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jueves, 25 de noviembre de 2010

Consulta pública #risp sobre Real Decreto de desarrollo Ley 37/2007

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, han hecho público y abierto a consulta pública el proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 37/2007. Se pretende con el mismo promover  y faciltar al máximo la puesta a disposición de la información del sector público para su reutilización para fines tanto comerciales como no en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). 

El texto legislativo propuesto es sin duda necesario. La  AGE es en exceso reglamentista, y sin el mismo difícilmente terminará de despegar la reutilización de la información del sector público dentro de la misma. El proyecto de Real Decreto viene a facilitar la superación de las barreras a la reutilización dentro de la AGE que señale en una reciente entrada de la bitácora.En muchos aspectos incluso supera lo que comenté entonces, por ejemplo, introduciendo la figura del responsable de reutilización en cada ministerio u organismo.

Dado que es el momento de participar, así lo he hecho hace unos dias. Estas son mis propuestas  para el debate y de mejora para el texto:
  • Definición con tiempo de respuesta tasado de un procedimiento para solicitar que un conjunto de datos se ofrezca en formato procesable. El organismo o ministerio debería dar transparencia máxima a dichas solicitudes y las respuestas facilitadas a las mismas (salvaguardando la privacidad del solicitante).
  • Establecimiento de un procedimiento de mecenazgo de datos. Apoyándose en las posibilidades de colaboración público-privado contenidas en las leyes de contratación pública, definir un marco general que permita a una empresa realizar la transformación de conjuntos de datos de formatos cerrados y no procesables a un formato abierto y procesable. La contraprestación sería los derechos económicos resultantes de la venta del conjunto de datos por el organismo o ministerio.
  • Enumeración de un conjunto mínimo de información disponible para la reutilización en formato procesable. Existe un grupo común de información de interés general que todos los organismos poseen (e.g. contrataciones, presupuestos, recursos humanos, ...) cuya liberación en formato procesable de forma obligatoria para todos ellos supondría un impulso a la reutilización de la información pública y la implementación del Real Decreto.
  • Cuadro de mandos público de la reutilización. Incluir dentro de la "información sobre documentos susceptibles de reutilización" un conjunto de datos sobre la implementación de la norma que han de ser públicos y estar en formato procesable.  Entre estos datos figurarían el total de conjuntos de datos, cuales de ellos son gratuitos o de pago, cuáles están en formato procesable, cuáles están accesibles de modo automatizado, ...
Estas propuestas las he hecho llegar al buzón consultareutilizacion@mityc.es , que además amablemente han hecho acuse de recibo de las mismas. Y esto me lleva a una reflexión general para la mejora de los procesos de consulta pública de la Administración, que en gran medida están aplicándose en éste caso:
  • Transparencia de la consulta. La publicación de las propuestas y comentarios recibidos, que ha sido anunciada en la web del proceso de consulta.
  • Establecer un diálogo. La consulta pública debe ser un diálogo. Basarse sólo en correo electrónico supone desaprovechar los medios sociales que realmente permiten un diálogo entre Sociedad y poderes públicos (twitter, facebook, ...). La actividad de @proyectoaporta en twitter es, cuando menos, augurio que este diálogo se producirá en este caso
Una consulta sobre un tema clave para el Gobierno Abierto que es de por si un ejemplo de Gobierno Abierto. Predicar con el ejemplo.


lunes, 11 de octubre de 2010

Las barreras de la reutilización de la información en la AGE

Son ya casi dos años los que el Proyecto Aporta lleva tratando de difundir entre las AAPP la culutura de la reutilización. Un catálogo de acceso a la información pública generada por la Administración General del Estado, es quizás el símbolo externo más palpable de su progreso. Sólo con ver este catálogo, uno es consciente de la gran cantidad de información pública que ya está disponible. El mismo, seleccionando datos estadísticos, da a acceso a los datasets generados por organismos y ministerios de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo siguen existiendo barreras a la reutilización en la AGE.

Tenemos sin embargo el concepto de un escaso compromiso de la AGE con la reutilización y el opendata. Es ello quizás cierto, pero también juega en contra la escasa visibilidad que se da a las iniciativas existentes. En parte, es un problema de marketing de lo público, comenzando por el mismo catálogo, que en lugar de haberle llamado datos.gob.es le hemos ocultado dentro de la web de un proyecto. Mezclando además los conjuntos de datos con otra información que, aunque de interés, tiene menos interés para los reutilizadores. Y continuando por las webs públicas, donde no en ocasiones los datos están dispersados entre distintas páginas sin existir una zona lógica que los agrupe y los haga accesibles.

El acceso a los datos reutilizables es el segundo de los obstáculos. Frente al modelo data.gov en el cual los datos están accesibles en formato procesable directamente en el catálogo, la AGE cuenta con un linkódromo. El reutilizador ha de acceder desde el catálogo a la web dónde realmente están los datos. Allí generalmente no acaban sus penas. Habrá de enfrentarse a un formulario para descargar los datos que quiere. Unas veces podrá automatizar otro proceso, pero será bajo su cuenta y riesgo y sin contar con una API oficial.

