2011: Un año para evaluar (necesariamente) los beneficios del Gobierno Electrónico

Andábamos el año pasado por estas fechas dilucidando si la fecha del 31/12/2009 iba o no a suponer un cambio real en la disponibilidad de los servicios públicos electrónicos. Todo indica que efectivamente fue así. El último informe eEspaña 2010 de la Fundación Orange muestra una indisponibilidad de servicios residual en la AGE y una disponibilidad (muestral) en CCAA superior al 77%.  En los ayuntamientos existen menos datos, y aunque la percepción general es de un cierto retraso en la implementación del derecho de acceso electrónico, se va avanzando.

2011 presenta por tanto el reto de recoger los beneficios del esfuerzo realizado, extender el mismo a todas las capas de la sociedad, ciudadanos y empresas. Este beneficio sólo se alcanza si los servicios e infraestructuras desplegadas se usan y las ventajas de ese uso son difundidas a quien no lo hace. Ello sólo puede evaluarse desde un nuevo marco conceptual de medición, ya que la  evaluación del beneficio social de los servicios públicos electrónicos se ha basado hasta ahora en la definición de la Comisión Europea, que descansa sobre la base de considerar éste beneficio posible tan sólo a través del uso directo.  Para poder evaluar los beneficios es necesario empezar a obtener cifras de la penetración social del Gobierno Electrónico.

¿Qué es la penetración social del Gobierno Electrónico? La penetración social del Gobierno Electrónico es la estimación del cambio de modelo de relación de la Sociedad con la Administración, el índice de evolución hacia la desmaterialización de los procedimientos y servicios administrativos.  El concepto tradicional de uso antes mencionado no nos vale por razones fáciles de entender: Nunca ha habido un 100% de uso de los servicios presenciales de la Administración ya que siempre ha habido personas que han necesitado de otros en dicha relación. Tampoco nos vale la observación de servicios puntuales. Si consideraramos sevicios puntuales estaríamos hablando ya de una penetración del 100% del Gobierno Electrónico. El caso de la expedición del Carnet de Conducir a través de los Centros de Reconocimiento de Conductores nos permite ya hablar de un servicio público electrónico utilizado (de modo indirecto) por el 100% de la ciudadanía.

La penetración social sólo puede observarse mediante la liberación de los datos comparativos entre el uso de los canales (presencial, electrónico, telefónico) para cada uno de los servicios posibles. Parece de perogrullo, pero existen pocos datos al respecto, preguntarse el porqué llevaría a también a conclusiones interesantes. Los datos que hay son, además, no obvios de encontrar, y generalmente han de combinarse diversas fuentes para llegar a conclusiones interesantes, como el más de 60% del uso del canal electrónico para el IRPF que muestra la "Memoria 2009 de la AEAT". 

A partir de los datos de penetración social, al menos para un conjunto de servicios significativos, sean cuales sean las Administraciones involucradas, podemos echar a andar en el cálculo de beneficios:

- Ahorro de costes para la sociedad

- Reducción de costes internos

- Eficiencia de las inversiones realizadas

Pero la estimación de la penetración social es necesaria y de complejidad relativamente baja. Vamos a suponer que los datos no se tienen, ¿a que esperamos para tenerlos? Si queremos que nuestro trabajo se aprecie hemos de empezar a dar evidencias. 2011 ha de ser año que mostremos el valor del Gobierno Electrónico.

Plan de Acción de #egov UE: Evitando que las #aapp sean irrelevantes

La semana pasada, la Comisión Europea hizo pública la estrategia para el desarrollo del Gobierno Electrónico en la Unión Europea en el próximo quinquenio. El nuevo plan de acción tiene como objetivo facilitar la construcción de Gobiernos más inteligentes, sostenibles e innovadores con ayuda de las TIC. El Plan de Acción tiene una duración de prevista de cinco años, 2011-2015, siendo el instrumento para la implementación de la Declaración de Malmö aprobada en Noviembre de 2009. Sus objetivos, consecuentemente, son promover el empoderamiento de ciudadanos y empresas, impulsar el mercado único y facilitar la construcción de Administraciones Públicas más eficientes y efectivas. 

