Resistencia a la innovación de la sociedad española ante el #egov

La Ley 11/2007 obliga en su artículo 34 a que la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos implique un "rediseño funcional y simplificación del procedimiento". Eso, ni más ni menos, es lo que se ha realizado con el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. Dicha norma regula como todos y cada uno de los españoles accedemos a la renovación del carnet de conducir.

El rediseño realizado es quizás uno de los más innovadores en materia de Gobierno Electrónico en España, aunando inclusividad en la aplicación de medios electrónicos con reducción de cargas administrativas para el ciudadano y reducción de burocracia innecesaria. No entra plenamente en vigor el Real Decreto hasta Noviembre, pero algunos ya hemos disfrutado del mismo. Antes, habíamos de ir a los centros de reconocimiento médico de conductores (CRC) para después ir a las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a finalizar la tramitación del carnet de conducir aportando fotografía y certificado médico. Ahora, son los CRC los que por medios electrónicos hacen llegar la DGT nuestra fotografía y firma manuscrita digitalizada junto con el resultado del reconocimiento médico sin necesidad de que hayamos de desplazarnos a las oficinas de la Administración. Los medios técnicos que permiten esta modernización de la expedición del carnet de conducir son aportados por la DGT, que instala en cada CRC la aplicación, una Webcam y un lector de firmas manuscritas (de esos que ya se ven en uso en grandes superficies comerciales).

Cuando aún esta innovación estaba en fase de diseño, tuve oportunidad de oir hablar de ella. Me resultaba difícil pensar que nadie pudiera posicionarse en contra de la misma. Es difícil que una solución de Gobierno Electrónico presente menos dificultades de uso para los ciudadanos. Sin embargo, la resistencia al cambio de la sociedad española es capaz de aparecer donde uno menos se los espera. El otro día me enteré (con retraso) que una serie de asociaciones profesionales de fotografos "se oponen al sistema propuesto por la DGT de captación de imagen mediante webcam en los centros de reconocimiento psicotécnicos ya que supone un intrusismo en el sector de la fotografía profesional". Leyendo su carta, proponen para ello que los CRC en lugar de tomar la fotografía con la Webcam proporcionada realicen un escaneo de la que proporcione el ciudadano o admitan que esta le sea enviada por correo electrónico. En definitiva, mantener su cuota de negocio cautivo.
Claramente, el sistema en fase de implantación por la DGT supondrá una merma de ingresos para los fotografos, que ellos estiman pérdidas en 27 millones de Euros. Sin embargo, el ahorro económico para la sociedad que supone la medida también es cuantificable y excede con creces está cantidad. De acuerdo a los datos de la DGT, se expidieron en 2008 un total 859.179 licencias de conducir tipo B (la que usamos todos). De acuerdo con el sistema de evaluación de cargas incluido en la "Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo", la diferencia de coste a favor de la sociedad que supone la presentación de cada solicitud a través de los CRC en lugar de hacerlo él presencialmente es de 45 Euros, lo que supondrá una reducción de costes económicos para la sociedad (sólo en licencias B) de más de 38 millones anuales de Euros (sin contar los ahorros que supone para la Administración que también repercuten en todos los ciudadanos).

Cuanto nos gusta que la sociedad gane en competitividad y que la Administración sea más efciente mientras que nada cambie para nosotros.

Todos los ciudadanos somos #wikileaks

La memoria es subversiva. Y juega malas pasadas para con la conciencia, introduciendo en ellas imágenes que no te dejan dormir. Una de ellas es la que acompaña este párrafo. A muchos no les sonara de nada, en mi cerebro es poco más que el recuerdo de uno de aquellos Nodo previos a las tardes de sesión continua en los cines de mi barrio. Esa imagen es la voladura del "Diario Madrid", un periódico que la dictadura fascista en España persiguió hasta el exterminio material, no eran "rojos subversivos", simplemente eran de otra familia política del régimen, la que quería una retirada temparana del dictador. Simplemente eran molestos al poder.

