miércoles, 30 de junio de 2010

Recursos Humanos, Función pública y Gobierno Abierto

A pesar del compromiso cono @jifamiliar en los comentarios a una entrada anterior de esta bitácora, me ha costado volver sobre el tema de cómo las politicas de Gobierno Abierto pueden incidir en cómo realizamos nuestro trabajo. O mejor dicho, que innovaciones han de introducirse en nuestros modos de trabajar para poder desarrollar una política de Gobierno Abierto. Un par de lecturas recientes y una conferencia sobre el trabajador 2.0 a la que atendí hace poco me ha hecho romper con la desidia.


Un clásico en la materia es hacer del funcionario el centro de la acción pública. Creo que aquí hay poco nuevo que decir, desde el post ya clásico de Di Maio, han corrido rios de bits al respecto. La formación del empleado público para que sepa como hacer de los medios sociales una herramienta de trabajo, dandole de forma correlativa un marco de derechos y deberes acorde con el estatus de la función pública son quizás los elementos determinantes para ello. Obviamente, ello requiere tal y como decía en la entrada referida al principio, la ruptura de modelos jerárquicos y el establecimiento de unarelación de confianza político-funcionario.


Pero los cambios culturales requieren una incentivación, un mecanismo de recompensas y reconocimientos de conductas. El hacer uso de los medios sociales en nuestro trabajo tiene sus riesgos, pero hay que premiar al que sabe gestionar ese riesgo no al que lo evita. Ello ha de abarcar a las relaciones hacia el exterior, a cómo se es capaz de integrarse o crear comunidades de ciudadanos para la ressolión de un reto, pero también a cómo somos capaces de proyectar la colaboración hacia el ámbito interno.


No todo el Gobierno Abierto gira entorno al uso que hagamos de los medios sociales. El empleado público ha de acercarse físicamente también las comunidades más relacionadas con su labor. Una posible solución es el destino temporal del empleado público en empresas u entidades sis ánimo de lucro relacionadas con la política pública que le ocupa. No hay mejor manera de satisfacer a un ciudadano que vonociendo sus necesidades mediante la integración en su realidad cotidiana.


La apertura ha de ser también reflejada en las políticas de selección. Políticas de selección para integrar la diversidad favorece los saltos de innovación en el entorno laboral, y como buena práctica al respecto es recogida en "The OECD Innovation Strategy". Sin duda conflictivo, pero la única alternativa es aplicar políticas de discrimnación positiva que permitan llevar la multiculturalidad de España a la función pública Española.


El cambio del entorno de trabajo, físico y temporal, habrá de llegarnos también tarde o temprano. El trabajo por objetivos, la valoración de nuestra efectividad y eficiencia que permita hacer realidad el teletrabajo en las AAPP y la consecuente liberación de espacio y transformación del mismo, favorece también el empleado público comprometido con su actividad.


Y dejemos para el final la provocación, la frase que con la que acabó el ponente de la conferencia a la que acudí y que en cierto modo es verdad: el cambio hacía el entorno de trabajo 2.0 que requiere el Gobierno Abierto ha de hacerse escuchando a todos menos los  mandos intermedios. Ciertamente son (¿o somos?) los que más tienen que perder con el aplanamiento de estructuras y ruptura de jerarquías.


jueves, 24 de junio de 2010

El derecho a la información pública por medios electrónicos

Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, ...) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.


Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de "Public Online Information Act" (POIA) en trámite en el Congreso.


Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:




  • Consagración de la equivalencia "publico=online"

  • Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos

  • Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24x7 accesible en línea la información pública

  • Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet

  • Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública


La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.

lunes, 21 de junio de 2010

Gobierno Electrónico en el Día del Servicio Público

El día 23 de Junio la Organización de Naciones Unidas celebra el Día del Servicio Público. El objetivo de la celebración es reconocer la contribución de los empleados públicos a mejorar el papel, profesionalismo, imagen y visibilidad de los servicios públicos. Ciertamente, una celebración contracorriente en estos días que corren y quizás por ello más importante de recordar que en años precedentes.  Somos importantes para esta sociedad y no tenemos que pedir perdón por ser parte del servicio público, un servicio público sin el cual no existiría la sociedad tal como la conocemos y no podríamos plantearnos hacer frente a retos colectivos como, por ejemplo, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.


