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miércoles, 28 de marzo de 2012

Mis dos lineas sobre el anteproyecto de #leytransparencia

He tardado en escribir nada sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia. Tan sólo he realizado unos cuantos tweets al respecto, analizando las respuestas de unos y otros al mismo, y tratando de aportar algo distinto a lo dicho. En muchas de sus opiniones, coincido con lo escrito por @joseche_jagg , así que no voy a repetirme en la necesidad de que el ámbito de lo que sea al final la Ley de Transparencia debe afectar a todo aquel ente u organismo que se financia con dinero público. Tan prolijo detalle de organismos, parece más destinado a ocultar algo (e.g. la excepción tan mencionada de la Casa Real), que a arrojar luz sobre lo público. Pero voy un paso más allá, el ámbito de la futura Ley de Transparencia debe garantizar que los servicios públicos que un futuro pudieran privatizarse siguieran cumpliendo los preceptos de la Ley en su nuevo estado. 

La lista de materias sobre la que se ofrece información proactiva es algo en lo que tampoco voy a profundizar. Es una lista como otra cualquiera, en la que faltan cosas pero se incluyen muchas otras, y en la que cada uno podemos echar algo a faltar. Lo más preocupante, sin embargo, es que el artículo 7 relativo al Portal de Transparencia deja entrever que existirá un desarrollo reglamentario de la Ley, donde puede venir la rebaja de a partir de qué montantes han de publicarse contratos o subvenciones, por ejemplo. 

Lo que veo más criticable de la información que se publique de modo proactivo es la revelación de un espíritu profundamente analógico en el redactor de la ley.  Ninguna referencia a obligaciones de publicar la información en estándares abiertos, formatos desagregados y bajo licencias que permitan la reutilización generalizada. Es importante publicar información de modo proactivo por medios electrónicos, pero más lo es facilitar que dicha información se difunda y que pueda procesarase para que cada cual saque sus conclusiones.

Respecto al portal de transparencia, me parece una regulación escasa o innecesaria, segun se mire. Para dar acceso a la información pública de la Administración General del Estado, existe ya un portal, lo que haría innecesario regular el Portal de Transparencia, salvo por el hecho de aquello del marketing legal y administrativo. Pero es a la vez escasa, echo de menos que se consituya en un hub de la transparencia participativa, indicando que se dotará de herramientas para ello, y actue de punto único de ejercicio del derecho de acceso por medios electrónicos. Y fijate que esto último es sencillo, lo bien que lo hace tuderechoasaber.es y lo poquito que ha costado (aunque le falte usar registro electrónico en lugar de mail).

Sobre el mecanismo de solicitud de información, una vez más se muestra el espiritu analógico del legislador. ¿Porque no se incluye la posibilidad de adherirse a peticion en curso? ¿ Porque no se obliga a la publicación por medios electrónicos de las solicitudes de acceso y su resultado? Por no volver a mencionar a sólo a tuderechoasaber.es que a fin de cuentas es una iniciativa privada, darse una vuelta por "We the people" o por e-petitions, da una idea de cómo otros gobiernos implementan solicitudes de acción e información, plenamente exportable a la solicitud de acceso si uno abre un poco las miras.

Y habría más cosas criticables, por ejemplo la elección de la Agencia de Evaluación como Agencia de Transparencia sin dejar claro, por ejemplo, si va a ser más transparente en su vigilancia de la Ley de Transparencia que lo es en la evaluación de servicios públicos. Pero por hoy, vamos a dejarlo que ya hemos llenado Internet de muchos bits sobre el tema.





martes, 3 de enero de 2012

Propuesta socialista de ley de #transparencia : la broma adelantada del 28-D

El mismo día de la solemne apertura de la legislatura, el partido de la oposición presentó una proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me enteré de ello por el tweet de @antoniogalindog, pensando al principio que era algo serio, y que se trataba de la propuesta del partido del Gobierno. Pero no, se trataba de una broma adelantada en un día al 28 de Diciembre. Sólo de broma puede tacharse el hecho que un partido que ha estado 8 años en el gobierno presenté como primera propuesta una ley prometida en las elecciones previas a ambas legislaturas.

Me he leido el texto. Hubiera sido una buena propuesta de ley, pensaba incluso compartir un análisis escrito de ella en ésta bitacora, pero hoy hablar en más detalle de la misma es sólo una pérdida de tiempo. Tenemos el sistema electoral y político que tenemos. Las propuestas de la oposición en el parlamento tienen un nulo recorrido, y la propuesta de ley sólo puede considerarse una limpieza de los fondos de armario del paso por el poder. La propuesta de ley es un ejercicio vacuo y esteril.


