Visiones del Gobierno Electrónico del 2020

Cerramos año y andan los especialistas, de lo que sea, inmersos en un frenesí de predicciones. Da igual que la crisis sistémica en que andamos sumergidos pueda dar al traste con cualquier visión del futuro, sea a corto o largo plazo: Jugar a Nostradamus, como el turrón, siempre vuelve a casa por el mes de Diciembre. Precisamente, a un ejercicio adivinatorio de este tipo acudí hace unos días. Al calor de la cercanía de la frontera simbólica del 2010, ese año en que se acaban tantos planes estratégicos, un grupo de expertos (externos a la Administración) y un grupo de personas de diversas unidades Administrativas mantenían un debate sobre la Administración Electrónica en el 2020. Largo me lo fiáis, amigo Sancho, pero algunas conclusiones fueron interesantes.

Para empezar, esa especialización llamada Administración Electrónica habrá dejado de existir dentro de diez años. La Administración del 2020 será Electrónica o no será. Vivirá además en un entorno difuso, de fronteras borrosas entre los distintos niveles administrativos y de éstas con los ciudadanos. No se trata de esquemas convencionales de contratación o conveniado de servicios tal como ejemplificaba Amadeo Maturo en su blog para defender la no necesidad de nuevas regulaciones para estas relaciones, sino de relaciones más complejas, más próximas a la construcción de cadenas de servicios de Gobierno Electrónico compartidas entre lo público y lo privado como las que Montaña Merchan hablaba en una entrada también reciente. Ello implicará nuevas regulaciones en que sean posibles estos nuevos modelos de negocio. Por poner un símil de fácil comprensión, en el servicio del transporte aéreo que recibimos las infraestructuras básicas las aporta la Administración (AENA) mientras que el servicio final lo proporcionan empresas privadas (líneas aéreas), formando ambas partes de la misma cadena de servicio al ciudadano.

Para satisfacer este modelo de fronteras difusas, las líneas estratégicas de esta Administración del 2020, que no Administración Electrónica del 2020, habrá de apoyarse en tres pilares:

• Colaboración, desarrollando servicios conjuntos las Administraciones Públicas y de éstas con terceras partes y facilitando el desarrollo económico y el crecimiento de las últimas.


• Receptividad, mediante la apertura del proceso de toma de decisiones a la sociedad aplicando modelos cercanos al crowdsourcing dónde estén presentes todos los actores sociales.


• Flexibilidad, adaptando estándares abiertos y arquitecturas adaptables a los distintos escenarios de participación de la sociedad en el diseño y prestación del servicio buscando no tanto la eficiencia cómo la eficacia de los servicios públicos electrónicos.

Las implicaciones para el uso de las TIC en la Administración nace de un análisis de estas nuevas cadenas de servicio del Gobierno Electrónico. En ellas,  las AAPP se centrarán, generalmente, en proveer los eslabones iniciales (datos), mientras que los eslabones finales (interfaces y autenticación) serán en gran medida responsabilidad de la iniciativa privada. El corolario para el desarrollo tecnológico es claro. Necesitaremos servicios web más seguros que hagan posible el trasvase de datos entre eslabones con las garantías necesarias y esquemas de identificación abiertos y flexibles, que permitan la agregación de las múltiples identidades que puede hacer uso un mismo ciudadano ante los diversos servicios privados que utiliza con la unicidad de identidad generalmente usada en lo público.

Casi se me olvidaba lo más importante. Feliz año 2020. Perdón, 2009, en qué estaría pensando.

... y los intermediarios de lo público entran en la Administración de Justicia

En anteriores entradas he dado vueltas alrededor de la intermediación como práctica de futuro en los servicios públicos. Sean los servicios físicos o electrónicos, me parece un hecho inevitable para la construcción de la Administración colaborativa, receptiva y flexible a la que nos encaminamos, impulsados a la par por la demanda social y la necesidad mayor eficiencia y efectividad en el servicio del interés general.  La intermediación, como portales agregadores de servicios electrónicos públicos al estilo de E@sy Connects, prestación de un servicio electrónico de aviso de incidencias como FixMyStreet o para acercar el acceso a los servicios electrónicos a través de ONGs, es una realidad que avanza con pasos de gigante.

El cambio que la extensión de la figura del intermediario en la prestación de servicios públicos despierta, y es razonable, el escepticismo propio de una moda que algunos ven como pasajera. Sin embargo, hace unos días llegó de las antípodas una noticia debería llevar a un esfuerzo colectivo de reflexión por todos los que participamos en la Administración, que nos haga ver la magnitud del cambio que se nos avecina. Algo tan serio como la Administración de Justicia de Australia ha utilizado facebook como sistema de notificación judicial. No creo que nuestra LRJPAC permitiera un hecho similar en nuestro país, pero el camino hacia una revolución en la concepción de los servicios públicos parece cada vez más abierto, tomando las TIC como palanca de eficiencia y la participación social como arma de efectividad.

Intermediarios en el Gobierno Electrónico: Beneficios y Retos

El Gobierno Electrónico, con su capacidad habilitadora para la prestación de servicios públicos en cualquier lugar en cualquier momento, es visto como una fuente generadora de beneficios de eficiencia para la ciudadanía. Conseguir que la eficiencia alcance a la sociedad de modo colectivo, es el objetivo base del Gobierno Electrónico Inclusivo. Sin su consecución, el otro objetivo del mismo, la oferta de servicios que fomenten la inclusión social, carece de sentido.

La construcción del Gobierno Electrónico Inclusivo ha de comenzar, de acuerdo a lo expuesto, mediante la determinación de cuáles son los grupos sociales no consumidores de los servicios. Contrariamente a lo pensado, dichos grupos sociales no son solamente los que reúnen características de marginación social o digital, sino que incluso entre grupos fuera de esos ámbitos podemos encontrar grupos de población alejados del Gobierno Electrónico. El nativo digital que no accede a las sedes electrónicas por encontrarlas aburridas desde el punto de vista digital sería un ejemplo de lo mencionado.

La atracción de estos grupos alejados de los servicios de Gobierno Electrónico sólo es posible si estos son construidos sobre cuatro ejes

• Motivación de uso, incluyendo en el portfolio de servicios al menos algunos que sean de interés específico para los excluidos


• Sostenibilidad para Sociedad y Administración, no sólo en el ámbito económico, sino también social y medio ambiental, que aseguren la continuidad en el tiempo de los servicios ofrecidos


• Contenidos y canales adecuados para los ciudadanos objetivo del servicio, acercándose al contexto en que este desarrolla sus actividades físicas y electrónicas


• Accesibilidad electrónica, removiendo barreras que pueden suponer un impedimento no sólo para personas con discapacidad, sino también para cualquier ciudadano que haga uso de los servicios en situaciones alejadas de las condiciones medias de utilización

La experiencia hasta ahora, ha demostrado la incapacidad de la Administración de construir servicios de Gobierno Electrónico sobre esa base para ciertos grupos de ciudadanos, de lo contrario no sería necesario pensar ahora como alcanzarlos. Se hace necesario contar con ciudadanos integrados en dichos grupos para contribuir la diseño y/o la prestación de los servicios.

La principal problemática del Gobierno Electrónico Inclusivo se deriva de este modo hacia encontrar e incentivar al intermediario adecuado que colabore con la Administración en la prestación de un grupo de servicios. Si bien sólo así es posible establecer istmos entre las islas de exclusión y la tierra firme de la inclusión, no resulta una tarea baladí, y requerirá de normativas de amplio espectro y ad-hoc que reglamenten quiénes pueden ejercer este papel, así como el establecimiento de un marco claro de responsabilidades de las partes que garanticen los derechos ciudadanos.

No bajemos la guardia

Ayer, el Parlamento Europeo rechazo la directiva encaminada a permitir las 65 horas de jornada laboral a la semana. Un primer triunfo, pero no el momento de bajar la guardia, el complejo sistema de codecisión entre el Consejo y el Parlamento tutelado por la Comisión aún podría permitir que la medida saliera adelante. Que no aprovechen la crisis para aplicarnos la doctrina del shock.

Walls come tumbling down!

El disfrute del trabajo y la apreciación de su valoración

Elay, ese ser de dulce acento y ásperas maneras que comparte mis días, me dice que siempre hemos tenido la desgracia que me gustara mi trabajo. Está en lo cierto. Sea por poca exigencia por mi parte, porque la profesión me ha dado en cada momento lo que necesitaba en cuerpo y espíritu o simplemente suerte, ha sido ha sido en la mayoría de mis días. Y así parece seguir siendo en esta nueva andadura.

Tampoco soy una excepción entre mis compañeros de promoción. Llevamos tan sólo una semanas, es cierto, pero de las sobremesas propias de las comidas de estas fechas, es la conclusión que saco. Sea por unas razones u otras, cada cual va encontrando su sitio, sin grandes malestares. Aunque, casi más por obligación que por devoción, practiquemos el deporte de enviar CVs a los 28 que a razón de uno por semana se difunden entre nosotros.

