No credibilidad e irrelevancia: La única alternativa al #opengovernment

En unos días, se celebra en Sevilla la segunda edición del evento "Going Local". Es un esfuerzo loable de la Comisión Europea por acercar la Agenda Digital a los ciudadanos de cada Estado miembro y, al mismo tiempo, tomar el pulso a la implementación en cada país. En el evento se hablará de Gobierno Electrónico y, para calentar el ambiente, la Comisión Europea ha abierto un foro de debate de ideas "sobre la Agenda Digital Europea en eGobierno desde la perspectiva española".

Desconozco si en otros países el "roadshow" de la Comisión Europea ha realizado el mismo experimento. Desconozco también hasta que punto toman parte en la iniciativa las Administraciones públicas españolas. En cualquier caso, el foro permite abrir una vez más la reflexión sobre el riesgo de irrelevancia que corren los poderes públicos. La irrelevancia es fruto de la falta de credibilidad. La falta de credibilibilidad resultado de decir que es imposible o negarse a considerar lo perfectamente realizable.

La negación continua de la realidad parece dominar en ocasiones la aplicación de las TIC a la acción pública, especialmente cada vez que rozan la apertura de los Gobiernos. Una vez más, en el momento de escribir estas líneas, figura a la cabeza de las iniciativas más votadas la necesidad de mayor transparencia por medios electrónicos de las Administraciones Públicas, en concreto la relacionada con la visualización en tiempo real de la ejecuación presupuestaria. Añadamos a ello una propuesta que apareció en "El País" durante el fragor electoral, destinada a hacer realidad una participación directa a la carta del ciudadano en la acción pública. Ambas son propuestas perfectamente realizables desde el punto de vista tecnológico y razonables desde la óptica de cualquier democrata, y, sin embargo, ni tan si quiera parecen arrancar unos minutos de debate en ningún foro de decisión real. Ninguna de las dos está exenta de complejidad legal ni técnica, pero el camino se recorre andando y por ahora es un mero callejón sin transeuntes.

En España el uso de Internet supera el 50%. Es de suponer que la viabilidad de las propuestas anteriores es conocida por al menos el 70% de estos internautas, que de un modo u otro las experimentan en otros servicios.Es decir, un 35% de la población es consciente que nuestra clase política mira hacia otro lado ante estas realidades. ¿Y nos preguntamos el porqué de la desafección? Si alguien no es creible, simplemente se le igmora. Eso es lo que está en juego para los poderes públicos con la implementación o no de una política de Gobierno Abierto.

#innovacion disruptiva en las #aapp

Con acierto, Subirats dice que "no estamos en una epoca de cambios, sino en un cambio de epoca". Alrededor nuestro varían los modelos de producción, las estructuras sociales y los tipos de relación. Las Administraciones Públicas han de cambiar para poder atender este cambio. Lo hacemos, pero no lo suficientemente rápido, las AAPP corremos el riesgo de convertirnos en los músicos de la última noche del Titanic, realizando ante la indiferencia de quienes nos rodean una labor perfecta en un entorno de caos.

La innovación disruptiva es la clave de la reinvención que la sociedad nos solicita.  Hemos sabido realizar una innovación evolutiva en las Administraciones Públicas, aplicar las TIC para realizar un salto de calidad en los servicios públicos. Seguimos dando los mismos servicios, pero los damos mejor. Ahora hemos de pasar a dar servicios diferentes.  La Administración Pública tiene dos barreras intrínsecas a la innovación disruptiva: La falta de competencia y la búsqueda de la perfección.

Una primera aproximación a la ruptura de la primera barrera es la introducción de competencia mediante la creación de mercado. Por la via de la privatización o la externalización de los servicios simular una competencia inexistente en la provisión del servicio público, confiando en que la misma sea la que conduzca a la innovación disruptiva. Creo que es un camino equivocado. En un escenario teatral, siempre se descubre el artificio, este puede capturarte por el periodo que dura la obra de teatro, pero no durante la eternidad. De igual modo, la introducción de un mercado inexistente lleva en el medio plazo a la caida en la calidad de servicio, ya que el servicio sigue siendo básicamente ajeno al mercado. 

