Hoy hemos conocido los titulares de las medidas de racionalización de la Administración General del Estado. La supresión de 32 altos cargos y 29 empresas públicas van a permitir que nos ahorremos 16 millones de euros anuales. No hay una cuenta detallada del ahorro, así vamos a hacer una simplificación, y suponer que la supresión de cada alto cargo o empresa supone una reducción de coste similar. Ello supondría que cada supresión implica un ahorro de 260.000 euros.
Una de las Direcciones Generales suprimidas es el INAP, órgano de selección y formación de los empleados públicos. No voy a entrar en el debate sobre la importancia de la formación para poder tener un servicio público de calidad, y cómo el paso de esta Dirección General a Subdirección General mermará la primera y como consecuencia la segunda. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que ello implica una apuesta por la descentralización parcial de estas funciones hacia los distintos departamentos ministeriales. Con ello se perderá la economía de escala en las acciones de formación. La consecuencia sobre el gasto público parece obvia.
Otra de las Direcciones Generales suprimidas es la de Desarrollo de la Sociedad de la Información. No voy a entrar en el debate de la incoherencia de esta medida con la (supuesta) apuesta por un cambio de modelo productivo y las fanfarrias de hace apenas dos semanas alrededor de la Declaración de Granada. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que las funciones de promoción de la Sociedad de la Información seguirán realizándose a través de otros instrumentos, y que ello supondrá un reforzamiento de los mismos. Estos instrumentos no pueden ser otros que Red.es e INTECO, ambas empresas públicas. Es decir, se producirá una huida del derecho administrativo en la gestión de los importantes recursos económicos que se destinan a la promoción de la Sociedad de la Información. Más flexibilidad, pero también menos controles sobre el gasto público.
Por un puñado de euros anuales, poco más de medio millón anual, podemos estar en vía de provocar un exceso de gasto de gestión que, en el mejor de los casos, será poco menos que equivalente. Ojalá esta conclusión sea fruto de mi ignorancia.
Creo que lo importante no es tanto el ahorro que puede ser insignificante, es una cuestión de marketing un golpe de efecto de que se están toman medidas. La opinión pública necesita este tipo de noticias.
ResponderEliminarSi se agrava la crisis probablemente los golpes de efecto no bastaran. Si se supera, tranquilos todo seguirá igual.
El problema es que los golpes de efectos terminamos pagándolo todos, lo primeros los funcionarios.
ResponderEliminarCreo que el problema no se trata sólo en que todo queda en una mera operación maquillaje para la opinión pública.
ResponderEliminarEl problema es que este tipo de medidas, si nos limitamos a ver la lógica de la acción y práctica, en realidad terminan generando el efecto contrario al supuestamente deseado: el gasto público se incrementa. Lo llevo viendo a pequeña escala desde hace un par de años en la Administración en la que trabajo: una Universidad Pública.
Se prometía una mejora en la eficiencia a través de la reestructuración. Resultado: más de un año con disfunciones, pérdida de las economías de escala, pérdida de la "experiencia" a través del borrón y cuenta nueva. Es decir, que con el mismo coste se minora la eficiencia. Pero es que lo peor es la siguiente fase: se contratan más servicios externos, se explota mediante supuestas becas de colaboración y otras contrataciones ajenas al capítulo 1 (gastos de personal)... En fín, como tú mismo dices: más gasto pero menos control.
Pues si lo que se pretendía era sólo dar imagen, tampoco se ha conseguido a juzgar por la editorial de "El País"
ResponderEliminarhttp://www.elpais.com/articulo/opinion/Remedio/insuficiente/elpepuopi/20100501elpepiopi_3/Tes