Ello no implica que seamos ciegos, que no sepamos ver los vicios de lo que nos rodea. Hace unos días un compañero hablaba de la escasa compartición de recursos y proyectos en la AGE derivados de sus carencias organizativas. Quizás la raíz del problema sea distinta, que se derive de la escasa importancia que se da, en el fondo, al trabajo tecnológico en la AGE. A pesar de lo que nos digan, a pesar de que haya quien se harte de proclamar la importancia de las TIC en la transformación de la Administración Pública.

Si bien nadie espera que el papel de las TIC en la Administración sea el mismo que en una empresa de telecomunicaciones, por poner un ejemplo, llama la atención que los profesionales públicos de la cosa tecnológica no hayamos sabido o podido hacernos valer lo suficiente. Eso y no otra cosa significan hechos evidentes cómo que en los altos niveles directivos (DG  hacia arriba) existan escasos miembros del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, que dentro de los organismos públicos no exista la figura del alto directivo TIC y que los altos niveles directivos de más claro perfil tecnológico estén en su mayoría copados por personas que no es que no sean del Cuerpo, sino que ni tan si quiera son funcionarios. Dios me libre del corporativismo, pero no termino de encontrar la lógica de la situación.

Unas semanas es poco tiempo para saber analizar la raíz y los porqué de la situación y aportar soluciones para revertir la situación. No por el hecho que supusiera un aumento de cuotas de poder para un colectivo, sino por que parece lo lógico ante el reto de alcanzar una mayor eficiencia y eficacia administrativa que pasa por una implantación generalizada de las TIC más allá del front-office de lo público. La integración de las TIC en los procesos administrativos no puede ser considerándola una "utility" más, sino como herramienta facilitadora de la simplificación de los mismos. Y ello sólo es posible con profesionales motivados con su trabajo, no sólo porqué disfrutemos realizándolo, sino por lo que creamos valorado en todos los aspectos.

La Europa de los e-ciudamistradores

Es quizás hora que las AAPP vayamos trasladando a nuestro entorno el término prosumidor,  utilizado aunque no originado en contra de lo que se cree en el libro Wikinomics. Es quizás hora que hagamos posible el e-ciudamistrador, el ciudadano que consume y participa en la creación de sus propios servicios públicos por medios electrónicos. Ni que decir tiene que es un concepto plenamente extensible tanto al mundo de los servicios  electrónicos como físicos, aunque siempre con algún componente electrónico. El mundo de los servicios virtuales es lo que permitirá una participación más eficiente y efectiva de los ciudadanos en el diseño de servicios. Se necesita por tanto la garantía de que el ciudadano se relacione electrónicamente con la Administración de modo pasivo y activo.

El término, aunque sin bautizar, lo he utilizado anteriormente al hablar de la necesidad de la colaboración en estos tiempos de crisis o de la apertura de interfaces informacionales de las AAPP para la construcción de servicios públicos, pero falta lo fundamental: Una carta de derechos de los ciudamistradores.  También algo hemos hablado de ello, al mencionar los incipientes marco legislativos de CCAA que han surgido o están empezando a surgir. Y estamos otra vez en las de siempre, en la desigualdad de derechos ciudadanos según la región o nación de origen.

La LAECSP (Ley 11/2007) garantiza la relación pasiva del ciudamistrador español. Incluso existe el proyecto de desarrollo de un Plan de Transparencia y Participación Electrónica en el Plan de Actuación de la LAECSP (Ley 11/2007), que es de esperar incluya entre sus acciones algún tipo de desarrollo legislativo de carácter nacional que granticen la vertiente activa del ciudamistrador en nuestro país. Pero no es suficiente. El marco de relaciones transnacionales en que nos movemos en Europa, reconocido  de hecho para el mundo de los servicios electrónicos por iniciativas como la Directiva de Servicios, ha de llevarse al campo de los derechos ciudadanos. Es necesaria la creación de una carta de derechos de los e-ciudamistradores de la UE.

Por empezar por algún sitio, podriamos comenzar por llevar al entorno comunitario los derechos reconocidos por la LAECSP (Ley 11/2007) para nuestro entorno nacional (Artículo 6). Su reconocimiento a nivel europeo habría de ser un objetivo al medio plazo, impulsado por acciones en el área  la de interoperabilidad o el reconocimiento del derecho del ciudadano europeo a una identidad digital.

Un marco europeo de eParticipación, con la especificación de unos instrumentos básicos para la misma y unas reglas de despliegue y uso de las ellos común, habría de ser incluida en esta carta de derechos. La eInclusión como garantía de la eParticipación de todos los sectores sociales, habría de ser fomentada dentro de la carta de derechos, mediante la incorporación de medidas activas que creen las condiciones de igualdad, incluyendo la discriminación positiva hacia los marginados digitales.

Y, finalmente, ventanillas únicas de servicios públicos electrónicos contruidos entorno a eventos vitales del ciudadano. El e-ciudamistrador no sólo ha de dejar de acarrear papeles de una ventanilla a otra, también ha de comenzar a tener una visión del Gobierno Electrónico ajustado a sus necesidades, y no tener que hacer uso de Google para buscar quién le da cada parte del servicio global que necesita. Pensemos por ejemplo en el número de sedes electrónicas, nacionales y de otros países miembros de la UE, que ha de recorrer aquel que quiere trabajar o estudiar en el extranjero.

La Europa de los ciudadanos sólo puede ser la Europa de e-ciudamistradores con igualdad plena de derechos. La carta de derechos de los e-ciudamistradores ha de estar presente en la estrategia de la UE posterior al año 2010. Seguro que a todos se nos ocurre algún derecho a incluir en esta carta.

Vigencia de los 20 servicios básicos de la UE

Hace un par de semanas, me hacia eco de la voluntad de la Comisión Europea de renovar el benchmarking de servicios públicos electrónicos. Eje de dicha renovación es la continuidad de la lista de 20 servicios básicos, aparente a partir del texto del "Call for tenders" para el nuevo contrato. La pregunta que se realizan en  artículos del número cuatro del "European Journal of ePractice" es si estos siguen siendo válida la lista de servicios básicos.

La no validez de la lista de servicios básicos es apoyada desde dos extremos. De un lado, quienes piensan que han de ser eliminados de la lista aquellos que han alcanzado un grado alto de sofisticación en casi la totalidad de Estados Miembros. De otro lado, quienes apoyan la no validez completa de la lista por estar compuesta por servicios transaccionales, sin continuidad en el medio plazo dentro del paradigma Web 2.0. Creo que ni una ni otra opinión es plenamente acertada.

La renovación de la lista de servicios básicos sería probablemente una medida acertada, pero en direcciones sútilmente distintas. La supresión de servicios de la lista ha de ser mínima y basada en criterios de perdida de relevancia de los servicios que se eliminen.De igual modo, es necesario incluir servicios basados en el paradigma Web 2.0, pero eso no ha de conllevar la eliminación de los servicios transaccionales de la lista.

La no eliminación de servicios de la lista conlleva la búsqueda de nuevas dimensiones a evaluar, planteando nuevos retos en el desarrollo del Gobierno Electrónico. Si ya en el benchmarking de 2007 se incluyo accesibilidad, multicanalidad y uso de eIDs con base legal, sería el momento de incluir la medición de otros aspectos como el multilingüismo o la publicidad de una política de seguridad.

Finalmente, e independientemente del mantenimiento o cambio de la lista de servicios básicos, lo más importante en la renovación del sistema es la transparencia del mismo. Conocer en detalle la metodología de evaluación y que esta puede ser realizada por los propios Estados Miembros en un ciclo de mejora continua, es el único camino para que el uso de los indicadores permita el progreso de lo que se pretende evaluar.

2.0, estúpido, 2.0 ...

..., dicho sea sin ánimo de faltar, y tan solo porque fue el modo en que el otro día cerramos una charla un compañero y yo.  Era nuestra conclusión tras unos minutos de debate.

Hablábamos de una reciente entrada del blog de Rafael Chamorro,  en la cual comentaba el lanzamiento del "Club de la Innovación", que se autodenomina al servicio de las AAPP. Apuntaba Rafael Chamorro la mayor cantidad de proyectos en este sitio web que en el CTT del MAP. Creo que no es discutible el hecho.

Aunque personalmente crea que no son experiencias comparables, basta ver la profundidad de tratamiento de los proyectos en uno y otro sitio, si pueden extraerse lecciones útiles del "Club de la Innovación" para mejorar el CTT. Dichas lecciones no son sólo aplicables a este caso, sino también a la comparación entre Openpropolis y el Observatorio de Administración Electrónica, iniciativas similares entre sí y en las que también de un lado está una iniciativa privada y de otra el MAP.

