El emperador de las mentiras #NoLeLlamesRescateLlamaleLola

El azar ha querido que la petición de rescate financiero por parte de nuestro Gobierno me haya encontrado leyendo "The Emperor of the Lies". El libro, es una versión novelada de lo que acaeció en el ghetto de Lodz durante la II Guerra Mundial, centrada alrededor de Chaim Rumkowski. 

Rumkowski fué el presidente del Consejo de Ancianos del ghetto de Lodz desde la invasión alemana en 1939 hasta 1944. A diferencia de lo que sucedió con quienes ocuparon un cargo similar en otros ghettos, mantuvo siempre unas excelentes relaciones con el invasor alemán. Una tras otra, Rumkowski colaboraba y facilitaba la implementación de todas y cada una de las medidas que el invasor alemán solicitaba. Si, incluso con la deportación de miles de judios del ghetto hacia campos de exterminio.

Uno de los pasajes más conocidos de la vida de Rumkowski, fue su discurso "Entregadme a vuestros hijos". En el discurso solicitaba como mal menor a los habitantes del ghetto que le entregaran niños de edad inferior a los nueve años y a los enfermos para ser deportados, dando a entender que ello permitiría salvar al resto de habitantes del ghetto. 

Al final de la guerra, no se salvaron de la deportación a los campos de exterminio más que unos pocos. De los más de 150.000 judíos que fueron concentrados en el ghetto de Lodz en el último trimestre de 1939, apenas 800 quedaban entre sus ruinas cuando entraron los rusos.

Rumkowski colaboró con el invasor alemán hasta el extremo de entrar voluntariamente en el último tren rumbo a Auswitz que salió del ghetto. No le sirvió de nada, allí su cuerpo se disolvió entre las cenizas de otros miles.

El primer apellido de Rumkowski también comenzaba por "R". La historia trae estas metáforas.

Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (IV): Plan de Implementación de Real Decreto 1495/2011 #risp

Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, no hay Consejo de Ministros que no nos traiga algún tipo de medida destinada a luchar contra la crisis. Indisponibilidades presupuestarias y subidas de impuestos, campañas contra el fraude fiscal y anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria han sido las medidas estrella de los tres celebrados hasta hoy. Cada uno tendrás su criterio sobre la bondad o no de las medidas adoptadas, pero lo que es innegable es que todas las medidas adoptadas hasta ahora han ido destinadas a gastar menos y recaudar más, ambas cosas necesarias, sin que ninguna hasta ahora haya ido destinada a generar actividad económica.

Las medidas destinadas a generar actividad económica en una situación como la actual suelen ser de carácter más complejo. Generalmente, sólo es posible crear actividad con una inversión previa y encontrar dinero para ello en nuestras deficitarias cuentas es una tarea llamada a la melancolía. Sólo es posible generar actividad económica mediante la aplicación de un mecanismo de vasos comunicantes, eliminando inversión de un lado para pasarla a un concepto potencialmente más enriquecedor para el país.

¿Que medida sería posible tomar en el ámbito del Gobierno Electrónico sigiendo este modelo? Es de lo que va este post.

Desde hace unos años, existe un consenso generalizado en el potencial de creación de actividad económica de la información del sector público. El estudio de la Comisión Europea MEPSIR hablaba en  2006 de un potencial de 2000 millones de Euros para España, y más recientemente en 2011 el Proyecto Aporta hablaba en un estudio de una realidad de 550-600 millones de Euros de actividad infomediaria en nuestro país. La reutilización de la información del sector público es, consecuentemente, una de las áreas de las desarrollo del Gobierno Electrónicos que más beneficios sociales traería.

En un intento de cubrir el hueco entre actividad económica potencial y actividad económica real se aprobó el año pasado el Real Decreto 1495/2011. Sin embargo, su implementación efectiva requiere inversiones. Los recursos económicos para ello podrían salir de partidas ajenas al Gobierno Electrónico, sin lugar a dudas, pero ello probablemente exigiría una cirugía fina que, sinceramente, no veo posible. Los recursos económicos para la apertura de datos sólo pueden venir de los ya existentes para el Gobierno Electrónico. 

Mi opinión es que el dinero para implementar los datos abiertos sólo puede venir de un mayor uso de los servicios comunes de Gobierno Electrónico. Servicios como los certificados de la FNMT, @firma o las notificaciones electrónicas, no son usados por todas las unidades administrativas. Es necesario que su uso deje de ser voluntario entre las unidades administrativas para pasar a ser obligatorio. Y el camino es sencillo, baste recordar como se obligó a usar la verificación de datos de identidad para eliminara las fotocopias del DNI, creando la obligación legal. Sólo así no habría excusa para no llevar a cabo un plan global de implementación del Real Decreto 1495/2011, que detraiga recursos de las partidas "corralito" de uso no justificado ante la existencia de un servicio común similar para moverlas a un fondo para la implementación de la apertura de datos.

Ahora que el Gobierno Electrónico depende del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, es quizás el momento para crear la obligación de uso de los servicios mencionados. Baste recordar que el único servicio común de obligado uso en la AGE es la plataforma de contratación que siempre dependió de ese ministerio. Una primera tarea por la que debería luchar el máximo responsable del Gobierno Electrónico que llevamos esperando ya casi tres semanas.

Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (III): Low-cost #egov

Seguimos avanzando por los caminos de la austeridad. Hace ya un tiempo, comencé a escribir esta mini-serie, habiendo escrito dos entradas previas. Espero que ello sirva al menos para que nadie tache de oportunismo que continúe con ella con la entrada del año y con nuevos gestores políticos que hacen de la austeridad bandera. La primera de aquellas ideas es una realidad, y el BOE hace ya tiempo que ofrece contenidos en formato epub. La segunda de aquellas ideas empieza a ser aplicada en Comunidades Autónomas e intuyo la consolidación generalizada de CPDs va a ser aplicada de un momento a otro en la Administración General del Estado. Luego no íbamos mal encaminados hace año y medio. Vayamos a por la tercera, el Gobierno Electrónico low-cost.

