La demagogía con las inversiones TIC

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. Hace unos días, "La Vanguardía" recogía la noticia de un debate sobre el coste del blog del Alcalde de Barcelona en un pleno del ayuntamiento. Según las cuentas que allí se expusieron, cada vista al mismo parece tener un coste de 10,7 Euros.

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. En general,  con cualquier aspecto relacionado con costes de la Administración Pública. Proyectos menos discutibles que el blog de un responsable político no soportarían al más básico análisis de coste similar al realizado por "La Vanguardía". Por ejemplo, el DNI electrónico. Sólo el coste material (tarjeta y certificados) debe ser alrededor de  20 Euros. Si lo multiplicamos por el número de españoles que ya lo tienen y lo dividimos por el número de transacciones dónde ha sido utilizado un DNIe desde que empezó a expedirse, dudo mucho que el coste de transacción fuera inferior a los 100 Euros.

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. A veces por razones más justificadas que las expuestas en los anteriores párrafos. Aunque cuando esas razones existen, curiosamente las críticas no aparecen. Cuando los mismos proyectos  TIC se repiten una y otra vez por distintas Administraciones Públicas sin dedicar el más mínimo pensamiento a la reusabilidad o a la posibilidad de poner en marcha y hacer uso de servicios comunes. En el pasado, el desarrollo de múltiples autoridades de certificación digital o, en el presente, la implantación de diversas plataformas de contratación administrativa, son ejemplos fácilmente identificables.

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. Fundamentalmente , porque no se hace un análisis detallado de su valor social con carácter previo a acometerlas. Aunque existen diversos marcos para la evaluación de este valor social, su utilización en España es escaso. A diferencia de otros ámbitos como el ánálisis de riesgos o el desarrollo de proyectos, no existe un equivalente oficial metodológico para la evaluación del valor social de las inversiones TIC en las Administraciones Públicas de España.

Debería no ser fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. La exigencia de la realización de un análisis de valor social de las  mismas debería ser  exigida como parte de las memorias justificativas que acompañan nuestros proyectos. Demandar  responsabilidades por la no reusabilidad de resultados previos de otras AAPP y el incumplimiento del deber legal de colaboración entre ellas, debería ser posible. La presente crisis, con los ajustados presupuestos, es quizás la oportunidad de empezar a andar al menos esos dos caminos.