El camino de la innovación disruptiva ha de ser la socialización de los servicios, la introducción en ellos de la ciudadanía estrechando los lazos entre producción y consumo. Hablamos de prosumidores pero aún no hemos llegado a hablar de ciudamistradores.  Para ello hemos de utilizar las TIC no cómo un sustitutivo del canal presencial, que también, sino como medio de reinvención de los servicios. Internet y las TIC no han de ser para los servicios públicos una nueva fachada (cambios en la ventanilla), sino un nuevo edificio (cambios en fachada y estructuras).

En el proceso de innovación disruptiva es también necesario adoptar el estado de beta permanente. Las Administraciones Públicas buscan lo perfecto, dar la solución permanente para provocar la desaparición de un problema. Los problemas sin embargo han dejado de ser estables, mutan más rápido que nuestra actual capacidad de resolverlos. Ello no es por falta de capacidad sino por el modo en que la empleamos, y el modo en que la empleamos se deriva del lógico miedo del actor ante el espectador.  Hemos por tanto de asumir la resolución parcial del problema incorporando al proceso de búsqueda de solución al que hasta ahora era mero espectador. Pequeñas soluciones parciales, desarrollo incremental en lugar del gran proyecto.

Somos distintos de lo privado. Ello no es mejor ni peor. Sólo significa que las soluciones a la reinvención puede tener una misma base, pero la estrategia para ello ha de ser distinta.

Gestión de la presencia en #twitter de un #funcionario

Los medios sociales, y twitter en especial, son dúctiles, permitiendo cada uno perfilar su uso de acuerdo a sus intereses. Perfilamos la personalidad que proyectamos dentro de las condiciones de contorno en que nos desenvolvemos. Las palabras que están unos segundos en nuestros dedos están por el infinito en la red, somos esclavos de los 140 carácteres que escribimos y dueños de los que no salen de nuestro cerebro.

La gestión de nuestra presencia en twitter se convierte en una asignatura de la que nunca llegamos a examinarnos. Quizás porque es como la vida cotidiana, equivalente y similar a como pasamos por el mundo. Transitamos todos los días de rol en rol, del actuar personal al institucional pasando por el profesional. ¿No es por ello necesario mantener esas tres presencias diferenciadas en la red? 

Una opinión como otra cualquiera, pero soy de la creencia que los empleados públicos más que nadie debemos mantener esa compartimentación. Como bien planteó @andreadimaio, los empleados públicos hemos de ser piedra angular del Gobierno Abierto, acercarnos a los ciudadanos. Pero el acercamiento sólo es transparente en sus intenciones si el rol en que lo hacemos es visible. Nada mejor para visualizar esa diferencia que hacerlo con distintos avatares de acuerdo a nuestras distintas funciones, manteniendo esos tres perfiles diferenciados y con las mínimas interseciones. El ciudadano tiene derecho a saber cuándo difundimos la acción pública (institucional), cuándo actuamos como expertos de un tema (profesional) y cuando actuamos de acuerdo a nuestra ideosincracia (personal).

Esto, al menos, es lo que trata de hacer este funcionario.

2011-2012: Año del #mGov integrado con #socialmedia

La Administración ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, ello requiere estar dónde los ciudadanos están y en el momento que lo desean. Consecuentemente, dos herramientas tecnológicas han de ser clave en ello, la presencia en redes sociales y el uso intensivo de la tecnología móvil.  Conjuntamente, permite que la Administración pase de ser una Administración de ventanilla a ser una Administración contextual.  Los servicios no sólo se centran alrededor de las necesidades de usuario, sino que se integran en los mismos.

En uno y otro terreno se ha ido avanzando, pero en ambos falta por dar los pasos definitivos. Cada vez es mayor la presencia en redes sociales, pero salvo en el caso de Cataluña y el País Vasco (que disponen incluso de guías para ello) no se hace desde una estrategia conjunta sino como iniciativas inconexas en cada unidad. El uso es también predominantemente unidireccional.  En cuanto a las Aplicaciones móviles, van existiendo, y el estado de desarrollo del gobierno móvil es alentador, pero existe un gran desconocimiento de los recursos existentes, no claramente anunciados, a veces ni por su patrocinador.