La voladura virtual es lo que quieren hacer con Wikileaks, eso es lo que los ciudadanos tenemos que tratar de impedir. Voladura virtual es que se les eché de los servidores de Amazon por un presunto delito (aunque parece obvio que se haya podido cometer una ilegalidad). Como bien indica el Gobierno de Australia en defensa del ciudadano Assange, "la responsabilidad legal es de los responsables de la fuga inicial no autorizada". Es decir, de funcionarios o responsables políticos del Gobierno de Estados Unidos. Cuando la primera ronda de persecución de Julian Assange, escribí otra entrada en este sentido. La legalidad ha de ser el límite de la transparencia y un funcionario o político solo puede dar a conocer aquello que legalmente no tiene prohibición de hacer público. Y ello está definido en España, y es de suponer que de modo igual en USA como (ver Ley 7/2007, artículo 95)

• La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
• La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

Pero en lugar de los fallos en el procedimiento interno se persigue a quien los pone a la luz. Se persigue al mensajero. Por eso todos somos wikileaks, porque está matándose al mensajero, porqué se está cercenando la libertad de expresión.

Pero al mismo tiempo, todos las Administraciones son la Administración Obama. En alguna entrada dejé escrito algo parecido a que la tecnología inhabilita las excusas para lo que es público no esté en línea 24x7. No es el caso que nos ocupa, que existe material secreto de por medio, pero a lo mejor la primera pregunta es si muchos de los documentos filtrados merecen tal calificativo, si una mejor clasificación de los documentos no habría facilitado la vigilancia de lo que realmente no debía trascender. En el caso de España, la clasificación de documentos se realiza de acuerdo a la Ley 9/1968 . Es de pensar  que en Estados Unidos existen previsiones similares, con previsiones de clasificación igual de ininteligibles incluso para el común de los funcionarios o políticos , con referencias a marcos legales propios de cada sector, y que conducen a un exceso de celo en la clasificación, a que se intente proteger el todo inabarcable dejando las partes (incluidas las vitales) inermes. Aumentar el perímetro de la opacidad, no nos hace más seguros. Por eso las Administraciones Públicas debemos aumentar el perímetro de lo público, darlo a conocer sin restricciones, facilitar su acceso por las TIC. Sólo mediante la transparencia podremos proteger lo que debe mantenerse en secreto.

La tecnología está arrasando modelos de negocio obsoletos. Primero, fueron las discográficas las que sucumbieron por no querer adaptar sus modelos de negocio a la tecnología. Las editoriales literarias llevan el mismo camino. ¿Ha llegado el turno de las Administraciones Públicas? Esperemos que no porque detrás sólo está la ley de la selva, esperemos saber migrar hacia un modelo de negocio  de AAPP basado en la habilitación de la transparencia mediante las TIC.

Antes y después: Una visión pesimista tras la pandemía de #controladores

Me estaba resistiendo a escribir entrada alguna sobre los acontecimientos (a determinar si  por una huelga o pandemia de controladores) acaecidos en esta primera parte del puente más largo del año, pero la carne es debil y los dedos largos. Al final he cedido a la tentación. Esta es una visión personal muy pesimista de un par de días que, por muchas razones, marcan un antes del 3/12/2010 y un después del 5/12/2010. Advierto, que es una sesión de diván bloguero para el que no le guste este tipo de piezas.

Los actores principales han sido el colectivo de los controladores aereos. Un grupo de trabajadores contra los que se ha ido alimentando progresivamente la ira popular. Ciertamente tienen un sueldo muy superior a la media y un puesto de trabajo estable, pero ninguna de ellas son razones para negarles el derecho a cualquier tipo de reivindicación. Alguna de las reivindicaciones creo que tiene un fondo de razón: no conozco a nadie excepto a ellos al que una baja laboral no le signifique un equivalente a haber estado en su puesto de trabajo, a nadie que se le obligue a que esos días de baja los devuelva en forma de días laborables (este extremo , por extraño que parezca, lo confirma el ministro en este video: "en las horas de trabajo computaban bajas por enfermedad"  y lo explica @davidrjordan en su bitácora ). El límite que han traspasado es plantear estas reivindicaciones en una  forma  tan virulenta y tratando de convencernos que la virulencia es resultado de una presión insoportable. Con la forma, han perdido toda posible solidaridad que otros pudiéramos tener para  con ellos. Y si la presión que sufren es insoportable, el camino está claro, a nadie le obligan a trabajar en ningún puesto de trabajo. A lo mejor cometieron el error de su vida al entrar en ese trabajo, pero siempre se está a tiempo de rectificar. Y escribo esto desde la posición de alguien que ha abandonado trabajos estables cuando personalmente le parecían insufribles. Antes del día 3/12 tenían la imagen de un colectivo de trabajadores que, aunque especiales, eran dignos de todo respeto. Después del día 5/12 tienen la imagen de unos irresponsables que hacen uso excesivo de su capacidad de presión.

