Economía y segunda fase del #opendata

Hace un par de días, @mgarrigap publicaba una entrada en su bitácora referente a la apertura de una segunda fase del desarrollo del movimiento "opendata". Básicamente, estoy de acuerdo con él, y en ella entramos por puras razones economicistas. Es una consecuencia lógica de la necesidad de dar soporte económico al esfuerzo de puesta a disposición de la información pública, de aminorar la tensión existente entre la demanda de transparencia y el coste de satisfacerla en tiempos de arcas públicas exhaustas. Algo previsible a medida que nuevas unidades administrativas se plantean la necesidad de entrar en el terreno de juego del "opendata" y, como indicaba hace un año, descubren que "la transparencia y apertura de datos no es gratis, y muchas supone trabajar con sistemas obsoletos sobre los que cualquier intervención cuesta un potosí".

Siempre he sido de la idea que no toda la información pública podrá facilitarse de modo gratuito, y mucho menos en formato procesable.  La higiene democrática y las leyes obligan u obligarán a que así sea para ciertos conjuntos de datos (presupuestos, gasto público, ...), y esto será así principalmente para información que sea objeto de reutilización no lucrativa por aplicaciones como ¿Dónde van mis impuestos? de @dcabo, pero no será la norma general. 

Cómo decía @andreadimaio en un post reciente, cobrar por el "opendata" no es una mala idea. El aspecto a determinar es cuánto cobrar. La Ley 37/2007 habla de como establecer contraprestaciones económicas en su artículo 7. Es importante resaltar que el precio a hacer recaer no es referente a una información o conjunto de datos concreto, sino que se refiere a "cubrir al menos los costes del servicio o actividad". Ello permite a las Administraciones Públicas modelos de negocio no onerosos para el erario público, en que se conjugue ofrecer a coste cero conjuntos de información de interés general mientras ciertos conjuntos de información que tengan demanda comercial se ofrezcan a precios superiores a lo que cuesta generarla. La condición es la suma cero de todo ello basándonos en un balanceo entre aquellos que podemos cobrar por uso y aquello que no debemos establecer coste por utilizar.

Y aquí es dónde entran en juego modelos como el puesto encima de la mesa por el Gobierno Británico. La creación de una corporación de opendata que haga la gestión global de todo el servicio para las Administraciones Públicas permite establecer economías de escala y un balanceo apropiado entre aquello que se cobra y lo que se da gratis. 

Comparto parte del escepticismo alrededor de la propuesta, aunque en mi caso no provenga de la idea sino de la posible titularidad privada de su implementación que deja traslucirse en este caso. En primer lugar, creo que la gestión y puesta a disposición de la información pública debe realizarse por el mismo sector público, evitando en lo posible la entrada de actores privados que den lugar a conflictos de intereses sobre qué liberar y a qué precio. En segundo lugar, el establecimiento de un modelo de partenariado público- privado en esta materia como ha propuesto alguna vez la OECD  lo veo de difícil compatibilidad con el veto a los acuerdos de exclusividad que marca la actual Directiva europea en la materia y la Ley 37/2007.

Efectivamente, entramos en una segunda fase del opendata. Nuevas unidades administrativas que aún no han entrado en juego entrarán en la medida que  el marco legal les obligue y exista un modelo de producción no deficitario. Los dineros van a marcar esta nueva fase además de la demanda de transparencia, y, probablemente, necesitemos adoptar modelos de cooperación interadministrativa que nos permitan adoptar las economías de escala para afrontar esta fase.

Servicios transfronterizos de Gobierno Electrónico: Una primera lista

Uno de los dos grandes objetivos del Plan de Acción de Gobierno Electrónico Europeo 2011-2015 es la disponibilidad en 2015 de un conjunto de servicios transfronterizos claves para la movilidad de ciudadanos y empresas dentro de la Unión Europea. El objetivo es complejo por la no existencia previa de una identificación de cuáles son estos servicios. Los railes están puestos, hay están la Estrategia de Ineroperabilidad Europea y el Marco de Interoperabilidad Europeo, pero falta por definir los trenes que han de circular por ellos.