La integración entre ambos mundos es también aun débil, aunque ello no solo sucede en la Administración. Poco más allá de los servicios de compartir la localización se ha ido. Falta empezar a obtener las sinergias de ambos mundos más allá de la suma de ambos.

A principio de curso hay que hacer predicciones. La mía para 2011-12 es el desarrollo del gobierno móvil integrado con redes sociales.

Definición de servicio público en el marco #RISP

La reutilización de la información pública no deja aún de ser un campo novedoso. El mercado de la reutilización, que poco a poco se va creando, necesita aún de instrumentos que le permitan desarrollarse y crecer. Las licencias de uso sobre la información disponible fue un primer paso, pero existen otros elementos necesarios para dar sostenibilidad al nuevo sector.

De acuerdo con nuestra legislación  y la Directiva Europea, la información susceptible de ser demandada a un organismo (con las excepciones derivadas de protección de datos personales, etc ) es aquella derivada de su misión de servicio público.   Identificar esta misión de modo concreto, puede llegar a ser complejo, bien sea por desconocimiento del reparto competencial entre niveles de la Administración o por imposibilidad de discernir la información que derivada de la misma es producida.

En el Reino Unido los National Archives han definido un instrumento destinado a establecer de modo claro la información para reutilización  demandable a cada organismo público, la definición de servicio publico. En una guía presenta diversos ejemplos para su creación, destacando en todas ellas la necesidad de utilizar "plain English" en su elaboración. La definición de  servicio público debe, adicionalmente, clarificar la información que puede ser demanda, estar plenamente actualizada y desarrollarse a ser posible de modo consensuado con los "stakeholders" estando abierta a un proceso de mejora continua colaborativo.

Adicionalmente, en las guías se establece también de modo genérico qué información para reutilización  puede demandarse a un organismo dentro del ámbito de su servicio público,  y que es válida en cualquier Administración desde mi punto de vista:

• la información generad en la prestación del servicio publico
• la información utilizada para el establecimiento de las políticas publicas
• la información que define como ha de cumplirse la ley
• la información que se produce por obligación legal o fuerza de costumbre
• la información que goza de carácter cierto por ser generada por organismo público
• la información que sólo puede producir el organismo público
• la información que es creada con fondos obtenidos a través de impuestos

En definitiva,un instrumento interesante, que sirve tanto para dar garantía al sector infomediario como para clarificar la frontera entre derecho de acceso y derecho de reutilización.

Financiación privada del #opendata

El objetivo final está claro, hay que incorporar el opendata como un subproducto de la actividad de los Gobiernos. No existe razón para que no sea así en unas Administraciones Públicas digitalizadas. La generación de datos abiertos y su subida a las webs públicas ha de ser el paso final de cualquier proceso, incorporarse como requisito en las condiciones de adquisición de software público. Desafortunadamente, aún andamos lejos. No sólo eso, existen cantidades ingentes de datos administrativos que no están en opendata, y que nunca lo estarán sino se invierte recursos para ello. Y si algunos de estos datos heredados no pasan a estar en opendata, de poco servirán que estén los posteriores en el tiempo.

¿Como rescatar del calabozo los datos cerrados en un entorno de restricciones presupuestarias? La solución es buscar modelos de financiación privada para liberación de datos públicos.

Son varios los modelos de financiación privada que las Administraciones pueden aplicar. No pretendo juzgar ninguno, sino tan sólo recopilarlos. Tres modelos se me ocurren, aceptándose otras ideas, como modelos de financiación basada en recursos privados para liberar los datos públicos:

• Modelo 1: Mecenazgo oculto. Los datos públicos interesan a cientos de empresas, que estarían dispuestos a colaborar en su apertura si les aporta una ventaja competitiva. La legislación prohibe los acuerdos exclusivos de explotación, luego la fórmula ha de pasar por dar la ventaja competitiva trasladando a la empresa mecenas la decisión de selección de los subconjuntos de datos a liberar y formateo, así como timing de la liberación. Ello permitirá a la empresa adelantarse a el la definición de productos y servicios a desarrollar sobre los datos que serán liberados.