La primera lección es la falta de procesos colaborativos en las web públicas. Los contenidos son volcados sin posibilidad de diálogo, sin posibilidad que el usuario exprese opinión alguna o aporte contenidos propios. Tomando por ejemplo el área de noticias del Observatorio de Administración Electrónica, la manera en que se presentan es similar a cómo se hacia ya años atras, sin posibilidad que el ciudadano comente o complete la noticia. Una evolución de este área a un formato tipo blog, bastaría como primer paso para abrirse a una mayor participación. Con unos mismos contenidos, el cambio de presentación sería toda una declaración de principios a favor de la colaboración.

La segunda lección es la falta de adaptación a las nuevas herramientas de presentación. Basta tratar de bucear en el árbol de proyectos del CTT para echar de menos formatos más usables tipo wiki o similar.

La tercera lección es la falta atención a las necesidades de los usuarios. La inclusión de algún foro de peticiones o similar en cualquiera de las dos web públicas, siempre y cuando fuera atendido, las haría ganar en adaptación a lo que necesitan sus usuarios.

Parece que está claro lo que falta: 2.0, estúpido, 2.0. Pero estas carencias no son sólo aplicables a los dos casos tomados, que vienen a mi cabeza por el uso que hago de ellos con cierta frecuencia, sino que es una ausencia común en casi toda web de carácter divulgativo de las AAPP. Sin embargo, algo parece que emieza a cambiar, y hay está el primer paso de Wikitel de la CMT (con su blog, wiki y foro) para demostrarlo.

Seguimos esperando el teletrabajo, seguimos perdiendo eficiencia

Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Hace mucho tiempo, en un ministerio muy lejano, se escribió una ley, que entre sus previsiones tenía hacer realidad el teletrabajo en las AAPP. El tiempo, sin embargo, transcurrió, y a pesar que había habido experiencias previas más o menos exitosas, el cumplimiento de la previsión nunca llegaba. Y parece que vamos a tener que seguir esperando. Basta revisar las webs desde que se informa de los proyectos del MAP, como el CTT, para ver que no parece el teletrabajo una de las preocupaciones actuales.

Existe esperanza. La crisis ha traido la moda de ser verde, de ser eficiente energéticamente hablando. Dado que todo plan de acción político es hijo de su tiempo y que nos encontramos al final de la agenda 2010 de la UE, a lo mejor hay suerte y la idea es retomada con fuerza de cara al nuevo hito temporal que se marque.

Es hora de repescar el teletrabajo, incluso para nosotros los que nos dedicamos a las TI y para los que, valga la paradoja, existe reticencia a aplicárnoslo. He estado revisando mentalmente mi actividad semanal, y, sinceramente, no creo que llegué al 50% de mi tiempo el que he necesitado realmente estar en mi puesto de servicio para desempeñar mis funciones. Y estoy convencido que eso le pasa al 60% de los que están a mi alrededor. ¿Cuanto hubiéramos ahorrado en desplazamientos, locales y medios si el teletrabajo fuera ya efectivo?

Ser verde ya no es una moda, es una necesidad. La adaptación a un nuevo modelo de desempeño de las funciones, eso y no otra cosa es el teletrabajo, siempre es difícil y requiere perdidas momentaneas de eficiencia. Pero más estamos perdiendo por no hacerlo.

Reintermediación en los servicios electrónicos: Primeras consecuencias

Son muchas las voces que hablan últimamente del fin de los portales de servicios de las AAPP. Un ejemplo es una de las entradas recientes del blog de David Osimo. Son señales que parecen indicar que, tras la desintermediación entre Administración y ciudadano que supuso la primera fase del Gobierno Electrónico, nos encaminamos a una reintermediación, en que los servicios electrónicos de carácter público son ofrecidos por terceros de forma atractiva (y se supone que de pago) a partir de unos servicios básicos (de carácter gratuito) ofrecidos por la Administración. Servicios construidos como mash-up a partir de directorios de fuentes de servicios.

El fenómeno, como tantas otras cosas dentro de esto de "lo virtual", no es un invento nuevo. No estamos hablando de otra cosa que de la clásica gestoría, que por un módico precio evitaba al ciudadano escuchar aquello de "vuelva usted mañana". Sin embargo, el camino será de tan largo recorrido como la implantación de los servicios públicos transaccionales que, LAECSP mediante, estarán plenamente implantados el 1 de Enero de 2010. Un informe reciente de Gartner denominado "Gartner Survey on Web 2.0 in Government: Turf Wars Ahead", auguraba que en un plazo de dos años tan sólo el 30% de las agencias gubernamentales facilitarían fuentes de información para construcción de mash-up´s.

Otra implicación de mayor calado es sobre la necesidad  o no de implementar las ventanillas únicas por parte de la propia Administración. Basta echar un vistazo al "Manual de transposición de la Directiva de Servicios" editado por la Comisión Europea, para entender la complejidad de su implementación en un entorno de competencias distribuido como el modelo de Administración de España. Incluso sin él, en un entorno plurinacional como la UE ya tiene su complejidad. ¿Tiene sentido que esta labor de intermediación sea prestada por la Administración asumiendo competencias ejercidas por el sector privado? ¿Tiene sentido convertirse con un alto coste en una inmensa gestoría electrónica? ¿No sería más adecuado que esta intermediación la hicieran como hasta hoy operadores privados?  Sin ser un defensor de privatizaciones tampoco lo soy de nacionalizaciones, y a fin de cuenta, eso supone la Directiva de Servicios vista desde este punto de vista (y en este aspecto puntual).

Pero no acaban aquí las consecuencias de la desaparición de los portales. Me ha venido a la cabeza una entrada reciente en la que hablaba del cambio de indicadores de Gobierno Electrónico de la UE. Llama la atención, por tanto, que en una llamada para propuestas de benchmarking para 3 años (hasta 2011), no aparezca ni una sólo referencia a esta tendencia de desaparición de portales. Claramente, si desaparecen los portales, si los servicios públicos electrónicos de carácter básico dejan de tener sentido para el ciudadano, poco sentido tendrá medir si existen y su grado de orientación la ciudadano. Cobrará sentido medir las facilidades de reintermediación que se presten.

La reintermediación va a imponer la necesidad de reorientar el Gobierno Electrónico después de ese año 2010. Ese año dónde todos los planes estratégicos definidos a día de hoy acaban.

El (largo) camino hacia un repositorio nacional de software abierto de las AAPP

La postura oficial es que es importante, que hay que impulsar el uso del software libre dentro de la Administración del Estado. Y eso está reflejado en nuestras leyes. Se preve en la ley 11/2007 que el software de las Administraciones pueda declararse de fuentes abiertas en aras de la transparencia (art. 45), aunque aún desconozco que se haya aplicado la medida a software alguno de la Administración del Estado. Basta echar una mirada al Centro de Transferencia de Tecnología (CTT), destinado a que las AAPP compartan aplicaciones y soluciones, creado por la misma ley, para ver que en el no existe publicación de software alguno.

Y aún tenemos más. Tenemos un Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC), que tiene entre sus competencias según la ley 56/2007 apoyar al CTT en "la puesta en valor y difusión entre entidades privadas y la ciudadanía en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por las administraciones públicas". Claro que si nada se declara de fuentes abiertas, nada hay que poner en valor.

Los tiempos en las AAPP son siempre lentos, un jefe mio decía que la unidad mínima es el trienio, pero la existencia de un repositorio público (con contenido) de sofware de fuentes abiertas gubernamentales debía ser un hecho ya. Llama la atención que existan repositorios de CCAA disgregados (Extremadura, Cataluña, Galicia, ...), todos ellos accesibles a través del proyecto europeo OSOR (Observatorio UE de las soluciones de fuentes abiertas), y no exista aún la ventanilla única para estas soluciones tecnológicas.

Se están empleando tiempo y recursos en el tema, la existencia del CTT y CENATIC así parecen atestiguarlo, y han merecido que dentro de OSOR se les reconozca como centro de excelencia, ya sólo queda que empiecen a verse los resultados. Y hay una manera obvia de mostrarlos, con la constitución de un repositorio accesible por todos, que permita un uso más eficiente de los recursos públicos empleados en tecnología mediante el uso compartido de soluciones de éxito.

Canarias: Primer marco jurídico de Participación-e

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos.

Esta frase es el bello comienzo del primer borrador de la Ley de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma Canaria, que su Gobierno ha hecho público y declarado abierto a las aportaciones de la ciudadanía de las Islas. El proyecto de ley autonómico es un hito no sólo por ser la primera ley de este tipo, sino además por ser la primera que promete aportar un marco, aunque territorialmente reducido, a la Participación-e.