Existen otros objetivos enunciados con menos concreción, pero incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos es el gran objetivo del nuevo Plan de Acción. Alcanzar el 50% de uso por parte de la ciudadanía y el 80% por parte de las empresas son las metas fijadas para hacer del canal electrónico el canal dominante en la provisión de servicios públicos.  Son objetivos claramente al alcance de la mano a la luz de los últimos datos de Eurostat, el uso por parte de ciudadanía está en un  42% y el uso por parte de las empresas se situa en un 75%.  Claramente, es el uso la condición necesaria para extender los beneficios del Gobierno Electrónico a la sociedad, si bien están ausentes (y serían necesarios) objetivos de uso indirecto, igual o más importantes en la construcción de un Gobierno Electrónico Inclusivo. Para alcanzar el objetivo de uso, se ponen en forma de acciones los medios para alcanzar servicios mas orientados a las necesidades de la sociedad. Más participación, más transparencia, más colaboración. En definitiva, más Gobierno Abierto es la vía que marca la Comisión para alcanzar el objetivo. Como dijo la Comisaria Kroes en su discurso de presentación del plan, "eGovernment is growing up to be weGovernment".

Es difícil destacar alguna de las medidas contenidas en el Plan, por lo demás algunas de ellas en el lenguaje complejo de este tipo de documentos (recomiendo a todo tipo de lector sin embargo la magnífica nota de prensa resumen ¿Qué hay en el Plan de Acción para mí?). Por elegir tan sólo una de ellas, opto por la denominada "Plan de Acción de la eCommision", que pretende que sea la propia Comisión Europea la que lidere con el ejemplo. La implementación por la Comisión de la contratación electrónica o el desarrollo de su propio catálogo de datos abiertos, entre otros servicios,  le permitirá a un mismo tiempo un mayor nivel de exigencia mayor a los Estados miembros y conocer las limitaciones y problemáticas de las acciones planteadas en su estrategia.

Para acabar esta entrada, un recordatorio también tomado del discurso de la Comisaria Kroes: "If public administrations fail to keep up with the times, they risk irrelevance or even worse."  Este Plan de Acción es un impulso al Gobierno Electrónico, un medio para evitar la irrelevancia de los poderes públicos.

Una reforma necesaria de las AAPP: La migración al canal electrónico

La presente crisis económica es un momento para el liderazgo en la Administración Pública, para la toma de decisiones que podrían ser de difícil encaje en epocas de bonanza. A los funcionarios se nos ha bajado el sueldo, a los pensionistas se les ha congelado sus derechos económicos, pero pocas medidas reales de reforma han sido tomadas, escasas decisiones que supongan una apuesta decidida por la sostenibilidad del sector público. Se trata de hacer más con menos, pero para hacer más con menos hemos de cambiar nuestra aproximación a la obligación diaria de servir al ciudadano.

El canal electrónico de los servicios públicos presenta indudables beneficios, tanto en términos de eficiencia como de efectividad. Estos frutos, sin embargo, no están recogiéndose, y lo que es más, está suponiendo un coste añadido. La dura decisión de suprimir los canales heredados de servicios públicos sólo ha sido tomada de modo contundente al respecto de los boletines oficiales. Es difícil encontrar ya una Administración en España que publique los mismos en formato papel. Hay que seguir profundizando en esta vía, pero el momento se antoja siempre lejano.

Sin embargo, los instrumentos para ello están ahí. El artículo 27.6 de la Ley 11/2007 permite a las Administraciones Públicas establecer de modo reglamentario la obligatoriedad de relacionarse con ellas de modos electrónicos. Aun siendo este artículo de carácter básico de acuerdo a la Disposición Final Primera de la Ley 11/2007, existen pocos casos en que se haya hecho uso de la previsión. La AEAT y la Seguridad Social creo que obligan para algún procedimiento de empresas, pero se ha dado el caso que incluso algún juez haya denegado la potestad de imponer esta obligación.

