros de 2009, salvo como ejercicio retrospectivo y declaración de buenas intenciones, esta parte de la base de datos COINS carece relevancia.
Resumiendo, un asunto culinario. Cocineros honrados, para alimentos no adulterados y sin caducar.
viernes, 28 de mayo de 2010
Gobierno Abierto: Año y medio descubriendo a qué nos enfrentamos
Aunque hubiera antecedentes, me caben pocas dudas que, si existe historia de esto del Gobierno Electrónico, el día cero del Gobierno Abierto pasará por ser el día siguiente de la toma de posesión del Presidente Obama. No habían pasado veinticuatro horas cuando dió las órdenes ejecutivas que arrancaban la transición del obscurantismo al Gobierno Abierto abierto en los USA, y en un efecto arrastre en (al menos) todo el mundo occidental. Aunque parezca que todo comenzó hace mucho tiempo, fue hace poco más de año y medio. Es quizás tiempo de análisis, de tratar de identificar de modo sistemático los retos a los que estamos enfrentándonos.
Quizás los más importantes son los retos globales a al concepto en sí. Particularmente creo que el más importante es su sostenibilidad. La acción de las AAPP se basan en la legalidad, en la existencia un marco que les obliga a dar unos determinados servicios. Sin la existencia un marco legal, el impulso se agota. No vale un mero acuerdo de gobierno, que puede ser olvidado cuando el siguiente gobierno llegue. Baste para ello ver como la pata transaccional del Gobierno Electrónico sólo ha sido desarrollado de modo decidido cuando ha existido un marco legal que lo ha habilitado. De la mano del marco legal, es sólo cuando es posible mantener las dotaciones continuadas estables de recursos económicos y humanos que demanda la implantación del Gobierno Abierto, y disponer de una base para impulsar el cambio cultural entre los empleados públicos.
La transparencia se enfrenta al reto de la usabilidad. No se trata tan sólo de facilitar muchos datos en formato reutilizable, han de facilitarse herramientas eficientes de catalogación, cuidar la calidad de los datos y ser capaz de facilitarlos en el entorno temporal necesario. Un ejemplo de las dificultades de una implantación generalizada de la transparencia en un país se relata en la entrada "La Crisis de los Portales de Transparencia" de Gonlink.
Hacer efectiva la participación supone resolver retos sociales y tecnológicos. En primer lugar, rompiendo la inercia de las AAPP y la desconfianza de los colectivos sociales, buscando fórmulas que nos permitan integrarnos en las iniciativas de participación externas a nuestras sedes electrónicas, espatando posibles miedos orwellianos. En segundo lugar, evitando el rapto por las élites, habilitando una participación transversal a la sociedad y no sólo de los más vociferantes y/o con ventajas socioeducativas. Finalmente, introduciendo tecnologías que permitan dar calidad a la participación, como filtrados automatizados que permitan un uso efectivo del crowdsourcing y registros electrónicos de la participación realizada como garantía a la ciudadanía.
En la colaboración o coproducción se presentan interesantes retos procedimentales. Integrar en nuestros flujos de trabajo mecanismos de identificación de comunidades con las que construir servicios efectivos para la sociedad y aplicar nuevas fórmulas de adquisicion contraprestación de sus servicios mutuamente beneficiosas.
He dejado para el final las personas, empleados públicos y nuestros dirigentes políticos. La implantación del Gobierno Abierto sólo es posible con una actuación más autónoma de los empleados públicos de acuerdo a los principios del interés general. Los modelos jerárquicos y de rígido control de la acción del funcionariado por la clase política difícilmente harán otra cosa que esclerotizar el concepto de Gobierno Abierto. Es necesario desarrollar un modelo de gestión de objetivos y actividades en las AAPP basado en la confianza entre dirigentes políticos y empleados públicos.
domingo, 23 de mayo de 2010
Competitividad en la creación de valor público
La colaboración está enunciada como el tercero de los principios comúnmente aceptados de lo que es un Gobierno Abierto. Como todos los que compartimos ideas sobre este tema, mas de una vez he escrito sobre el tema. La naturaleza de esta colaboración es la que estamos empezando a perfilar hacia una competitividad en la creación de valor público.
En nuestro país, la colaboración social en la prestación de servicios de Gobierno Electrónico ha estado basada en esta competencia por la creación de valor público. La ineludible declaración anual del IRPF a través de las entidades finacieras o entidades locales colaboradoras de la AEAT, son el ejemplo en que se ha mirado la DGT para instaurar la tramitación de la licencia de conducción a través de los gabinetes médicos. Una colaboración social que dará lugar a la competencia en la intermediación al amparo de la habilitación a terceros introducida por la Ley 11/2007 y el RD 1671/2009. Una colaboración competitiva previa a la conceptualización del Gobierno Abierto.
La colaboración en la prestación de servicios de información pública de interés general da lugar también a escenarios de competencia por la creación de valor público. En este caso entra en la competencia los sectores públicos y privados. Relatos de esta competencia en casos extremos como fué el terremoto chileno de Marzo de 2010 pueden encontrarse en Goblink y el Escritorio de Alejandro Barros. Una competencia que da lugar a una ruptura del monopolio de las AAPP como fuente de información confiable. Carlos Guadian aludía hace no mucho al caso menos dramático de la información sobre el servicio de cercanías en Barcelona, y como desde fuera de lo público un sistema de incidencias basado en twitter había puesto en entredicho el valor de la información de la página oficial.
