miércoles, 11 de marzo de 2009

Información pública del reglamento la Ley 11/2007

A través de una página de la dirección Internet del Ministerio de Administraciones Públicasse ha  abierto a información pública el reglamento que desarrolla parcialmente la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP, Ley 11/2007). Ha sido más de año y medio de espera, y lo primero que llama la atención es su carácter parcial, que remite a los futuros Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad (ENIS) ciertos aspectos de su ejecución.



El proyecto de reglamento tiene aspectos positivos, algunos altamente valorables. Entre los detalles más avanzados del reglamento, me quedo con los siguientes:

  • Acotar el tiempo en que la Administración General del Estado tiene que responder al ejercicio del derecho de no aportar documentos que crea en posesión de la Administración (Artículo 2). Un punto que permitirá acabar con la muerte por desidia que el ejercicio de este derecho sufre ahora.



  • Abrir el Portal 060 para que pueda incluir servicios e información del sector privado (Artículo 9.4). Este punto importante de cara a extender el front-office de la Administración al tercer sector.



  • Regular la representación para intervenir en procesos administrativos (Artículos 13 a 16), que es una pieza clave también en el uso de la intermediación para el incremento de la efectividad de los servicios.


La creación del Registro Electrónico Común como vía de hacer llegar cualquier escrito por medios electrónicos, o estipular el uso del dominio "gob.es" para las sedes electrónicas, son otras dos medidas del proyecto de reglamento a destacar.


Pero si el reglamento, salvo la excesiva descarga que realiza sobre los ENIS, es un avance digno de elogio (aunque algo tardío), nos pierde de nuevo las formas. Mantener como medio para realizar las observaciones al proyecto de reglamento una dirección de correo electrónico es, cuando menos, un mal uso de los recursos ya existentes para hacer el proceso de participación más abierto. Al menos, podía haberse  hecho a través de los foros de la zona de participación del 060, permitiendo de este modo un diálogo más enriquecedor de cara a introducir mejoras dentro de la norma.


Bien pensado, tampoco puede extrañarnos. ¿La participación ciudadana por medios electrónicos será objeto de la parcialidad no desarrollada en este reglamento?

sábado, 7 de marzo de 2009

Paradojas de las medidas de reducción de costes

El fin de semana pasado, como todo previo a una contienda electoral, ha sido prolijo en el desarrollo de una imagen por parte del Gobierno de turno. En estos tiempos de crisis, la mejor imagen es la de un Gobierno austero, y en ello se han esforzado martilleando mensajes sobre el yunque de una Administración con menores costes. Algunas de ellas, derivarán en menores costes, ciertamente, pero a riesgo de una parálisis de la Administración y ineficiencias en otras áreas.


En primer lugar, y acompañando a la esperada OEP (Oferta de Empleo Público) 2009, el Consejo de Ministros tomo un "Acuerdo para la eficiencia en el gasto de personal". Bajo tan pomposo nombre, no se esconde más que una reducción del margen de vacantes en las RPTs a un máximo del 8%. Ello conllevará un reducción de costes, ya que las vacantes están dotadas presupuestariamente, pero acabará con uno de los pocos mecanismos que permiten movilidad y flexibilidad en la distribución de recursos humanos dentro de las AAPP. Si no se acompaña esta medida, que no parece, de medidas para facilitar la redistribución de efectivos (forzosa, si es necesario) en los servicios que se necesita, la reducción del margen de vacantes de las RPTs provocará, en primer lugar, recurso ociosos junto a otros sobresaturados, y, en segundo lugar, que futuras OEP contengan crecimientos de personal innecesarios.


También se anuncia una contención de gastos en todos los departamentos ministeriales. Entre las medidas, se proclama la transversal reducción en gastos de viaje. Son de las medidas que sin duda suenan muy popular, pero que aplicadas en grano gordo, y nuestros responsables políticos tienden más al cuchillo que al bisturí, puede tener efectos impredecibles. La Administración General del Estado es una Administración de marcado carácter relacional, bisagra entre la supranacionalidad europea y la territorialidad autonómica, en la que el "traslado que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra" es una herramienta imprescindible de trabajo en algunos departamentos. El corte radical de las partidas de viajes provocará una parada radical en estas actividades de vertebración administrativa.


Para el final, he dejado otra medida, esta vez lanzada como globo sonda, que es la congelación selectiva del sueldo de los funcionarios. Por supuesto, la parte seleccionado sería la de los cuerpos superiores de funcionarios. Dejando a un lado los trucos por los que dicha congelación puede ser cortacircuitada para aquellos que se desee, aquellos responsables de dirigir la actividad Administrativa se sentirían lógicamente discriminados salarialmente frente a aquellos quienes dirigen. Creo que el corolario es fácilmente previsible, menos entusiamo y dedicación, más dejar para mañana asuntos. De acuerdo que la congelación son esas cosas que nos pueden pasar estando en esto de lo público, pero si nos pasa ha de pasarnos a todos.