Una migración ordenada al canal electrónico es una reforma de la Administración cada vez más perentoria. Sin embargo, dado el carácter legalista de nuestra Administración, es difícil que esta suceda sin un marco legal que obligue a ella. Una posibilidad sería el desarrollo de una norma de objetivación  de la migración, desarrollo reglamentario del artículo 27.6 de la Ley 11/2007 o en forma de Ley que supere el mismo. Bastaría que el contenido de dicha norma estuviera incluyera:
* Obligación a las unidades administrativas a publicar para todo procedimiento los datos de uso mensuales para cada uno de los canales (presencial, internet, móvil)
* Obligara a suprimir el canal presencial si por un periodo concreto (a determinar) el uso del mismo estuviera por debajo de un umbral determinado
* Medidas de inclusión selectivas pero objetivas para ciertos colectivos, facilitándoles intermediación humana gratuita a través de funcionario público (prevista en artículo 22 de la Ley 11/2007)

El exceso de normas legales es siempre objeto de crítica. Ciertas normas son necesarias para garantizar nuestro modelo de sociedad. Esta posible norma sería una de ellas.

Resistencia a la innovación de la sociedad española ante el #egov

La Ley 11/2007 obliga en su artículo 34 a que la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos implique un "rediseño funcional y simplificación del procedimiento". Eso, ni más ni menos, es lo que se ha realizado con el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. Dicha norma regula como todos y cada uno de los españoles accedemos a la renovación del carnet de conducir.

El rediseño realizado es quizás uno de los más innovadores en materia de Gobierno Electrónico en España, aunando inclusividad en la aplicación de medios electrónicos con reducción de cargas administrativas para el ciudadano y reducción de burocracia innecesaria. No entra plenamente en vigor el Real Decreto hasta Noviembre, pero algunos ya hemos disfrutado del mismo. Antes, habíamos de ir a los centros de reconocimiento médico de conductores (CRC) para después ir a las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a finalizar la tramitación del carnet de conducir aportando fotografía y certificado médico. Ahora, son los CRC los que por medios electrónicos hacen llegar la DGT nuestra fotografía y firma manuscrita digitalizada junto con el resultado del reconocimiento médico sin necesidad de que hayamos de desplazarnos a las oficinas de la Administración. Los medios técnicos que permiten esta modernización de la expedición del carnet de conducir son aportados por la DGT, que instala en cada CRC la aplicación, una Webcam y un lector de firmas manuscritas (de esos que ya se ven en uso en grandes superficies comerciales).

Cuando aún esta innovación estaba en fase de diseño, tuve oportunidad de oir hablar de ella. Me resultaba difícil pensar que nadie pudiera posicionarse en contra de la misma. Es difícil que una solución de Gobierno Electrónico presente menos dificultades de uso para los ciudadanos. Sin embargo, la resistencia al cambio de la sociedad española es capaz de aparecer donde uno menos se los espera. El otro día me enteré (con retraso) que una serie de asociaciones profesionales de fotografos "se oponen al sistema propuesto por la DGT de captación de imagen mediante webcam en los centros de reconocimiento psicotécnicos ya que supone un intrusismo en el sector de la fotografía profesional". Leyendo su carta, proponen para ello que los CRC en lugar de tomar la fotografía con la Webcam proporcionada realicen un escaneo de la que proporcione el ciudadano o admitan que esta le sea enviada por correo electrónico. En definitiva, mantener su cuota de negocio cautivo.
Claramente, el sistema en fase de implantación por la DGT supondrá una merma de ingresos para los fotografos, que ellos estiman pérdidas en 27 millones de Euros. Sin embargo, el ahorro económico para la sociedad que supone la medida también es cuantificable y excede con creces está cantidad. De acuerdo a los datos de la DGT, se expidieron en 2008 un total 859.179 licencias de conducir tipo B (la que usamos todos). De acuerdo con el sistema de evaluación de cargas incluido en la "Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo", la diferencia de coste a favor de la sociedad que supone la presentación de cada solicitud a través de los CRC en lugar de hacerlo él presencialmente es de 45 Euros, lo que supondrá una reducción de costes económicos para la sociedad (sólo en licencias B) de más de 38 millones anuales de Euros (sin contar los ahorros que supone para la Administración que también repercuten en todos los ciudadanos).

Cuanto nos gusta que la sociedad gane en competitividad y que la Administración sea más efciente mientras que nada cambie para nosotros.

