Obligación del acceso electrónico a las #aapp

Vale, estamos en una crisis en la que nadie nos metió. Una vez dentro, no nos queda más remedio que apretar los dientes, mirar haca delante y buscar medios de sacra dinero en dónde lo hay. Seamos zahories Gobierno Electrónico en mano para ir a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos económicos para las Administraciones. Dice nuestro máximo marco legal en la materia, la Ley 11/2007, lo siguiente:

Artículo 27.6 Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Atendiendo a los resultados de los últimos estudios referentes al uso de las TIC por parte de empresas y miscroempresas realizado por el ONTSI,  el 97,2% de las primeras y el 58,1% de las segundas disponen de acceso a Internet. Resulta por tanto chocante, que en el primero de los casos tan sólo 70,1% haga uso del Gobierno Electrónico y en el segundo de los casos tan sólo el 39,8%. Algo similar sucede cuando nos acercamos a los datos similares existentes para ciudadanos, frente a un uso directo de la Administración Electrónica de un 39% nos encontramos conque el 64,2% de la población es internauta. Aunque los datos de tramitación electrónica para ciudadanos y empresas algo más positivos, acercándonos según el OBSAE al 51% y 82% respectivamente, parece claro que existe una amplia bolsa en todos los casos de personas juridicas o colectivos de personas físicas con capacidad para relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas que sin embargo no lo hacen.

Existen aún pocos casos de obligación a empresas, y muchos menos a ciudadanos, de utilizar los medios electrónicos para relacionarse con las Administraciones Públicas. Quizás demasiado cuidadosamente, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Servicio Público de Empleo han empezado a obligar a empresas dejando a un lado a las microempresas, y el Ministerio de Educación ha implantado la tramitación completa de las becas universitarias por Internet, pero poco más. Sin embargo la identidad electrónica se facilita gratis (DNIe o certificado de la FNMT) e Internet está presente en la vida de muchos. 

Va siendo hora, por tanto, de comenzar a establecer obligaciones de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, aunque sea sólo por justicia social. Ni una sóla empresa por encima de los 10 empleados debería acudir a una ventanilla y sólo ciudadanos y empresas que justificaran no estar abonados a Internet deberían tener permitida la atención presencial. Los servicios destinados a favorecer la cohesión social, y el acceso presencial  a la Administración debería ser considerado uno de ellos, sólo han de ser para aquel que los necesita. Para ello, tan sólo es necesario un Real Decreto.

Estrategias multicanal: Conceptos básicos

Hace unos meses, comenzó a estar en la lista de temas que ocupan el tiempo libre que dedico a esta bitacora el cierre de las ventanillas presenciales.  Aún siendo un escenario de futuro consecuencia de las inversiones en Gobierno Electrónico, la llegada al mismo nunca podrá ser plena y exige una planificación estratégica adecuada. Esta planificación es denominada en el Reino Unido "Estrategia Multicanal". Dentro del continuo proceso de mejora de la Administración Pública Británica, se ha establecido el objetivo de desarrollar en cada Ministerio una "Estrategia Multicanal"  antes de Marzo de 2010. Como apoyo a esta tarea, el Cabinet Office ha editado una serie de documentos guía que son la principal fuente de información de esta entrada.

Una estrategia multicanal describe como una organización administrativa va a prestar los servicios que tiene encomendados haciendo uso de los recursos a su alcance. Su desarrollo, por tanto, es clave en la relación con el ciudadano, por ser elemento angular de la imagen que éste va a tener de la organización.

Son muchas las razones que impulsan a las organizaciones administrativas a desarrollar una estrategia multicanal. Podemos clasificar estas razones en dos grandes grupos

• Intrinsecas a la organización: Reducir costes sin reducir servicios, reorganizar recursos para ser más eficaz, obligación de mejora continua incorporando nuevos medios, ...


• Extrinsecas a la organización: Demanda de más servicios en situaciones de crisis, expectativas de la ciudadanía consecuencia estándares de prestación de servicios establecidos por sector privado, facilitar  construir servicios de valor público por elementos externos a la Administración, ...