Una vez más se confirma lo que dije en un tweet, las leyes de transparencia se distinguen por ser propuestas del partido de la oposición. Espero equivocarme y el Gobierno presenté la suya en tres meses como anunció la Vicepresidenta.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Romanones y la #transparencia

"Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento."
Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones


Hace ya un tiempo, mantenía la tesis de la no necesidad de una ley de transparencia. Contra viento y marea en algún debate, he mantenido la tesis de la existencia de dicha ley, que no era otra que la Ley 30/1992, que en su artículo 37 regula el acceso de los ciudadanos a los archivos públicos. Aplicando la sentencia del Conde de Romanones que abre esta entrada, he defendido que valía un Real de Decreto de desarrollo de la Ley 30/1992 para solventar los defícit en materia de acceso a la información pública de nuestra legislación. Estos básicamente eran dos:
  • Requisito de ser interesado para acceder a la información de los archivos de la Administración
  • No existir un plazo de respuesta a una solicitud de acceso
Notese que digo "eran", hablando en pasado. Desde el día 18/11/2011, estas limitaciones han desaparecido con el Real Decreto 1708/2011 que regula el "Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso". Esta nueva pieza legal tiene como objetivo (artículo 1.c)

Establecer el procedimiento común para el acceso a los documentos obrantes en el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado
Es decir, a cualquier documento generado por la AGE en función de sus competencias, fijando un plazo (aunque quizás largo) para dar respuesta al que solicita la petición (artículo 30.1)

La resolución de la solicitud de acceso o de consulta deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para tramitarla.

y eliminando la condición de interesado para acceder a la información  (artículo 24.3)

No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, el solicitante podrá exponer los motivos de su petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución de la solicitud.
No veo sin embargo gran entusiasmo con la nueva regulación dentro del movimiento de #transparencia . Probablemente porque un Real Decreto no permite el amrketing jurídico ni tiene el glamour de una ley. Vale, tiene la limitación del ámbito (sólo la AGE), pero alguna nota al respecto felicitandose por el éxito debería haberse publicado en access-info.org .

P.S. Al respecto de tuderechoasaber.es. Todas mis simpatías, pero cambiar mandar el mail por el acceso al registro electrónico de los organismos. Otra cosa no tiene reconocimiento de ser una petición de acceso.


martes, 1 de noviembre de 2011

Partido Popular y #egov : Las promesas

Tenemos ya el programa del principal partido de la oposición y en el hay alusiones a sus intenciones sobre el Gobierno Electrónico en la Administración General del Estado.  Es bueno tomar nota de las promesas, algunas interesantes, para poder revisar si en caso de triunfar se convierten en hechos.

De un lado, habla de el dentro del apartado "Nuevas tecnologías para la modernización" (pag. 51) encuadrado en el capítulo "Estabilidad y reformas para el empleo". Dos son las medidas "concretas" que aquí se aluden:
  • Impulsaremos el pleno desarrollo de la agenda digital de la Unión Europea
  • Avanzaremos hacia el apagón del papel en la administración, mediante la elaboración de un plan nacional para la plena conversión de los servicios de la administración al entorno digital
La primera no puedo dejar de compartirlo. La Agenda Digital incluye un avanzado Plan de Administración Electrónica, que permitiría avanzar en servicios más centrados en los ciudadanos, reactivar nuestra economía potenciando servicio que faciliten el mercado único y avanzar en la sostenibilidad de las Administraciones Públicas mediante las TIC. El segundo no lo entiendo. O bien no se creen la implementación de la Ley 11/2007 en la AGE o bien se refieren a un plan que abarque a todas las Administraciones lo cual queda fuera de las competencias de la AGE, y consecuentemente fuera del terreno de juego electoral en esta ocasión. Aunque ojala se plantreará un compromiso coordinado de todas las Administraciones en la materia.

De otro lado, se menciona también el Gobierno Electrónico en la introducción del capítulo "La Administración el motor del cambio" (pag 143). Aunque luego no desgrana medidas concretas, los comentarios que se encadenan en esta introducción plantean objetivos deseables

Es imprescindible ofrecer a cada ciudadano una información personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las administraciones públicas; una verdadera ventanilla única electrónica.

planteando la necesidad de medidas previas necesarias

Para conseguirlo es necesario replantear con rigor las estructuras administrativas que internamente soportan la prestación de servicios informáticos.

Probablemente muchos profesionales TIC estemos de acuerdo con ello, pero no podemos estar de acuerdo con que dicho replanteamiento sea sólo para la "informática", y no también para otros departamentos como personal, compras, publicaciones, ... Y más adelante insiste en el párrafo siguiente, indicando "Las administraciones adolecen de una fragmentación interna de recursos informáticos que multiplica los costes".  De igual modo insisto en corregir. No existe fragmentación de recursos informáticos, sino mimetización de los mismos con las estructuras administrativas de ministerios y organismos, que están duplicadas en cada uno de ellos. El personal TIC no supera el 4% y los presupuestos TIC en ningún caso llegan al 10% de ningún Ministerio u organismo. Pretender ahorros elefantiásicos de racionalizar sólo las TIC son una utopía con la que ya están chocando otros (basta ver los ahorros que anuncian en UK en comparación con su presuspuesto).


Si es altamente positivo todo lo referente a promesas dentro del ámbito de la "Transparencia" (Pag. 146), donde se compromete el Partido Popular entre otras medidas a
  • Aprobar de modo inmediato una Ley de Transparencia
  • Ampliar los mecanismos de participación de la sociedad en desarrollo de disposiciones normativas
  • Crear portal de transparencia con información de presupuestos, subvenciones, contratación, nóminas altos cargos, ...
  • Incrementa transparencia en contratación



Algunas de las promesas suenan bien. Falta ver cual es la letra pequeña y cuáles serán los hechos finales.







lunes, 10 de octubre de 2011

Deberes pendientes: Ley de acceso a la información

Se acerca el día de las elecciones. Nuevo Gobierno, nuevos deberes y nuevas peticiones de los ciudadanos. Los partidos políticos llevan las leyes de acceso a la información en su zurrón, unos por tercera votación consecutiva y otros cuales Saulos heridos por el rayo en el camino de Damasco. En el registro de entrada de las disueltas Cortes, incluso quedan una propuesta de ley del PSOE y otra del PP al respecto, que "desafortunadamente" no dió tiempo a debatir. También fue mala suerte que se presentaran con el reloj de la disolución de las Cortes puesto en marcha. Es de suponer que la nueva legislatura ponga de nuevo el reloj de la ley de acceso a la información, que ambas propuestas decaigan y se inicie el debate desde cero. 