La Participación-e está llamada a ser la palanca que permita superar el modelo de democracia representativa y llevarnos a una democracia deliberativa, basada en los valores de la transparencia gubernamental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Aunque las herramientas tecnológicas que pueden hacerla posible, la constelación de productos etiquetados como Web 2.0, están ahí desde hace ya mucho tiempo, soy de los que piensa que la Participación-e sólo será posible cuando exista una regulación que la defina en todos sus aspectos. Sólo si la Administración adquiere unos compromisos de cómo va a hacer uso de este nuevo canal de participación y para qué, la ciudadanía se sentirá atraída a colaborar (qué de eso se trata) a perfilar la "cosa pública".

En el proyecto de ley canario, sin embargo, son todavía más las expectativas que levanta que las realidades que contiene. No presenta aún la estructura de texto articulado y en muchos aspectos tan sólo realiza enumeración de puntos a tratar. Sin embargo basta ver que entre sus fines enumera "Impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información para facilitar la participación ciudadana de todos los habitantes de Canarias" para tener razones sobradas para la esperanza. Esta expectativa se ve confirmada cuando la ley establece la información por canal electrónico como paso previo para el uso de ese mismo canal por los ciudadanos para poder aportar a la Administración información que permita adecuar a sus necesidades políticas y servicios públicos.

En definitiva, esta primera regulación de la Participación-e es un ejemplo que debían seguir todas las Administraciones Públicas de este país. Esta vez, dónde estamos una hora retrasados es en la España continental.

Ideas para la reforma de los procesos selectivos

Acabado el proceso selectivo de la XVI promoción del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, popularmente conocido como cuerpo TIC, es quizás el momento de hacer un análisis de la experiencia vivida. Son varios los compañeros de la blogosfera pública a los que, durante los casi dos años que hemos estado ocupados en el proceso selectivo, he leído opiniones sobre la selección de personal en las AAPP. Por hacer un breve recordatorio de algunos de estos comentarios podemos citar los siguientes:

• Morgana, analizando distintas posibilidades de selección para finalmente inclinarse por el azar


• Iñaki, dando vueltas al papel de las entrevistas en los procesos selectivos de la Administración


• Emilio R., con dos interesantes reflexiones alrededor de cómo modernizar los procesos selectivos (uno y dos) y un monográfico sobre el de nuestro cuerpo (aunque sólo de su fase de oposición)


• Ocortes con reflexiones variadas, entre otras sobre Tribunales de Oposición y Comisiones de Selección y las bases comunes para oposiciones en la AGE para 2008

No espero aportar nada nuevo, tan sólo responder a la invitación de mi compañero Andrés Nin Pérez a escribir sobre el tema, invitación más que inmerecida y que imagino será por la única razón de haber sido durante dos años el opositor tras las máscara. Quizás, por tanto, el título de esta entrada es demasiado ambicioso.

Un proceso selectivo, tanto dentro de la Administración como en cualquier organización, gira alrededor de tres componentes:

• Sistema de selección utilizado


• Órgano que realiza la selección


• Mecanismo de adjudicación de la plaza

En el caso de la Administración General del Estado, los tres puntos enumerados están regulados, fundamentalmente, por el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) y el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración general del Estado y de provisión de puestos de trabajo (RD 364/1995). Dichas normas y otras de aplicación son utilizadas para generar las bases de cada proceso selectivo en cuestión, como en el caso del que acabamos de finalizar es la ORDEN APU/831/2007.

Tras esta puesta en contexto, trataré de reflejar para cada uno de los componentes enumerados qué es lo que hemos sufrido/gozado y cuáles a mi juicio son posibles puntos de mejora sobre cada uno. Algunas de las mejoras podrían hacerse dentro del actual marco legal, aunque otras requerirían cambios sobre el mismo.

Sistema de selección

Comienzo por el sistema de selección. Consta de dos fases diferenciadas, la oposición y el curso selectivo y prácticas. En la primera fase, al menos hasta la convocatoria 2008, hay que superar cuatro exámenes eliminatorios. La segunda fase está destinada a facilitar al opositor formación complementaria y una primera experiencia de integración en la AGE.

Sobre el primer examen de la fase de oposición, tipo test sobre las TIC de ayer y hoy aderezadas con algo de legislación sobre Administración Electrónica y Sociedad de la Información, poco que decir. Un filtro necesario para reducir el número de opositores a una proporción adecuada al número de plazas en juego. Tampoco veo mejorable el cuarto y último, no deja de ser una entrevista de trabajo con el desarrollo de un supuesto de proyecto informático de telón de fondo. Si, por el contrario, son mejorables los otros dos exámenes.

El segundo examen de la fase de oposición, dedicado a lenguas extranjeras, lo creo francamente mejorable. De un lado, debería adecuarse a un formato más similar a los exámenes oficiales (tipo Cambridge, por ejemplo), de tal manera que se evaluara no sólo conversación y traducción, sino también comprensión lectora y algo de gramática. De otro lado, debería darse la posibilidad al opositor de subir nota  de este examen con una prueba voluntaria de conocimiento y uso de un idioma adicional del ámbito de la UE.

El tercer examen de la fase de oposición, tiene buenas intenciones. El opositor, a partir de un temario base sobre legislación y actualidad socio-económica que ha de trabajar durante unos meses, es requerido para el desarrollo de un escrito relacionado con uno o varios de los temas, pero no estrictamente ninguno de ellos. Personalmente, me parece más adecuado para medir la capacidad de las personas que el clásico examen de exposición memorística de un tema. Se puede evaluar de este modo la capacidad de redacción y síntesis, la habilidad para relacionar puntos y extraer conclusiones. Creo que sin embargo sería necesario incluir en el mismo una fase de defensa de lo escrito similar a la del cuarto examen, que permitiera al opositor defender sus puntos de vista en temas poliédricos como los que se solicita desarrollar y, de paso, eliminara los resquicios memorísticos de la prueba.

Aunque el curso selectivo, la segunda fase del sistema de selección, es con frecuencia olvidada, una parte importante de la mejora del proceso habría de centrarse en esta fase. En primer lugar, con modificaciones encaminadas a compensar la fase teórica y práctica, actualmente en exceso desequilibradas en extensión a favor de los contenidos teóricos. En segundo lugar, permitiendo la compatibilidad de realizar actividades públicas o privadas durante el curso, haciendo uso de metodologías eLearning. En tercer lugar, eliminando contenidos redundantes y de supuesto conocimiento por el temario de la fase de oposición, que permitiría reducir el tiempo de curso y una más temprana disponibilidad de los funcionarios en prácticas para el servicio  activo. Finalizar, como última posible idea de mejora, con una mayor transparencia en la evaluación de esta fase, tanto en su vertiente teórica como práctica.

Órgano de selección

La selección de Recursos Humanos y la Gestión del Talento existente dentro de la Administración es una labor compleja, pero lo suficientemente acotada para aplicar a la misma fórmulas organizativas derivadas de la Ley de Agencias Estatales (Ley 28/2006). El establecimiento de un contrato de actividades de selección, tanto para la incorporación de nuevos funcionarios como para la gestión de la promoción interna vertical y horizontal, sería fácil de definir en términos funcionales y de asignación de recursos. Aunque dichas funciones son realizadas hoy en parte por el INAP, en lo referente a dotar de infraestructura al tribunal de la fase de oposición y gestión de la fase del curso selectivo, una exclusividad de las mismas en una agencia de personal (el INAP u otra de nueva creación) sería beneficiosa en la agilidad de los procesos selectivos, que hoy vienen a durar casi dos años si sumamos las fases de oposición y curso selectivo. Ello no significa que desapareciera la figura del tribunal de la oposición, sino la extensión del mismo a la fase de  curso selectivo y la dependencia del mismo de la agencia de selección de personal.

Buena práctica adicional, sería que la persona que presidiera el tribunal fuera miembro del Cuerpo Funcionarial para el que se seleccionaran efectivos, algo no siempre respetado como ha sido el caso del XVII proceso selectivo del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Aunque la legalidad vigente no obliga a esta práctica, parece dentro de la lógica que sea así.

Obviamente, una reforma como la indicada implicaría una especial vigilancia del órgano de selección. No obstante, la ley de agencias otorga las herramientas necesario para ello al órgano del que dependiese la agencia de selección de personal.

Adjudicación de plaza

Si el sistema de selección sorprende a aquel que sólo ha pasado por reclutamiento de empresas privadas por sus garantías de igualdad entre los candidatos y transparencia global (aunque mejorable en lo referente a alguno de los criterios aplicados), la adscripción de un candidato que lo supera a un destino es ciertamente mejorable mediante una reinterpretación de la aplicación de dichas características en esta fase. Actualmente, el peso de la parte activa de la adscripción es desempeñada por el opositor, que por el mero hecho de haber superado el proceso selectivo en un determinado puesto adquiere el derecho de elegir en el lugar determinado por el puesto que obtiene de entre un conjunto de plazas. Los centros directivos dónde las plazas son ofertadas, por el contrario, juegan un rol pasivo, ofreciendo sus características a los opositores a modo de pasarela de modelos, pudiendo hacer poco o nada en la determinación del perfil de la persona que va a ocupar esa plaza.

