Visiones del Gobierno Electrónico del 2020

Cerramos año y andan los especialistas, de lo que sea, inmersos en un frenesí de predicciones. Da igual que la crisis sistémica en que andamos sumergidos pueda dar al traste con cualquier visión del futuro, sea a corto o largo plazo: Jugar a Nostradamus, como el turrón, siempre vuelve a casa por el mes de Diciembre. Precisamente, a un ejercicio adivinatorio de este tipo acudí hace unos días. Al calor de la cercanía de la frontera simbólica del 2010, ese año en que se acaban tantos planes estratégicos, un grupo de expertos (externos a la Administración) y un grupo de personas de diversas unidades Administrativas mantenían un debate sobre la Administración Electrónica en el 2020. Largo me lo fiáis, amigo Sancho, pero algunas conclusiones fueron interesantes.

Para empezar, esa especialización llamada Administración Electrónica habrá dejado de existir dentro de diez años. La Administración del 2020 será Electrónica o no será. Vivirá además en un entorno difuso, de fronteras borrosas entre los distintos niveles administrativos y de éstas con los ciudadanos. No se trata de esquemas convencionales de contratación o conveniado de servicios tal como ejemplificaba Amadeo Maturo en su blog para defender la no necesidad de nuevas regulaciones para estas relaciones, sino de relaciones más complejas, más próximas a la construcción de cadenas de servicios de Gobierno Electrónico compartidas entre lo público y lo privado como las que Montaña Merchan hablaba en una entrada también reciente. Ello implicará nuevas regulaciones en que sean posibles estos nuevos modelos de negocio. Por poner un símil de fácil comprensión, en el servicio del transporte aéreo que recibimos las infraestructuras básicas las aporta la Administración (AENA) mientras que el servicio final lo proporcionan empresas privadas (líneas aéreas), formando ambas partes de la misma cadena de servicio al ciudadano.

Para satisfacer este modelo de fronteras difusas, las líneas estratégicas de esta Administración del 2020, que no Administración Electrónica del 2020, habrá de apoyarse en tres pilares:

• Colaboración, desarrollando servicios conjuntos las Administraciones Públicas y de éstas con terceras partes y facilitando el desarrollo económico y el crecimiento de las últimas.


• Receptividad, mediante la apertura del proceso de toma de decisiones a la sociedad aplicando modelos cercanos al crowdsourcing dónde estén presentes todos los actores sociales.


• Flexibilidad, adaptando estándares abiertos y arquitecturas adaptables a los distintos escenarios de participación de la sociedad en el diseño y prestación del servicio buscando no tanto la eficiencia cómo la eficacia de los servicios públicos electrónicos.

Las implicaciones para el uso de las TIC en la Administración nace de un análisis de estas nuevas cadenas de servicio del Gobierno Electrónico. En ellas,  las AAPP se centrarán, generalmente, en proveer los eslabones iniciales (datos), mientras que los eslabones finales (interfaces y autenticación) serán en gran medida responsabilidad de la iniciativa privada. El corolario para el desarrollo tecnológico es claro. Necesitaremos servicios web más seguros que hagan posible el trasvase de datos entre eslabones con las garantías necesarias y esquemas de identificación abiertos y flexibles, que permitan la agregación de las múltiples identidades que puede hacer uso un mismo ciudadano ante los diversos servicios privados que utiliza con la unicidad de identidad generalmente usada en lo público.

Casi se me olvidaba lo más importante. Feliz año 2020. Perdón, 2009, en qué estaría pensando.

... y los intermediarios de lo público entran en la Administración de Justicia

En anteriores entradas he dado vueltas alrededor de la intermediación como práctica de futuro en los servicios públicos. Sean los servicios físicos o electrónicos, me parece un hecho inevitable para la construcción de la Administración colaborativa, receptiva y flexible a la que nos encaminamos, impulsados a la par por la demanda social y la necesidad mayor eficiencia y efectividad en el servicio del interés general.  La intermediación, como portales agregadores de servicios electrónicos públicos al estilo de E@sy Connects, prestación de un servicio electrónico de aviso de incidencias como FixMyStreet o para acercar el acceso a los servicios electrónicos a través de ONGs, es una realidad que avanza con pasos de gigante.