El nuevo parón a una ley de acceso a la información ni es malo ni es bueno ni todo lo contrario. Todo depende de para qué se utilice el reset del reloj.  Un par de documentos interesantes para este nuevo debate son "Making Opendata Real: A Public Consultation" del Cabinet Office de UK y "Transparencia y acceso a la información pública en España: Análisis y propuestas legislativas" de la Fundación Alternativas

Una ley no significa nada si su implementación no es real, como muchas veces recuerda a mi ingenuidad @feserdel. El derecho de acceso lleva reconocido en la Ley 30/1992  casi 20 años, aunque sea de forma limitada, y nada nos asegura que una nueva ley lo vaya a hacer más efectivo. Seamos optimistas y hagamos una lista de los ingredientes que nos gustaría ver en la nueva ley:
  • Ámbito de la ley: Debe ser garantizado el acceso a la información de gestión relevante de Administraciones Públicas, servicios públicos y servicios de especial transcendencia económica (según la definición de estos en Ley 56/2007). La información de gestión relevante estaría constituida por datos de acceso a los servicios, satisfacción ciudadana con los mismos, coste de los servicios para el ciudadano y rendimientos sociales obtenidos, datos relativos a la igualdad de acceso a los mismos.
  • Publicación proactiva de información: La información de gestión relevante se publicaría electrónicamente de modo proactivo a partir de la entrada en vigencia de la ley, con un periodo de adpatación de seis meses. El acceso electrónico a la información por medios electrónicos sería gartuito.
  • Demanda de información: Podría pedirse la información de archivos y expedientes de las entidades en el ámbito de la ley, con respuesta en plazo de 15 días e intepretación de silencio negativo. La información facilitada a cualquier ciudadano, anomizando datos personales, se publicaría por medios electrónicos. Por medios electrónicos se facilitarían datos de las peticiones de acceso recibidas, aceptadas y denegadas. La información demandada a prestadores de servicios de especial transcendencia económica estaría limitada por el posible perjuicio a la empresa. En cualquier caso, la información se prestaría de modo gratuito si se facilita por medios electrónicos.
  • Reutilización de la información pública: La nueva ley incluiría los preceptos relativos a la reutilización de la información pública recogidos en la Ley 37/2007. La licencia por defecto será la reutilización sin condiciones ni coste, si bien pueda establecerse otro tipo de licencias.
  • Opendata: Información facilitada por medios electrónicos en estándares abiertos de acuerdo a la definición incluya en el estándar nacional de interoperabilidad.
  • Promoción y visibilidad de la información: Creación de portales de transparencia en las sedes electrónicas de las entidades dentro del ámbito de la ley, a través del cual el ciudadano pueda accesder a la información pública y ejercer sus derechos de acceso. Obligación en incluir en clausulas de contratación la necesidad de generar la información pública derivada del mismo en formatos estándares abierto
  • Vigilancia de cumplimiento de la ley: Por un organo único a nivel del Estado, independiente del Gobierno y elegidos sus miembros por el Parlamento. Se podría recurrir al órgano de Vigilancia en caso de denegación de los derechos recogidos en la ley.
 Esperemos en unos meses, poder comentar sobre un proyecto real.

lunes, 27 de junio de 2011

¿Sobrevirá el incipiente #opendata de España?

España ha sido, hasta ahora, un caso a imitar en materia de #opendata. Existen iniciativas en gobiernos regionales y municipales a lo largo de toda nuestra geografía. En la web del @proyectoaporta puede encontrarse un listado de estas iniciativas.

Llama la atención en este listado dos cosas. Excepto en el caso del País Vasco, el resto de las inciativas es entes de la Administración (regionales o locales) dónde ha habido algún cambio de Gobierno en las dos últimas convocatorias electorales (elecciones catalanas y #22m ). El partido que accede al poder en estas Administraciones, por su parte, no tiene en marcha ninguna iniciativa #opendata en marcha allí dónde ya gobernaba.

En estos tiempos de recorte, es de suponer que para un nuevo gobierno sea sencillo cercenar estas iniciativas aun balbuceantes. Por transparencia y por potencialidad de la creación de actividad económica, más valdría que las tentaciones sean evitadas

martes, 26 de octubre de 2010

Repensando el principio de transparencia

La transparencia fue asumido como uno de los principios del Gobierno Abierto dentro del Memorandum que Obama promulgó en su primer día como Presidente de los Estados Unidos. No era uno más de los principios, sino el "primus inter pares", el habilitador de los dos restantes, la participación y la colaboración. ¿Hemos sobrevalorado la transparencia como piedra angular del Gobierno Abierto?

