#ogov entrando en el #egov

El Gobierno Electrónico debería ser ejemplarizante en el Gobierno Abierto. El segundo no puede existir sin el primero, pero lamentablemente tardaba el primero en verse empapado por el segundo. Al menos en España. Resulta sorprendente como en otros lares dan publicidad a las visitas a los sitios web de la Administración de modo generalizado y debaten abiertamente sobre como mejorarlas y aquí tan sólo estamos empezando en transparencia, participación o crear comunidad en Gobierno Electrónico.

Aquí existen islotes de transparencia respecto a gastos y uso del Gobierno Electrónico. Poco sabemos de los presupuestos y gastos TIC más allá de lo que publica el Observatorio de Administración Electrónica respecto a la AGE y EELL. Y respecto a visitas a sedes electrónicas o webs, pocos casos se dan como los de la OEPM o la AEAT que hacen publicas sus estadísticas de uso de servicios Internet. Y sinceramente, no se entiende. Los gastos compensan el uso si se compara con el canal presencial. 

También poco a poco comienza a entrar la participación. La misma Ley 11/2007 y los Esquemas nacionales de Seguridad e Interoperabilidad estuvieron abiertos a contribuciones de los ciudadanos, y algo parecido ha pasado con el reciente Decreto del Gobierno Vasco. Existen más ejemplos, y si no existen más no es por falta de voluntad de responsables del Gobierno Electrónico.

Y también el Gobierno Abierto es crear comunidad. Twitter se está convirtiendo en la herramienta catalizadora de una comunidad de Gobierno Electrónico. Muchos son los perfiles, tanto en el ámbito de la AGE (@oejis , @proyectoaporta u @obsae ) , como en el ámbito regional ( @gencat , @opendatanavarra , @pipejgv , @imitxunta ) que día a día forjan esta comunidad y merecen seguirse.

Pequeños pasos, pero que no dejan de ser una base para que el Gobierno Abierto entre en el Gobierno Electrónico.

Abriendo los servicios públicos: Modelo de reforma UK

Si hay algo inevitable (quizás debiera decir solo deseable) en el medio plazo es la reforma del sector público. Aunque cada país es distinto, conviene ir cogiendo bagaje de lo que será, o al menos debería ser una de las tareas del nuevo gobierno, sea cual sea. Reformar va más allá de un mero recorte, algo a lo cual se han ceñido hasta ahora la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno. Solo por eso que, sea cual sea la base ideológica, merece la pena seguir los intentos de reforma, como el que se pretende desarrollar en UK y cuya primera pieza es el libro blanco "Open public services".

La reforma propuesta es claramente de orientación economicista, buscando mas la eficiencia que la efectividad de los servicios públicos. La apertura buscada se escora hacia el mercado, a una participación ciudadana no basada en su colaboración en el diseño y prestación de los servicios, sino en la selección del proveedor.

La aproximación a la reforma de los servicios públicos parte de clasificar los mismos en tres tipos de servicios:

• individuales, los servicios que sitúa en la esfera personal, básicamente educación y sanidad
• comunitarios, los servicios del ámbito local tales como transporte o limpieza de calles
• encomendables, servicios que se ejercen en monopolio pero pueden externalizarse a terceros ( impuestos, justicia, urbanismo, ...)

Realizar dicha clasificación es difusa y artificiosa, y ello se manifiesta a lo largo del documento. Cualquier servicio es susceptible de ser encomendado o no y es difícil pensar en un servicio público como individual, ya que todo servicio se presta buscando un beneficio social: tanto sanidad como educación contribuyen a una sociedad más productiva y cohesionada más allá del beneficio personal que aportan.