Luego tenemos al Gobierno. Un Gobierno elegido democráticamente tiene toda la legitimidad para desarrollar cualquier tipo de política pública (dentro de los límites razonables), incluidas en materia de organización del personal del sector público. En este campo ha tomado ya varias, incluyendo la bajada de sueldo de los funcionarios (y sólo los funcionarios, sin que sepamos porqué aún) y otras como la privatización de AENA están en camino. Toda medida tiene una consecuencia, pero un Gobierno está ahí para adoptarlas. Dicho esto, la declaración del Estado de Alerta me parece excesiva para la resolución de un conflicto laboral, por grande que este sea. Para abrir un expediente disciplinario, no era necesaria tal sobreactuación. La militarización de un servicio que dicho Estado de Alerta supone nos retrotrae a tiempos pasados, en que las huelgas de metro se resolvían haciendo uso de soldados de reemplazo. A ver como en la próxima huelga salvaje de un servicio público en cualquier ciudad o región, como por ejemplo la huelga de metro del verano pasado en Madrid, se le deniega a su alcalde o presidente autonómico la petición de que el Gobierno declare el Estado de Alerta en su territorio. Antes del 3/12 creiamos que existía el límite de lo civil para la resolución de conflictos civiles. Después del 5/12 sabemos que la militarización es una opción válida para resolver conflictos civiles.

Por cerrar el tema de los políticos, tampoco ha estado mal el papel del principal partido de la oposición. La intervención de su portavoz Gonzalez Pons fue una antología del disparate. Ofrecer apoyo llamando incapaces o acusar a ZP de esconderse tras Rubalcaba cuando Rajoy ha destacado por su callada elocuencia durante todos estos días, reflejan el porqué el PSOE se despeña otro 10% y el PP crece tan sólo un 0,2%. Antes del 3/12 teníamos pocas ilusiones de la existencia de una alternativa responsable.  Después del 5/12 hemos perdido toda esperanza.

Y la resolución del conflicto importa poco, lo que importa es el juego cainita de culpar al otro. Dando cada uno pábulo a una teoría conspiratoria distinta ante lo que, mientras no se demuestre lo contrario, ha sido una ida de olla colectiva de un colectivo (incluso por sus primeras declaraciones tengo la duda de si los líderes de USCA han tenido algún tipo de control en el arranque del plante aunque después todo parece indicar que trataron de aprovecharlo). De un lado, los que insinuan una estrategia del Gobierno de cara a  futuras medidas económicas excepcionales. De otro, los que alimentan la especie de la estrategia del PP para corroer las estructuras del Gobierno. Antes del 3/12, veiamos difícil que nuestros políticos alcanzaran un acuerdo sobre cualquiera de las reformas y políicas necesarias. Después del 5/12, sabemos que cualquier acuerdo entre ellos es una quimera.