Parece claro, al menos, que no es el único de los requisitos habilitadores. De los fracasos puede deducirse que, al menos, la extensión de una cultura de democracia participativa entre sociedad, políticos y empleados públicos, es al menos tan importante como la transparencia

La transparencia ha sido utilizada también como excusa para evitar lo que ha de ser su objetivo: El rendimiento de cuentas. Los árboles de los datos liberados han sido los que en ocasiones no han dejado ver el bosque del rendimiento de cuentas. Es difícil hacerse una idea de si el gasto público ha sido o no realizado de acuerdo a los principios de la buena gestión liberando sin más la base de datos de gasto público. Pasado el primer frenesí de satisfacción, uno descubre la dificultad de comprender el lenguaje presupuestario administrativo de los programas de gasto aunque sea con ayuda  y ha de recurrir a aplicaciones de visualización que faciliten el sentido a la información recibida. 

No obstante, los gobiernos siguen teniendo la clave de la transparencia. La complejidad de las acciones gubernamentales, la necesidad de dividir el gasto a lo largo del tiempo en diversos contratos, por ejemplo, requiere que todo cobre sentido con una análisis detallado de acciones concretas con voluntad pedagógica con una alta participación de las unidades administrativas. 

Ello puede llevarnos a concluir que la verdadera transparencia es caro e inabordable para toda la acción pública. Realmente lo es, por lo que hay que poner las cosas en su sitio. La transparencia proactiva en forma de liberación masiva de información pública en formato reutilizable es necesaria, pero más necesario es un funcionamiento efectivo de resolución de las peticiones de acceso a la información pública, o, en su defecto, que al menos los ciudadanos intervengan en la priorización de los conjuntos de datos a liberar. La transparencia bajo demanda ciudadana es el único paliativo de la inalcanzable transparencia total.

Y acabo con una de mis preocupaciones recurrentes: La inclusividad del Gobierno Electrónico. No hemos cerrado la brecha digital cuando hemos ya abierto la brecha de información digital. La transparencia ha de servir, como antes indicaba, para la rendición de cuentas de los Gobiernos, no para dar más oportunidades a los que ya disponen de bastantes. Quizás voy contracorriente, pero toda información susceptible de generar negocio ha de liberarse a cambio de un precio.








miércoles, 29 de septiembre de 2010

Acceso a la información: Una defensa acorde con la realidad

El día 28/9/2010 se celebró el "Dia Internacional del Derecho a Saber". Con tal motivo, AccessInfo organizó una jornada vespertina denominada "Del secretismo a la transparencia: ¿Qué es el derecho a saber?". Es conocido por quien me lee que doy gran importancia al libre acceso a la información pública, cuya efectividad en España deja que desear, razón por la cual hice difusión de dichas jornadas a través de twitter y me acerque a las mismas. También mantengo por ello en esta bitacora publicidad de la necesidad de una Ley de Acceso a la Información. Sin embargo, creo que la defensa de toda idea hay que hacerla desde una base sólida y desde la realidad, no desde una visión sesgada de la realidad tratando de atizar el fuego de los neutrales. Es esta una práctica que en política (y defender el libre acceso a la información es política) no creo que sea la más acertada (aunque sea practicada con frecuencia). Mezclo en esta nota qué se contó y mi grado de acuerdo parcial o total con algunas afirmaciones (y actuaciones) que allí presencie.

En primer lugar, y por las razones que expuse en una anterior entrada al escribir sobre el caso Wikileaks, me parece condenable que se me reciba dándome una copia del borrador de anteproyecto de la denominada ley de transparencia, no publicado oficialmente y fruto de una filtración. Tenemos derecho a saber, ese anteproyecto tenía que haberse debatido publicamente, pero distribuirlo en un acto público en una universidad pública creo que roza la apología de la ilegalidad. Las leyes nos obligan a todos, y saltarnoslas cuando no coinciden con nuestra visión ideológica no creo que sea el mejor modo de luchar por una idea. Defiendo un más efectivo acceso a la información y una mayor transparencia de nuestros gobernantes, pero ello no implica la necesidad de quebrantar o fomentar que se quebrante la legalidad.

En segundo lugar, las ideas hay que defenderlas con datos objetivos e irrebatibles. Helen Darsbishire expuso magistralmente las limitaciones del supuesto anteproyecto de ley de transparencia (básicamente, el ámbito y alcance objetivo y subjetivo no definido suficientementemente y los plazos de acceso), pero se ha de ser más sólido en el argumentario comprativo con otros países. Ejemplos de la endeblez argumental comparativa internacional son a mi juicio los siguientes:
  • Se dice que España es de los pocos paises que no posee una ley de acceso a la información, ello es una verdad a medias. No existe una ley como tal pero si existe un marco legal general (art 35 y 37 de la Ley 30/92) y previsiones parciales en otros textos legales (Ley 16/85, Ley 38/95, ..). Cuestionemos la efectividad del marco legal, pero no su falsa inexistencia.
  • Se habla de la necesidad de adecuarse al Convenio del Consejo de Europa para acceso a documentos oficiales. Comparto totalmente ese objetivo, pero no puede defenderse sin indicar que tan sólo un puñado de países han firmado su adecuación. 
  • No se dan datos sobre el alcance y ámbito de las leyes de acceso a la información de otros países. Supongo que todos los países que se indican tienen leyes, pero no se indica cuáles de estos no es más que previsiones legales similares a las que ya existen en España, aunque tengan forma de ley independiente.
  • No se dan datos sobre la efectividad del marco legal en otros páises. Como antes indiqué, emn España no es que no exista un marco legal, sino que no es efectivo. No me preocupa que en otros países no lo sea sino que no lo sea en el mio, sin emabargo, si se usa el argumento comparativo, hay que dar datos concretos de cumplimiento, citando las fuentes de los mismos.
Algo parecido puede decirse de la intervención del Profesor Manuel Sanchez. Toda su intervención giró en la necesidad de regular el acceso a la información como ley orgánica. La razón no es otra que las mayores garantías de efectividad de una ley que esto supone (permite recurso de amparao ante el Tribunal Constitucional) y evita la desigualdad territorial de derechos (una ley orgánica es básica en todas sus previsiones y no admite particularidades autonómicas). Estando de acuerdo en las razones que da para ello, creo que no se puede defender que ello es posible hacerlo ya de conformidad con el artículo 20 de la Constitución que regula la libertad de información. No pueden estirarse los textos legales "adinfinitum" para que cuadren con mis ideas. Mas coherente me pareció la breve intervención del Profesor Jose Luis San Martín, de igual modo defendió la conveniencia de regular el acceso a la información por ley orgánica, pero previa reforma Constitucional.  Para este tema, y para muchos, hay que perder el miedo al cambio de la Constitución. Lo contrario, deriva en un páis del "todo vale".

