La coyuntura económica sin fin en que nos encontramos, impulsa la colaboración de las Administraciones Públicas con terceros para abordar la resolución de los problemas públicos. Quizás la vía ha sido menos explorada de lo que uno presumía hace ya un tiempo en el ámbito del del Gobierno Electrónico en España en alguna de sus modalidades.
Simplificando, existen tres modalidades posibles de colaboración: Público-Privada, Público-Público, Público-Sociedad.
La mejor perfilada de todos las enumeradas es la colaboración Público-Privada, definida en el artículo 11 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007). Este tipo de contratos se materializan posteriormente a través de los procedimientos negociado o de diálogo competitivo. El que estén adecuadamente perfilados, no impide que hayan sido poco utilizados en los asuntos de Gobierno Electrónico, al menos no tanto como por ejemplo en Italia. Un primer caso es "Rete Amichi", para la provisión de servicios a través de redes de oficinas de terceros apoyándose en los medios electrónicos, servicios bien de carácter general o específico del ámbito de interés del socio. Otra acción es "Smart Services Cooperation Lab", un centro de competencia destinado al desarrollo de servicios públicos innovadores en cooperación con actores privados como Telecom Italia.
La colaboración Público-Público es por el contrario más utilizada. Los convenios entre Administraciones Públicas de nuestro país para la prestación de servicios e infraestructuras tienen una larga tradición, y el modelo ha sido extrapolado a los servicios habilitadores del Gobierno Electrónico (e.g. el caso de los servicios prestados por el Ministerio de Presidencia) o a construcción de infraestructura tecnológica común para municipios por las Diputaciones Provinciales. También en el ámbito de los servicios específicos ha habido alguna iniciativa. Un ejemplo de ello es la Plataforma de Contratación Electrónica del Consorcio de Ayuntamientos Catalanes por la Sociedad de la Información. Queda quizás el paso más difícil, colaborar en procesos comunes mediante Agencias comunes creadas alrededor de las TIC. Aunque ello es quizás un puente demasiado lejano.
Y donde aún apenas hemos echado a andar es en la colaboración Público-Social. Aún no hemos visto por estos lares muchas iniciativas del tipo "Show us a Better Way" o "Apps for democracy" (personalmente no conozco ninguna), que llamen a la fuerza innovadora de la sociedad en el desarrollo de servicios. Es de suponer que empezarán a arrancar junto con las primeras iniciativas de apertura de datos públicos en formato reusable , como la del Gobierno del País Vasco. No obstante, es difícil tener claro si existe el marco legal para ello y ello quizás haya sido el obstáculo hasta ahora (¿contrato público?, ¿subvención?).
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