Comencemos por definir el término. Gobierno Electrónico low-cost son soluciones de Gobierno Electrónico funcionalmente suficientes apoyadas en soluciones tecnológicas gratuitas o de coste reucido ofrecidas como servicio en la red. No toda solución de Gobierno Electrónico le puede ser aplicado el low-cost, habrá alguno que los requisitos de seguridad o confidencialidad lo impidan, pero a veces hemos de reconocer que somos demasiado exquisitos al plantear los requisitos en esta materia.  

Vamos con una galería de las posibilidades del Gobierno Electrónico low-cost. 

Voy a empezar con un ejemplo nacional. El portal móvil del Observatorio de Administración Electrónica. El portal móvil ha sido desarrollado sobre Google Sites, una solución que no sólo permite desarrollar portales móviles de bajo coste, sino soluciones más complejas de webs informativas. La opción de Gobierno Electrónico más costosa a la que sustituye sin perdida funcional son las apps de indicadores para smartphones, como la de la OECD. Desconozco si la solución del Observatorio tiene carácter permanente o será llevado próximamente a una infraestructura propia, pero abre la veda a un conjunto de soluciones de prototipado rápido basadas en Google Sites o plataformas de blogging como wordpress o blogspot. 

Los procesos de consulta y eParticipación son otro de los posibles campos del Gobierno Electrónico low-cost. En el recientemente celebrado "Going Local II" en Sevilla, la Comisión Europea desplegó un foro de debate sobre Gobierno Electrónico en España  haciendo uso de UserVoice. El uso de estas soluciones equivalentes en infraestructuras propias. 

Facebook ofrece otro campo de experimentación. Migrar los sitios web de Gobierno Electrónico a la plataforma de redes sociales en un proceso que se está iniciando. El caso quizás más conocido es el de la ciudad de Takeo en Japón. Sin duda limita el posible diseño de la web del organismo público, obligando a  una estética determinada, pero serviría para satisfacer los servicios no transaccionales de los organismos públicos. Y en cuanto a los transaccionales, habrá que ver la evolución de experiencias como la de la venta de billetes y check-in a través de facebook que realiza Delta Airlines.

Si IKEA y Ryanair han entrado en nuestra vida, la entrada del Gobierno Electrónico low-cost es cuestión de tiempo. 

¿Puede morir de éxito el #egov ? (II)

El maestro @feserdel , rápido como el rayo, escribió el post que por entonces andaba tan sólo flotando en mi cerebro. Suscribo de principio a fin su diagnóstico en "¿Puede morir de éxito la Administración Electrónica?", en todo menos en la utilización del término Administración Electrónica (vieja discrepancia entre ambos). Tan sólo en este post pretendo recoger un par de datos adicionales a los recogidos en el resumen ejecutivo del Informe a Consejo de Ministros 2011, difundidos con posterioridad al mismo, y que resaltan la tensión entre incremento de uso de Gobierno Electrónico y gastos de las Administraciones destinados a soportarlo.

A través de la sección del "Observatorio de Administración Electrónica" en el "Portal de Administración Electrónica", descubro que el uso directo del Gobierno Electrónico entre las empresas ha alcanzado en 2011 la cota de 80%. Ello supondrá probablemente alcanzar la media UE de uso, pero ya supone de hecho un incremento de 14 puntos al respecto del año anterior. Las notificaciones electrónicas obligatorias para las empresas establecidas por parte de la AEAT han sido probablemente el catalizador de este nuevo salto de uso.

Pero como bien resalta el maestro, existe una tendencia al decremento de los recursos empleados en las TIC dentro de las Administraciones Públicas. La tendencia a la disminución de recursos económicos para las TIC no es sólo en la AGE, como resalta @feserdel y el informe ejecutivo, sino generalizada en todas las Administraciones en estos tiempos de recortes. Existen nulos datos del gasto TIC en Comunidades Autónomas (un error además de una falta de transparencia), pero podemos tener una idea de cuál está siendo la disminución del gasto gracias al ·"Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos en España 2010. Edición 2011" de Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI). Si de acuerdo al informe del año anterior las ventas TIC a las Administraciones Públicas fue de 5.310 millones de Euros este año ha sido de 3.875 millones de Euros. Es decir, frente a un recorte de gasto en la AGE de un 11,8% entre 2009 y 2010 que indica el informe de Consejo de Ministros, el informe ONTSI apunta a recorte en el global de las Administraciones Públicas en el mismo periodo fue de un 27%.

Sin duda el momento económico existen restricciones presupuestarias a las que las TIC no pueden quedar ajenas, pero estas restricciones tienen un límite que probablemente hayamos superado. ¿Puede morir de éxito el Gobierno Electrónico?

Abriendo los servicios públicos: Modelo de reforma UK

Si hay algo inevitable (quizás debiera decir solo deseable) en el medio plazo es la reforma del sector público. Aunque cada país es distinto, conviene ir cogiendo bagaje de lo que será, o al menos debería ser una de las tareas del nuevo gobierno, sea cual sea. Reformar va más allá de un mero recorte, algo a lo cual se han ceñido hasta ahora la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno. Solo por eso que, sea cual sea la base ideológica, merece la pena seguir los intentos de reforma, como el que se pretende desarrollar en UK y cuya primera pieza es el libro blanco "Open public services".

La reforma propuesta es claramente de orientación economicista, buscando mas la eficiencia que la efectividad de los servicios públicos. La apertura buscada se escora hacia el mercado, a una participación ciudadana no basada en su colaboración en el diseño y prestación de los servicios, sino en la selección del proveedor.

