A pesar de mi uso intensivo de twitter como herramienta de relación y medio de información, creo sinceramente que es una herramienta sobrevalorada en su capacidad de influencia. No creo que nuestros políticos o ningún otro poder fáctico sea esclavo del trending topic, aunque existe un fenómeno de realimentación que hace que aquellos que usamos twitter creamos lo contrario. Nuestros círculos de de relación virtual en twitter suelen ser peligrosamente cerrados, con una tendencia a la reafirmación de nuestras creencias que puede conducirnos a un pensamiento único compartido por una comunidad. Sin embargo, twitter si funciona como microcosmos social, del cual extraer lecciones. Un ejemplo es el reciente cambio de Gobierno nacional, dónde el análisis de sus primeros pasos en twitter puede ir más de la superficialidad de su uso o no del servicio.
De un tiempo a esta parte, se había producido una eclosión de la presencia en twitter de los ministerios y organismos de la Administración General del Estado. De tal suerte, que uno podía considerar twitter un servicio más de ministerios y organismos, un nuevo canal de relación bidireccional o al menos de información de carácter inmediato por parte de los poderes públicos. La primera lección es el error de creer un servicio aquello que no tiene un marco legal que lo sustente. Existen perfiles que han dejado de emitir cualquier tipo de información desde el cambio de gobierno (e.g. @marmgob o @culturagob ) mientras otros simplemente han desaparecido del mapa (e.g. @mpresidenciagob). No es el lugar de debatir si los canales twitter son o no necesarios, pero si lo son necesitan algún tipo de sustento legal para su creación y difusión. Un posible camino es el esbozado en un reciente decreto de la Xunta de Galicia. Probablemente, hay quien opina que no necesitamos más leyes o decretos en el Gobierno Electrónico, pero pregúntemonos que habría pasado con las versiones electrónicas de los procedimientos administrativos de no existir la Ley 11/2007.
Consecuencia de lo anterior, es la segunda lección a extraer la necesidad de evitar la arbitrariedad en la creación y supresión de servicios público. Si algo queda también de manifiesto, es la necesidad de definir un flujo de autorización en la creación de canales sociales en la Administración General del Estado que garantice a los ciudadanos que los sigan como medio de comunicación que no son flor de un día. Algunos de los canales desaparecidos pueden no ser necesarios, por ejemplo @mpresidenciagob puede solaparse en sus funciones con @desdelamoncloa, pero no existe razón para que no exista una difusión en twitter de las actividades de los ministerios verticales como Cultura o Agricultura, o que su existencia esté sometida al arbitrio de su titular o a las fusiones y rupturas ministeriales, y si no era necesario nunca debió ser creado y malutilizar recursos en el mismo. Un servicio público no puede ser una dadiva del poder, sea cual sea este, su creación y supresión debe estar sometido a unas ciertas condiciones que permitan al ciudadano intuir hasta que punto puede construir parte de su vida alrededor del mismo.
Y una tercera lección es la necesidad de una delimitación competencial clara entre poder político y profesionales de la Administración. Los perfiles twitter de los distintos ministerios y organismos, salvo excepciones, eran un medio creado por los gabinetes de comunicación de ministros, secretarios de estado, etc, ... Muchos de ellos se asimilaban más a un medio de difusión de las actividades del titular del Ministerio u organismo que de las actividades y políticas del organismo. Tan comprensible que algunos políticos deseen utilizar un medio social como que no, que prefieran estar en twitter o en facebook, pero ello no debe marcar la política de uso del medio social del organismo. De modo similar a como existen webs y sedes electrónicas, las segundas más focalizadas en los servicios públicos y las primeras en la acción política, el uso de los canales sociales debe madurar hacia esa separación. Del mismo modo que nuestra Administración debe profesionalizarse aún más en ciertos niveles y limitar su dependencia en su estructura o funcionamiento de la alternancia política.
El uso de Twitter y de las redes sociales, en general, forma parte de la presencia en Internet de las AAPP. Desde mi punto de vista, es bueno que se regule esta presencia, incluso con un propósito pedagógico, igual que la Ley 11/2007 también tiene este propósito, ya que dice cosas que seguramente no debería hacer falta decir, pero que en la realidad actual de nuestras AAPP sigue siendo necesario recordar: por ejemplo, que Internet está ahí, que es un canal de comunicación y de servicio a la ciudadanía, que el ciudadano tiene derecho a tramitar desde su casa o desde su lugar de trabajo, que las AAPP deben actuar con transparencia, etc.
ResponderEliminarEn fin, que las redes sociales e Internet, en general, son un canal muy potente para mejorar la actuación de las AAPP y que, por tanto, es de cajón de madera de pino que se deben utilizar. Pero como, al parecer, todo el mundo no es consciente de ello o no se dan por aludidos es bueno que se regule su uso, sobre todo para eso, es decir, para que se usen.
A partir de ahí, la componente personal es importante en esto, como en todo. Habrá quienes lo hagan con más convencimiento y mejor, y quienes lo hagan para cubrir el expediente y seguro que peor.
También comparto la necesidad de distinguir entre el uso personal y el institucional, aunque en el caso de los servidores públicos (políticos y funcionarios) a veces los límites son difusos. Y lo digo por experiencia propia.
creo que Twitter y las redes sociales son un activo realmente importante pata gestionar políticas públicas y sus impactos. sin embargo, los poderes públicos siguen muy vinculados a sistemas de comunicación verticales que pierden cada vez más fuerza y efectividad.