Si hay un tema con el que perdí las reticencias, hacer de la Agencia de Protección de datos el guadían del acceso a la información. En cierto modo, es quizás contradictorio, ya que pùede introducir un cierto cariz restrictivo al acceso a la información. Sin embargo, me convenció la intervención de Jose Luis Piñar. El principal problema de este páis con el acceso a la información y la transparencia no es legal, es de cultura, si algo ha hecho bien la Agencia es extender la cultura de la privacidad y eso es una garantía de éxito para extender la cutura de la transparencia administrativa.

No pude asistir a más. Sigo defendiendo que necesitamos un marco efectivo de acceso a la información pública, pero cada vez tengo más dudas que una ley más sea lo que necesitamos. Ya lo comenté cuando se hizo pública la existencia del anteproyecto, creo que un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la Ley 30/1992 puede conseguir el mismo efecto con menor coste. También creo que la defensa del acceso a la información hemos de basarla en la necesidad de crear el derecho, por higiene social y pública no en una supuesta existencia del mismo o en una carencia en comparación con nuestro entorno.





viernes, 3 de septiembre de 2010

Wikileaks y las obligaciones de los empleados públicos

Wikileaks ha sido una de las serpientes de verano. Ha sido indigna la persecución a su fundador Assange, con ribetes de novela negra, pero resulta corto que el debate se quede ahí. También habría que debatir sobre la legalidad de sus fuentes. Tarde o temprano habrá un Wikileaks en España, y fijar términos siempre es clarificador.

La legalidad ha de ser la frontera de la transparencia sobre la información pública. Puede ser una legalidad en exceso restrictiva y que debiera ser cambiada, tal es el caso de España u otros países, pero nunca debería quebrantarse. Lo electrónico, favorece este quebranto, la inmaterialidad de la información alcanzado por lo digital, permite en un sólo movimiento romper todos los secretos, ya sea burlando permisos que no se tienen o abusando de los que se poseen. La facilidad que da lo electrónico para ese quebranto de la legalidad, y no otra cosa, es el campo de cultivo sobre el que crece Wikileaks.

Los funcionarios y empleados públicos, tenemos el deber de guardar secreto sobre lo que conocemos y no es público. Pueden existir excepciones, pero éstas suelen se a su vez violaciones de la legalidad y, si las conocemos hemos de denunciarlas en los juzgados. Ni es lícito filtrar a un periódico un proyecto de ley que conozcamos y no sea oficial por impulsarlo o pararlo, ni una reforma contra la que estemos en contra, ni la adquisición de un bien o servicio que esté en negociación, ni otro asunto público no oficializado que conozcamos por razón de nuestro puesto.

En la transparencia pública, funcionarios y empleados públicos somos instrumento del poder político, no entes con poder de decisión propio. Podemos, a título personal, contribuir a ser altavoces de lo conocido y no lo suficientemente publicitado a nuestro juicio, al igual que podemos tomas partido por causas no compartidas por la oficialidad gubernamental. Nuestro límite es no crear una oficialidad paralela y ajena a la legitimidad democrática, y hacer uso de nuestro puesto para difundir información pública no oficial no es lícito. Ese es el límite que traspasa quien filtra información a Wikileaks y similares.

Los intentos de eliminar la libertad del fundador de Wikileaks son deleznables, pero igualmente condenables son las filtraciones que lo alimentan.

lunes, 30 de agosto de 2010

Comparación del gasto TIC en AAPP como base de la racionalización

El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

lunes, 16 de agosto de 2010

Anteproyecto de Ley de Transparencia

Agosto y la blogotwittersfera revuelta. Y todo por la noticia de hoy de de "El País" anunciando el anteproyecto de Ley de Transparencia, que de tan transparente, aún vemos a través del texto que no conocemos. De lo filtrado, poca novedad, nada que no hubiera podido ser realizado con un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la ley de regimen jurídico y de procedimiento administrativo, que es el actual marco jurídico de acceso a la información en España. La consideración o no de ese artículo como marco legal del acceso a la información  fue objeto de un debate entre @idoiallano, @mgarrigap y @andresnin en twitter. El origen fue una entrada de la bitacora de @idoiallano.