Las actuales condiciones económicas imponen el condicionante de la existencia de un caso de negocio claro para los mismos, una necesidad social o económica que justifique su implementación. La construcción de este caso de negocio ha de apoyarse necesariamente en las dos piedras angulares de la Unión Europea: La ciudadanía Europea y el Mercado único. La estrategia para la potenciación de ambos instrumentos ha sido definida en dos comunicaciones recientes de la Comisión Europea, respectivamente, "Informe de ciudadanía de la UE 2010" y "Hacia un Acta del Mercado Único". Ambos instrumentos han de ser la fuente de inspiración fundamental de los servicios transfronterizos en la UE.

Existen en ambas comunicaciones menos referencias al Gobierno Electrónico como instrumento de las que serían deseables, y sería aconsejable el complemento de ambos documentos con un análisis de necesidades al respecto por parte de la Comisión Europea. Se pueden adivinar sin embargo algunos intrumentos y servicios que habrán de desarrollarse:

• Hacer realidad las compras públicas electrónicas transfronterizas
• Interconexión electrónica de los registros mercantiles
• Servicios asociados a la movilidad de los trabajadores: Intercambio electrónico de registros de empleo, vida laboral, certificaciones de prestacione, reconocimiento de cxualificaciones profesionales
• Potenciar los aspectos informativos del portal "Your Europe" relativos a derechos y deberes de ciudadanos y empresas
• Habilitar la resolución de conflictos entre consumidores y empresas en la red SOLVIT
• Implementar el intercambio de historial médico entre Estados miembros (lo cual en algún caso ,como España , requiere previos esfuerzos nacionales)
• Sistema de registro de vehículos transfronterizo, incluidos los aspectos impostivos
• Intercambio electrónico de certificados de estado civil (nacimiento, matrimonio, muerte, ...)

No deja de ser una lista extraida en una primera lectura. En contra de la creencia de los servicios de Gobierno Electrónico como entelequia, son reales y necesarios.

Del #opendata al #openservices

Una de las principales razones tras el desarrollo de las políticas de datos abiertos (opendata)  en las Administraciones Públicas es facilitar a terceros las construcción de servicios innovadores, servicios que por una razón u otra no consideran oportuno desarrollar las Administraciones Públicas. Los balbuceos en la liberación de datos públicos en formatos procesables, ha dado lugar a microservicios, desarrollados generalmente sinánimo de lucro, de carácter informativo. Ejemplo de ello son los que fueron resultados de AbreDatos 2010 en España. 

He de reconocer que, aunque como ejercicio estético, demostrador del poder escondido tras la apertura de las Administraciones Públics, me parece interesante este tipo de competiciones, mantengo un sano escepticismo al respecto de los microservicios actuales, en particular, y los concursos tipo AppsFor Democracy, en general. Comparto la visión de al respecto de Andrea de Di Maio en uno de sus posts ("These are all great ideas, but in most cases far from being ready for prime time"). Sinceramente, creo que no existe tras muchos de ellos (por no decir todos) un modelo de negocio sólido, y sin un modelo de negocio, nungún servicio privado sale adelante. Sería curioso que liberaramos datos para despertar la iniciativa privada y además les pagaramos por los servicios. Mi abuela, en su primario machismo educacional, le llamaba a eso ser prostituta y poner la cama.

Necesitamos algo más que opendata para que desde fuera de las Administraciones Públicas se creen servicios públicos rentables, servicios públicos por los que alguien, de modo directo o indirecto, esté dispuesto a pagar. Al final es de eso de lo que se trata. El Gobierno como Plataforma ha de ser opendata, pero también openservices. Es necesario habilitar interfaces programáticas a servicios modulares existentes (o de creación) en las Administraciones Públicas. Ejemplo de ello en España son la validación de datos de identidad o la validación de dirección que supusieron un hito en la simplificación administrativa. Obviamente, ello implicará tomar las adecuadas precacciones y medidas alrededor de los datos personales. 

¿Porque necesitamos dar el paso hacia el openservices? 

De un lado, los ciudadanos buscan fundamentalmente que se les satisfaga necesidades vitales, no que se les facilite realizar un trámite. Cómo un ciudadano se enfrenta a un hecho vital depende del contexto en que se le presente y de sus antecedentes socioeconómicos. Veo difícil que las Administraciones seamos capaces de poner en pie servicios de Gobierno Electrónico que satisfagan todas las variaciones posibles. La cosntrucción de servicios electrónicos orientados a eventos vitales para nichos de población específicos,  dispuestos a pagar por los mismos sólo es posible con openservices.