ResponderEliminares grave ver que de momento se interpreta la interacción social con fines propagandisticos, como vimos el #20N. Lo peor es que el nuevo gobierno ha desandado mucho y que esto ni importa ni es noticia, y me da la sensación que para una parte importante del pais la transparencia y el diálogo con los poderes publicista es accesorio
Estoy de acuerdo con ambos en las tesis básicas que manteneis:
ResponderEliminar- @balapiaka: Que debe regularse la presencia en las redes sociales de las AAPP
- @crasel: Que a nadie parece importarle en el fondo que exista una real transparencia y un real diálogo con las AAPP
A partir de ahí, quiero resaltar que el presente post no va de redes sociales. Creo que la actitud hacia las redes sociales de cualquier AAPP, decidir en cuál estar presente o no y como manejarlas es un tema con muchas aristas, y no seré yo quien juzgue mal o bien porque un determinado está o no en twitter, prefiere estar en facebook o decide que no está en ninguno.
El post trata de tomar la presencia en twitter como un proxy de los servicios públicos, y como en elo mismo se manifiestan los riesgos inherentes a los mismos cuando no se regulan, se consideran una dadiva voluntaria y no existe separación clara entre política y Administración en su ejecución.
Espero esté más claro ahora.
Creo que disiento en algún aspecto con vosotros. Mi opinión es que, efectivamente, habría que legislar unos mínimos de uso y aplicación de las redes sociales de los organismos públicos, en defensa de la tranaparencia y la necesaria comunicación bidireccional de la administración con los administrados. Pero no pueden legislarse las necesidades y objetivos que cada organismo público tiene y se fija en este aspecto.
ResponderEliminarSi creo que es fundamental que la administración pública se encuentre (presente y activa) en las redes sociales (sea cual sea), que dialogue y escuche y que integre la utilización y gestión de esa red en su propia estructura.
Permitir lo contrario (es decir, lo que vivimos en este momento) es permitir una administración cada día más alejada de los ciudadanos, que sirve a los intereses de quienes la gestionan (funcionarios y políticos) y que muy pocas veces escucha y obra en consecuencia.
Creo que las redes sociales e internet pueden aportar una gran riqueza al desempeño del servicio publico. Pero no es posible disfrutar de su valor añadido si se actua frente a ellas con panico. Veo ejemplos de uso en el que se convierte en una medio mas en el que soltar esas notas de prensa de lenguaje institucional tan carentes de interes, utilizandolas de un modo unidireccional sin esperar respuesta o participacion alguna. Tener cuantas asi es lo mismo que no tenerlas. Si la regulacion puede propiciar un entorno en que los directivos pierdan el miedo y se sientan un poco mas seguros creo que es muy positivo realizarla. Ademas puede que tambien tenga un efecto balsamo en los empleados publicos que miran de una forma totalmente ajena a su desempeño el uso de estas redes. ...el tranfondo creo que es el miedo del que habla castells en el paid. El miedo a perder el control ....con este miedo no es posible un buen uso de twittwr
ResponderEliminarNo sé hasta que punto sería útil y productivo hacer una legislación para aspectos de comunicación política, o en su caso, de diferenciarlo por medios. Creo que la comunicación debería englobarse en la política de transparencia de cada gobierno.
ResponderEliminarEn cuanto al uso como servicios, de momento me cuesta verlo como tal, si acaso como elemento de políticas públicas, pero vamos, puede ser más por falta de imaginación que otra cosa
Muy buen artículo, Andrés. Yo también percibo confusión y dispersión en el acceso de los organismos públicos a las redes sociales, y específicamente a twitter.
ResponderEliminarEl asunto de la doble personalidad, institucional y personal ya ha salido antes en este blog. Como entonces decíamos, la cuestión existe, pero no tiene una solución sencilla. Yo personalmente no creo que podamos meter el cuchillo limpiamente para separar ambas.
Planteas también el asunto de la regulación. La regulación puede despejar algo el panorama, pero no será bálsamo de fierabrás: arreglará algunas cosas pero otras no. Y no olvidemos que toda regulación, por buena que sea, tendrá algún efecto negativo. La excelencia no se consigue regulando, sino maximizando los efectos beneficiosos de la regulación al tiempo que se minimizan los efectos perjudiciales. Y no es fácil: muchos de nosotros sólo vemos el lado positivo, pero eso es un error cuando se trata de regular la vida de las personas. Y tiene mucho mayor coste remediar los errores después de cometidos que evitar cometerlos.
Para fijar mi posición, diré que estoy a favor de clarificar la intervención institucional y personal (del personal al servicio de las AAPP) en las redes sociales, y específicamente en Twitter, pero dentro de un marco de referencia amplio, que si se fija algún límite estemos seguros de que está completamente justificado y avalado por las leyes y por la Constitución, y que el resto sean recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas. Con eso debería bastar por ahora.
Terminaré comentando que no comparto tu afirmación en relación a la diferencia entre la web de un organismo y la sede electrónica, en la que la primera se usaría con fines políticos y la segunda para prestar servicios a los ciudadanos. Para mí, ambas son servicios públicos, pues se pagan con el dinero de todos. La sede está mas centrada en los trámites y la web en la difusión de información y otros servicios que no tienen carácter oficial, pero son igualmente útiles para los ciudadanos.
Como siempre, maestro, casi de acuerdo en todo, incluso en que la web es tb un servicio público. No lo llamemos fines políticos sino fines de difusión de la acción pública.
ResponderEliminarEn lo único que no estoy de acuerdo es que en este caso sea difícil separar el personal e individual. O a lo mejor me explique mal. No veo complicado que exista un twiter del ministro y otro del ministerio. Sería de agradecer en algunos casos.