Reintermediación en los servicios electrónicos: Primeras consecuencias

Son muchas las voces que hablan últimamente del fin de los portales de servicios de las AAPP. Un ejemplo es una de las entradas recientes del blog de David Osimo. Son señales que parecen indicar que, tras la desintermediación entre Administración y ciudadano que supuso la primera fase del Gobierno Electrónico, nos encaminamos a una reintermediación, en que los servicios electrónicos de carácter público son ofrecidos por terceros de forma atractiva (y se supone que de pago) a partir de unos servicios básicos (de carácter gratuito) ofrecidos por la Administración. Servicios construidos como mash-up a partir de directorios de fuentes de servicios.

El fenómeno, como tantas otras cosas dentro de esto de "lo virtual", no es un invento nuevo. No estamos hablando de otra cosa que de la clásica gestoría, que por un módico precio evitaba al ciudadano escuchar aquello de "vuelva usted mañana". Sin embargo, el camino será de tan largo recorrido como la implantación de los servicios públicos transaccionales que, LAECSP mediante, estarán plenamente implantados el 1 de Enero de 2010. Un informe reciente de Gartner denominado "Gartner Survey on Web 2.0 in Government: Turf Wars Ahead", auguraba que en un plazo de dos años tan sólo el 30% de las agencias gubernamentales facilitarían fuentes de información para construcción de mash-up´s.

Otra implicación de mayor calado es sobre la necesidad  o no de implementar las ventanillas únicas por parte de la propia Administración. Basta echar un vistazo al "Manual de transposición de la Directiva de Servicios" editado por la Comisión Europea, para entender la complejidad de su implementación en un entorno de competencias distribuido como el modelo de Administración de España. Incluso sin él, en un entorno plurinacional como la UE ya tiene su complejidad. ¿Tiene sentido que esta labor de intermediación sea prestada por la Administración asumiendo competencias ejercidas por el sector privado? ¿Tiene sentido convertirse con un alto coste en una inmensa gestoría electrónica? ¿No sería más adecuado que esta intermediación la hicieran como hasta hoy operadores privados?  Sin ser un defensor de privatizaciones tampoco lo soy de nacionalizaciones, y a fin de cuenta, eso supone la Directiva de Servicios vista desde este punto de vista (y en este aspecto puntual).

Pero no acaban aquí las consecuencias de la desaparición de los portales. Me ha venido a la cabeza una entrada reciente en la que hablaba del cambio de indicadores de Gobierno Electrónico de la UE. Llama la atención, por tanto, que en una llamada para propuestas de benchmarking para 3 años (hasta 2011), no aparezca ni una sólo referencia a esta tendencia de desaparición de portales. Claramente, si desaparecen los portales, si los servicios públicos electrónicos de carácter básico dejan de tener sentido para el ciudadano, poco sentido tendrá medir si existen y su grado de orientación la ciudadano. Cobrará sentido medir las facilidades de reintermediación que se presten.

La reintermediación va a imponer la necesidad de reorientar el Gobierno Electrónico después de ese año 2010. Ese año dónde todos los planes estratégicos definidos a día de hoy acaban.