Hace ya unos meses, escribí un post sobre innovación disruptiva en las Administraciones Públicas que figura entre los más visitados de ésta bitacora. Aunque sea sólo por eso, quizás es necesario retomar el tema.de cómo introducir la capacidad de disrupción en las Administraciones es una exigencia social, ya que parece claro, cuando menos, que algo distinto hemos de hacer para seguir siendos relevantes en la satisfacción de las demandas ciudadanas. Se nos exige que seamos capaces de desarrollar un gobierno abierto, tecnológica y actitudinalmente capacitado para un diálogo continuo con la sociedad, siendo a la vez eficientes en los recursos que utilizamos para crear esta conversación continua.
Revisando el manual del innovador, el magnífico libro "El dilema de los innovadores", uno advierte que la innovación disruptiva requiere cambiar personas, procesos y valores en las organizaciones, siendo crítico para ello la adquisición de nuevas capacidades por la organización, los procesos y valores que se requieren para habilitar la innovación disruptiva. Son tres las vías que son identificadas como canales para la adqusición de estas nuevas capacidades:
- Adquirir organizaciones con procesos y valores ajustados a las necesidades para la nueva tarea
- Cambiar en la organización los procesos y valores
- Crear una organización independiente dónde desarrollar los procesos y valores necesarios para la nueva tarea
La segunda de las vias es la que el libro indica como más compleja, pero que por las particularidades de las Administraciones Públicas, es la única posible. La primera, no resulta viable por los procesos de selección de personal y la tercera nos queda anegada como salida en estos tiempos de adelgazamiento de lo público. El único camino posible resulta largo, fundamentalmente en lo referente al cambio de unos procesos generalmente apoyados en normas legales. Abordarlo es necesario, pero al mismo tiempo las máquinas de lo público no pueden pararse, siendo necesario apoyarse en el exterior para satisfacer con curas de urgencia la necesidad inmediata.
¿Es posible el uso momentaneo de la muleta del sector privado para apoyar facilitar las capacidades de innovación no existententes aún en el sector público? La respuesta pesimista es no con las posiciones actuales. Sector Público y Sector Privado andan envueltos en el laberinto del dilema del prisionero, con una desconfianza mutua ancestral que tan sólo auguran la destrucción mutua. Desde el sector público, se evita la colaboración con el sector privado temiendo la fagocitación total. Desde el sector privado, se desdeña el sector público tildándolo de superfluo e innececesario. Mientras esta desconfianza sigue paralizando la necesaria acción conjunta, los retos económicos y sociales se comen el suelo bajo los pies de ambos.
Sólo es posible salir del dilema del prisionero con una renovación del contrato social entre ambos. Es sin duda necesario que ciertas parcelas de las actividades desarrolladas por el sector público se realicen por el sector privado. Ello sin embargo no debe ser ni el primer paso de la cesión del todo ni el reconocimiento de una situación permanente. Al mismo tiempo, el sector privado ha de eliminar capas de opacidad y renunciar a la desregulación total. Asumir sectores críticos para el bienestar social requiere la rendición transparente de cuentas. En definitiva, un nuevo contrato social basado en la eficiencia y transparencia mutua.
El nuevo contrato social se convertiría de este modo en la innovación evolutiva que habilitara la necesaria innovación disruptiva, no ya en la Administración sino en el conjunto de la sociedad. El cambio en la Administración, contrariamente a lo que muchos creen, implica el cambio también de la ciudadanía. La innovación disruptiva en los gobiernos conlleva la de la sociedad. Una innovación disruptiva sin la cual el futuro no es posible.
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