Los llamados servicios individuales tienen, además, un enfoque de prestación de consumo y no de derecho ciudadano. Ello se manifiesta al equiparar al defensor del pueblo a un defensor del consumidor. La ruptura ademas de un presupuesto global a centros públicos de sanidad y educación, pasando a presupuestos personales de los ciudadanos, que emplea donde cree conveniente, rompe con las economías de escala haciendo mas ineficientes los servicios, además de ser potencial fuerza de creación de más discriminación por capacidad económica o de conocimiento. Los remedios que anuncia de intervención publica en caso de fallo del mercado, suenan a un asistencialismo al necesitado propio del siglo XIX.

Algo similar ocurre con los servicios comunitarios. Buena intención es la descentralización y fortalecimiento del nivel local. Es la vía mas certera para poder atender al ciudadano orientándose al nivel local. Sin embargo, se llega a una descentralización extrema al hablar de la posibilidad de referéndums locales sobre el pago de impuestos, potencialmente separados para ciudadanos y empresas. Ese tipo de votaciones llevan a la quiebra de lo publico, como sucede en California, y la desprotección del débil.
Y finalmente los servicios encomendables, que pueden ser todos menos defensa y justicia. Aquí la solución es el mercado, la externalizacion (que no privatización) al mejor postor, pagando por objetivos alcanzados, con la posibilidad incluso de existencia de varios proveedores en competencia para un mismo servicio. Esta evaluación por objetivos de los proveedores, iría ademas ligada a una desregulación del servicio público basado en una vigilancia mediante organismos de control. Viendo donde nos ha llevado la desregulación del mercado financiero, prefiero no imaginarme, por ejemplo, la recaudación de impuestos o la planificación urbanística funcionando mediante este modelo.

Existen sin embargo en el papel un par de propuestas interesantes al respecto de los mecanismos de provisión. En primer lugar, una apuesta por las PYMES, llamando a licitaciones por lotes que permitan obtener el mejor proveedor de cada parte del contrato y obligando a un 25% de presupuesto adjudicado a PYMES. En segundo lugar, la apuesta por lo digital como medio prevalente de provisión, apoyado sobre la apertura de datos e interfaces de servicios para que terceros puedan construir otros servicios.

Obligación del acceso electrónico a las #aapp

Vale, estamos en una crisis en la que nadie nos metió. Una vez dentro, no nos queda más remedio que apretar los dientes, mirar haca delante y buscar medios de sacra dinero en dónde lo hay. Seamos zahories Gobierno Electrónico en mano para ir a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos económicos para las Administraciones. Dice nuestro máximo marco legal en la materia, la Ley 11/2007, lo siguiente:

Artículo 27.6 Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Atendiendo a los resultados de los últimos estudios referentes al uso de las TIC por parte de empresas y miscroempresas realizado por el ONTSI,  el 97,2% de las primeras y el 58,1% de las segundas disponen de acceso a Internet. Resulta por tanto chocante, que en el primero de los casos tan sólo 70,1% haga uso del Gobierno Electrónico y en el segundo de los casos tan sólo el 39,8%. Algo similar sucede cuando nos acercamos a los datos similares existentes para ciudadanos, frente a un uso directo de la Administración Electrónica de un 39% nos encontramos conque el 64,2% de la población es internauta. Aunque los datos de tramitación electrónica para ciudadanos y empresas algo más positivos, acercándonos según el OBSAE al 51% y 82% respectivamente, parece claro que existe una amplia bolsa en todos los casos de personas juridicas o colectivos de personas físicas con capacidad para relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas que sin embargo no lo hacen.

Existen aún pocos casos de obligación a empresas, y muchos menos a ciudadanos, de utilizar los medios electrónicos para relacionarse con las Administraciones Públicas. Quizás demasiado cuidadosamente, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Servicio Público de Empleo han empezado a obligar a empresas dejando a un lado a las microempresas, y el Ministerio de Educación ha implantado la tramitación completa de las becas universitarias por Internet, pero poco más. Sin embargo la identidad electrónica se facilita gratis (DNIe o certificado de la FNMT) e Internet está presente en la vida de muchos. 

