Hace ya cuatro años desde la aprobación delante Ley 11/2007. Ha sido una
ley clave para el desarrollo del Gobierno Electrónico, sin la cual no
se hubiera alcanzado una oferta significativa de servicios públicos
electrónicos en España. Ha sido un gran proyecto nacional.
Es sin embargo hora de pasar de la promover la oferta del Gobierno Electrónico a movilizar la demanda, como un primer paso para la transformación de las administraciones públicas. De igual modo que la primera no fue alcanzada sin un marco legal de nueva creación, la segunda no podrá ser impulsada sin medidas legales que varíen el entorno de gobernanza, servicio, uso de canales y empleo de la tecnología. Estas medidas legales irían más allá del Gobierno Electrónico, pero harían del mismo el eje de la transformación administrativa. El objetivo ha de ser pasar de servicios verticalizados de acuerdo con la organización administrativa a servicios adaptados a la transversalidad de las necesidades ciudadanas.
El primer cambio legal necesario es la gobernanza del Gobierno Electrónico. Respetando la autonomía que cada Administración tiene de acuerdo a nuestro modelo político federal, es necesaria una gobernanza mas fuerte. La visión única de la Administración que desean los ciudadanos no puede alcanzarse sino se cimienta en un uso racional de la tecnología, y la racionalidad exige reducir los centros de poder desde donde esta es aplicada a la vida administrativa, y una mas estrecha coordinación de los mismos que evite duplicidad de soluciones y haga realidad la prestación mutua de servicios.
Solo una nueva gobernanza del Gobierno Electrónico permite redefinir cómo prestamos a través del mismo servicio a los ciudadanos. Hemos de pasar del procedimiento electrónico al servicio electrónico, para ello es necesario unificar algo tan básico como las fuentes de información utilizadas. Un manejo integral y transparente de los datos personales y la creación de APIs de procedimientos permitiría una integración transversal de procedimientos en servicios prestados por agencias interadministrativas (no necesariamente públicas) sin que el responsable final de cada procedimiento cediera competencia sobre el mismo. Este nuevo modo de prestar servicio conduce a una consolidación de los medios para ello, extendiendo a mas ámbitos el concepto de ventanilla única creado en la Directiva de Servicios.
El cambio de los servicios, su nacimiento real como tales diferenciados claramente del mero procedimiento, permite pensar en la adecuación de canales. Un modelo duplicado presencial y electrónico, no es sostenible. La transición será biológica pero ha de ser acelerada. El canal presencial ha de ser una medida de no exclusión, y, consecuentemente, no ofrecerse modo generalizado. Han de existir criterios objetivos de elegibilidad en el acceso al canal para hacer prevalente el canal electrónico.
Y finalmente la aplicación de la tecnología. Tecnologías y servicios base han de ser obligatoriamente comunes para todas las administraciones. Ello es una razón mas para una gobernanza fuerte. La creación de una red de centros administrativos de procesos de datos, que presten servicios tecnológicos equivalentes y de acuerdo a un catálogo haría real la nube administrativa.
En definitiva, es necesaria una nueva ley de Gobierno Electrónico y Transformación administrativa.
Es sin embargo hora de pasar de la promover la oferta del Gobierno Electrónico a movilizar la demanda, como un primer paso para la transformación de las administraciones públicas. De igual modo que la primera no fue alcanzada sin un marco legal de nueva creación, la segunda no podrá ser impulsada sin medidas legales que varíen el entorno de gobernanza, servicio, uso de canales y empleo de la tecnología. Estas medidas legales irían más allá del Gobierno Electrónico, pero harían del mismo el eje de la transformación administrativa. El objetivo ha de ser pasar de servicios verticalizados de acuerdo con la organización administrativa a servicios adaptados a la transversalidad de las necesidades ciudadanas.
El primer cambio legal necesario es la gobernanza del Gobierno Electrónico. Respetando la autonomía que cada Administración tiene de acuerdo a nuestro modelo político federal, es necesaria una gobernanza mas fuerte. La visión única de la Administración que desean los ciudadanos no puede alcanzarse sino se cimienta en un uso racional de la tecnología, y la racionalidad exige reducir los centros de poder desde donde esta es aplicada a la vida administrativa, y una mas estrecha coordinación de los mismos que evite duplicidad de soluciones y haga realidad la prestación mutua de servicios.
Solo una nueva gobernanza del Gobierno Electrónico permite redefinir cómo prestamos a través del mismo servicio a los ciudadanos. Hemos de pasar del procedimiento electrónico al servicio electrónico, para ello es necesario unificar algo tan básico como las fuentes de información utilizadas. Un manejo integral y transparente de los datos personales y la creación de APIs de procedimientos permitiría una integración transversal de procedimientos en servicios prestados por agencias interadministrativas (no necesariamente públicas) sin que el responsable final de cada procedimiento cediera competencia sobre el mismo. Este nuevo modo de prestar servicio conduce a una consolidación de los medios para ello, extendiendo a mas ámbitos el concepto de ventanilla única creado en la Directiva de Servicios.
El cambio de los servicios, su nacimiento real como tales diferenciados claramente del mero procedimiento, permite pensar en la adecuación de canales. Un modelo duplicado presencial y electrónico, no es sostenible. La transición será biológica pero ha de ser acelerada. El canal presencial ha de ser una medida de no exclusión, y, consecuentemente, no ofrecerse modo generalizado. Han de existir criterios objetivos de elegibilidad en el acceso al canal para hacer prevalente el canal electrónico.