Confiemos en que el menos común de los sentidos sea utilizado a la hora de aplicar estas medidas, y que no sea peor el remedio que la enfermedad.

miércoles, 4 de marzo de 2009

En defensa de un oficio honrado: Funcionario

El fin de semana pasada, hubo quien desde un periódico habló del exceso de funcionarios de este país. Cierto que hay quien abusa de su posición de funcionario, pero que siempre arrecien las críticas cuando las situaciones económicas se tuercen, no deja de ser curioso. Suena al quitate tu que lo hago yo. Por un módico precio eso sí. Suena a ver como me dan un negocio ahora que se me ha acabado el que antes hacia. No voy a caer en la generalización de decir que la clase empresarial de este país sólo sabe vivir del negocio subvencionado, porque no es así y me pondría a la altura de quienes lanzan descalificaciones de los colectivos.


Daba vueltas a escribir algo sobre el tema, pero no merece la pena inventar cuando uno recibe un escrito perfecto. A continuación, el texto del artículo publicado por César Gavela en La Vanguardía de Valencia el 8/2/2009 y que me ha pasado un compañero. Creo que sería bueno difundirlo en toda la blogosfera pública.





Siempre que azota la crisis económica, siempre que los muy ricos empiezan a ganar menos dinero que antes, aparece un grupo de señores de mando o de muy alta obediencia que arremeten contra los empleados públicos.

El discurso es el mismo: sobran funcionarios. Y de ahí hay sólo un paso para considerar no productiva la función pública. Cuando no parasitaria, decimonónica, ridícula, ineficaz. Los funcionarios se convierten en carne de cañón en el discurso neoliberal, tan desprestigiado él (y para siempre, sospecho, tras la actual catástrofe financiera universal). Los funcionarios pasan a ser, además, muy privilegiados: personas que tienen un puesto de trabajo fijo. "Menuda suerte" dicen por ahí tantos de los que ganan mucho más que los funcionarios y que, muy probablemente, tributan menos a Hacienda que ellos. Porque los empleados públicos tienen hasta su último céntimo controlado por el Fisco, lo que está muy bien, sin duda; es algo democrático y deseable. Pero igualmente lo sería que tantos ciudadanos que saben mucho de dinero negro pagaran hasta el último céntimo de los euros que ingresan. Para que todos, efectivamente, pagáramos menos. O lo mismo, y entonces habría más dinero en poder del Estado, y menos nervios ahora que todo parece que se derrumba.


Cuentan esas gentes del poder económico -y muchas otras a pie de calle-, que sobran funcionarios. Pero no sobran. Y unos y otros dicen "funcionarios" en tono despectivo. Porque la palabra es algo tristona, sí. Pero olvidan que en esos tres millones de empleados públicos que dicen que hay en España, el 90% son médicos, enfermeros, maestros, profesores, bomberos, policías, militares, guardias civiles, auxiliares de clínica, carteros,ordenanzas... ¿Sobran muchas de estas personas? ¿Quién es el descerebrado que lo sostiene? Porque sucede justo lo contrario: hacen falta más empleados públicos. Entre otras razones porque España ha aumentado en cinco millones de habitantes en lo que va de milenio, y eso implica un 12% más de carga en la labor que el sector sanitario, docente y de los servicios sociales públicos llevan a cabo.


Faltan funcionarios: su número no ha crecido en esa proporción tan intensa. Y el que no se lo crea, que compare la ratio de funcionario por habitante de España con la de Francia y muchos otros países europeos. Sólo en los estados más pobres del continente, el porcentaje de empleados públicos es menor. Cuanto más rica, justa y democrática es una sociedad, más funcionarios tiene. Porque más protagonismo adquiere la acción pública. La del Estado, que tanto nos conviene a todos. El benemérito Estado, que tanto aborrecían los liberales que han arruinado el mundo, y en cuya solidez se amparan ahora. El Estado, que en España conforman la Administración Central, la Autonómica y la Local. Tan Estado es el ayuntamiento de Chiva como el ministerio de Defensa o la lehendakaritza.


Pero los necios no quieren entender esas razones. Y hasta se atreven a ofrecer estadísticas que muestran que cuando murió Franco, en aquella oscura España clasista y liberticida, había muchos menos funcionarios que ahora. ¿Pero qué servicios médicos había entonces, qué docencia pública, qué hospitales? Los había, e iban mejorando; pero compararlos con la actual red de asistencia pública es una broma. Y para atender esa demanda creciente de los ciudadanos hacen falta muchos funcionarios. Muchos médicos, muchos maestros, sí. Pero también hacen falta esos empleados que tramitan expedientes. Que gestionan la Hacienda Pública o la Seguridad Social, que tan notablemente funcionan, por cierto. Personas que han ganado su plaza estudiando, esforzándose. Ellos no han alcanzado esa condición con la facilidad con la que otros se han podido colocar en las empresas, en los negocios familiares. No han tenido esa oportunidad. O han preferido la independencia y la seguridad que la función pública favorece. Los funcionarios no buscan una vida de grandes lujos y emociones. Están en su derecho. Ellos viven de sueldos reglamentados, que llevan veinte años perdiendo poder adquisitivo. Como si tuvieran que pagar un precio adicional por la gran prerrogativa de ser fijos.