De otro lado, compartamoslo o no, van a existir servicios públicos que se externalicen en esta crisis sin fondo. Las agencias de colocación es un primer ejemplo, pero vendrán más. Habrá que asumir la necesidad de ofrecer a los agentes electrónicos de estos servicios el acceso a las fuentes de información fiable que posee la Administración (repito, con las adecuadas medidas de protección de datos personales). La versión electrónica de servicios públicos prestados por el sectror privado sólo es posible con una estrategia openservices.

Y finalmente los servicios transfronterizos europeos. No creo que ningún Estado miembro finalmente termine implementando servicios de calidad en este ámbito. A fin de cuentas, también nos debemos a la demanda. Operadores privados habrán de intervenir necesariamente para reforzar esta necesidad (con un coste, obviamente), pero sólo lo podrán hacer si las Administraciones Públicas adoptamos una estrategia de openservices.

Estamos al comienzo del camino del opendata al openservices.

Unión Europea: Competencias sobre #aapp por la puerta trasera

La Unión Europea, y por ende su brazo ejecutor la Comisión Europea, nació sin poder competencial alguno sobre la organización administrativa de los Estados Miembros. Ello trajo como consecuencia, por ejemplo, el encuadramiento de las políticas de Gobierno Electrónico dentro del ámbito de la Sociedad de la Información. Este pecado original que ha llevado a un desarrollo del Gobierno Electrónico en exceso tecnológico, en que la evaluación de su progreso se centra alrededor de su erronea consideración como un servicio más de Internet. Aún no existiendo obligación para los Estados Miembros de seguir esta línea de desarrollo del Gobierno Electrónico, la falsa voluntariedad del Método de Coordinación Abierta obliga en la práctica a diseñar políticas públicas en la línea marcada por la Comisión Europea.

La Unión Europea sigue sin poder competencial alguno sobre las Administraciones Públicas de los Estados Miembros. En estos tiempos de crisis en que cada vez es más claro que sólo una estrecha coordinación de políticas permitirá a Europa levantar el vuelo, esta carencia limita el poder de acción conjunta, ya que la implementación de cualquier política pública depende en gran medida de sus reglas internas. A pesar de la posibilidad de desarrollo de los mismos que le ofrece el artículo 197 del Tratado de Lisboa, la Comisión parece haber optado de nuevo por la puerta falsa del Método de Coordinación Abierta. Eso al menos se deduce de la Comunicación de la Comisión Europea "Innovation Union", uno de las iniciativas claves del desarrollo de la Estrategia Europa 2020.

El punto 4 de la Comunicación "Innovation Union", está dedicado a la "Maximización de la cohesión social y territorial" a través de la innovación, siendo una de sus claves la innovación social y del sector público. Dos son las acciones claves alrededor de la innovación en el sector público que se prepara la Comisión a realizar. En primer lugar, el desarrollo de un programa de investigación sobre innovación en el sector público,  el cual no es una buena noticia ya que es de temer será pasto de consultoras y lobbies deseosas de limitar el alcance del sector público. En segundo lugar, el desarrollo de un Cuadro de Mando de Innovación en el Sector Público, que será el instrumento de la Comisión para encaminar a las Administraciones Públicas por las sendas organizativas y de funcionamiento que desee, probablemente alrededor de las conclusiones del programa de investigación.

Me considero un ferviente europeista. Europa es nuestro terreno de juego y sólo desde la solidadridad y coordinación con los restantes Estados Miembros podrémos tener algún tipo de futuro. Se necesitan más instrumentos de diseño común a todos los Estados Miembros, más políticas públicas donde nos  rijamos por los mismos principios. Ello debería afectar a las Administraciones Públicas como afecta ya al Gobierno Electrónico. Es positivo que se inicie el camino para un acercamiento del funcionamiento de las Administraciones de los Estados Miembros, aunque sea por la puerta trasera de la innovación. Hay que reconocer, que los tecnocratas de Bruselas tienen imaginación.

El valor de lo que se hace en #egov en el Pais Vasco

No es la primera vez, ni creo que vaya a ser la última, que escribo sobre lo mucho que el trabajo y constancia de unos pocos está consiguiendo en el Pais Vasco en esto del Gobierno Electrónico. Alguna de esas veces con polémica incluida. Evidentemente una parte de ello se deberá al equipo, otra al compromiso responsables políticos, pero atreverse a proponer lo posible que algunos dicen imposible y después hacerlo es tan sólo algo que toda la comunidad alrededor del Gobierno Electrónico debemos a @balapiaka, @alorza y otros responsables técnicos de allá.