La aproximación a la reforma de los servicios públicos parte de clasificar los mismos en tres tipos de servicios:

• individuales, los servicios que sitúa en la esfera personal, básicamente educación y sanidad
• comunitarios, los servicios del ámbito local tales como transporte o limpieza de calles
• encomendables, servicios que se ejercen en monopolio pero pueden externalizarse a terceros ( impuestos, justicia, urbanismo, ...)

Realizar dicha clasificación es difusa y artificiosa, y ello se manifiesta a lo largo del documento. Cualquier servicio es susceptible de ser encomendado o no y es difícil pensar en un servicio público como individual, ya que todo servicio se presta buscando un beneficio social: tanto sanidad como educación contribuyen a una sociedad más productiva y cohesionada más allá del beneficio personal que aportan.

Los llamados servicios individuales tienen, además, un enfoque de prestación de consumo y no de derecho ciudadano. Ello se manifiesta al equiparar al defensor del pueblo a un defensor del consumidor. La ruptura ademas de un presupuesto global a centros públicos de sanidad y educación, pasando a presupuestos personales de los ciudadanos, que emplea donde cree conveniente, rompe con las economías de escala haciendo mas ineficientes los servicios, además de ser potencial fuerza de creación de más discriminación por capacidad económica o de conocimiento. Los remedios que anuncia de intervención publica en caso de fallo del mercado, suenan a un asistencialismo al necesitado propio del siglo XIX.

Algo similar ocurre con los servicios comunitarios. Buena intención es la descentralización y fortalecimiento del nivel local. Es la vía mas certera para poder atender al ciudadano orientándose al nivel local. Sin embargo, se llega a una descentralización extrema al hablar de la posibilidad de referéndums locales sobre el pago de impuestos, potencialmente separados para ciudadanos y empresas. Ese tipo de votaciones llevan a la quiebra de lo publico, como sucede en California, y la desprotección del débil.
Y finalmente los servicios encomendables, que pueden ser todos menos defensa y justicia. Aquí la solución es el mercado, la externalizacion (que no privatización) al mejor postor, pagando por objetivos alcanzados, con la posibilidad incluso de existencia de varios proveedores en competencia para un mismo servicio. Esta evaluación por objetivos de los proveedores, iría ademas ligada a una desregulación del servicio público basado en una vigilancia mediante organismos de control. Viendo donde nos ha llevado la desregulación del mercado financiero, prefiero no imaginarme, por ejemplo, la recaudación de impuestos o la planificación urbanística funcionando mediante este modelo.

Existen sin embargo en el papel un par de propuestas interesantes al respecto de los mecanismos de provisión. En primer lugar, una apuesta por las PYMES, llamando a licitaciones por lotes que permitan obtener el mejor proveedor de cada parte del contrato y obligando a un 25% de presupuesto adjudicado a PYMES. En segundo lugar, la apuesta por lo digital como medio prevalente de provisión, apoyado sobre la apertura de datos e interfaces de servicios para que terceros puedan construir otros servicios.

#yoconfieso Berlusoni ha puesto una idea interesante en la mesa: suprimamos las provincias

Nos ha abierto Berlusconi nuestra caja de los truenos con sus medidas de austeridad. La supresión de municipios y provincias anunciada en Italia  abre de nuevo el debate de la división administrativa de nuestro país. Muchos teníamos asumidos la necesidad de unificar municipios para suprimir aquellos insostenibles por números de habitantes, pero quizás no nos habíamos planteado la necesidad de eliminar provincias. Y tiene no obstante sentido, si nos planteamos la inutilidad de las diputaciones es porque aquello que gestionan es posiblemente una entelequia sin razón de ser en la actualidad.

La aplicación de los criterios de las medidas de austeridad italianas a España, plantearía eliminar 14 provincias. No obstante, quizás debiéramos plantearnos la necesidad de la provincia en sí. La división provincial española parte de 1833, la única variación sustancial desde entonces ha sido la división en dos de la provincia de las Islas Canarias. Aunque no he encontrado la referencia, dicen que el criterio racional utilizado fue facilitar la gestión mediante territorios que no distaran de su capital más de una jornada a caballo. Desde entonces, sucesivas olas tecnológicas han hecho más que obsoleto este criterio.

En nuestro marco legal actual, las provincias fueron base de la definición de las regiones o Comunidades Autónomas. De igual modo, son las circunscripciones electorales. De acuerdo al artículo 141, sería posible por ley orgánica suprimir alguna de ellas, si bien la supresión total requeriría una reforma constitucional. La existencia de las regiones o Comunidades Autónomas, ha vaciado de contenido a las diputaciones, eliminando quizás el sentido de las provincias y el aparato burocrático que conllevan. La necesidad de una ley electoral más justa quizás se viera satisfecha con circunscripciones más extensas y facilitando representación a quien obtuviera más allá de un 3%.

A lo mejor Berlusconi ha puesto una buena idea sobre la mesa.

Puesta en valor del #egov (III): Apoyo al desarrollo de las TIC

Esta entrada puede parecer una perogrullada, ya que el Gobierno Electrónico se define como la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con nuevas capacidades en las Administraciones Públicas para la mejora de los servicios, desarrollo de las políticas públicas y refuerzo de la democracia. Sin embargo es necesaria. Las TIC son la base del cambio de modelo productivo que necesita este país, resaltar cuál es el papel del Gobierno Electrónico como palanca del desarrollo de las TIC y cuantificarlo, es necesario, y resulta incomprensible porque no se realiza sino fuera por esos temores a las acusaciones de despilfarro que abundan (con y sin motivo) ante cualquier dato de gasto público. 

Los datos base de esta entrada están al alcance de todos, una vez más. Datos públicos recogidos en los informes anuales sobre el sector TIC que realiza el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI). En ellos se recogen los datos de venta TI a lo largo del último quinquenio a los distintos sectores productivos de este país, incluidas las Administraciones Públicas. Me voy a centrar no obstante en los tres años cruciales en el desarrollo del Gobierno Electrónico en España, los que van de 2007 a 2009. Resaltar una limitación del informe del ONTSI , que tan sólo se centra en las TI sin datos de las Comunicaciones.

