El efectismo mediático de la palabra #funcionario

De un tiempo a esta parte, desde que empezó esta crisis sin visos de fin, los funcionarios nos hemos convertido en el muñeco del pim-pam-pum. Todo vale, empezando por el efectismo y las imprecisiones, y continuando por la desinformación. Es dificil conocer dónde empieza uno y donde termina otro, y yo siempre prefiero pensar que es simplemente efectismo e imprecisiones, querer vender prensa a toda costa y mantener el negocio y la parroquía de lectores contando lo que quieren escuchar y sin profundizar en los datos.

El último ejemplo ha sido el titular cacareado en diversos medios, tantos que sólo enlazo el que normalmente leo, sobre la eliminación de 24.750 funcionarios en Irlanda. Vamos a empezar por analizar el uso del término funcionario. Si uno lee el plan propuesto por Irlanda descubrirá que tal eliminación no es de 24.750 funcionarios. Vayase a la página 64 que tan sólo 2.750 de los puestos que se elimnan corresponden al equivalente a funcionario (civil service).

Aquí no acaba la cosa. Se alaba a los Irlandeses por tan valiente medida. Pues bien, dicha medida ni tan siquiera es algo valiente y radical. Entre el año 2010 y 2015, se preve pasar de 307.900 empleados públicos a 294.700. Hablamos por tanto de eliminación del 8,0 %. Pues bien, ¿alguien se ha molestado en echar la cuenta lo que va a suponer la eliminación de funcionarios (sólo en la AGE) en ese periodo? La cuota de reposición hasta nueva orden (que es de suponer no llegue antes de 2015) es de un 10%. Eso significa que de cada 10 funcionarios que se jubilen sólo se restituye 1. Según el último informe de empleados al servicio del sector público en España de Enero de 2010, a comienzos de 2010 existía un total de 21.614 empleados públicos mayores de 60 años, por tanto jubilables antes 2015. Dado que en dicha fecha existían 223.449 empleados públicos en la AGE y que, por aplicación de la tasa de reposición, desaparecerían 18.894 puestos de empleados públicos, ¿saben lo que eso significa? que se elimina el 8,4 % de los puestos de empleado público en la AGE. Más que en Irlanda.

Uno comienza a estar harto del uso efectista de la palabra funcionario, del continuo alimentar del que no trabajamos y que hay que eliminar a no se cuantos miles cómo hacen otros países mientras aquí no se hace, cuando ni lo primero es cierto (con las mismas excepciones que en lo privado) y lo segundo tampoco.

Por favor, dejen de tomar el nombre de mi profesión en vano, o al menos, sean precisos al hacerlo. Y lo mismo digo al respecto de empleado público en general.

Consulta pública #risp sobre Real Decreto de desarrollo Ley 37/2007

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, han hecho público y abierto a consulta pública el proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 37/2007. Se pretende con el mismo promover  y faciltar al máximo la puesta a disposición de la información del sector público para su reutilización para fines tanto comerciales como no en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). 

El texto legislativo propuesto es sin duda necesario. La  AGE es en exceso reglamentista, y sin el mismo difícilmente terminará de despegar la reutilización de la información del sector público dentro de la misma. El proyecto de Real Decreto viene a facilitar la superación de las barreras a la reutilización dentro de la AGE que señale en una reciente entrada de la bitácora.En muchos aspectos incluso supera lo que comenté entonces, por ejemplo, introduciendo la figura del responsable de reutilización en cada ministerio u organismo.

Dado que es el momento de participar, así lo he hecho hace unos dias. Estas son mis propuestas  para el debate y de mejora para el texto:

• Definición con tiempo de respuesta tasado de un procedimiento para solicitar que un conjunto de datos se ofrezca en formato procesable. El organismo o ministerio debería dar transparencia máxima a dichas solicitudes y las respuestas facilitadas a las mismas (salvaguardando la privacidad del solicitante).

• Establecimiento de un procedimiento de mecenazgo de datos. Apoyándose en las posibilidades de colaboración público-privado contenidas en las leyes de contratación pública, definir un marco general que permita a una empresa realizar la transformación de conjuntos de datos de formatos cerrados y no procesables a un formato abierto y procesable. La contraprestación sería los derechos económicos resultantes de la venta del conjunto de datos por el organismo o ministerio.