El cambio que la extensión de la figura del intermediario en la prestación de servicios públicos despierta, y es razonable, el escepticismo propio de una moda que algunos ven como pasajera. Sin embargo, hace unos días llegó de las antípodas una noticia debería llevar a un esfuerzo colectivo de reflexión por todos los que participamos en la Administración, que nos haga ver la magnitud del cambio que se nos avecina. Algo tan serio como la Administración de Justicia de Australia ha utilizado facebook como sistema de notificación judicial. No creo que nuestra LRJPAC permitiera un hecho similar en nuestro país, pero el camino hacia una revolución en la concepción de los servicios públicos parece cada vez más abierto, tomando las TIC como palanca de eficiencia y la participación social como arma de efectividad.

Intermediarios en el Gobierno Electrónico: Beneficios y Retos

El Gobierno Electrónico, con su capacidad habilitadora para la prestación de servicios públicos en cualquier lugar en cualquier momento, es visto como una fuente generadora de beneficios de eficiencia para la ciudadanía. Conseguir que la eficiencia alcance a la sociedad de modo colectivo, es el objetivo base del Gobierno Electrónico Inclusivo. Sin su consecución, el otro objetivo del mismo, la oferta de servicios que fomenten la inclusión social, carece de sentido.

La construcción del Gobierno Electrónico Inclusivo ha de comenzar, de acuerdo a lo expuesto, mediante la determinación de cuáles son los grupos sociales no consumidores de los servicios. Contrariamente a lo pensado, dichos grupos sociales no son solamente los que reúnen características de marginación social o digital, sino que incluso entre grupos fuera de esos ámbitos podemos encontrar grupos de población alejados del Gobierno Electrónico. El nativo digital que no accede a las sedes electrónicas por encontrarlas aburridas desde el punto de vista digital sería un ejemplo de lo mencionado.

La atracción de estos grupos alejados de los servicios de Gobierno Electrónico sólo es posible si estos son construidos sobre cuatro ejes

• Motivación de uso, incluyendo en el portfolio de servicios al menos algunos que sean de interés específico para los excluidos


• Sostenibilidad para Sociedad y Administración, no sólo en el ámbito económico, sino también social y medio ambiental, que aseguren la continuidad en el tiempo de los servicios ofrecidos


• Contenidos y canales adecuados para los ciudadanos objetivo del servicio, acercándose al contexto en que este desarrolla sus actividades físicas y electrónicas


• Accesibilidad electrónica, removiendo barreras que pueden suponer un impedimento no sólo para personas con discapacidad, sino también para cualquier ciudadano que haga uso de los servicios en situaciones alejadas de las condiciones medias de utilización

La experiencia hasta ahora, ha demostrado la incapacidad de la Administración de construir servicios de Gobierno Electrónico sobre esa base para ciertos grupos de ciudadanos, de lo contrario no sería necesario pensar ahora como alcanzarlos. Se hace necesario contar con ciudadanos integrados en dichos grupos para contribuir la diseño y/o la prestación de los servicios.

La principal problemática del Gobierno Electrónico Inclusivo se deriva de este modo hacia encontrar e incentivar al intermediario adecuado que colabore con la Administración en la prestación de un grupo de servicios. Si bien sólo así es posible establecer istmos entre las islas de exclusión y la tierra firme de la inclusión, no resulta una tarea baladí, y requerirá de normativas de amplio espectro y ad-hoc que reglamenten quiénes pueden ejercer este papel, así como el establecimiento de un marco claro de responsabilidades de las partes que garanticen los derechos ciudadanos.

No bajemos la guardia

Ayer, el Parlamento Europeo rechazo la directiva encaminada a permitir las 65 horas de jornada laboral a la semana. Un primer triunfo, pero no el momento de bajar la guardia, el complejo sistema de codecisión entre el Consejo y el Parlamento tutelado por la Comisión aún podría permitir que la medida saliera adelante. Que no aprovechen la crisis para aplicarnos la doctrina del shock.

Walls come tumbling down!