La primera conclusión, extraible directamente de los informes, es el creciente peso de las AAPP como objeto de la venta TI. En los años 2007 a 2009, se produjo un significativo incremento del peso de las AAPP en la distribución funcional de las ventas TI. Respectivamente, el peso fue en cada uno de los años de 7,8%, 8,3% y 9,1%. 

La segunda conclusión, necesita una elaboración de los datos disponibles. Las AAPP han tenido un indudable papel de soporte del sector en su momento de crisis. 2009 vio una reducción del volumen de ventas TI del 8,3%. Con algo de elaboración, se puede observar como el crecimiento del peso de las AAPP como objeto de la venta TI, no fue tan sólo por esta contracción. En el periodo el crecimiento de la compra TI por parte de las AAPP fue netamente superior al global, culminando con un crecimiento superior al 20% en ese año 2009 donde la crisis se cebó en el sector TI.

La conslusión final es obvia, sin la existencia de la apuesta de las AAPP por el desarrollo del Gobierno Electrónico, el sector TI de este país habría naufragado, su desarrollo se habría frenado y estaríamos ya enfrentándonos a una nueva oportunidad de modernización perdida. El Gobierno Electrónico es crítico para la transformación de la AAPP, pero también para la modernización global del país.

#15m o la subyacente rebelión por un #ogov

Cuando empieza a dejar estar de moda hablar de los acampados en nuestras plazas, cuando ha pasado el fragor de la batalla y empieza a decaer la rebelión, me decido a escribir unas líneas sobre el tema. El caso es ir contracorriente.

El #15m es sin duda un movimiento de indignación social, un intento de recuperar la dignidad que nos han robado en una crisis aquellos que la causaron. Al principio de esa crisis, ya algunos vimos como comenzaban a reproducirse los patrones de la terapia del shock que Klein describía en su magnífico libro. Existe un origen económico en el #15m, una rabia desatada contra una presunta democracia dónde unos son más iguales que otros, contra un sistema que alimenta una desigualdad creciente.

Pero adicionalmente, es una crisis sistémica de la esencia de los gobiernos. Es una demanda, a veces inconsciente, de un Gobierno Abierto: Más transparencia, más participación, más colaboración. La generación digital y los inmigrantes más aplicados, nos resulta difícil entender porque lo que es normal a nivel de calle no es normal a nivel institucional. No existen excusas para la no implementación de un Gobierno Abierto y esa es parte del fondo del descontento.

Tomemos el ejemplo de nuestro país y lo que fue el comienzo de la debacle del #22m y el origen del #15m, el #tijeretazo del 12 Mayo 2010. En parte, comparto que en aquel momento fuera necesario tomar decisiones difíciles. ¿Pero fue necesario tomar las que se decidió tomar? En pleno siglo XXI, a la generación digital le resulta difícilmente comprensible que no se dé transparencia a los elementos que conformaron esa decisión y las alternativas posibles, que no se hagan públicos los datos (en formato abierto y procesable) que sirvieron para ello. Una generación que comparte día a día retazos de su vida a través de redes sociales le es difícil entender como su gobierno no hace público por medios electrónicos todo aquello que le es de interés. Del mismo modo, existiendo multitud de métodos de dar rápidamente participación a los ciudadanos por medios electrónicos, le resulta poco comprensible que la decisión entre las distintas alternativas de recorte no le sean consultadas por medios electrónicos. ¿Difícil? Si, pero no imposible, y todos los que estamos en Internet sabemos que es posible.

La incomprensión de la red por parte de algunos responsables políticos, tiene como consecuencia no haber sabido satisfacer la demanda de digitalización de la participación social y la perplejidad ante el fenómeno #15m. Internet, contra la impresión que algunos tienen de la red como impulsora del aislamiento, es un catalizador de las relaciones sociales. Los que están en la red son más activos y la red además facilita el autodescubrimiento entre sí de esas personas activas, el resultado es una herramienta de activación social sin precedentes e incomprensible para los que viven anclados en lo analógico. Recomiendo a este sector que lea el report "The social side of the Internet", aun centrado en analizar el fenómeno en USA, sus conclusiones son extrapolables a cualquier país avanzado.

El #15m es una llamada al reset para actualizar  un sistema 1.0 y cargar un sistema 2.0.

El #15m tiene demandas económicas, son importantes en el corto plazo, pero en el medio plazo, lo importante para evitar nuevos #15m es avanzar en la implementación de un Gobierno Abierto. Avanzar en la inclusión de Internet entre el toolkit cotidiano de nuestros Gobiernos y políticos.

El camino de la irrelevancia:TIC y #aapp

De un tiempo a esta parte, se oyen cantos recurrentes considerando la incorporación de las TIC a las AAPP como un experimento fallido. Podemos no querer verlo, seguir pensándonos imprescindibles en la modernización de la Administración y palanca de su reforma, pero estamos más cerca de un momento crítico para la supervivencia de nuestro papel en la Administración que de alcanzar la cumbre del reconocimiento. Un ejemplo de ello fueron hace unos meses unas declaraciones del Ministro de la cosa pública en UK, en que señalaba con el dedo a las TIC cómo un lugar ideal para buscar dónde recortar presupuesto. Ello no es excepcional de los políticos conservadores. También he oido a algún socialista que hablaba del Gobierno Electrónico como un experimento que si no terminaba de rendir resultados habría que cortar, como todos los resultados infructuosos.