La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es libre, las pruebas se basan en la igualdad, el mérito y la capacidad. Ciertamente, todas esas personas que ganan tanto dinero cuando la economía va bien, podrían optar por la función pública. Pero no lo hacen. Ellos prefieren las mieles, medios y posibilidades del ámbito privado, y es una gran decisión. Pero si ahora las cosas les van mal, y ojalá que dure poco esta catástrofe, no deben descargar su estrés y sus impagos contra quienes sostienen el día a día de un estado democrático y social de derecho que no deja de asumir servicios y de mejorar sus prestaciones.


Los empleados públicos, por lo general, no quieren ser empleados privados; y tienen todo su derecho. Porque es muy legítimo y honorable ganarse la vida defendiendo los intereses de todos.




domingo, 1 de marzo de 2009

Participación Electrónica: Ciudadanía y las reglas del juego


Puede a alguien resultarle una pregunta con respuesta de Pero Grullo, pero, mirando los resultados de alguna de las iniciativas de Participación Electrónica realizadas últimamente, conviene tratar de identificar una cuál es el papel de la ciudadanía en las mismas y las reglas del juego del proceso. Ahí tenemos sino para demostrar esta necesidad iniciativas más y menos exitosas en términos de participación. El último caso más sonado fue el "Citizen´s Briefing Book" del web change.gov que se abrió durante el período de transición de Bush a Obama. Su análisis puede llevarnos a extraer interesantes lecciones.


En primer lugar, fijémonos en lo más aparatoso, los resultados. La Administración USA se ha preocupado muy mucho de cerrar a cal y canto la experiencia, pero merece la pena recordar que entre las cuatro causas más apoyadas figuraban la legalización de la marihuana con usos medicinales y la promoción del juego on-line como fuente de riqueza de los USA. No parece que ninguna de ellas sean las causas en realidad más apoyadas por los ciudadanos americanos, sino que su posicionamiento ha sido más bien el resultado de la acción coordinada de integrantes de grupos favorables a ambas causas. Tenemos como resultado una primera lección, evitar el rapto por las élites de la participación electrónica. Cualquier experiencia a desarrollar no es tan sólo abrir una puerta para la opinión, sino conseguir que en la misma tomen parte con el mismo peso, al menos, todos los grupos sociales afectados.


El rapto por las élites acontecido podría haberse evitado con un seguimiento de la iniciativa de Participación Electrónica. Abrir una ventana a la opinión de la ciudadanía no es tan sólo realizar una pregunta a través de una interfaz usable y más o menos atractiva para pasarse al cabo de los días a contar respuestas. La labor de moderación del promotor de la iniciativa es forzosamente necesaria. Las organizaciones promotoras han de contar con el personal formado para realizar esta labor y establecer unas reglas claras de cual va a ser la línea de actuación durante el desarrollo de las iniciativas desplegadas. Un ejemplo de una definición clara del marco de desarrollo de una iniciativa de participación electrónica es la realizada para las e-petitions al número 10 de Downing Street.


Finalmente, y enlazando directamente con el párrafo anterior, el objetivo de la participación electrónica, qué va a obtener el ciudadano a cambio ha de estar claro. La gestión de las expectativas es un aspecto crucial de la Participación Electrónica, debiéndose, cuando menos, facilitar algún tipo de conclusiones del promotor de la iniciativa. No ha de ser un efecto inmediato, puede ser tan sólo una recopilación de ideas, pero ha de estar claro que se va a hacer con la respuesta de la ciudadanía. Un ejemplo de qué no se debe hacer, nos lo da de nuevo change.gov. No parece que de el video de agradecimiento pueda extraerse algo más que vaguedades al respecto.




La misma carencia ha tenido la iniciativa "ARRA for comment" abierta el 13/2/2009 sobre el plan de estímulo de Obama (American Recovery and Reinvestment Act of 2009). El ciudadano era llamado a opinar sin un objetivo claro y sin decir cuál iba a ser uso de su opinión. La única pista era el límite a 5000 carácteres en el formulario de solicitud de opinión. Ello nos da lugar a una última lección, extraida en modo negativo del ejemplo, el derecho del ciudadano a conocer la opinión de otros ciudadanos para poder dar lugar a un verdadero diálogo sobre el tema objeto de la participación.

En resumidas cuentas, no toda la ciudadanía ha de participar en toda iniciativa, pero si ha de participar aquella que es necesaria. Pero además, si se quiere establecer un modelo sostenible de participación electrónica, este ha de basarse en la implicación cotidiana de los promotores, realizar una adecuada gestión de las expectativas ciudadanas que den lugar al compromiso cívico con las mismas y la existencia de un diálogo real entre ciudanos y gobierno.