Todos los ciudadanos somos #wikileaks

La memoria es subversiva. Y juega malas pasadas para con la conciencia, introduciendo en ellas imágenes que no te dejan dormir. Una de ellas es la que acompaña este párrafo. A muchos no les sonara de nada, en mi cerebro es poco más que el recuerdo de uno de aquellos Nodo previos a las tardes de sesión continua en los cines de mi barrio. Esa imagen es la voladura del "Diario Madrid", un periódico que la dictadura fascista en España persiguió hasta el exterminio material, no eran "rojos subversivos", simplemente eran de otra familia política del régimen, la que quería una retirada temparana del dictador. Simplemente eran molestos al poder.

La voladura virtual es lo que quieren hacer con Wikileaks, eso es lo que los ciudadanos tenemos que tratar de impedir. Voladura virtual es que se les eché de los servidores de Amazon por un presunto delito (aunque parece obvio que se haya podido cometer una ilegalidad). Como bien indica el Gobierno de Australia en defensa del ciudadano Assange, "la responsabilidad legal es de los responsables de la fuga inicial no autorizada". Es decir, de funcionarios o responsables políticos del Gobierno de Estados Unidos. Cuando la primera ronda de persecución de Julian Assange, escribí otra entrada en este sentido. La legalidad ha de ser el límite de la transparencia y un funcionario o político solo puede dar a conocer aquello que legalmente no tiene prohibición de hacer público. Y ello está definido en España, y es de suponer que de modo igual en USA como (ver Ley 7/2007, artículo 95)

• La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
• La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

Pero en lugar de los fallos en el procedimiento interno se persigue a quien los pone a la luz. Se persigue al mensajero. Por eso todos somos wikileaks, porque está matándose al mensajero, porqué se está cercenando la libertad de expresión.

Pero al mismo tiempo, todos las Administraciones son la Administración Obama. En alguna entrada dejé escrito algo parecido a que la tecnología inhabilita las excusas para lo que es público no esté en línea 24x7. No es el caso que nos ocupa, que existe material secreto de por medio, pero a lo mejor la primera pregunta es si muchos de los documentos filtrados merecen tal calificativo, si una mejor clasificación de los documentos no habría facilitado la vigilancia de lo que realmente no debía trascender. En el caso de España, la clasificación de documentos se realiza de acuerdo a la Ley 9/1968 . Es de pensar  que en Estados Unidos existen previsiones similares, con previsiones de clasificación igual de ininteligibles incluso para el común de los funcionarios o políticos , con referencias a marcos legales propios de cada sector, y que conducen a un exceso de celo en la clasificación, a que se intente proteger el todo inabarcable dejando las partes (incluidas las vitales) inermes. Aumentar el perímetro de la opacidad, no nos hace más seguros. Por eso las Administraciones Públicas debemos aumentar el perímetro de lo público, darlo a conocer sin restricciones, facilitar su acceso por las TIC. Sólo mediante la transparencia podremos proteger lo que debe mantenerse en secreto.

La tecnología está arrasando modelos de negocio obsoletos. Primero, fueron las discográficas las que sucumbieron por no querer adaptar sus modelos de negocio a la tecnología. Las editoriales literarias llevan el mismo camino. ¿Ha llegado el turno de las Administraciones Públicas? Esperemos que no porque detrás sólo está la ley de la selva, esperemos saber migrar hacia un modelo de negocio  de AAPP basado en la habilitación de la transparencia mediante las TIC.

Antes y después: Una visión pesimista tras la pandemía de #controladores

Me estaba resistiendo a escribir entrada alguna sobre los acontecimientos (a determinar si  por una huelga o pandemia de controladores) acaecidos en esta primera parte del puente más largo del año, pero la carne es debil y los dedos largos. Al final he cedido a la tentación. Esta es una visión personal muy pesimista de un par de días que, por muchas razones, marcan un antes del 3/12/2010 y un después del 5/12/2010. Advierto, que es una sesión de diván bloguero para el que no le guste este tipo de piezas.