Desconocido para muchos es este artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), que supongo superará en alcance el nuevo proyecto de ley. Contiene la definición del Derecho de Acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos, enumerado entre los derechos ciudadanos del artículo 35 de la misma ley. Consecuentemente, dicho derecho de acceso es citado explícitamente en el artículo 6.1 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como uno de los que ha de asegurarse su ejercicio por medios electrónicos a los ciudadanos. No vamos a decir que no pueda ejercerse, para eso existen los formularios genéricos presentes en las sedes electrónicas, pero la voluntad de facilitarlos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que pocos Ministerios lo presenten destacado en su lista de procedimientos electrónicos (tan sólo lo he visto en uno). Y por supuesto, no esperemos encontrar datos en las sedes electrónicas sobre el uso que los ciudadanos hacen del mismo y la respuesta al mismo de la Administración en forma de informes estadísticos.


Por ahora, lo único que sabemos que aporta de añadido el anteproyecto de Ley es el límite de 30 días para responder a las peticiones (algo que podía haberse desarrollado por Real Decreto) y la creación del watchdog del acceso a la información, que hace recaer las competencias en la Agencia de Protección de Datos (algo que también había podido hacerse por Real Decreto ya que el Estatuto de la Agencia es un Real Decreto).


Otro aspecto que no queda claro es el enlace entre este anteproyecto y la Ley 37/2007. Recordemos que recoge el procedimento de solicitud de reutilización de información pública en el artículo 10 de la Ley sobre reutilización de información del sector público (Ley 37/2007). ¿Existirán previsiones de transparencia proactiva? ¿forzará a que se realice en formato reutilizable? Algo parece que hay de acuerdo al artículo de "El País", pero nada claro, tan sólo habla de datos de presupuestos y su ejecución (no especifica límites de cantidad de ejecuciones presupuestarias, cluego no sabemos si el límite de las mismas bajará a un límite como los 500 libras de UK) y habla también de otra información estadística y económica relevante. Mucho me temo que los detalles se dejen a un Real Decreto de desarrollo.


Nos queda esperar a que "El País" o la web de La Moncloa publique el anteproyecto. Quizás lo segundo es más recomendable desde el punto de vista estético. Resulta curioso que haya sido por "El Pais" y no por el twitter de La Moncloa como nos hayamos enterado (que por cierto, no está de vacaciones).  A ver si al final todo es un globo sonda.


Para acabar, no estaría de más que antes de enviar el anteproyecto al Parlamento, se abra a opinión de los ciudadanos, por medios electrónicos y no electrónicos. La ocasión lo merece. Por cierto, ¿alguien ha oido hablar de los medios electrónicos en el anteproyecto?

viernes, 9 de julio de 2010

Gobierno Abierto: Eje del circulo virtuoso de la innovación en la Administración Pública

En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada.  Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por "The Economist". Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el "European Innovation Scoreboard 2009" realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente




For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27



Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.


La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos




  • Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar

  • Facilitar la innovación por parte del sector privado

  • Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento

  • Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales

  • Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación


En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público.  Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.


Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:




  • Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.

  • Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.


Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)




La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.



El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.



jueves, 24 de junio de 2010

El derecho a la información pública por medios electrónicos

Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, ...) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.


Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de "Public Online Information Act" (POIA) en trámite en el Congreso.


Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:




  • Consagración de la equivalencia "publico=online"

  • Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos

  • Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24x7 accesible en línea la información pública

  • Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet

  • Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública


La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.

lunes, 7 de junio de 2010

La transparencia: Un asunto culinario

Hace unos días, publiqué una entrada sobre los retos a los que nos enfrentamos en la implantación del Gobierno Abierto. Uno de los temas tratados eran los retos de la transparencia. Ilustraré con un par de ejemplos como todo se reduce a un aspecto culinario, a encontrar cocineros honrados para alimentos defectuosos.


El viernes 4/6/2010, el Gobierno Británico publicó en formato reusable los datos financieros de sus actividades, la base de datos COINS.  Navegar por ese mar de datos es un ejercicio proceloso. Nisiquiera lo he intentado en crudo sino a través de la aplicación desarrollada por The Guardian, y he sido incapaz de encontrar lo que buscaba: El coste de desarrollo de data.gov.uk . La información está disponible, pero claramente es poco usable. Necesitamos quien nos ayude a digerirla, necesitamos un cocinero honrado que sin adulterar el alimento haga este digerible para todos los gustos. Las presentaciones no son neutrales, y no se me ocurre mejor manera de forzar dicha neutralidad mediante una condición de licenciamiento de los datos genérica introducida en  la legislación de reutilización de información pública, que permita sancionar el uso espureo de la misma.


No basta sólo con eso. Lo ocurrido en Hungría nos lleva a la otra condición, la calidad de los datos. Como ya sucedió con Grecia, Hungría reconoce haber presentado datos financieros maquillados (solo se ha retractado del análisis no del hecho), datos del mismo tipo que los de la base de datos COINS. Si dichos datos hubieran sido liberados previamente para su reutilización, nuestro cocinero hubiera guisado con alimentos en malas condiciones. No podemos ya presumir de la buena fe de nuestros gobiernos.


Y por último, la facilitación de la información en tiempo. Recibir los alimentos es bueno, pero mejor es recibir alimentos no caducados. De nada sirve conocer en este momento conocer datos financieros de 2009, salvo como ejercicio retrospectivo y declaración de buenas intenciones, esta parte de la base de datos COINS carece relevancia.


