Análisis de impacto normativo sobre las TIC en las AAPP

Las normas y leyes de Gobiernos y Parlamentos están creadas para destinar impactos positivos sobre Sociedad y Administración. Sin embargo, el impacto buscado puede tener efectos colaterales no deseados y/o requerir esfuerzos no proporcionales con el objetivo buscado. Tratar de identificar los posibles impactos no deseados y elegir la mejor alternativa de regulación, es el objetivo de los análisis de impacto normatívo.

En la Administración General del Estado, el RD 1083/2009 regula la redacción de las memorias de impacto normativo, con el objetivo general de mejorar la calidad de la regulación del Gobierno de España. Acompaña a dicha norma la "Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo", aprobada también en 2009 en Acuerdo de Consejo de Ministros. Las consecuencias que se analizan son en los ámbitos de competencia en los mercados, presupuestarios, género y distribución competencial. 

En un país como España, dónde desde el 31/12/2009 es obligatorio para las Administraciones Públicas satisfacer el derecho ciudadano de relacionarse electrónicamente con ellas, llama la atención que no exista ningún tipo de análisis de las implicaciones de las legislaciones sobre el uso de las TIC para su implementación. Más allá de las implicaciones presupuestarias, la existencia de infraestructuras heredadas o el volumen de datos a intercambiar por medios electrónicos, por poner dos ejemplos, pueden suponer barreras más o menos difíciles de superar dependiendo de la opción regulatoria que se adapte.

La metodología para la realización de un análisis de impacto legislativo sobre las TIC en las AAPP, es el contenido del documento "Method for assessing ICT Implications of EU Legislation", uno de los resultados del programa IDABC. Aunque se centra en las normas de ámbito comunitario, del mismo se pueden extraer consecuencias aplicables a todas las AAPP. El primero de ellos, es la necesidad del alineamiento temprano de las normas con el estado del arte de las infraestructuras y servicios tecnológicos existentes. Sólo incorporando al proceso de análisis de impacto normativo a los responsables de las tecnologías desde su concepción es esto posible. El segundo, las necesidad de graduar el análisis de impacto sobre las TIC. No todos las normas requieren análisis de la misma profundidad, la complejidad de las relaciones administrativas y el grado de dependencia tecnológico en el éxito de la norma en ciernes, son los dos factores a considerar en esta gradación. Ello, obviamente, sólo es posible con la antes mencionada incorporación temprana de las áreas tecnológicas al proceso de desarrollo normativo. Tercero, la necesidad de revisar este análisis de impacto de modo continuo durante todas las fases del proceso legislativo, tanto en trámite dentro del órgano ejecutivo como legislativo.

El documento publicado por la Comisión Europea también proporciona algunas primeras herramientas para avanzar en la incorporación del análisis de impacto sobre las TIC a las memorias de impacto normativo. Diagramas de procesos y checklists, así como una propuesta de estructura de Gobernanza sobre la metodología en sí, son los más significativos.

Las Tecnologías de la Información son parte integral de una Administración Pública moderna y orientada a los ciudadanos. Olvidarse de ello, y no considerar las existencia de las TIC desde la fase de diseño de las normas, puede llevar a soluciones no óptimas que reduzcan el valor de la eficiencia que introducen.