Una de las razones por la que los ciudadanos sentimos lejos Europa es la complejidad de sus procesos de decisión. Salvo excepciones de urgencia, lease peligro del capitalismo liberal, sus ritmos son exasperantes y se componen de múltiples pasos, sin alcanzar nunca el paso final. Quizás sea porque las utopías se alejan en el horizonte a medida que avanzamos hacia ellas. Basta ver el caso del Gobierno Electrónico. A la "Declaración Ministerial de Gobierno Electrónico Malmö" le sucedió el "Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico 2011-2015". Toda parecía hacer intuir que ambos serían suficientes para la coordinación de políticas de Gobierno Electrónico entre los Estados miembros, pero hete aquí que aparecen las "Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico 2011-2015" para cerrar el ciclo.
El nuevo documento, aporta pocas novedades, siendo de modo general una reafirmación de los principios de la Declaración Ministerial y un impulso de las actividades previstas en el Plan de Acción. La única novedad importante es la invitación a los Estados miembros (curioso que los Ministros se inviten a si mismos) a incrementar la disponibilidad de servicios desarrollados desde la prespectiva de los eventos vitales. Llamamiento importante por lo que supone de impulso al avance de poner al ciudadano y la empresa en el centro de los servicios públicos electrónicos.
Sin embargo, el desarrollo de servicios de Gobierno Electrónico tiene un mayor calado para el caso de nuestro país. De acuerdo con la definición dada por la Comisión Europea
Eventos vitales son los un paquete de servicios gubernamentales, prestados normalmente por múltiples agencias, en torno a un tema que tenga sentido para el ciudadano. Los sistemas informáticos de las agencias gubernamentales que participan cooperan (es decir, interoperan) para la entrega sin costuras del servicio.
Dada la configuración política de nuestro Estado, cualquier servicio desarrollado desde la perspectiva de un evento vital va a implicar necesariamente la cooperación entre varios ministerios, consejerías de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pongamos como ejemplo el caso de un cambio de domicilio, que hay que comunicar a diversas entidades de la Administración General del Estado (AEAT, Seguridad Social, Tráfico, ...) , al registro de empadronamiento del Ayuntamiento de residencia y a un número indeterminado de entes autonómicos dependiendo de la región de residencia. La implementación de un servicio desarrollado sobre la perspectiva del evento vital implicaría o vien un sistema de single sign-on que permita acceder a todas las entidades involucradas con una sóla identificación u ocultar dicha complejidad mediante una petición que se despliega mediante comunicación entre las unidades administrativas de forma oculta al usuario (implementación escogida en el desarrollo parcial de este servicio ahora existente en la AGE).
La única carencia del posicionamiento del Consejo es la definición concreta de una lísta de eventos vitales a satisfacer. Si realmente se quiere avanzar al respecto, es necesario que, de igual modo que hacia el año se seleccionaron 20 servicios básicos cuya disponibilidad han sido la base del progreso del Gobierno Electrónico en Europa, se definan por el Consejo un conjunto de evento vitales y los servicios que han de empaquetar cada uno. Ojalá Europa puede en este caso pasar de las intenciones a los hechos y superar el síndrome de la tortilla.
En el caso de nuestro país, el desarrollo de los servicios orientados a los eventos vitales serían la oportunidad de desarrollar un gran proyecto nacional de Gobierno Electrónico. Una oportunidad de romper con la cultura de silos ayudados por la herramienta del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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