¿A qué viene esto? No se debe ni a la realidad que es OpenData euzkadi o Irekia, tampoco a la experiencia de teletrabajo. Es por algo más simple, poner un fichero excel con los contratos públicos. Dirán que es una tontería (que lo es desde el punto de vista técnico) pero naveguen por las infinitas plataformas de contratación de las AAPP a ver en cuantas está la chorrada. ¿Cuántos piden eso a todas las Administraciones y no se les da?

Constantemente los hay que se empeñan en decir que la apertura de datos en formato reutilizable es complicada, y una vez más los habeis puesto en evidencia. Ese es el valor de lo que están haciendo, poner de manifiesto que el emperador está desnudo, que si no facilitamos más datos es por falta de impulso. Se acaba el tiempo de mantener la ficción que en un mundo altamente tecnificado como es el tratamiento de datos estos datos no pueden ponerse a disposición de los ciudadanos en formato procesable. No hacerlo, es poner puertas al campo. Por ejemplo, ¿ha servido de algo que no estén disponibles en excel los presupuestos del estado para evitar que exista "Dónde van mis impuestos"?

Que nos dure muchos años el ejemplo que nos viene del norte. 

Legislar el #teletrabajo en las #AAPP (recuerdo a @sevillajordi)

A lo mejor ya hay muchos que no lo recuerdan, pero hay está el BOE para recordarlo. Hubo un tiempo, siendo ministro Jordi Sevilla, que el teletrabajo en la Administración General del Estado parecía a la vuelta de la esquina. Tan cerca parecía, que una de las leyes que promovió, la Ley 11/2007 incluía la siguiente disposición

Disposición final sexta. Habilitación para la regulacióndel teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Sin embargo Jordi Sevilla ceso como ministro, y pasó el 1 de marzo de 2008 sin que el teletrabajo se regulará en la Administración General del Estado. Una ocasión perdida para una reforma que podría ahorrar a las AAPP un importante dinero en alquileres y, sobre todo, ser vector de la introducción en ellas de un modo de trabajo por objetivos, alejado del mero presencialismo (que en algunos casos es un absentismo presencial). Por no hablar del ejemplo de liderazgo, que permitiría a nuestro país abandonar la cola en la implantación del teletrabajo (datos de la OECD).

Este recuerdo a uno de los ministros que más se preocupó de tratar de reformar y modernizar las AAPP con hechos y no sólo palabras, viene a cuento de la aprobación en los USA de la Ley para la Mejora del Teletrabajo en las Administración. Cuanto tiempo habríamos ganado ya de haber andado ya ese camino.

La ley aprobada en los USA tiene interesantes elementos, que sin duda serán modelo para leyes similares en otros países:

• Establece los elementos que ha de tener una política de teletrabajo, los criterios básicos para elegibilidad y participación de los empleados públicos
• Definir la necesidad de un programa de entrenamiento a los participantes en los programas de trabajo
• La necesidad de enlazar el teletrabajo con las políticas de continuidad de negocio
• Especificar los organismos horizontales que han de dar soporte en la iniciativa y en que materias: Gestión de personal, soluciones tecnológicas, gestión de la información pública y seguridad de la información
• Mandar hacer de la intranet un elemento  de encuentro en los teletrabajadores
• Obligar a realizar la compra del equipamiento ofimático apto para el teletrabajo
• Establecer la figura del responsable de teletrabajo en cada organismo, destinado a dar apoyo a todas las unidades de la organización
• Definir mecanismos y contenidos de reportes para la evaluación de la eficiencia y efectividad del teletrabajo

La ley de los USA demuestra que es posible legislar el teletrabajo, y que cada día que en España pasamos sin hacerlo, estamos perdiendo la oportunidad de avanzar en una de las piedras angulares de la AAPP del futuro. Pero para ello, necesitariamos otro Jordi Sevilla.

Nota final: Cuando terminaba de escribir esta entrada tuve noticia de la experiencia piloto de teletrabajo del Gobierno Vasco. La nota de prensa refleja y captura el poder de transformación de la vida administrativa que su implantación supone: "puede llegar a mejorar la eficiencia de la actividad, la calidad de los servicios prestados y la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Todo ello con un objetivo común: la búsqueda de la productividad".