Los actores principales han sido el colectivo de los controladores aereos. Un grupo de trabajadores contra los que se ha ido alimentando progresivamente la ira popular. Ciertamente tienen un sueldo muy superior a la media y un puesto de trabajo estable, pero ninguna de ellas son razones para negarles el derecho a cualquier tipo de reivindicación. Alguna de las reivindicaciones creo que tiene un fondo de razón: no conozco a nadie excepto a ellos al que una baja laboral no le signifique un equivalente a haber estado en su puesto de trabajo, a nadie que se le obligue a que esos días de baja los devuelva en forma de días laborables (este extremo , por extraño que parezca, lo confirma el ministro en este video: "en las horas de trabajo computaban bajas por enfermedad"  y lo explica @davidrjordan en su bitácora ). El límite que han traspasado es plantear estas reivindicaciones en una  forma  tan virulenta y tratando de convencernos que la virulencia es resultado de una presión insoportable. Con la forma, han perdido toda posible solidaridad que otros pudiéramos tener para  con ellos. Y si la presión que sufren es insoportable, el camino está claro, a nadie le obligan a trabajar en ningún puesto de trabajo. A lo mejor cometieron el error de su vida al entrar en ese trabajo, pero siempre se está a tiempo de rectificar. Y escribo esto desde la posición de alguien que ha abandonado trabajos estables cuando personalmente le parecían insufribles. Antes del día 3/12 tenían la imagen de un colectivo de trabajadores que, aunque especiales, eran dignos de todo respeto. Después del día 5/12 tienen la imagen de unos irresponsables que hacen uso excesivo de su capacidad de presión.

Luego tenemos al Gobierno. Un Gobierno elegido democráticamente tiene toda la legitimidad para desarrollar cualquier tipo de política pública (dentro de los límites razonables), incluidas en materia de organización del personal del sector público. En este campo ha tomado ya varias, incluyendo la bajada de sueldo de los funcionarios (y sólo los funcionarios, sin que sepamos porqué aún) y otras como la privatización de AENA están en camino. Toda medida tiene una consecuencia, pero un Gobierno está ahí para adoptarlas. Dicho esto, la declaración del Estado de Alerta me parece excesiva para la resolución de un conflicto laboral, por grande que este sea. Para abrir un expediente disciplinario, no era necesaria tal sobreactuación. La militarización de un servicio que dicho Estado de Alerta supone nos retrotrae a tiempos pasados, en que las huelgas de metro se resolvían haciendo uso de soldados de reemplazo. A ver como en la próxima huelga salvaje de un servicio público en cualquier ciudad o región, como por ejemplo la huelga de metro del verano pasado en Madrid, se le deniega a su alcalde o presidente autonómico la petición de que el Gobierno declare el Estado de Alerta en su territorio. Antes del 3/12 creiamos que existía el límite de lo civil para la resolución de conflictos civiles. Después del 5/12 sabemos que la militarización es una opción válida para resolver conflictos civiles.

Por cerrar el tema de los políticos, tampoco ha estado mal el papel del principal partido de la oposición. La intervención de su portavoz Gonzalez Pons fue una antología del disparate. Ofrecer apoyo llamando incapaces o acusar a ZP de esconderse tras Rubalcaba cuando Rajoy ha destacado por su callada elocuencia durante todos estos días, reflejan el porqué el PSOE se despeña otro 10% y el PP crece tan sólo un 0,2%. Antes del 3/12 teníamos pocas ilusiones de la existencia de una alternativa responsable.  Después del 5/12 hemos perdido toda esperanza.

Y la resolución del conflicto importa poco, lo que importa es el juego cainita de culpar al otro. Dando cada uno pábulo a una teoría conspiratoria distinta ante lo que, mientras no se demuestre lo contrario, ha sido una ida de olla colectiva de un colectivo (incluso por sus primeras declaraciones tengo la duda de si los líderes de USCA han tenido algún tipo de control en el arranque del plante aunque después todo parece indicar que trataron de aprovecharlo). De un lado, los que insinuan una estrategia del Gobierno de cara a  futuras medidas económicas excepcionales. De otro, los que alimentan la especie de la estrategia del PP para corroer las estructuras del Gobierno. Antes del 3/12, veiamos difícil que nuestros políticos alcanzaran un acuerdo sobre cualquiera de las reformas y políicas necesarias. Después del 5/12, sabemos que cualquier acuerdo entre ellos es una quimera.