Resumiendo, un asunto culinario. Cocineros honrados, para alimentos no adulterados y sin caducar.

viernes, 28 de mayo de 2010

Gobierno Abierto: Año y medio descubriendo a qué nos enfrentamos

Aunque hubiera antecedentes, me caben pocas dudas que,  si existe historia de esto del Gobierno Electrónico, el día cero del Gobierno Abierto pasará por ser el día siguiente de la toma de posesión del Presidente ObamaNo habían pasado veinticuatro horas cuando dió las órdenes ejecutivas que arrancaban la transición del obscurantismo al Gobierno Abierto abierto en los USA, y en un efecto arrastre en (al menos) todo el mundo occidental. Aunque parezca que todo comenzó hace mucho tiempo, fue hace poco más de año y medio. Es quizás tiempo de análisis, de tratar de identificar de modo sistemático los retos a los que estamos enfrentándonos.


Quizás los más importantes son los retos  globales a al concepto en sí. Particularmente creo que el más importante es su sostenibilidad.  La acción de las AAPP se basan en la legalidad, en la existencia un marco que les obliga a dar unos determinados servicios. Sin la existencia un marco legal, el impulso se agota. No vale un mero acuerdo de gobierno, que puede ser olvidado cuando el siguiente gobierno llegue. Baste para ello ver como la pata transaccional del Gobierno Electrónico sólo ha sido desarrollado de modo decidido cuando ha existido un marco legal que lo ha habilitado. De la mano del marco legal, es sólo cuando es posible mantener las dotaciones continuadas estables de recursos económicos y humanos que demanda la implantación del Gobierno Abierto, y disponer de una base para impulsar el cambio cultural entre los empleados públicos.


La transparencia se enfrenta al reto de la usabilidad. No se trata tan sólo de facilitar muchos datos en formato reutilizable, han de facilitarse herramientas eficientes de catalogación, cuidar la calidad de los datos y ser capaz de facilitarlos en el entorno temporal necesario. Un ejemplo de las dificultades de una implantación generalizada de la transparencia en un país se relata en la entrada "La Crisis de los Portales de Transparencia" de Gonlink.


Hacer efectiva la participación supone  resolver retos sociales y tecnológicos.  En primer lugar, rompiendo la inercia de las AAPP y la desconfianza de los colectivos sociales, buscando fórmulas que nos permitan integrarnos en las iniciativas de participación externas a nuestras sedes electrónicas, espatando posibles miedos orwellianos.  En segundo lugar, evitando el rapto por las élites, habilitando una participación transversal a la sociedad y no sólo de los más vociferantes y/o con ventajas socioeducativas.  Finalmente,  introduciendo tecnologías que permitan dar calidad a la participación, como filtrados automatizados que permitan un uso efectivo del crowdsourcing y registros electrónicos de la participación realizada como garantía a la ciudadanía.


En la colaboración o coproducción se presentan  interesantes retos procedimentales. Integrar en nuestros flujos de trabajo mecanismos de identificación de comunidades con las que construir servicios efectivos para la sociedad y aplicar nuevas fórmulas de adquisicion contraprestación de sus servicios mutuamente beneficiosas.


He dejado para el final las personas, empleados públicos y nuestros dirigentes políticos. La implantación del Gobierno Abierto sólo es posible con una actuación más autónoma de los empleados públicos de acuerdo a los principios del interés general.  Los modelos jerárquicos y de rígido control de la acción del funcionariado por la clase política difícilmente harán otra cosa que esclerotizar el concepto de Gobierno Abierto. Es necesario desarrollar un modelo de gestión de objetivos y actividades en las AAPP basado en la confianza entre dirigentes políticos y empleados públicos.

domingo, 23 de mayo de 2010

Competitividad en la creación de valor público

La colaboración está enunciada como el tercero de los principios comúnmente aceptados de lo que es un Gobierno Abierto. Como todos los que compartimos ideas sobre este tema, mas de una vez he escrito sobre el tema. La naturaleza de esta colaboración es la que estamos empezando a perfilar hacia una competitividad en la creación de valor público.


En nuestro país, la colaboración social en la prestación de servicios de Gobierno Electrónico ha estado basada en esta competencia por la creación de valor público. La ineludible declaración anual del IRPF a través de las entidades finacieras o entidades locales colaboradoras de la AEAT, son el ejemplo en que se ha mirado la DGT para instaurar la tramitación de la licencia de conducción a través de los gabinetes médicos. Una colaboración social que dará lugar a la competencia en la intermediación al amparo de la habilitación a terceros introducida por la Ley 11/2007 y el RD 1671/2009. Una colaboración competitiva previa a la conceptualización del Gobierno Abierto.


La colaboración en la prestación de servicios de información pública de interés general da lugar también a escenarios de competencia por la creación de valor público.  En este caso entra en la competencia los sectores públicos y privados. Relatos de esta competencia en casos extremos como fué el terremoto chileno de Marzo de 2010 pueden encontrarse en Goblink y el Escritorio de Alejandro Barros.  Una competencia que da lugar a una ruptura del monopolio de las AAPP como fuente de información confiable. Carlos Guadian aludía hace no mucho al caso menos dramático de la información sobre el servicio de cercanías en Barcelona, y como desde fuera de lo público un sistema de incidencias basado en twitter había puesto en entredicho el valor de la información de la página oficial.