Pero en esta competencia en la creación de valor público aparecen nuevas paradojas. A una de ellas también se refería Carlos Guadian hace no mucho. Servicios públicos de valor añadido prestados por terceros que son canibalizados por el sector público. La licita competencia desleal contrapartida de la reutilización de la información del sector público. No es tan fácil ser un infomediario, para sobrevivir hay que saber crear un valor público no imitable por terceros ni asimilable por los rígidos esquemas de las AAPP. Las comunidades de ciudadanos que acceden a determinados servicios como Patient Opinion demuestran que esto es posible.
La colaboración deriva en una creación de valor público competitiva. Bienvenida sea si la competencia es en efectividad.
miércoles, 12 de mayo de 2010
UK: La hora crítica del Gobierno Abierto
Ayer se anunció que los conservadores vuelven al poder en UK. Mala noticia para los ciudadanos británicos, vuelve el thatcherismo y el capitalismo salvaje. Pero un momento interesante para los que estamos alrededor del Gobierno Electrónico y el Gobierno Abierto.
El Reino Unido ha sido uno de los abanderados del Gobierno Abierto. Experiencias como "The Power of Information Task Force", "Show us a better way" o data.gov.uk no hubieran sido posibles sin un impulso político claro. ¿Se mantendrá el impulso con los conservadores? Cabe recordar que los conservadores indicaron las IT como un potencial área de recorte. ¿Será uno de ellos data.gov.uk?
Puede parecer un escenario de ciencia-ficción, y sin emabargo es posible. Di Maio ya hablo de la necesidad del soporte legal para la sostenibilidad del Gobierno Abierto. He revisado el web de data.gov.uk y no he encontrado una sóla referencia legal. Y ya se sabe, en la Administración, lo que no está en el BOE (Official Gazzette, en este caso), no existe. Todo lo que no existe en la ley, no pasa de ser un concesión a los súdbitos que puede suprimirse.
UK es la prueba del nueve sobre la reversibilidad o irreversibilidad del Gobierno Abierto.
viernes, 23 de abril de 2010
¿Se necesitan cambios en la Directiva de Reusabilidad de la Información Pública?
El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público. De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos, el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.
Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.
Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.
Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.
Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos "muy grandes para caer" y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.
Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.
lunes, 12 de abril de 2010
Queremos ser del País Vasco
Entre las noticias que leí en los desayunos previos de cada día de asistencia a Tecnimap, seguí con especial interés la revuelta ciudadana de Valença del Miño y otros pueblos cercanos. Veo que no he sido el único en asociarlo a los servicios de Gobierno Electrónico. Más de una vez, he escrito acerca de la brecha de derechos que se está abriendo en España a resultas de la implementación del canal electrónico de relación con las AAPP. Servicios electrónicos alrededor de la educación y la sanidad son ofrecidos por unos gobiernos regionales mientras otros no se conoce si tienen intención de ello.
Los Portugueses quieren ser Españoles. Los Madrileños, y muchos otros, querrían ser del País Vasco en lo referente al Gobierno Electrónico. Un destacada posición en lo referente al aspecto transaccional (de acuerdo al informe eEspaña 2009) y un liderazgo claro en la creación de espacios electrónicos de participación (Irekia) y transparencia (Opendata Euzkadi).
No nos va a quedar más remedio, que ir con la ikurriña a la Puerta del Sol.
viernes, 9 de abril de 2010
¿Deben las AAPP estar en las Redes Sociales?
Hoy ha acabado Tecnimap 2010. Una de las sesiones que más éxito de convocatoría tuvo fue la dedicada al uso de las Redes Sociales en las AAPP. En ella hubo intervenciones de alta calidad por parte de @balapiaka, @alorza, @idoiallano, @mgarrigap, @rafaelchamorro e Ignacio Celaya.
Sería difícil elegir cuál de las intervenciones fue aquella con cuyo mensaje pueda sentirme más identificado. Globalmente, la que más me convenció fue la de @mgarrigap y con su idea de "hacer uso de la redes sociales para hacer pedagogía sobre los límites de la Administración". Sin embargo, salí del auditorio más convencido de "la necesidad de las AAPP de estar en las redes sociales para ser ciudadanía y servir mejor a las AAPP" que dijo @idoiallano. Un mensaje en el que con su provocativo estilo incidió al día siguiente @andreadimaio en otra sesión.
Quizás sea un exceso de heterodoxia por mi parte, pero en el retorno a casa en el AVE me surgió la duda de si realmente eso es lo que quieren los ciudadanos. La idea base es que es así, es que las AAPP hemos de estar allí para dialogar de modo más directo con los ciudadanos. ¿Pero realmente es lo que desean los ciudadanos? ¿No conduce ello a una Administración en exceso presente en la actividad ciudadana? ¿No existe el riesgo que llevado a su extremo nos convirtamos en una sociedad orwelliana? ¿No existe el peligro que fomentar la intervención en las mismas de los funcionarios términe por anular el debate que en las mismas se produce?
Las redes sociales nos presentan nuevos cruces de caminos y nuevas decisiones. Es pronto para poder determinar que uso de las mismas nos puede conducir a sociedades más abiertas, deliberativas y democráticas. El objetivo es que el ciudadano no sólo sea el objetivo de los servicios sino también el origen de los mismos, pero queda mucho para que sepamos como hemos de utilizar las redes sociales para servir mejor a la ciudadanía. Como dijo @mgarrigap, no nos queda más remedio que el trystorming.