Finalmente, llegamos a los más perjudicados, los atrapados en los aeropuertos. Existen entre ellos historias dramáticas de adopciones frustradas o personas tratando de llegar junto a madres moribundas , también http://www.netoraton.es/?p=21810con más que razones para estar indignados. Me he visto en ambas circunstancias (aunque por un áximo de 6 horas) en las huelgas de controladres franceses y entiendo lo que sigifica. Pero si algo me llamó la atención en las primeras horas con escaso filtrado por los medios de las entrevistas a viajeros a pie de terminal, era la continua repetición de un mismo lamento: "Me han fastidiado el puente, con la ilusión que tenía por ir a ... ". La sonora protesta de esta sociedad por la quiebra del derecho de consumo (@barahona dixit) frente al elocuente silencio ante el recorte de derechos sociales no deja de ser sorprendente. Antes del 3/12, eramos conscientes del silencio de muchos ante el recorte social. Después del 5/12, sabemos que muchos de los que callan ante lo primero no toleran que les alteren un puente. No obstante, a todos ellos hay que reconocerles la serenidad ante la impotencia. Aparte de los silbidos a la puerta de una reunión de controladores, no ha habido mayores incidentes cuando hubieran sido perfectamente esperables. 

Lamento tanto pesimismo. Tras lo ocurrido en estos tres días no estoy para celebrar ningún día de la Constitución.

La evolución de Internet y el Gobierno Electrónico

Internet es el soporte tecnológico del Gobierno Electrónico. Toda evolución de las condiciones de servicio del primero tienen su lógico impacto en el segundo. Hoy por hoy, son dos los condicionantes que parece van a marcar la evolución de Internet. En su capa exterior, la tan cacareada muerte de la web. En su vertiente interna, el debate sobre la neutralidad de la red. Ambos condicionantes tienen un impacto sobre las condiciones básicas de prestación de los servicios de Gobierno Electrónico, la garantía de la continuidad de los mismos en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad.

La muerte de la web es un nombre desafortunado (además de sensacionalista). Prefiero el término astillamiento de Internet que apareció con anterioridad. La interfaz de usuario única está definitivamente rota. Primero fueron los widgets, tras ellos las apps para teléfonos inteligentes (varios de ellos) y ahora aplicaciones transaccionales sobre facebook. Ya anteriormente escribí que no creo que las AAPP podamos mantener todas estas variaciones de interfaz, pero ahora creo que tampoco debemos. El uso (aunque probablemente mal medido) del Gobierno Electrónico está alrededor de un 12%-15% de la población española, no llega al 25% de los cibernautas.Concentrarse en la extensión del servicio básico, parece la primera obligación, siguiendo de la habilitación de su extensión a otras interfaces por terceros. Los recursos públicos son escasos (hoy más que nunca), la lógica priorización de inversiones ha de dejar a un lado satisfacer a la minoría para tratar de llegar a una mayoría. Sólo una modificación radical de las condiciones de entorno, como el uso generalizado de las redes sociales por la sociedad (no sólo los cibernautas) o el abaratamiento de los telefónos inteligentes tipo iPhone, podría justificar un cambio de estrategia.

La posible atenuación o desaparición de la neutralidad de la red, la clasificación del tráfico según pague su origen o destino, plantea otra problemática: ¿cuál sería la calidad de servicio que se de al Gobierno Electrónico? ¿quién pagaría por que el acceso a los servicios de Gobierno Electrónico sea de mejor o peor calidad? ¿pagarían los Gobiernos por una calidad determinada e igual para todos los ciudadanos o dependería de la calidad de acceso a la red que pagase el ciudadano? El tema, obviamente, no es baladí. De optarse por la segunda, podría tener impacto, por ejemplo, en el momento en que un ciudadano registrase una petición hacia la Administración, retardándola sobre otro ciudadano que tuviera un acceso por el que hubiese pagado más. Y podemos imaginarnos que pasaría si la opción fuera que el gobierno pagase por una calidad determinada a sus servicios, ya tendríamos el constante cuestionamiento sobre si es necesario o no que se pagase con los impuestos tener esa determinada calidad (fuera la que fuera). Una posible salida, es incluir dentro de las licencias de operación la obligación de dar una determinada prioridad (alta) al tráfico gubernamental, pero es obvio que las operadoras plantearán sus problemas a esta opción.

Si hay algo que deja claro tanto una cuestión como la otra, es que las decisiones a tomar no son técnicas, sino políticas. Cada uno con sus consecuencias sobre el futuro modelo de sociedad. Si alguien aún no creía en la necesaria politización del Gobierno Electrónico, aquí tiene otras dos razones para hacerlo.