Una posibilidad de reforma de esta fase, es aplicar un mecanismo similar al concurso de méritos entre los opositores, que aportarían datos contrastables de su experiencia previa. Dichos méritos serían examinados por los centros directivos entre los candidatos que quisieran optar a dicha plaza, realizando una lista de orden de preferencia de los candidatos. El posicionamiento de un candidato en un puesto determinado de la lista de asignaría un número de puntos, recibiendo como resultado final la suma de los puntos resultado de aplicar el algoritmo a cada lista recibida de un centro directivo. Finalmente, los candidatos elegirían plaza por orden de prelación a partir de los puntos recibidos. Un mecanismo de este tipo, permitiría conjugar las necesidades de los centros directivos con los perfiles de los candidatos, resultando en un mejor aprovechamiento de los opositores que superen el proceso.

¿Están preparados nuestros políticos para Obama y su visión del Gobierno Electrónico?

Se ha hablado mucho de Obama como el candidato que ha traído definitivamente Internet a la campaña electoral: Recaudación de fondos, creación de redes sociales, vídeos de apoyo en YouTube, ... Queda poca duda que no es una afirmación exagerada hablar del ya presidente electo como el primer candidato 2.0. Sin embargo, todo parece indicar que aún no hemos visto nada, que el cambio hacia un uso masivo de las tecnologías de la información en aras de una mayor transparencia gubernamental está fuertemente empotrado en el ADN político del nuevo presidente. Tanto, que parece levantar dudas de si la sociedad y la Administración están preparadas para ello.

Las expectativas levantadas me han hecho recuperar la visión del Gobierno Electrónico que Obama llevó a su programa electoral, con la que topé tardiamente. Parte el mismo de una atrevida declaración de principios, hacer uso de la tecnología para acercar la política y las decisiones a los ciudadanos, para construir un gobierno más abierto

Barack Obama understands that we must use all available technologies and methods to open up the federal government, creating a new level of transparency to change the way business is conducted in Washington and giving Americans the chance to participate in government deliberations and decision-making in ways that were not possible only a few years ago.

De entre los 9 folios del programa, llama la atención las medidas destinadas a fomentar la Participación y Transparencia electrónicas.

• Facilitar los datos en formatos universalmente accesibles para uso por parte de los ciudadanos en sus comunidades


• Programas pilotos que lleven a los ciudadanos a participar en la toma de decisiones de las agencias estatales


• Retransmisión a través de Internet de los procesos internos de la toma de decisión de las agencias


• Proporcionar herramientas de seguimientos de contratos y ayudas públicas


• Puesta a disposición en el website de la Casa Blanca de los proyectos legislativos del Presidente para recoger comentarios antes de llegar a una versión definitiva


• Obligar a sus subordinados a mantener reuniones y discusiones online sobre sus decisiones


• Uso de las herramientas web 2.0 para mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos y mejorar la toma de decisiones

Leidas estas propuestas, cabe preguntarse efectivamente si los restantes gobernantes están preparados para Obama. Sería difícil imaginar que si el presidente americano cumpliese sus promesas, los restantes dirigentes fueran capaces de dar excusas para no hacer lo mismo.

La cigüeña para un nativo digital

"¿Y papá me va a bajar la hermanita de Internet?"

Niña de 4 años

Hablamos con frecuencia del concepto de "nativo digital" de un modo abstracto, haciendo referencia a esa generación siguiente a la nuestra que está creciendo acunada por un iPod y con una PSP como mejor amigo de juegos. Es quizás un concepto que todos tenemos claro, pero como concepto, manejamos a veces sin tener real medida del cambio social y cultural que se está produciendo en tan sólo una generación.

El cambio va más allá de la desaparición de los medios en papel que parece acelerarse o las polémicas sobre la introducción de unos u otras herramientas digitales en la escuela. Implica la construcción de todo un modo nuevo de pensamiento que empieza desde la base, desde aquellos primeros mitos que son introducidos en la vida para hacer comprender lo que aún está lejos del alcance de la razón.

Ayer una amiga, que anda en eso de dar compañía a su hija vía un proceso de adopción me contó la conversación que tuvo con su hija de cuatro años. Quería hacerle participe desde un principio del proceso de llegada de su hermana, así que empezó por contarle que estaban iniciando los trámites para ello. La respuesta de su hija es la que encabeza esta entrada.

Los nuevos indicadores de progreso del Gobierno Electrónico de la Comisión Europea

Dice el dicho que lo que no puede medirse, no existe. La persistencia del uso de los indicadores como método de seguimiento de la actividad de las unidades Administrativas, es la herencia mas persistente del movimiento que se denominó Nueva Gestión Pública. El Gobierno Electrónico no se ha escapado de esta tendencia. El ejemplo de benchmarking más conocido de este sector, por su repercusión mediática y el frecuente uso que se hace de él en presentaciones y documentos, es el que realizaba anualmente Cap Gemini para la Comisión Europea, cuya última entrega se realizó en 2007 y que, por el momento, no tiene continuidad.

La última entrega del estudio de Cap Gemini reveló las dificultades de realizar la medición de los progresos en el Gobierno Electrónico, que en el fondo no son otros distintos que la medición del efecto de cualquier política pública. Volviendo a la cadena de valor de los servicios de Gobierno Electrónico que utilicé en una entrada anterior, queda más claro cuál es el problema.

Es relativamente fácil medir la salida de una política pública (output), en este caso el número de servicios de Gobierno Electrónico disponibles y su uso que es a lo que básicamente se ha dedicado Cap Gemini, pero es más difícil evaluar si eso produce los efectos deseados (impact) y los resultados esperados (outcome), en este caso los marcados  la estrategia “i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”. y el Plan de acción i2010 de Gobierno Electrónico - Acelerando el Gobierno Electrónico para el beneficio de todos".

Las dificutades aludidas aparecían, por ejemplo, con la introducción del indicador destinado a mostrar cuan de centrados en el usuario estaban los servicios de Gobierno Electrónico. De los cuatro componentes del mismo (accesibilidad, multicanalidad, cargas administrativas, uso de una identidad electrónica), uno de ellos se desecharon los datos obtenidos por no ser uniformes y del resto no se mostraban los resultados desagregados que daban lugar al valor final.

Parece sin embargo que el esfuerzo no cayó en saco roto, y aunque con un año en blanco de resultados, 2009 será un año con nuevos indicadores, de carácter más ambicioso que mostrar tan sólo la disponibilidad de los servicios de Gobierno Electrónico. De acuerdo al nuevo contrato para la evaluación del Gobierno Electrónico, creo que aún pendiente de adjudicación, que figura dentro del área de llamadas a propuestas del portal de i2010, los aspectos que serán evaluados a partir del próximo año son los siguientes:

• Disponibilidad y sofisticación de los 20 servicios básicos eEurope


• Consideración del usuario como centro de los servicios, atendiendo al uso de identidades electrónicas soportadas legalmente, carga administrativa revertida sobre él para rellenar formularios, multicanalidad y accesibilidad. Se analizará sobre un subconjunto de los servicios básicos, no sobre todos ellos.


• Evaluación del portal nacional de acceso a servicios, valorando la localizacion en él de los servicios básicos, las posibilidades de personalización, la consistencia en la navegación, los modos de navegación.


• Sofisticación del servicio de contratación electrónica, de acuerdo a las fases del proceso que pueda hacerse a través del mismo


• Preparación para soportar servicios de Gobierno Electrónico paneuropeos, evaluando la posibilidad de atender en los de cada nación a los ciudadanos de otros estados miembros


• Realización evaluaciones de satisfacción del ciudadano por parte del proveedor del servicio

El contrato deja abierto el camino también a otras evaluaciones con carácter piloto, como por ejemplo la disponibilidad de servicios necesarios para la reducción de cargas administrativas o la implementación de la Directiva de Servicios.

En conclusión, es una evolución interesante en los procesos de evaluación de los progresos y efectos de la implantación del Gobierno Electrónico. No obstante, aún quedan nuevas fronteras por alcanzar, como la evaluación de la transparencia electrónica que propone en un artículo reciente David Osimo.

Del cambio cultural de las AAPP en las políticas de Gobierno Electrónico a la transformación de la Sociedad

Making government data available online in universally accessible formats to allow citizens to make use of that data to comment, derive value, and take action in their own communities.

CONNECTING AND EMPOWERING ALL AMERICANS THROUGH TECHNOLOGY AND INNOVATION

Barack Obama

He empezado, por casualidad, con la anterior cita del programa electoral de Obama, que en cierto modo es la conclusión de la entrada que acababa de terminar de escribir. La he encontrado y no he podido resistir la tentación de usarla aún a costa de boicotearme a mi mismo. A partir de aquí lo que había escrito previamente.