Pero en esta competencia en la creación de valor público aparecen nuevas paradojas. A una de ellas también se refería Carlos Guadian hace no mucho. Servicios públicos de valor añadido prestados por terceros que son canibalizados por el sector público. La licita competencia desleal contrapartida de la reutilización de la información del sector público. No es tan fácil ser un infomediario, para sobrevivir hay que saber crear un valor público no imitable por terceros ni asimilable por los rígidos esquemas de las AAPP. Las comunidades de ciudadanos que acceden a determinados servicios como Patient Opinion demuestran que esto es posible.


La colaboración deriva en una creación de valor público competitiva. Bienvenida sea si la competencia es en efectividad.

miércoles, 12 de mayo de 2010

UK: La hora crítica del Gobierno Abierto

Ayer se anunció que los conservadores vuelven al poder en UK. Mala noticia para los ciudadanos británicos, vuelve el thatcherismo y el capitalismo salvaje. Pero un momento interesante para los que estamos alrededor del Gobierno Electrónico y el Gobierno Abierto.


El Reino Unido ha sido uno de los abanderados del Gobierno Abierto. Experiencias como "The Power of Information Task Force", "Show us a better way" o data.gov.uk no hubieran sido posibles sin un impulso político claro. ¿Se mantendrá el impulso con los conservadores?  Cabe recordar que los conservadores indicaron las IT como un potencial área de recorte. ¿Será uno de ellos data.gov.uk?


Puede parecer un escenario de ciencia-ficción, y sin emabargo es posible. Di Maio ya hablo de la necesidad del soporte legal para la sostenibilidad del Gobierno Abierto. He revisado el web de data.gov.uk y no he encontrado una sóla referencia legal. Y ya se sabe, en la Administración, lo que no está en el BOE (Official Gazzette, en este caso), no existe. Todo lo que no existe en la ley, no pasa de ser un concesión a los súdbitos que puede suprimirse.


UK es la prueba del nueve sobre la reversibilidad o irreversibilidad del Gobierno Abierto.

viernes, 23 de abril de 2010

¿Se necesitan cambios en la Directiva de Reusabilidad de la Información Pública?

El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.


Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.


Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.


Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.


Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos "muy grandes para caer" y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.


Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

lunes, 12 de abril de 2010

Queremos ser del País Vasco

Entre las noticias que leí en los desayunos previos de cada día de asistencia a Tecnimap, seguí con especial interés la revuelta ciudadana de Valença del Miño y otros pueblos cercanos. Veo que no he sido el único en asociarlo a los servicios de Gobierno Electrónico. Más de una vez, he escrito acerca de la brecha de derechos que se está abriendo en España a resultas de la implementación del canal electrónico de relación con las AAPP. Servicios electrónicos alrededor de la educación y la sanidad son ofrecidos por unos gobiernos regionales mientras otros no se conoce si tienen intención de ello.


Los Portugueses quieren ser Españoles. Los Madrileños, y muchos otros, querrían ser del País Vasco en lo referente al Gobierno Electrónico. Un destacada posición en lo referente al aspecto transaccional (de acuerdo al informe eEspaña 2009) y un liderazgo claro en la creación de espacios electrónicos de participación (Irekia) y transparencia (Opendata Euzkadi).


No nos va a quedar más remedio, que ir con la ikurriña a la Puerta del Sol.


viernes, 9 de abril de 2010

¿Deben las AAPP estar en las Redes Sociales?

Hoy ha acabado Tecnimap 2010. Una de las sesiones que más éxito de convocatoría tuvo fue la dedicada al uso de las Redes Sociales en las AAPP. En ella hubo intervenciones de  alta calidad por parte de @balapiaka, @alorza, @idoiallano, @mgarrigap, @rafaelchamorro e Ignacio Celaya.


Sería difícil elegir cuál de las intervenciones fue aquella con cuyo mensaje pueda sentirme más identificado. Globalmente, la que más me convenció fue la de @mgarrigap y con su idea de "hacer uso de la redes sociales para hacer pedagogía sobre los límites de la Administración". Sin embargo, salí del auditorio más convencido de "la necesidad de las AAPP de estar en las redes sociales para ser ciudadanía y servir mejor a las AAPP" que dijo @idoiallano. Un mensaje en el que con su provocativo estilo incidió al día siguiente @andreadimaio en otra sesión.


Quizás sea un exceso de heterodoxia por mi parte, pero en el retorno a casa en el AVE me surgió la duda de si realmente eso es lo que quieren los ciudadanos. La idea base es que es así, es que las AAPP hemos de estar allí para dialogar de modo más directo con los ciudadanos. ¿Pero realmente es lo que desean los ciudadanos? ¿No conduce ello a una Administración en exceso presente en la actividad ciudadana? ¿No existe el riesgo que llevado a su extremo nos convirtamos en una sociedad orwelliana? ¿No existe el peligro que fomentar  la intervención en las mismas de los funcionarios términe por anular el debate que en las mismas se produce?


Las redes sociales nos presentan nuevos cruces de caminos y nuevas decisiones. Es pronto para poder determinar que uso de las mismas nos puede conducir a sociedades más abiertas, deliberativas y democráticas. El objetivo es que el ciudadano no sólo sea el objetivo de los servicios sino también el origen de los mismos,  pero queda mucho para que sepamos como hemos de utilizar las redes sociales para servir mejor a la ciudadanía. Como dijo @mgarrigap, no nos queda más remedio que el trystorming.