Los profesionales de las TIC en las AAPP somos unos de los principales causantes de esta situación. La desconexión entre muchos de nosotros y las áreas de negocio es más que evidente, considerando las TIC en si mismas como un fin y no como un medio de mejores servicios e incremento de productividad interna. Solemos estar más preocupados de la salud de los dispositivos electrónicos de nuestras infraestructuras de si estas arriendan ganancias en los procedimientos internos, no ejercemos una posición agresiva en la imposición de las TIC en la vida interna de la Administración y ocultamente preferimos que los servicios electrónicos no se usen para no tener que hacer frente a de si verdad aguantamos ser 24x7. Va siendo hora de que seamos los primeros en obligar al papel cero en nuestras unidades administrativas y pedir la racionalización de las ventanillas presenciales.

Y mientras estamos en esta posición pasiva, las falacias van extendiéndose. Se asimila uso directo con adopción del Gobierno Electrónico o se vincula el declive de la productividad en la Administración a las TIC como fracaso, y se oyen pocas voces en contra. Se ataca las TIC como despilfarro sin ninguna base racional y nos somos capaces de que la protesta vaya más allá de un par de bitacoras, y no conseguimos ninguna toma de posición por quien debe defendernos.

La OECD señalaba hace unos meses como es necesario que los profesionales de las TIC demos evidencias. Siendo el centro de la vida administrativa (que lo somos) es lógico que resulte sospechoso que no las demos., y debemos conseguir los aliados internos que nos permitan proporcianarlas. De no ser así, cavamos la fosa de nuestra propia irrelevancia.

Una lectura para una crisis: "Johny cogió su fusil"

Los clásicos, aunque sean modernos, son siempre lecturas aconsejables en épocas de crisis. Su reinterpretación dentro del contexto de la misma, ayuda a la reflexión sobre nuestro entorno. En ello he estado en estos días, siendo acompañado en los ires y venires de casa al Ministerio y del Ministerio a casa por el excelente libro "Johnny got his gun", escrito en el periodo de entreguerra por Dalton Trumbo. La obra pretende ser una canto al pacifismo internacionalista propio de la izquierda clásica, aunque precisamente por las interpretaciones en épocas de crisis, fue obra prohibida en la lucha mundial contra el nazismo. Para el que no conozca la obra, versa sobre los pensamientos de un soldado (Joe Bonham) que, gravemente herido en el frente, despierta de nuevo a la vida para descubrir que  mantenerle con vida ha sido a costa de extirparle brazos, piernas, ojos, oidos y la posibilidad de articular palabra. Es, en definitiva, un despojo humano al albur de los acontecimientos.

Nuestra sociedad actual es Joe Bonham. Hemos recibido el formidable impacto de la crisis financiera, y poco a poco vamos descubriendo cómo nos han sido extirpados nuestros mecanismos de defensa y protección. Algunos de ellos, para mayor dolor que el del soldado del relato, sufrimos su extirpación en tiempo real. Mecanismos de protección social que dábamos por consolidados desaparecen, derechos que creíamos adquiridos se diluyen ante unos ojos que nos van cegando poco a poco para que no seamos conscientes del drama.

Y cómo el soldado herido, la sociedad se pregunta si el sufrimiento merece la pena. De igual modo que el se pregunta si la lucha por la libertad merece las heridas recibidas y los muertos de la guerra, la sociedad inquiere  si mantener un presunto futuro ha de ser  a cambios que nos arranquen unos derechos presentes, si no merece más la pena pedir primero certidumbres antes de realizar sacrificios. Resulta igual de patética la escena en que le es impuesta a Joe Bonham una medalla como el reconocimiento que hoy hacen los políticos de los sacrificios que se están realizando. En nada cambia nuestra situación inerme, no nos devuelven los miembros pérdidos.

La única salida, como Joe Bonham descubre al final, es la unidad, la rebelión contra las circunstancias, utilizar las armas que nos dan para la guerra para labrar un futuro distinto renunciando a acudir a la misma, renunciando a enfrentarse con el que está al otro lado de la tierra de nadie. No se trata de luchar para que otros sean los que paguen la salida de la crisis, sino de exigir una salida colectiva a la misma. Se trata de demandar la reformas necesarias para recuperar el tiempo que hemos perdido inermes en una cama de hospital ajenos a la realidad, deseando que todo fuera un sueño del que tarde o temprano despertaríamos. No es un sueño, es una pesadilla, y de las pesadillas y miedos sólo se superan con voluntad propia.

Antes y después: Una visión pesimista tras la pandemía de #controladores

Me estaba resistiendo a escribir entrada alguna sobre los acontecimientos (a determinar si  por una huelga o pandemia de controladores) acaecidos en esta primera parte del puente más largo del año, pero la carne es debil y los dedos largos. Al final he cedido a la tentación. Esta es una visión personal muy pesimista de un par de días que, por muchas razones, marcan un antes del 3/12/2010 y un después del 5/12/2010. Advierto, que es una sesión de diván bloguero para el que no le guste este tipo de piezas.

Los actores principales han sido el colectivo de los controladores aereos. Un grupo de trabajadores contra los que se ha ido alimentando progresivamente la ira popular. Ciertamente tienen un sueldo muy superior a la media y un puesto de trabajo estable, pero ninguna de ellas son razones para negarles el derecho a cualquier tipo de reivindicación. Alguna de las reivindicaciones creo que tiene un fondo de razón: no conozco a nadie excepto a ellos al que una baja laboral no le signifique un equivalente a haber estado en su puesto de trabajo, a nadie que se le obligue a que esos días de baja los devuelva en forma de días laborables (este extremo , por extraño que parezca, lo confirma el ministro en este video: "en las horas de trabajo computaban bajas por enfermedad"  y lo explica @davidrjordan en su bitácora ). El límite que han traspasado es plantear estas reivindicaciones en una  forma  tan virulenta y tratando de convencernos que la virulencia es resultado de una presión insoportable. Con la forma, han perdido toda posible solidaridad que otros pudiéramos tener para  con ellos. Y si la presión que sufren es insoportable, el camino está claro, a nadie le obligan a trabajar en ningún puesto de trabajo. A lo mejor cometieron el error de su vida al entrar en ese trabajo, pero siempre se está a tiempo de rectificar. Y escribo esto desde la posición de alguien que ha abandonado trabajos estables cuando personalmente le parecían insufribles. Antes del día 3/12 tenían la imagen de un colectivo de trabajadores que, aunque especiales, eran dignos de todo respeto. Después del día 5/12 tienen la imagen de unos irresponsables que hacen uso excesivo de su capacidad de presión.