A través del blog eGovAU, he llegado a una presentación de David Osimo, que entre otras muchas cosas hablaba de la necesidad que las Administraciones Públicas abrieran interfaces programáticas a su información y servicios para ser utilizadas por los ciudadanos para la construcción de servicios. Lo que hace unos días había enlazado en una entrada con el concepto de eInclusividad en dirección ascendente, David Osimo lo liga a un cambio de cultura en las Administraciones Públicas hacia unos valores basados en una mayor transparencia y apertura a la sociedad, lo cuál es otra aproximación posible. Sea por cualquiera de esas dos razones o por otras como el hacer de la necesidad virtud que imponen los tiempos de crisis, la apertura de una API de los datos no personales que manejan las Administraciones Públicas es, a mi juicio, un camino sin vuelta atrás posible.

Pero volviendo a la pregunta de David Osimo, mi opinión es que el cambio de la Administración es anterior o posterior al despliegue de este tipo de facilidades a los ciudadanos. El despliegue de las interfaces programáticas sólo es posible si los poderes públicos llevan el campo de la Gobernanza al Gobierno Electrónico, haciendo posible la existencia, valga la paradoja, de servicios de de Gobierno Electrónico no gubernamentales. De lo que vendrá como consecuencia no puede hablarse ya de un cambio en la Administración, sino de una transformación de la Sociedad por un cambio radical del reparto de papeles entre Sociedad y Administración.

La afirmación anterior quizás pueda sonar exagerada, pero es sólo una consecuencia de la cadena de valor de los servicios de Gobierno Electrónico. Por tomar un modelo de cadena de valor concreto sobre el que mostrar este impacto, cogeré uno con el que he topado leyendo sobre los modelos de negocio de la eInclusividad en el Gobierno Electrónico. El modelo, original de Richard Heeks, establece la cadena de valor que se muestra en la siguiente gráfica

En el estado actual de evolución de los servicios de Gobierno Electrónico, los poderes públicos mantienen el monopolio de los tres primeros eslabones, que son los que finalmente se transforman en las salidas y resultados de los servicios puestos en marcha. La apertura de interfaces  de "solo datos", significa la perdida del monopolio en la gestión de los recursos que se emplean para la implementación de los servicios y cómo estos son ofrecidos a la ciudadanía. Al perder las AAPP el control sobre las estrategias y los recursos que a través de una intermediación pasan a transformarse en salidas y resultados de las políticas, el Gobierno Electrónico pasa a ser un Gobierno de la sociedad.

Sin embargo, esta cesión de control del Gobierno Electrónico por parte de los poderes públicos no ha de ser pasiva. Para hacer realidad este escenario han de mantener un control sobre el primer eslabón de la cadena  que sea efectivo. El Gobierno Electrónico sólo puede abrirse a la sociedad introduciendo las garantías para que esta apertura sea real, estableciendo una normativa apropiada de quién, cómo y con que objetivos puede hacer uso de las interfaces que se abran.

Llegado este punto se produce el anunciado cambio en el reparto de papeles entre Administración y Sociedad dentro del campo del Gobierno Electrónico, dando lugar a la creación de servicios públicos electrónicos a la carta por parte de la Sociedad, que obtiene de este modo una visión de la eficacia y eficiencia de los poderes públicos menos mediatizada por éstos y má capacidad de actuación por si misma.  La transformación global de la Sociedad queda entonces servida.

La eInclusividad en sentido ascendente y la innovación en el Gobierno Electrónico

An inclusive eGovernment service takes a service need and constructs channels around their needs and behaviours.

Generalmente, pensamos en la eInclusividad dentro del Gobierno Electrónico en sentido descendente, como una medida de protección hacia los digitalmente desfavorecidos, buscando acercarlos al uso de herramientas que creemos han de facilitarles oportunidades sociales y económicas. Pero, ¿es necesaria la eInclusividad en sentido ascendente?. Me surge el dilema al leer la frase del  documento "Visualising the business models of inclusive eGovernment" con que encabezo esta entrada. Si la inclusividad se trata de construir canales alrededor de necesidades y comportamientos, también habrá que tener en cuenta la de los usuarios avanzados de los servicios públicos electrónicos. De igual modo que los niños superdotados necesitan de una educación especial para asegurar que mantengan su ritmo de avance en el conocimiento, no tener en consideración a los "early-adopters" puede provocar que estos se alejen del uso del Gobierno Electrónico.

La eInclusividad en sentido ascendente es facilitar al ciudadano capacitado para ello la construción de sus propios servicios públicos electrónicos y compartirlos con los demás. Se trata por tanto de buscar un efecto de realimentación positiva del Gobierno Electrónico dando también posibilidades de mejora a los más capaces. En este concepto de eInclusividad ascendente, aunque sin formalizarlo,  se basaba el concurso "Show us a better way". Hay que dejar que cada comunidad de ciudadanos construya los servicios que necesita liderados por aquellos con especial visión y capacidad.

La einclusividad ascendente trae también otros beneficios, similares a los derivados de la colaboración entre sector público y privado necesaria en tiempo de crisis. Algo de eso es lo que también se comenta en el artículo "To portal or not to portal" de "The Connected Republic".

Es quizás el momento de dejar rienda suelta a la creatividad de los ciudadanos, de proporcionarles interfaces a la información en manos de la Administración para que construyan los servicios que necesitan. La eInclusividad ascendente puede convertirse en un vector más de innovación y transformación de la Administración y derivar en un factor acelerador del Gobierno Electrónico.

El camino hacia un Gobierno electrónico eInclusivo

La importancia de las TIC en la vida cotidiana, ha impulsado a los poderes públicos a hacer de la eInclusión uno de los ejes de sus políticas. De un lado, se busca que el uso de productos y servicios TIC puedan estar al alcance de toda la sociedad,  tratando de rebajar las barreras físicas o económicas que se interpongan para ello. De otro lado,  se pretende hacer de las TIC una palanca para la inclusión social y económica de los sectores tradicionalmente en riesgo de exclusión por razones de edad, género, localización geográfica, etc ...

El valor dado a la eInclusión, la importancia que para una sociedad moderna tiene el evitar que la brecha digital se convierta en una nueva causa de fractura social, queda reflejado en la consideración de la misma como una de las tres prioridades en la   estrategia “i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”.

Alcanzar una sociedad europea de la información basada en la inclusión que fomenta el crecimiento y el empleo de una manera coherente con el desarrollo sostenible y que da la prioridad a la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida.

Esta prioridad que fue trasladada a la esfera concreta del Gobierno Electrónico dentro del "Plan de acción sobre administración electrónica i2010: Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos", marcando como el primero de los cinco objetivos de este ámbito para el año 2010 hacer realidad un Gobierno Electrónico eInclusivo.

Ningún ciudadano debe quedarse atrás: promover la inclusión a través de la administración electrónica de manera que para 2010 todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios de confianza e innovadores, así como de un acceso sencillo para todos.

La importancia que tiene alcanzar un Gobierno Electrónico eInclusivo ha sido posteriormente resaltada tanto en conclusiones de Conferencia Ministeriales de la UE dedicadas de modo monográfico a la eInclusión (Riga, 2006) como al Gobierno Electrónico (Lisboa, 2007).

¿Pero que es un Gobierno Electrónico eInclusivo y cómo alcanzarlo? Haciendo una analogía con el concepto general de eInclusión, es aquel que se basa en la construción de servicios electrónicos que sean inclusivos y al mismo tiempo fomenten la inclusión. No obstante, si bien la definición es fácil, más difícil es caracterizar cada uno de los dos elementos que la componen.

Quizás, la mejor caracterización de un servicio electrónico inclusivo es la que puede encontrarse en la revisión del estado de los objetivos marcados en la Conferencia Ministerial de eInclusión de Riga de 2006, el documento de "Cuadro de mando de Riga" de 2007. En el, se hacia equivalente un servicio electrónico inclusivo a aquel centrado en el usuario, y que reunía tres características

• Apoyarse en una identidad electrónica legalmente reconocida
  


• Cumplir los criterios internacionales de accesibilidad


• Acceso multicanal al servicio

En función de estas tres características, establecía un ranking del rango de cumplimiento de los mismos en los servicios públicos electrónicos de los países de la UE. Los resultados de este análisis, ver la figura inferior,  muestran una baja eInclusividad de los mismos en todo el ámbito Europeo, con nuestro país por debajo de la media.