Finalmente, llegamos a los más perjudicados, los atrapados en los aeropuertos. Existen entre ellos historias dramáticas de adopciones frustradas o personas tratando de llegar junto a madres moribundas , también http://www.netoraton.es/?p=21810con más que razones para estar indignados. Me he visto en ambas circunstancias (aunque por un áximo de 6 horas) en las huelgas de controladres franceses y entiendo lo que sigifica. Pero si algo me llamó la atención en las primeras horas con escaso filtrado por los medios de las entrevistas a viajeros a pie de terminal, era la continua repetición de un mismo lamento: "Me han fastidiado el puente, con la ilusión que tenía por ir a ... ". La sonora protesta de esta sociedad por la quiebra del derecho de consumo (@barahona dixit) frente al elocuente silencio ante el recorte de derechos sociales no deja de ser sorprendente. Antes del 3/12, eramos conscientes del silencio de muchos ante el recorte social. Después del 5/12, sabemos que muchos de los que callan ante lo primero no toleran que les alteren un puente. No obstante, a todos ellos hay que reconocerles la serenidad ante la impotencia. Aparte de los silbidos a la puerta de una reunión de controladores, no ha habido mayores incidentes cuando hubieran sido perfectamente esperables. 

Lamento tanto pesimismo. Tras lo ocurrido en estos tres días no estoy para celebrar ningún día de la Constitución.

La evolución de Internet y el Gobierno Electrónico

Internet es el soporte tecnológico del Gobierno Electrónico. Toda evolución de las condiciones de servicio del primero tienen su lógico impacto en el segundo. Hoy por hoy, son dos los condicionantes que parece van a marcar la evolución de Internet. En su capa exterior, la tan cacareada muerte de la web. En su vertiente interna, el debate sobre la neutralidad de la red. Ambos condicionantes tienen un impacto sobre las condiciones básicas de prestación de los servicios de Gobierno Electrónico, la garantía de la continuidad de los mismos en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad.

La muerte de la web es un nombre desafortunado (además de sensacionalista). Prefiero el término astillamiento de Internet que apareció con anterioridad. La interfaz de usuario única está definitivamente rota. Primero fueron los widgets, tras ellos las apps para teléfonos inteligentes (varios de ellos) y ahora aplicaciones transaccionales sobre facebook. Ya anteriormente escribí que no creo que las AAPP podamos mantener todas estas variaciones de interfaz, pero ahora creo que tampoco debemos. El uso (aunque probablemente mal medido) del Gobierno Electrónico está alrededor de un 12%-15% de la población española, no llega al 25% de los cibernautas.Concentrarse en la extensión del servicio básico, parece la primera obligación, siguiendo de la habilitación de su extensión a otras interfaces por terceros. Los recursos públicos son escasos (hoy más que nunca), la lógica priorización de inversiones ha de dejar a un lado satisfacer a la minoría para tratar de llegar a una mayoría. Sólo una modificación radical de las condiciones de entorno, como el uso generalizado de las redes sociales por la sociedad (no sólo los cibernautas) o el abaratamiento de los telefónos inteligentes tipo iPhone, podría justificar un cambio de estrategia.

La posible atenuación o desaparición de la neutralidad de la red, la clasificación del tráfico según pague su origen o destino, plantea otra problemática: ¿cuál sería la calidad de servicio que se de al Gobierno Electrónico? ¿quién pagaría por que el acceso a los servicios de Gobierno Electrónico sea de mejor o peor calidad? ¿pagarían los Gobiernos por una calidad determinada e igual para todos los ciudadanos o dependería de la calidad de acceso a la red que pagase el ciudadano? El tema, obviamente, no es baladí. De optarse por la segunda, podría tener impacto, por ejemplo, en el momento en que un ciudadano registrase una petición hacia la Administración, retardándola sobre otro ciudadano que tuviera un acceso por el que hubiese pagado más. Y podemos imaginarnos que pasaría si la opción fuera que el gobierno pagase por una calidad determinada a sus servicios, ya tendríamos el constante cuestionamiento sobre si es necesario o no que se pagase con los impuestos tener esa determinada calidad (fuera la que fuera). Una posible salida, es incluir dentro de las licencias de operación la obligación de dar una determinada prioridad (alta) al tráfico gubernamental, pero es obvio que las operadoras plantearán sus problemas a esta opción.

Si hay algo que deja claro tanto una cuestión como la otra, es que las decisiones a tomar no son técnicas, sino políticas. Cada uno con sus consecuencias sobre el futuro modelo de sociedad. Si alguien aún no creía en la necesaria politización del Gobierno Electrónico, aquí tiene otras dos razones para hacerlo.