Luego tenemos al Gobierno. Un Gobierno elegido democráticamente tiene toda la legitimidad para desarrollar cualquier tipo de política pública (dentro de los límites razonables), incluidas en materia de organización del personal del sector público. En este campo ha tomado ya varias, incluyendo la bajada de sueldo de los funcionarios (y sólo los funcionarios, sin que sepamos porqué aún) y otras como la privatización de AENA están en camino. Toda medida tiene una consecuencia, pero un Gobierno está ahí para adoptarlas. Dicho esto, la declaración del Estado de Alerta me parece excesiva para la resolución de un conflicto laboral, por grande que este sea. Para abrir un expediente disciplinario, no era necesaria tal sobreactuación. La militarización de un servicio que dicho Estado de Alerta supone nos retrotrae a tiempos pasados, en que las huelgas de metro se resolvían haciendo uso de soldados de reemplazo. A ver como en la próxima huelga salvaje de un servicio público en cualquier ciudad o región, como por ejemplo la huelga de metro del verano pasado en Madrid, se le deniega a su alcalde o presidente autonómico la petición de que el Gobierno declare el Estado de Alerta en su territorio. Antes del 3/12 creiamos que existía el límite de lo civil para la resolución de conflictos civiles. Después del 5/12 sabemos que la militarización es una opción válida para resolver conflictos civiles.

Por cerrar el tema de los políticos, tampoco ha estado mal el papel del principal partido de la oposición. La intervención de su portavoz Gonzalez Pons fue una antología del disparate. Ofrecer apoyo llamando incapaces o acusar a ZP de esconderse tras Rubalcaba cuando Rajoy ha destacado por su callada elocuencia durante todos estos días, reflejan el porqué el PSOE se despeña otro 10% y el PP crece tan sólo un 0,2%. Antes del 3/12 teníamos pocas ilusiones de la existencia de una alternativa responsable.  Después del 5/12 hemos perdido toda esperanza.

Y la resolución del conflicto importa poco, lo que importa es el juego cainita de culpar al otro. Dando cada uno pábulo a una teoría conspiratoria distinta ante lo que, mientras no se demuestre lo contrario, ha sido una ida de olla colectiva de un colectivo (incluso por sus primeras declaraciones tengo la duda de si los líderes de USCA han tenido algún tipo de control en el arranque del plante aunque después todo parece indicar que trataron de aprovecharlo). De un lado, los que insinuan una estrategia del Gobierno de cara a  futuras medidas económicas excepcionales. De otro, los que alimentan la especie de la estrategia del PP para corroer las estructuras del Gobierno. Antes del 3/12, veiamos difícil que nuestros políticos alcanzaran un acuerdo sobre cualquiera de las reformas y políicas necesarias. Después del 5/12, sabemos que cualquier acuerdo entre ellos es una quimera.

Finalmente, llegamos a los más perjudicados, los atrapados en los aeropuertos. Existen entre ellos historias dramáticas de adopciones frustradas o personas tratando de llegar junto a madres moribundas , también http://www.netoraton.es/?p=21810con más que razones para estar indignados. Me he visto en ambas circunstancias (aunque por un áximo de 6 horas) en las huelgas de controladres franceses y entiendo lo que sigifica. Pero si algo me llamó la atención en las primeras horas con escaso filtrado por los medios de las entrevistas a viajeros a pie de terminal, era la continua repetición de un mismo lamento: "Me han fastidiado el puente, con la ilusión que tenía por ir a ... ". La sonora protesta de esta sociedad por la quiebra del derecho de consumo (@barahona dixit) frente al elocuente silencio ante el recorte de derechos sociales no deja de ser sorprendente. Antes del 3/12, eramos conscientes del silencio de muchos ante el recorte social. Después del 5/12, sabemos que muchos de los que callan ante lo primero no toleran que les alteren un puente. No obstante, a todos ellos hay que reconocerles la serenidad ante la impotencia. Aparte de los silbidos a la puerta de una reunión de controladores, no ha habido mayores incidentes cuando hubieran sido perfectamente esperables. 

Lamento tanto pesimismo. Tras lo ocurrido en estos tres días no estoy para celebrar ningún día de la Constitución.

Reforma Administración Pública: Antes cambiar cómo se funciona que quien la hace funcionar

Son tiempos económicos duros, tiempos de hacer más con menos y reordenar prioridades en la cosa pública. Sin duda necesarias son las acciones de ajuste, el recorte o privatización de servicios, algunos incluso plantean el cambio del régimen estatutario de los funcionarios (aunque muchas veces uno duda que sepan qué es un funcionario y cuál es la diferencia con otro tipo de empleados públicos).

Creo que el reformismo ha de desplazar al conformismo (genial frase de @sevillajordi), y ello ha de empezar por cómo se definen, proveen y priorizan los servicios que prestamos y las políticas públicas que se implementan. Esa definición, provisión y priorización, a falta de un funcionariado independiente y fuerte, queda sin contrapeso de la mera ambición política. Y ello no es bueno para la Sociedad.

Ilustrar las ideas con ejemplos de la vida real es básico para su propagación. Pueden encontrarse de todo color, pero por tenerlo cerca, voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, desde hace unos meses en guerra porque se le deje refinanciar la insoportable deuda que cae sobre todos los madrileños. Parece razonable que un Ayuntamiento así recorte servicios y que dicho recorte comience por los no prioritarios. Es significativo que entre sus servicios prioritarios incluya la financiación de actividades de ski  y no la iluminación de la M-40, cuando ambos son servicios que ha asumido de modo voluntario. Obviamente, dicha priorización, a todas luces contra el valor público, responde a un interés más político que social.