Este año, la celebración es especial para nuestro país. En primer lugar, porque por primera vez se celebra fuera de la sede de Naciones Unidas y nuestro país ha sido el lugar escogido para ello.  En un justo reconocimiento a lo que debe ser una Administración Pública abierta como la  Generalidad de Cataluña, dotada de las unidades administrativas para ello como la Dirección General de Participación ejerce de anfitriona del acontecimiento entre los días 21 y 23 de Junio. En segundo lugar, porque en el mismo se reconoce el avance de nuestro país en el Gobierno Electrónico mediante la entrega de un premio por la radical mejora de posiciones en el ranking sobre la materia de Naciones Unidas. No me desdigo de lo dicho hace unos días sobre indicadores, pero mientras existan los que hay, ser evaluado positivamente en los mismos es siempre indicio de algo. En este caso el porqué esta claro, echemos la vista atrás, a antes del 2005, a antes del Plan Avanza y la Ley 11/2007. Aunque queda mucho por andar, es mucho lo ya andado.


La celebración de este año es también especial para los profesionales del servicio público que participamos en el desarrollo del Gobierno Electrónico. También por primera vez somos invitados a la fiesta. Es un reconocimiento de la mayoría de edad del Gobierno Electrónico como política pública, sin la cual existiría escasa innovación en los servicios públicos, sería difícil alcanzar la efectividad de los servicios  públicos y la transparencia y participación como herramientas cotidianas de las Administraciones Públicas serían un objetivo inalcanzable.


El futuro del servicio público será electrónico o no será.


jueves, 17 de junio de 2010

Las carencias en la medición del Gobierno Electrónico

Un informe cuya lectura (forzosamente a ráfagas) me está sorprendiendo es “United Nations eGovernment Survey 2010”.  Recomiendo la lectura más allá de la tabla de posiciones del ranking al que está asociado. Tiene capítulos realmente interesantes, uno de ellos el dedicado a la medición del Gobierno Electrónico.


Hace tiempo escribí acerca de mis dudas sobre la corrección de los indicadores que manejamos de Gobierno Electrónico. Algunas veces, cuando pasan unos días tras escribir entradas como aquella, uno se dice aquello de “Andrés, se te está secando el cerebro de noches de turbio en turbio”. Es por ello que uno se siente especialmente satisfecho cuando ve que uno de esos informes de referencia escribe al tiempo tesis semejantes.


El artículo revisa los indicadores de Gobierno Electrónico que a juicio del autor son necesarios. Entre ellos, habla de indicadores de uso que reflejen el porcentaje de casos tratados en línea por las Administraciones Públicas.  Es un primer paso, ya que toma la población base adecuada, aquellos que tienen relaciones con las AAPP, y no los usuarios de Internet como erróneamente se toma en la Unión Europea. Un error lógico por la concepción simplista del Gobierno Electrónico como un servicio más de Internet que suele manejar la Comisión Europea. Dentro de este apartado, echo de menos que avance en el sentido de medir el uso intermediado del Gobierno Electrónico.


También habla de la importancia de tener datos sobre la capacidad de las AAPP para implementar servicios de Gobierno Electrónico. La disponibilidad de infraestructuras duras y blandas (servicios comunes, leyes, marcos de interoperabilidad, …) estás poco reflejada en los estudios en la materia. Tampoco existen datos comparativos de inversión y gasto acumulados en las TIC  ni del personal capacitado para obtener resultados de dichas inversiones y gastos (una carencia curiosa cuando son datos que toda AAPP tiene y en algunos casos publica, aquí los datos de la AGE).


Finalmente, y aunque habla de otras carencias como la falta de análisis sobre el impacto del Gobierno Electrónico en la implementación de otras políticas, quiero resaltar su denuncia de falta de datos sociales. Carecemos también de datos sobre cómo se distribuyen los efectos del Gobierno Electrónico sobre los distintos segmentos de población. Difícilmente podremos saber cómo realizar políticas de Gobierno Electrónico más inclusivas con tal ausencia.


Todas estas carencias, se traducen en una imposibilidad de realizar comparaciones internacionales o regionales reales sobre el estado del Gobierno Electrónico. Especialmente, desconocemos si nuestras AAPP realizan el esfuerzo para la extensión del mismo que les corresponde por las condiciones de entorno y capacidad económica.


Queda aún mucho por andar para que sepamos medir el Gobierno Electrónico.