Y finalmente la aplicación de la tecnología. Tecnologías y servicios base han de ser obligatoriamente comunes para todas las administraciones. Ello es una razón mas para una gobernanza fuerte. La creación de una red de centros administrativos de procesos de datos, que presten servicios tecnológicos equivalentes y de acuerdo a un catálogo haría real la nube administrativa.
En definitiva, es necesaria una nueva ley de Gobierno Electrónico y Transformación administrativa.
Aqui hay un problema IMPORTANTE de TRABAS que ciertas partes de la adminsitración están poniendo a otras partes de la misma.
ResponderEliminarLa ley 11/2007 dice que los programas de la adminsitración en este aspecto deben poder ser reutilizados y accesibles por el resto de funcionarios. En realidad NO ES ASI. SE COBRA y MUCHO!!! Se intenta sacar tajada.
Lo mismo pasa con la IMPOSIBILIDAD de obtener CERTIFICADOS DE SEDE o DE FUNCIONARIO.
Imposibilidad porque VALEN MUCHO DINERO y TARDAN MUCHO LAS NEGOCIACIONES!!! Esto es un WTF como un piano!!!
Tampoco hay acceso a la informacion de VALIDACION y REVOCACION de CERTIFICADOS de la FNMT. En teoria esta traba solo afecta a los ciudadanos, no a los funcionarios, pero NO ES ASI.
Todo esto es para forzar CONVENIOS entre administraciones que TIENEN EL PRIVILEGIO de TENER IMPLEMENTADO el SOFTWARE y el ACCESO a la FNMT y los que no. (Cobrándose, claro).
Lo que ocurre, al final, es que muchas CCAA y Organismos Secundarios NO PUEDEN IMPLEMENTAR LA LEY 11/2007 por TRABAS ADMINISTRATIVAS (por no poder, querer pagar).
Y para cumplir "como sea", las implementaciones finales tienen aberraciones como las siguientes:
a) SE ACEPTAN CERTIFICADOS sin comprobar la validez.
Esto es debido a que hay 13 entidades validas de certificacion en España y no son de libre acceso todas para verificacion.
No voy a decir aqui "como" pero en muchas sedes puedo hacer "papeleo" con un certificado falsificado a nombre de otro.
b) SE USAN CERTIFICADOS HTTPS QUE NO SON "DE SEDE" como marca la ley:
Ejemplo: https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm
Si se mira el certificado SSL se observará que es de AKAMAI.
Esto es debido a que NO PUDO OBTENER el certificado de SEDE de la FNMT.
Pero esto lo hace vulnerable a PHISING.
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c) Implementar el SELLADO DE TIEMPO es IMPOSIBLE ya que el acceso de las firmas de tiempo está reservado a privilegiados.
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d) Obtener el certificado de FUNCIONARIO PUBLICO tambien es imposible para Organismos de SEGUNDO NIVEL.
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e) Otras administraciones (CCAA) obtan por implementar SU PROPIO SISTEMA INCOMPATIBLE e incluso legislan al margen de la 11/2007 haciendo que sea imposible hacer una FACTURA ELECTRONICA COMPATIBLE en TODAS las CCAA.
Ademas sus sistemas de validación de certificados son cerrados y diferentes, suelen estar mal implementados y para navegadores antiguos.
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Todo esto es debido a un intento de COMERCIALIZAR (Obtener BENEFICIO) ante la urgencia de tener que implementar una ley.
Genial comentario. es necesario desenmascarar el funcionamiento completamente anomal y hasta ilegal de la FNMT que es un autentico lastre para el despegue de la eAdministracion, tanto a ciudadanos como a funcionarios.
ResponderEliminarLa cantidad de intereses hacen dificil que sean realmente los ciudadanos quienes se aprovechen de las ventajas de la Ley 11/2007 y otras normativas que con acierto han ido sucediendose.
Veo q los comentarios se alejan de mi post, pero no voy a huir dar mi opinión.
ResponderEliminarPor muchas razones, no creo que el modelo de actuación de la fnmt sea el mas apropiado. Me parece bien que se de gratis un certificado a los cuidada os, pero no creo que ello haya de hacerse en base a cobrar al resto de organismos públicos por validar los certificados, algo que ademas es dudosamente legal con la ley 11/2007 en mano. pero ello es un modelo a desaparecer, en cinco años el único certificado de ciudadano que sobrevivirá será el del DNIe.
Sobre los certificados de empleado pulido o sede, nadie obliga a contratarlos con la fnmt, mientras se cumplan las condiciones de la ley 11/2007. Cada administración es autónoma para poner el que desee, siempre que se por un proveedor reconocido. Ergo critiquemos a la fnmt por lo q hay q criticarle, xro si alguien quiere plantear a sus superiores otra opción, ha de hacerlo con números en mano. Otra cosa, es q le hagan caso, y eso ya no es responsabilidad de la fnmt.
Respecto a la afirmación de que en 5 años el unico certificado de ciudadano que sobrevivirá será el DNIe podemos apostar a que no será así.
ResponderEliminarEso implicaria que otros certificados plenamente validos desapareceran o que otras PKI vañidas y legales dejan de dar servicios avanzados. Quien corre serio peligro de desaparecer es el propio DNIe como no se articulen medidas de apoyo, mejoras en software para usuarios y se impulsen medidas de formacion.