Los formatos en que se ofrecen los datos tampoco facilita la reutilización, aunque este tercer obstáculo es menos generalizado. Existen muchos de los datos en formato excel (e.g. DGT) y  algunos en HTML (e.g MAMRM), pero pervive el uso del pdf.

¿Pero son los datos a los que accede reutilizables con fines comerciales o no comerciales? La inseguridad jurídica es el cuarto de los obstáculos a la reutilización. La mayoría de los conjuntos de datos ofrecidos carecen de condiciones de licenciamiento claras. Unas veces por aparecer en el aviso legal un mensaje críptico al respecto y otras veces por ni tan siquiera aparecer nada.

La visibilidad, la accesibilidad, los formatos y la inseguridad son las barreras de la reutilización que Aporta no ha conseguido romper en dos años. No creo haya sido por falta de esfuerzo, sino quizás por un defecto generalizado en la AGE: Nuestro excesivo regulacionismo. Aquello sin soporte legal tiende a no hacerse. Sólo por ello, es una buena idea que dentro del Plan Avanza2 se haya incluido el desarrollo de la Ley 37/2007 mediante Real decreto. A lo mejor con ello se consigue remover barreras.

viernes, 23 de abril de 2010

¿Se necesitan cambios en la Directiva de Reusabilidad de la Información Pública?

El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.


Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.


Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.


Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.


Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos "muy grandes para caer" y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.


Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

viernes, 26 de febrero de 2010

Una peculiar visión de la transparencia

No deja de sorprenderme este país. A uno le entran ganas de entrar en un irrevocable exilio interior.


Hace unos días, Andrés lanzó un par de tweets que dejan a las claras el concepto de transparencia que maneja una parte de nuestra clase política.


En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid inventa la transparencia con el carnet en los dientes. Libera datos y los deja reutilizar, pero para ello previamente ha de estarse perfectamente identificado por lo que pueda pasar. Y no porque se vaya a cobrar, en cuyo caso sería comprensible, sino sólo por molestar. Todo ello está conforme con la legalidad definida por la ley 37/2007, pero no parece que sea una práctica iluminada por la simplificación administrativa o reducción de cargas. Tampoco existe excesiva información sobre a qué datos se puede acceder. Es decir, también se inventa la transparencia por adivinación.


En segundo lugar, nuestra inefable Casa Real. La monarquía nos inventa la transparencia interna tras inventar la transparencia limitada. Primero, el amago de transparencia de la agenda real, matizada con "A partir de ahora vamos a informar de algunas de las actividades y reuniones del Rey, pero siempre lo haremos a posteriori y con el consentimiento de las personas afectadas". Después aclarando que esa transparencia no afectaría a los datos financieros ya que el presupuesto de la Casa Real "Es una cantidad absolutamente ridícula si la comparamos con el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado". Para terminar presumiendo que "Hay una absoluta transparencia interna de las cuentas de la Casa Real". Eso de la transparencia interna me suena a fuego acuático o luminosa oscuridad. Debe tratarse de un alarde lírico.


En resumen, transparencia interna, limitada y con el carnet en los dientes. P.ues nada, ahora si que sabemos que opinan algunos del Gobierno Abierto

viernes, 16 de enero de 2009

Proyecto Aporta: Nace en España el sector de los intermediarios electrónicos

La apertura de interfaces automatizadas por parte de las Administraciones Públicas, forma parte de la Visión 2020 del Gobierno Electrónico comentada en una entrada anterior. La provisión de servicios públicos electrónicos M2M y no sólo los ya habituales orientados a su uso directo por los ciudadanos, es el comienzo de la Administración Personalizada, dónde la figura de los intermediarios electrónicos sea un elemento cotidiano.


La Administración General del Estado parece que comienza la andadura por este camino. A través de los Blogs de Público, me entero que como consecuencia de la Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público, transposición de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se ha puesto en marcha el "Proyecto Aporta".


Aunque la web informativa del proyecto parece tener fecha de arranque el 19 de Diciembre de 2008 a la luz de la información que aparece en su página inicial, existe poca información acerca de los objetivos y alcance que va a tener el proyecto o los hitos temporales del mismo (prácticamente todos los enlaces llevan al consabido mensaje de página de en construcción) .  Tampoco existen pistas sobre qué información y en qué condiciones de licenciamiento serán puestas a disposición de los intermediarios, algo que necesitaría desarrollo reglamentario de la Le 37/2007 u órdenes de cada organismo. Llama también la atención la ausencia aparente del Ministerio de Administraciones Públicas en el proyecto, quien tiene una parte importante de las competencias de impulso del Gobierno Electrónico y de coordinación de las Administraciones Públicas.



En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa y que continúe, y tal, como indica al hablar de los beneficios del proyecto, que permita alcanzar una Administración más transparente y avanzar en nuevos modelos de cooperación público-privados (a este respecto, merece leer el post de hoy de Oscar Cortés). No obstante, llevado este modelo al extremo, a su uso en servicios transaccionales, vuelve a entrarme la duda de la necesidad de los esfuerzos que se van a dedicar a implementar la Directiva de Servicios, que no deja de ser una asunción por parte de la Administración de la actividad de las tradicionales gestorías.