El desarrollo de una estrategia multicanal no puede ser estandarizado. No existen dos unidades administrativas iguales en servicios  o ciudadanos objetivos principales de los mismos. Tan sólo, por tanto, pueden darse unas pautas metodológicas para ello, que es lo que pretende hacer la guía editada por el Cabinet Office. El desarrollo de una estrategía multicanal consta de tres elementos:

• Identificación de los principios de servicio y objetivos propios de la organización


• Evaluar como cada posible canal puede ayudar en la materialización de estos principios, sin descuidar la obligación de una estrategia de inclusividad en la aproximación global


• Desarrollar las acciones que permitan la migración de los canales de prestación de servicios en uso al modelo deseado

La siguiente figura ilustra la relación entre estos elementos.

El elemento más crítico de la estrategia es precisamente el último de ellos, cómo conseguir la migración de los ciudadanos hacia los canales que se han identificado como más eficientes para el prestador y más efectivos para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Las pautas, necesariamente, han de ser generales por la especificidad de casos de cada organización pero han de incluir:

• Gestión integral y centralizada de todos los canales utilizados, que evite al mismo tiempo inconsistencias en la prestación del servicio y que los intereses contrapuestos de los actores que intervienen en cada canal se impongan a los de la organización.


• Involucrar a los ciudadanos objeto del servicio, siendo participes de la selección de canales y el diseño de su uso


• Continuo proceso de mejora basado en el ciclo PDCA de Deeming, estableciendo indicadores de eficiencia y efctividad globales del servicio y particulares de cada canal

Intermediarios en el Gobierno Electrónico: Beneficios y Retos

El Gobierno Electrónico, con su capacidad habilitadora para la prestación de servicios públicos en cualquier lugar en cualquier momento, es visto como una fuente generadora de beneficios de eficiencia para la ciudadanía. Conseguir que la eficiencia alcance a la sociedad de modo colectivo, es el objetivo base del Gobierno Electrónico Inclusivo. Sin su consecución, el otro objetivo del mismo, la oferta de servicios que fomenten la inclusión social, carece de sentido.

La construcción del Gobierno Electrónico Inclusivo ha de comenzar, de acuerdo a lo expuesto, mediante la determinación de cuáles son los grupos sociales no consumidores de los servicios. Contrariamente a lo pensado, dichos grupos sociales no son solamente los que reúnen características de marginación social o digital, sino que incluso entre grupos fuera de esos ámbitos podemos encontrar grupos de población alejados del Gobierno Electrónico. El nativo digital que no accede a las sedes electrónicas por encontrarlas aburridas desde el punto de vista digital sería un ejemplo de lo mencionado.

La atracción de estos grupos alejados de los servicios de Gobierno Electrónico sólo es posible si estos son construidos sobre cuatro ejes

• Motivación de uso, incluyendo en el portfolio de servicios al menos algunos que sean de interés específico para los excluidos


• Sostenibilidad para Sociedad y Administración, no sólo en el ámbito económico, sino también social y medio ambiental, que aseguren la continuidad en el tiempo de los servicios ofrecidos


• Contenidos y canales adecuados para los ciudadanos objetivo del servicio, acercándose al contexto en que este desarrolla sus actividades físicas y electrónicas


• Accesibilidad electrónica, removiendo barreras que pueden suponer un impedimento no sólo para personas con discapacidad, sino también para cualquier ciudadano que haga uso de los servicios en situaciones alejadas de las condiciones medias de utilización

La experiencia hasta ahora, ha demostrado la incapacidad de la Administración de construir servicios de Gobierno Electrónico sobre esa base para ciertos grupos de ciudadanos, de lo contrario no sería necesario pensar ahora como alcanzarlos. Se hace necesario contar con ciudadanos integrados en dichos grupos para contribuir la diseño y/o la prestación de los servicios.

La principal problemática del Gobierno Electrónico Inclusivo se deriva de este modo hacia encontrar e incentivar al intermediario adecuado que colabore con la Administración en la prestación de un grupo de servicios. Si bien sólo así es posible establecer istmos entre las islas de exclusión y la tierra firme de la inclusión, no resulta una tarea baladí, y requerirá de normativas de amplio espectro y ad-hoc que reglamenten quiénes pueden ejercer este papel, así como el establecimiento de un marco claro de responsabilidades de las partes que garanticen los derechos ciudadanos.