Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (IV): Plan de Implementación de Real Decreto 1495/2011 #risp

Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, no hay Consejo de Ministros que no nos traiga algún tipo de medida destinada a luchar contra la crisis. Indisponibilidades presupuestarias y subidas de impuestos, campañas contra el fraude fiscal y anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria han sido las medidas estrella de los tres celebrados hasta hoy. Cada uno tendrás su criterio sobre la bondad o no de las medidas adoptadas, pero lo que es innegable es que todas las medidas adoptadas hasta ahora han ido destinadas a gastar menos y recaudar más, ambas cosas necesarias, sin que ninguna hasta ahora haya ido destinada a generar actividad económica.

Las medidas destinadas a generar actividad económica en una situación como la actual suelen ser de carácter más complejo. Generalmente, sólo es posible crear actividad con una inversión previa y encontrar dinero para ello en nuestras deficitarias cuentas es una tarea llamada a la melancolía. Sólo es posible generar actividad económica mediante la aplicación de un mecanismo de vasos comunicantes, eliminando inversión de un lado para pasarla a un concepto potencialmente más enriquecedor para el país.

¿Que medida sería posible tomar en el ámbito del Gobierno Electrónico sigiendo este modelo? Es de lo que va este post.

Desde hace unos años, existe un consenso generalizado en el potencial de creación de actividad económica de la información del sector público. El estudio de la Comisión Europea MEPSIR hablaba en  2006 de un potencial de 2000 millones de Euros para España, y más recientemente en 2011 el Proyecto Aporta hablaba en un estudio de una realidad de 550-600 millones de Euros de actividad infomediaria en nuestro país. La reutilización de la información del sector público es, consecuentemente, una de las áreas de las desarrollo del Gobierno Electrónicos que más beneficios sociales traería.

En un intento de cubrir el hueco entre actividad económica potencial y actividad económica real se aprobó el año pasado el Real Decreto 1495/2011. Sin embargo, su implementación efectiva requiere inversiones. Los recursos económicos para ello podrían salir de partidas ajenas al Gobierno Electrónico, sin lugar a dudas, pero ello probablemente exigiría una cirugía fina que, sinceramente, no veo posible. Los recursos económicos para la apertura de datos sólo pueden venir de los ya existentes para el Gobierno Electrónico. 

Mi opinión es que el dinero para implementar los datos abiertos sólo puede venir de un mayor uso de los servicios comunes de Gobierno Electrónico. Servicios como los certificados de la FNMT, @firma o las notificaciones electrónicas, no son usados por todas las unidades administrativas. Es necesario que su uso deje de ser voluntario entre las unidades administrativas para pasar a ser obligatorio. Y el camino es sencillo, baste recordar como se obligó a usar la verificación de datos de identidad para eliminara las fotocopias del DNI, creando la obligación legal. Sólo así no habría excusa para no llevar a cabo un plan global de implementación del Real Decreto 1495/2011, que detraiga recursos de las partidas "corralito" de uso no justificado ante la existencia de un servicio común similar para moverlas a un fondo para la implementación de la apertura de datos.

Ahora que el Gobierno Electrónico depende del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, es quizás el momento para crear la obligación de uso de los servicios mencionados. Baste recordar que el único servicio común de obligado uso en la AGE es la plataforma de contratación que siempre dependió de ese ministerio. Una primera tarea por la que debería luchar el máximo responsable del Gobierno Electrónico que llevamos esperando ya casi tres semanas.