En tiempos de cambio, en epocas de reforma de lo público, es indudable que se necesita incorporar cambios en la función pública. Pero el cambio más importante a realizar es en las reglas de funcionamiento de la Administración y poder ejecutivo, en definir cómo este conjunto puede servir mejor a la sociedad.

¿Anuncios de nuevos cisnes negros en las tierras del empleo público?

No había tenido hasta ahora, la oportunidad de una lectura pausada del Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público. Buscando por la blogosfera pública, he encontrado pocas referencias al mismo, más allá del escéptico comentario sobre su utilidad de Oscar Cortes o la satírica visión de Sevach. A mi, la lectura del Real Decreto  me ha levantado más preocupaciones que escepticismo y un deseo de que efectivamente no se trate más de lo que Sevach llama un grupo de amigos de la papiroflexia.

Efectivamente, existen razones para el escepticismo ante la lectura del Real Decreto. Se constituye un órgano con la finalidad de realizar  "diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación" (artículo 2), que más adelante se anuncia que van a ser realizados con los medios técnicos, personales y materiales ya existentes en la Dirección General de Función Pública y sin que suponga impacto presupuestario (Disposición adicional segunda). Ello sólo puede implicar dos cosas. O bien se va a seguir realizando lo mismo pero va a ser convenientemente adornado o bien van a dejar de realizarse actividades que antes se realizaban en esta Dirección General. Me inclino por la primera de las opciones, aunque carezco de base para tal opinión, ya que es de suponer que los diagnósticos misión del observatorio son ya realizados por la Dirección General de Función Pública.

Pero existen más razones para la preocupación que para el escepticismo. Estas preocupaciones nacen de la lectura de su artículo 3, donde se describen las funciones del Observatorio. Donde uno podía esperar alguna mención a  buscar como articular la formación o carrera profesional de los empleados públicos para un mejor servicio a los ciudadanos, se encuentra (ver artículo 3b) menciones a la necesidad de redimensionar plantillas e identificar posibles servicios que puedan ser externalizados o (ver artículo 3c) alusiones a la elaboración de propuestas para la reforma del régimen jurídico del empleo público.

La bajada de sueldo a los empleados públicos regulada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue el primero de los cisnes negros que llegaron a las tierras del empleo público.  Los habrá que piensen que no van a aparecer más cisnes negros en los cielos del sector público, pero ello no es más que un deseo voluntarioso . Los huevos de los cisnes negros se incuban en los nidos de los Reales Decreto Ley.  Y hay países dónde están empezando a salir del casacarón.

Comparación del gasto TIC en AAPP como base de la racionalización

El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

Razones racionales contra la externalización de los servicios públicos: El caso de las TIC

Hace unas de semanas expuse razones generales contra la externalización de los servicios públicos. Una de los principios de la función pública es servir al interés general y, equivocado o no, creo que una manera de defenderlo es dando razones contra la externalización de los servicios públicos. El tema creo un amplio debate. Hoy vuelvo sobre el tema, descendiendo al caso concreto de las TIC en el cuál no quise entrar a fondo entonces que ya tenía medio perfilada esta entrada.

La entrada ahora tiene más razón de ser, ya que hace un mes Expansión orientó sus cañoñes de imprecisiones hacia el gasto TIC. Dichas imprecisiones, están aclaradas en la bitacora de Montaña para el que quiera leerlas. La razón oculta no me pareció altruista, sino como bien decía el artículo, vencer las ineficiencias que provocan las duplicidades llevándose las aplicaciones a la red. Es decir, la externalización.

Por aquello de los tiempos que corren, uno lee lecturas diversas sobre la externalización. Unas por razones profesionales y otras por razones ideológicas. Como soy de natural generoso, las voy a compartir con el autor de aquel impreciso artículo.

Un tema recurrente en estas lecturas es la caracterización de aquello que no se ha de externalizar. Son diversas las características que se dan pero dos aparecen de modo recurrente:

• No ha de externalizarse aquello que es crítico para tu negocio


• No ha de externalizarse aquello cuya externalización no te da los beneficios de integrarte en una economía de escala

Creo que con ello, queda claro porqué las TIC utilizadas por las AAPP, a pesar de los cantos de sirena, nunca deberían salir del ámbito de lo público.

• Las TIC son críticas en cómo servimos a los ciudadanos y como vector de transformación de las AAPP.


• La externalización de las TIC, al menos en los ámbitos de las Administraciones Estatal y Regional, no hace que éstas se integren en una economía de escala superior, ya que por si mismas tienen el volumen para optimizaciones sin externalización.

Acabó como lo hice hace unas semanas. Que no nos tomen por tontos.

Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (III): Reiventando “AppsForDemocracy”

Retomo una serie que tenía abandonada hace tiempo. La crisis deja todo viejo e ideas innovadoras rápidamente suenan a algo manido. Ese es el caso del modelo "AppsForDemocracy", aunque por estos lares sólo haya tenido reflejo en "AbreDatos2010".  Demosle la vuelta al invento.

Es conocido por todos que Google obliga a dedicar un 10% de su tiempo a sus ingenieros a realizar proyectos que no son dirigidos/orientados por sus máximos responsables. Dicen incluso que googleadds es un fruto de ese 10%. ¿Y porqué no aplicar ese esquema a la Administración Pública? Reiventar Appsfordemocracy, incentivar que se creen equipos multidisciplinares que en un proceso bottom-up dediquen un 10%-20% de su tiempo a desarrollar servicios públicos ideados por ellos. Y aún podemos ir más allá. Que estas aplicaciones ideadas y creadas por los empleados públicos sean evaluadas por los ciudadanos. Algo parecido ha puesto en pie UK, pedir ideas a sus empleados públicos para ver dónde cortar el gasto.

