Si hay algo que últimamente tiene capturado mi tiempo, es la puesta en valor del Gobierno Electrónico. La percepción extendida de las TIC en las AAPP como un gasto sin ningún retorno o con un retorno inferior al debido, parece extenderse como un reguero de pólvora, a caballo de intereses creados y falta de interés por mostrar su valor. Es la única explicación que encuentro a que la bajada de presupuestos en algunas unidades TIC de la AGE esté siendo sensiblemente superior a la media de bajada presupuestaria.
Es por ello que comienzo hoy una serie práctica, inicialmente de dos capítulos sobre la puesta en valor del Gobierno Electrónico. Se trata de utilizar un ejemplo de datos públicos de tramitación, los facilitados por la DG de Catastro en el documento "La Administración Electrónica y el Servicio a los Ciudadanos" para mostrar métodos simplificados de puesta en valor del Gobierno Electrónico. Dicho informe en su página 129 contiene los datos de tramitaciones electrónicas frente a presenciales para la obtención de certificados catastrales. En el año 2008 figura que fueron tramitados en modo electrónico 2.999.954 certificados catastrales frente a 204.307 tramitados de modo presencial.
En este post, me centraré en el simple ejercicio de calcular la reducción de cargas que supone este caso de desmaterialización de la Administración. Recurro para ello a un documento que ya he referenciado en alguna ocasión, la "Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Impacto Normativo", de obligado uso en la AGE cuando nos toca elaborar alguna norma jurídica. Tiene la misma un apartado dedicado a la estimación de las cargas económicas que suponen para los ciudadanos los trámites que realizan con las Administraciones Públicas. El coste de una tramitación presencial supone 80 Euros, frente al coste de una tramitación electrónica estimado en 5 Euros. Ello significa la tramitación de los casi tres millones de certificados emitidos electrónicamente ha supuesto, a razón de 75 Euros de reducción de cargas por cada uno de ellos, una inyección económica sobre la sociedad de 224.996.550 de Euros. Desconozco el presupuesto exacto dedicado a las TIC en DG. del Catastro, pero no creo que supere los 10 millones de Euros. No parece, por tanto, que haya sido un mal negocio para los ciudadanos desde el punto de vista económico.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es necesario poner en valor las tecnologías en las relaciones de los ciudadanos con las Admnistraciones Públicas, son mayores lo beneficios para la sociedad en términos de agilidad y simplificación documental que los costes de su implantación.
ResponderEliminarPero es necesario tener en cuenta algunos aspectos
El método simplificado de valoración (que es el que etá incluido en la Guia metodológica)es un método que fue negociado y consensuado entre todas las Administraciones Públicas españolas, para que fuera de igual aplicacion en una CCAA o en la AGE y diera datos similares en cualquier AP la hora de calcular los ahorros producidos por la reduccion de cargas administrativas y por la introduccion de técnicas de simplificación en general. Éste supone la adaptacion del Standard Cost Model (utilizado por la Comisión Europea)a la realidad territorial y competencial de nuestro país. Pues bien, en el método simplificado las cifras de 80 euros, 5 euros o de 20 cuando la obligación es de conservar un determinado documento o el resto de las cifras llamadas coste unitario (y que figuran en la tabla) se obtienen de multiplicar una serie de valores que no se han obtenido mas que a través de estimación y encuestas, pues parte de una serie de elementos, como son los costes que tiene el empresario en salarios, o el tiempo que destina un trabajador de una empresa "eficientemente normal" (concepto que cuanto menos es indeterminado) al cumplimiento de esa carga administrativa y despues este coste unitario se multiplica por la poblacion y la frecuencia (nº de empresas afectadas y nº de veces que se ha de cumplir dicho trámite)( el concepto de carga administrativa apareció ligado a las empresas y por ello para obtener esta fórmula en nada se tuvo en cuenta a los ciudadanos)
Por ello lo primero que hay que hacer es cuestionar las cifras que se obtienen de la aplicación del método pues por ejemplo cuando las utilizamos para calcular el ahorro que ha supuesto la introducción de técnicas de administración electrónica no se calcula el valor del ahorro(75) por el número de solicitudes que se han presentado telemáticamente de manera efectiva (que en la mayoria de los casos no llega al 4% del total de solicitudes) sino que se infla su valor y se multiplica por la suma total de solicitudes, telemáticas y presenciales y de ahi que en muchas AP estén dando cifras por lo menos cuestionables (tb en la AGE).
Además estas cifras hay que tomarlas como lo que son, los conceptos económicos que se utilizaron para calcular el coste unitario (80, 5..) se obtuvieron a traves de estimaciones y encuestas y por lo tanto el resultado final hay que tomarlo asi, deberia servir para que vistas las grandisimas cifras que proporciona en terminos de ahorro, las AP se pusieran las pilas y no recortaran en introduccion y avance de las TIC pero para nada mas que eso ya que en ningún caso supone una inyección económica de esas magnitudes
Además por otro lado la Administración Electrónica en la AP debería estar suponiendo el estudio y simplificacion de los procedimientos e incluso reorganización de la propia Administración para que internamente desaparecieran formas de actuar mas propias de siglos pasados y eso no esta siendo asi, no se modifican adecuadamente las bases de los procedimientos y se sigue pidiendo un volumen de documentación que en muchas ocasiones la propia Administración ya tiene o podría pedir a otra Administración...en fin que la Administración Electrónica debería ser no solo un cambio en la fachada y forma de presentacion de los documentos por los ciudadanos, sino que debería estar suponiendo la reforma integral en la AP que no se está produciendo y por ello las cifras no me las creo.
Estoy totalmente de acuerdo en tus apreciaciones y puntualizaciones, Aida. Pero mi aproximación al tema es distinta.
ResponderEliminarEs un métiodo simplificado, de acuerdo. Pero es el modelo que tenemos. Capturar la complejidad de caso par dar una estimación precisa, sería tarea arduamente complicada. Con más de 2000 procedimientos sólo en la AGE, un cálculo individualizado de ahooro para cada uno de los procedimientos administrativos, una tarea imposible. Efectivamente, y como indicas, para lo que esto vale entre otras cosas es para que las AAPP aprecien que recortar en gastos e inversiones TIC es pan para hoy y hambre para mañana. Ese era mi objetivo.
Respecto a tu última apreciación de lo que debería estar suponiendo la introducción del Gobierno Electrónico y sólo esta suponiéndolo parcialmente, obviamente de acuerdo. La reforma de la Administración derivada de la introducción de las TIC no parece que sea tampoco para un plazo corto.
Muy bueno el post. Tanto como los comentarios.
ResponderEliminarEn todo caso, no debe olvidarse que muchos de los datos que se ofrecen respecto del sector privado para justificar su "suficiencia" sobre el público son, también, estimado (o inflados, según se mire).
Hablamos de la eficiencia de las Administraciones Públicas... pero de aquellas entidades que el Estado ha tenido que rescatar... ¿nadie cuestiona su solvencia? ¿No son igualmente gravosas para nuestro sistema?
Un saludo.