¿Cómo mejorar el posicionamiento de nuestro país en ésta clasificación? Dada la existencia de una identidad electrónica universal dentro del ámbito nacional, el DNIe, el esfuerzo para avanzar en este sentido habrá de hacerse dentro de los otros dos ámbitos. Haría falta, de un lado, hacer seguimiento al respecto del cumplimiento de los criterios de accesibilidad W3C en las sedes electrónicas de los órganos y organismos públicos, que si bien es obligatoria por ley, no es sometido a una monitorización exhaustiva. Otra medida favorecedora de la accesibilidad sería la inclusión de versiones sonoras de los contenidos destinadas a personas con dificultades de visión. Finalmente, sería necesaria una estrategia generalizada de multicanalidad, estableciendo prioridades de portado multicanal similares a las establecidas para el cumplimiento de la Ley 11/2007, y marcando una agenda de disponibilidad de las versiones móvil y TDT de los servicios públicos electrónicos, medios de mayor penetración que el PC de sobremesa.

Sin embargo, no basta con crear servicios públicos electrónicos centrados en el usuario, es necesaria en paralelo hacer un mayor desarrollo de la figura del representante en las relaciones electrónicas con la Administración (prevista en los artículos 22 y 23 de la ley 11/2007). La importancia de potenciar esta figura de los representantes se acentua al prestar atención a uno de los datos facilitados por el "Cuadro de mando de Riga" de 2007: 42% de los usuarios de los servicios públicos digitales los hacen mediante asistencia de un tercero. Una posible línea de acción, que va más allá de lo marcado en la ley, sería la creación de mentores digitales que actuaran en las zonas, comunidades  y ámbitos en riego de exclusión digital, mediante programas similares a los desarrollados en el Reino Unido. Un paso en este sentido ya se ha dado con el Plan de Dinamización de los Telecentros, aunque podría profundizarse mediante una adecuada formación de los empleados públicos de la Administración Local para posteriormente hacer uso de ellos como palanca del cambio.

Más difícil es la concepción y puesta en marcha de servicios públicos electrónicos que favorezcan la inclusión, no tanto por su viabilidad técnica, sino porque han de ser combinados con acciones de otro tipo para que sean utilizados por su población objetivo, generalmente en el lado desfavorecido de la brecha digital. Un campo especialmente potenciado por la UE en este campo son los servicios de eSalud, destinados al cada vez más amplio porcentaje de población Europea por encima de los 65 años. Existen sin embargo también otros servicios posibles, combinando mentores digitales con el acceso de los desfavorecidos a través de infraestructuras públicas gratuitas y la puesta en marcha modelos de eParticipación basados en la Web 2.0. Blogs de intercambio de experiencias o wikis dónde aportar información de interés para los miembros del colectivo, son un ejemplo de servicios en esta línea, aunque su éxito depende fundamentalmente del papel dinamizador de los poderes públicos.

La puesta en marcha de iniciativas como las descritas, puede sonar en algunos casos utópicas y de baja prioridad comparadas con otros aspectos a desarrollar del Gobierno Electrónico en nuestro país. Cabe sin embargo recordar la obligación de desarrollo de un Gobierno Electrónico eInclusivo que se desprende de los aspectos más programáticos de la ley 11/2007:

• Establecer entre las finalidades de la ley "Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso" (Artículo 3.2)


• La inclusión entre los principios rectores de la ley del "Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran" (Artículo 4.c)


• Fijar entre los derechos de los ciudadanos "la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas" (Artículo 6.2.c)

Memoria Histórica 2.0

La recuperación de la memoria histórica, del recuerdo de aquellos que fueron ejecutados o encarcelados tan sólo por sus ideas durante la larga noche de la Dictadura Franquista, ha sido una de las políticas públicas constante de los últimos años. Primero, fue la ley 52/2007, quizás en exceso moderada en alguno de sus aspectos. Ahora, comienzan a ver la luz los primeros desarrollos reglamentarios de la mencionada ley. Una parte de estos desarrollos reglamentarios, fueron anunciados tras el Consejo de Ministros del 31/10/2008. En una parte de los mismos, como no puede ser de otra manera tras promulgarse la ley 11/2007, la Administración Electrónica juega un papel facilitador de los procedimientos administrativos asociados. En la nota tras el Consejo de Ministros, se menciona de modo explícito este papel en dos casos

• procedimiento para obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron la persecución y violencia por las razones que fueran durante la Guerra Civil y la Dictadura


• procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por parte de los voluntarios de las brigadas internacionales

La conceptualización de Pierre Noran de recuperación de la memoria histórica como "el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto", hace de la misma un objetivo en que la participación colectiva juega un papel básico. Es por tanto necesario una labor divulgativa de la importancia del proceso, pero también fomentar que sea todo el grupo humano el que participe en el mismo. Por esta razón, se echa de menos que, al menos a partir de la información facilitada no se desprende, no sólo se de cabida a la Administración Electrónica en los reglamentos de desarrollo de la ley 52/2007, sino que también se abrieran a programas de Participación Electrónica.

Sucede con frecuencia este olvido de la segunda pata del Gobierno Electrónico, de hecho, son escasas las referencias a la Participación Electrónica dentro de la ley 11/2007. El desarrollo de la ley 52/2007 hubiera sido una magnifica oportunidad para experimentar con la Participación Electrónica. Tomemos por ejemplo las declaraciones de reparación y reconocimiento personal. De un lado, podría facilitarse transparencia y acceso universal a las solicitudes aprobadas, permitiedo de este modo fomentar el conocimiento colectivo de lo sucedido. De otro lado, y siguiendo por ejemplo un procedimiento parecido a la cooperación ciudadana en la evaluación de patentes en EEUU, se podría abrir la aportación de documentos y pruebas de reconocimiento de las víctimas a todos aquellos individuos y organizaciones interesados en el proceso de recuperación de la memoria. Obviamente, podría irse más lejos, facilitando la Administración una plataforma colaborativa: Blogs para asociaciones de victimas, una wikipedia recopilando los distintos casos, foros de debate, ...

Ojalá alguien reparé en todas estas posibilidades, más cuando a lo que parece son pocos los recursos que la Administración puede dedicar a dar respuesta a los familiares de las víctimas, siendo la colaboración ciudadana el único medio para alcanzar los objetivos de la ley.

Prevenciones ante las soluciones de Cloud Computing

Si tuviera que elegir vectores de impulso de las Tecnologías y la Sociedad de la Información, en general, y el Gobierno Electrónico, en particular, en esta fase de crisis global escogería las herramientas Web 2.0, las arquitecturas orientadas a servicio (SOA) y la computación en la nube (cloud computing). Todas ellas tienen un común denominador, permitir el uso eficiente de recursos, el Santo Grial buscado por todas las organizaciones en estos tiempos de crisis. Si bien de los dos primeros vectores se ha hablado ya mucho y son términos familiares, el tercero de ellos parece estar aún en una fase primigenia, esa que Gartner llama de las grandes expectativas. Reflejo de este estadío, es el monográfico que The Economist le ha dedicado en uno de sus últimos números.

Las grandes expectativas alrededor del cloud computing queda a las claras con la entrada de Microsoft en juego, que ha anunciado con las fanfarrias propias del caso Azure. Tenemos de nueva servida una lucha sin cuartel en el ámbito de las Tecnologías de la Información con la compañía de Redmond como protagonista. Queda por saber sólo el resultado, si Google vencerá en el combate que previamente perdieron otros (Apple, Netscape, Sun, ...). La incognita de si por fin se producirá un cambio de monopolio dominante en el sector será fuente de inumerables apuestas y predicciones.

El cloud computing aplicado en el mundo corporativo, pone ante nosotros la última frontera de la externalización. Las redes se convierten realmente en plataforma de servicios, el software se inmaterializa definitivamente. El software como servicio nos trae nuevas oledas de deslocalización de las Tecnologías de la Información, los Centros de Proceso de Datos buscan lugares dónde sea más barata la producción de instrucciones por segundo, en la generación de ahorro mediante la implantación en lugares dónde la energía sea barata y la mano de obra tecnológica también.  Pero la deslocalización del procesamiento de los datos nos trae un problema obvio: La deslocalización de los datos.

El tratamiento de la información de acuerdo a la legislación que le corresponde y su privacidad son, quizás, las barreras para el despegue del cloud computing. Y será el centro de la polémica y de los modelos de negocio. Es de esperar, que en el mercado pugnen dos diferenciados.  De un lado, aquellos proveedores que ofrezcan servicios multilegislación, dejando al cliente elegir el nivel de seguridad y privacidad que les sea de aplicación. De otro lado, los que propugnan la construcción de zonas de tráfico libre de información y bajo unas mismas (pocas) normas.

Personalmente, creo más beneficioso para todos el éxito del primero de los modelos. Si las consecuencias de la aplicación de un modelo semejante al segundo de los enumerados al mundo de las finanzas ha supuesto una catástrofe económica mundial, la desregulación del tratamiento de la información y su almacenamiento sin un control claro puede llevarnos a situaciones impredecibles. Ejemplo de ello, es la permanente supervisión a la que está sometido nuestro correo electrónico via webmail, tanto por legislaciones que nos son ajenas (e.g "Stored Communications Act" de los USA) como por los proveedores (e.g. los anuncios que sugiere Gmail a partir del análisis del mail que estamos leyendo).