• Modelo 2: Patrocinio . Un proceso más transparente de financiación privada son los retornos publicitarios. Algo de esto comentaba en un post Marc Garriga. En admitir publicidad en los servicios publicos existe un potencial no explotado. El patrocinio de los portales y subportales opendata por aquellas empresas y asociaciones interesadas en la liberación de datos puede ser un camino de sostenibilidad económica de los datos abiertos.

• Modelo 3: Colaboración público-privada. Se habla mucho de los modelos CPP de los servicios públicos. En el Gobierno Electrónico sin embargo aún no han cuajado. El opendata puede ser un campo para ello, siguiendo el modelo británico del OpenData Corp explotado por una empresa privada, que sería la que fijaría el modelo de negocio (de pago, freemium, gratuito, ...) que deseara.

Partido Popular y #egov : Las promesas

Tenemos ya el programa del principal partido de la oposición y en el hay alusiones a sus intenciones sobre el Gobierno Electrónico en la Administración General del Estado.  Es bueno tomar nota de las promesas, algunas interesantes, para poder revisar si en caso de triunfar se convierten en hechos.

De un lado, habla de el dentro del apartado "Nuevas tecnologías para la modernización" (pag. 51) encuadrado en el capítulo "Estabilidad y reformas para el empleo". Dos son las medidas "concretas" que aquí se aluden:

• Impulsaremos el pleno desarrollo de la agenda digital de la Unión Europea
• Avanzaremos hacia el apagón del papel en la administración, mediante la elaboración de un plan nacional para la plena conversión de los servicios de la administración al entorno digital

La primera no puedo dejar de compartirlo. La Agenda Digital incluye un avanzado Plan de Administración Electrónica, que permitiría avanzar en servicios más centrados en los ciudadanos, reactivar nuestra economía potenciando servicio que faciliten el mercado único y avanzar en la sostenibilidad de las Administraciones Públicas mediante las TIC. El segundo no lo entiendo. O bien no se creen la implementación de la Ley 11/2007 en la AGE o bien se refieren a un plan que abarque a todas las Administraciones lo cual queda fuera de las competencias de la AGE, y consecuentemente fuera del terreno de juego electoral en esta ocasión. Aunque ojala se plantreará un compromiso coordinado de todas las Administraciones en la materia.

De otro lado, se menciona también el Gobierno Electrónico en la introducción del capítulo "La Administración el motor del cambio" (pag 143). Aunque luego no desgrana medidas concretas, los comentarios que se encadenan en esta introducción plantean objetivos deseables

Es imprescindible ofrecer a cada ciudadano una información personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las administraciones públicas; una verdadera ventanilla única electrónica.

planteando la necesidad de medidas previas necesarias

Para conseguirlo es necesario replantear con rigor las estructuras administrativas que internamente soportan la prestación de servicios informáticos.

Probablemente muchos profesionales TIC estemos de acuerdo con ello, pero no podemos estar de acuerdo con que dicho replanteamiento sea sólo para la "informática", y no también para otros departamentos como personal, compras, publicaciones, ... Y más adelante insiste en el párrafo siguiente, indicando "Las administraciones adolecen de una fragmentación interna de recursos informáticos que multiplica los costes".  De igual modo insisto en corregir. No existe fragmentación de recursos informáticos, sino mimetización de los mismos con las estructuras administrativas de ministerios y organismos, que están duplicadas en cada uno de ellos. El personal TIC no supera el 4% y los presupuestos TIC en ningún caso llegan al 10% de ningún Ministerio u organismo. Pretender ahorros elefantiásicos de racionalizar sólo las TIC son una utopía con la que ya están chocando otros (basta ver los ahorros que anuncian en UK en comparación con su presuspuesto).

Si es altamente positivo todo lo referente a promesas dentro del ámbito de la "Transparencia" (Pag. 146), donde se compromete el Partido Popular entre otras medidas a

• Aprobar de modo inmediato una Ley de Transparencia
• Ampliar los mecanismos de participación de la sociedad en desarrollo de disposiciones normativas
• Crear portal de transparencia con información de presupuestos, subvenciones, contratación, nóminas altos cargos, ...
• Incrementa transparencia en contratación

Algunas de las promesas suenan bien. Falta ver cual es la letra pequeña y cuáles serán los hechos finales.