Toda innovación es susceptible de ser reinventada. La crisis nos obliga a la reinvención continua.

Reforma de la Administración: M&A y Recolocaciones

Lo público empieza a parecerse demasiado a lo privado. La reforma necesaria de la Administración Pública ha de traernos un alud de recetas de lo privado a lo público. Alguna no necesariamente mala.

Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones (M&A). Son un método básico de racionalización de los sectores, y en el público estamos algo necesitados de ello. Pero estas han de ir más allá del maquillaje estético de un puñado de Direcciones Generales.  La fusión de grandes bloques administrativos comienza a ser necesario, si no hemos sabido compartir servicios rompiendo la cultura de silos no queda otra alternativa. Un ejemplo es lo hecho en Grecia, la reducción en dos tercios de los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que en España tenemos 8.000 ayuntamientos, y si las cuentas griegas no son muy incorrectas, ello nos supondría al menos 6.000 millones de ahorro.

Pero las fusiones y adquisiciones traen otras consecuencias: Las recolocaciones (vamos a suponer que no llegamos a los ERE). Nos están cambiando el modelo de negocio de las Administraciones Públicas, y ello requiere que pensemos hora a hora en adquirir nuevas capacidades para hacerlo frente formando a los empleados públicos en ella. No hay sólo que buscar estas capacidades fuera, sino también asegurar que son adquiridas por la organización una vez localizadas. Valga como ejemplo de lo que no hay que hacer lo hecho en el País Vasco (al que suelo criticar poco) con el pliego de "Escucha Activa": Ni una mención a una efectiva transferencia de conocimiento.

M&A y recolocaciones, son sólo dos ejemplos. Aunque al trasladarlos no haya que hacerlo sin respetar ciertas peculiaridades de las AAPP, ello no ha de suponer que las olvidemos.

Las imprecisiones de Expansión

Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo "El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra".

Tomemos lo recopilado hasta ahora:

• El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet


• El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación  ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.


• El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.


• El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.

Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de  como se realiza dicha estimación se aprecia:

• La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.


• La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).


• La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.

¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si "demostramos "que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.

¿Se puede reformar la AGE sin estructuras para la reforma?

A día de hoy  se habla de muchas reformas necesarias (unas en camino y otras en diseño): cajas, laboral, ... pero no se habla de una más que necesaria y que otros (@feserdel, @oscarcortes) más de una vez han indicado en sus bitacoras: La reforma de la Administración General del Estado. No, no voy a hablar de por donde pienso que ha de ir esa reforma, sino de porqué creo que no se realiza. Por dónde ha de ir esta reforma está claro: Gobierno Abierto.

¿Pero porqué no se realiza esta reforma? Es una interesante pregunta, la respuesta es sencilla si se asocia a otra pregunta. ¿Quien habría de realizar esta reforma?. La pregunta no es trivial. Las sucesivas crisis ministeriales desde que Jordi Sevilla dejó el Ministerio de Administraciones Públicas han laminado las estructuras responsables de dicha reforma. Primero, desaparición la Dirección General de Modernización Administrativa, separándose sus competencias sobre organización de sus competencias sobre Gobierno Electrónico. Sonaba innecesario seguir incidiendo en la reforma, se consideraba que la modernización ya había sido realizada. Presuntuosa decisión, la Administración ha de vivir en perpetua modernización porque, como dice @alorza, ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, y la sociedad está en continua reforma.

Después, la Secretaria de Estado de Administración Pública se transmuto en Secretaría de Estado de Función Pública, los nombres no es asunto baladí y ello conllevó un alejamiento del problema estructural. La Administración Pública deja de ser el asunto central para ocuparse tan sólo de una parte. Sólo hay que ocuparse de lo laboral, no de cómo se administra lo público.

Se puede decir que se está en camino de reconstruir las estructuras, que para eso en uno de los últimos Consejos de Ministros se ha creado el Observatorio del Empleo Público. En primer lugar, se sigue incidiendo en sólo una parte (aunque quizás la más importante), los Recursos Humanos. No queda claro que el observatorio vaya a ocuparse de procedimientos internos de funcionamiento o aspectos organizativos. En segudo lugar, no es un organo con capacidad ejecutiva, sino tan sólo de diseño de soluciones y elaboración de recomendaciones.

¿Podemos seguir esperando la necesaria reforma de la Administración General del Estado? Primero, hay que recuperar las estructuras que hagan la reforma posible.

Razones racionales contra la externalización de los servicios públicos

En este tiempo de crisis, la externalización de los servicios públicos se ve por algunos como fuente de eficiencia añadida para nuestras Administraciones Públicas. Pocas voces se levantan contra el dogma neoliberal, que sin embargo es un reflejo de las contradicciones de sus predicadores, fruto del egoismo y un continuo tomarnos por tontos.

En primer lugar, llama la atención que los que piden esta externalización sean los mismos que tachan de vagos a los funcionarios y les acusan de pasar las horas mano sobre mano. Si esa es la situación, que no lo es de forma tan extendida como proclaman, la eficiencia no sería externalizar servicios sino rescatar los ya externalizados y prestarlos con empleados públicos ociosos actualmente.

En segundo lugar, la externalización no revierte en eficiencia sino en beneficio para el concesionario. En el supuesto que un servicio pueda ser prestado de modo más eficiente y que este se contrate a un tercero, el beneficio no sería para la Administración sino para el prestador. En ocasiones, no sólo el prestador externo obtiene beneficio, sino que lo hace acosta de la calidad del mismo.

En último lugar pero no menos importante, externalización no es necesariamente sinónimo de calidad. Esa falta de calidad de lo externalizado está, por ejemplo, tras la extensión de la sanidad en USA. Gastándose más dinero que Europa en sanidad la sociedad obtenía un menor servicio.

Primero pidieron el rescate, ahora repartirse el botín que queda. Que no nos tomen por tontos.