La complejidad de la ejecución de legislaciones nacionales en entornos deslocalizados no son excusa para su no aplicación. La exigencia de los mismos en las soluciones corporativas de cloud computing que empiezan a ofrecer los proveedores, es una batalla que no se puede perder. Y más en el entorno del Gobierno Electrónico.

Teoría de conjuntos y herramientas sociales

Se escribe y se habla mucho sobre las fronteras entre lo real y lo virtual. Fronteras que muchas veces se difuminan, existiendo extraños fenómenos de ósmosis entre ambos. Un ejemplo es el encarcelamiento (real) que ha recibido una mujer en Japón por matar a su esposo virtual en el juego "Maple Story". El motivo había sido no otro que el ataque de celos (real) cuando este decidió divorciarse de ella dentro del juego.

Las personas e instituciones son las bisagras entre estos dos mundos. En el caso de las primeras, la identidad es una declaración de principios de su posicionamiento dentro de lo real o lo virtual, del lugar dónde quieren permanecer, dónde quieren ser, digamos, reconocidos. Podemos ver cómo esto se manifiesta en todos los sectores de actividad, pero podemos centrarnos en el caso de los empleados públicos de las Tecnologías de la Información. Desde los profesionales con amplio bagaje a sus espaldas en el funcionariado hasta los que están en vías de cercana incorporación, encontramos casos de personas que vuelcan sus opiniones en la red con identidades del mundo real (Voz y Voto, Sociedad en Red,  Administración 2.0, Xperimentos) y virtual (Mujeres Tic, Opositor tras la máscara). Mientras los primeros mantienen invitablemente unidas sus actividades reales y virtuales compartiendo las redes sociales en que desarrollan las mismas, los segundos se mueven entre ambas de modo disociado en redes diferenciadas. Ambas también se diferencian en tamaño, la redes sociales tienden a un menor tamaño al incrementarse la virtualidad de la misma.

La Web 2.0, de modo inesperado incluso para sus teóricos, ha supuesto una explosión de la herramientas sociales de carácter software. El mismo Tim O´Reilly se manifestaba en una entrevista sorprendido, "Estoy seguro de que no entendí lo bastante a tiempo lo populares que iban a ser herramientas de software social como Facebook". Sin embargo, estas herramientas sociales son incapaces de reflejar las redes sociales reales de las personas y sus actividades, conduciendo a una explosión de relaciones que no se asemeja a su actividad física. Personas que reconocen que sólo mantienen contacto físicos con diez personas baten records del tamaño de sus redes de relaciones construidas con estas herramientas, invalidando con ello la funcionalidad de las mismas, y dando lugar a relaciones más distantes. Generalmente, sólo en el caso de las identidades virtuales son capaces de mantener una red social acorde al tamaño de las relaciones que mantiene.

Paradójicamente, hay quienes pretendemos que para las instituciones, entre ellas la Administración, se produzca el fenómeno inverso, que las herramientas sociales provoquen un acercamiento de las relaciones de estas con las personas. A lo mejor por eso, por no terminar de ver como esto es posible, sigue el escepticismo corporativo al respecto. Y sin embargo, probablemente sea un escepticismo infundando. El secreto es sencillo y reside en la teoría de conjuntos. Con las herramientas sociales, las personas reales tienden a establecer grupos más allá de los límites que manejan, construyen superconjuntos de sus relaciones habituales. Con las instituciones y personas virtuales, sucede al contrario, los grupos que se establecen a través de las herramientas sociales son subconjuntos de los grupos de personas con los que tratan, grupos realmente interesados en estrechar el contacto con ellas.

Gobierno Electrónico: Estado del Arte

Que ePractice es un punto de referencia imprescindible para mantenerse al tanto de esto que llaman Gobierno Electrónico, no creo que sea un descubrimiento. Es de esas islas de Internet en cuyo puerto conviene arribar con frecuencia. En una de esas visitas, he descubierto el documento Improving Performance and Innovation in Public Administration: Analyses and researches among European e-Government experiences, que es una verdadera joya como recopilación sobre las últimas experiencias de Administración Electrónica y Participación Electrónica a lo largo de Europa.

El documento es la continuación de experiencias similares de años anteriores, poniendo el foco en esta edición en cómo una Administración orientada a la obtención de resultados apoyada en las TIC da lugar a servicios más centrados en el ciudadano. Palancas de apoyo de la transformación de las Administraciones Públicas, según recoge en su introducción, son la cultura de la colaboración entre Administraciones y la eliminación de barreras entre ellas, así como la puesta en práctica de procesos de capacitación para ciudadanos, funcionarios y políticos que les permita extraer todos los beneficios del uso de las TIC en la Administración.

Una recomendable referencia donde buscar apoyo e ideas para el desarrollo de nuevos proyectos.

Administración colaborativa: La crisis como oportunidad

Las consecuencias negativas de la crisis económica sobre el sector de las TIC, en general, y sobre la Administración Electrónica, en particular, son fáciles de adivinar. Por lo pronto, estamos empezando a ver sus primeras manifestaciones en forma de suspensión de eventos y EREs, y es de esperar que los proyectos relacionados con la Administración Electrónica sufran algún tipo de relentización. La prueba del algodón está a  la vuelta de la esquina, dentro de poco más de un año cuando podamos comprobar como ha afectado la crisis a hacer realidad el objetivo de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP, Ley 11/2007): Ver nacer el 2010 con la materialización del derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con la Administración.

Sin embargo, esta crisis, precisamente por la necesidad de ajuste presupuestario de todos los actores sociales, entre ellos las Administraciones Públicas, traerá con probabilidad un beneficio: El aumento de la colaboración y la creación de redes en todos los ámbitos de la prestación de servicios, como un método de abaratar la puesta en marcha y mantenimiento de estos. Disiento de alorza que eso vaya a significar una mayor participación del Estado en el sector público, sino que será una participación más abierta a formas de colaboración, tanto con el sector privado como con otras Administraciones.

En lo referente a la colaboración con el sector privado, no estoy abogando por la externalización de servicios que muchos de sus actores persiguen en busca de un salvavidas en el turbulento mar de la crisis. La colaboración pública privada habrá de basarse en un nuevo paradigma, similar al programa de plataformas de colaboración establecido por Amazon. Una plataforma de acceso a la información pública generada por la Administración que permita a los actores privados crear nuevos negocios, y, al mismo tiempo, acelerar los ciclos de innovación en el sector público. Puede parecer utópico, pero Administraciones como la Británica han puesto en marcha iniciativas para desatar este potencial.

Por el lado de la colaboración entre Administraciones, la crisis dará la excusa para hacer realidad el ya amplio acervo de interoperabilidad acumulado. Sin ir más lejos, ha sido aprobado a finales de septiembre el programa ISA, destinado a dar continuidad al programa IDABC y, consecuentemente, a continuar la senda de la eliminación de las fronteras electrónicas entre Administraciones. Nuevos servicios transnacionales y la implementación de los puntos únicos de acceso previstos en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de Diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), seran la materialización de esta colaboración entre Administraciones, que dará lugar a servicios públicos digitales más centrados en el ciudadano, y consecuentemente mas saisfactorios para éste.

En definitiva, la crisis nos va a permitir avanzar hacia una Administración en Red, pero no por un aumento de su papel en el sector público, sino porque las dificultades económicas provocarán la creación de nuevos marcos de colaboración. Hacer de la necesidad, virtud.

Este año, no hay SIMO

Aunque hacía ya tiempo que no me pasaba por los certámenes del SIMO, no puede dejar de sentir dolor ante la no celebración este año de la feria. Recuerdo aún la primera vez que fuí, cuando aún andaba por la facultad, con el único objetivo, no vamos a decir lo contrario, de ligarme a una rubia que andaba por mi misma clase y por la que bebía los vientos. La rubia se instaló y después se fue de mi vida. Como ahora el SIMO.

Dejando a un lado los apuntes autobiográficos, que tras más de cuarenta años deje de celebrarse la más importante cita global de las TIC en España es un indicio de la que se avecina sobre el sector. Y no es el único. Hace unos días también se anunciaba otro más de los ERE en marcha en la principal empresa del sector en España, Telefónica. Además del ERE dentro del sector de la telefonía móvil, la multinacional tiene otras dos iniciativas similares en marcha dentro de su empresa de consultoría (Telefónica Soluciones) y su filial de investigación y desarrollo (Telefónica I+D).

Dada la composición del mercado de las TIC, en el que el sector financiero y las AAPP son sus dos principales motores, es de esperar que no se cumplan las optimistas previsiones de IDC de comienzo de año. El especial impacto de la crisis sobre el sector financiero y las anunciadas restricciones presupuestarias de las AAPP, no auguran nada bueno. Más vale, tomárselo con el humor de Forges.