Va siendo hora, por tanto, de comenzar a establecer obligaciones de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, aunque sea sólo por justicia social. Ni una sóla empresa por encima de los 10 empleados debería acudir a una ventanilla y sólo ciudadanos y empresas que justificaran no estar abonados a Internet deberían tener permitida la atención presencial. Los servicios destinados a favorecer la cohesión social, y el acceso presencial  a la Administración debería ser considerado uno de ellos, sólo han de ser para aquel que los necesita. Para ello, tan sólo es necesario un Real Decreto.

#Innovacion en la planificación estratégica del #egov : Nueva Zelanda

Llevo ya leídas más de una lectura de estrategias de Gobierno Electrónico. Son lecturas ya faciles para quien está acostumbrado, de formato poco variable: Definición de una serie de prioridades y dependientes de las mismas una serie de acciones a realizar para alcanzar una serie de objetivos. Pueden existir adornos, como la definición o no de planificaciones asociadas, pero existe poca desviación al respecto. Siempre excita encontrar aproximaciones distintas, tales como la de "Rethinking Online" del Gobierno de Nueva Zelanda. En lugar de definir qué es lo que se espera de los distintos Ministerios y organismos públicos, se concentra en el cambio de cultura, en cómo hay que hacerlo, definiendo para ello una serie de principios de actuación que deben dar lugar a unos resultados, apoyadas sobre cambios en la gobernanza de las infraestructuras y servicios de Gobierno Electrónico y la construcción de un registro de medios electrónicos.

Los principios de actuación que deben dar lugar al cambio de cultura son:

1st principle: Coordinate how online is managed across government
1. Set up effective cross-agency planning for online delivery
2. Have a single point of contact and responsibility for online in every agency
3. Measure and report the business value and quality of online channels
2nd principle: Share capability and adopt common approaches
4. Concentrate skill in centres of expertise, for use by all agencies
5. Share technology components, designs and contracts across government
3rd principle: Design and deliver around people’s needs
6. Cluster online information and services around shared topics and audiences, not agencies
7. Bring all ‘government to government’ information and online tools together
4th principle: Partner outside of government for better online delivery
8. Open up access to information, non-personal data and services
9. Partner with third parties and communities for effective government online delivery

Cuya aplicación debe tener como resultado enriquecer la experiencia del usuario con los servicios de Gobierno Electrónico, ganacia en la eficiencia económica en el uso de recursos y mejora de la agilidad estratégica.

Para velar por el efectivo cambio de cultura, la estrategia se centra en una definición del modelo de gobernanza. En el mismo, la figura de un grupo de Planificación no sólo tiene el cometido de evaluar proyectos para su ejecución de un modo aislado, sino buscar de modo activo una sinergia e incentivar las oportunidades de colaboración entre Ministerios y organismos. La herramienta clave para ello es un Registro de Medios Electrónicos, donde registrar el público destino de los servicios, tecnologías usadas, coste de desarrollo y mantenimiento, y otros datos clave que permiten ver como aunar esfuerzos de recursos o identificar oportunidades de servir a los ciudadanos desde un punto de vista más holístico. En los Ministerios y organismos, define una bicefalía de interlocución/responsabilidad, con dos figuras diferenciadas, orientada una a servicio en línea y otra a tecnología que han de tener también un rol activo en las búsqueda de sinergias en cada ámbito con otros Ministerios y organismos o terceros actores (ONG, privado, ...).

Además del Registro de Medios Electrónicos, el grupo de planificación cuenta con otros instrumentos. La definición de Centros de Competencia en un Organismo determinado y el manejo de las cesiones de personal (comisiones de servicio) entre ellos para el desarrollo de proyectos, son algunas de las que se vislumbran. No obstante, como en todo documento estratégico, no termina de perfilarse el grado taxativo de los mismos.

Quizás la única carencia del documento es el perfilado de un mecanismo de evaluación del papel del cada actor en el cambio cultural, que sirva de acicate e incentivo a su desarrollo efectivo.

En definitiva, el documento es una muestra de innovación en la planificación estratégica del Gobierno Electrónico.