• Enumeración de un conjunto mínimo de información disponible para la reutilización en formato procesable. Existe un grupo común de información de interés general que todos los organismos poseen (e.g. contrataciones, presupuestos, recursos humanos, ...) cuya liberación en formato procesable de forma obligatoria para todos ellos supondría un impulso a la reutilización de la información pública y la implementación del Real Decreto.

• Cuadro de mandos público de la reutilización. Incluir dentro de la "información sobre documentos susceptibles de reutilización" un conjunto de datos sobre la implementación de la norma que han de ser públicos y estar en formato procesable.  Entre estos datos figurarían el total de conjuntos de datos, cuales de ellos son gratuitos o de pago, cuáles están en formato procesable, cuáles están accesibles de modo automatizado, ...

Estas propuestas las he hecho llegar al buzón consultareutilizacion@mityc.es , que además amablemente han hecho acuse de recibo de las mismas. Y esto me lleva a una reflexión general para la mejora de los procesos de consulta pública de la Administración, que en gran medida están aplicándose en éste caso:

• Transparencia de la consulta. La publicación de las propuestas y comentarios recibidos, que ha sido anunciada en la web del proceso de consulta.

• Establecer un diálogo. La consulta pública debe ser un diálogo. Basarse sólo en correo electrónico supone desaprovechar los medios sociales que realmente permiten un diálogo entre Sociedad y poderes públicos (twitter, facebook, ...). La actividad de @proyectoaporta en twitter es, cuando menos, augurio que este diálogo se producirá en este caso

Una consulta sobre un tema clave para el Gobierno Abierto que es de por si un ejemplo de Gobierno Abierto. Predicar con el ejemplo.

Big Society: Un modelo Victoriano de #ogov

La colaboración es el tercer pilar del Gobierno Abierto. En su piedra angular teórica el memorandum aprobado por Obama en el primer día de sus Presidencia, se enunciaba que 

Government should be collaborative. Collaboration actively engages Americans in the work of their Government.

El Gobierno debía abrirse a las comunidades, empresas y ciudadanos particulares y hacerles participes de la búsqueda de soluciones y gestión de servicios públicos. No es una renuncia a la responsabilidad final sobre los resultados, ni un abandono a su suerte de los individuos.

Reino Unido es considerado como uno de los adalides del Gobierno Abierto. Ciertamente resulta ejemplar en el ámbito de la Transparencia y rendición de cuentas (basta ver su portal de transparencia), aunque en el ámbito de la Participación haya sus luces y sus sombras. Pero es quizás en el ámbito de la Colaboración dónde han alcanzado máximos de perversión del concepto.

El Gobierno de David Cameron articula su estrategia de Colaboración alrededor del concepto de "The Big Society". Básicamente, la idea base del concepro es

We want to give citizens, communities and local government the power and information they need to come together, solve the problems they face and build the Britain they want

Aquí el Gobierno desaparece, renuncia a sus obligaciones en dando lugar a un renacimiento de la sociedad victoriana, con servicios apoyados en la caridad, el voluntariado o autogestión de las comunidades locales. Ejemplos de todo ello son medidas que pretende implementar como la creación de un Servicio Nacional Civil de Voluntarios basado en el adoctrinamiento de adolescentes, obligar a participar en este voluntariado a funcionarios mediante el chantaje de incluirlo como punto de su evaluación del rendimiento, dar la "oportunidad" a empleados públicos de dirigir y ser dueños los servicios que proveen o alentar las empresas sociales y de caridad para realizar funciones públicas.

Hay algo que parece olvidarse en "The Big Society". Determinar cuáles son esos servicios que van a dejar de prestarse por el Gobierno y ser cedidos a las comunidades, identificar el proceso de decisión para llegar a ellos. Tampoco los mecanismos de sostenibilidad parecen obvios, apoyarse en un fondo de cuentas durmientes es sólo un paso para poner en píe el espantapajaros. Todo parece un camino cierto al caos social y al salvese quien pueda más literal. Supongo que el modelo de sociedad perseguido es el caso de los que se arreglan la carretera por si mismos porque nadie del Gobierno pasa a repararla. El Gobierno Abierto no puede significar abandonar las responsabilidades de la acción colectiva de la sociedad.

Los experimentos sociales terminan pagándose caros. Recordemos que los lodos de la huida del derecho administrativo que supuso la Nueva Gestión Pública ha dado lugar a un enjambre descontrolado de empresas públicas, que curiosamente ahora quieren suprimir quienes idearon el modelo sin por lo menos entonar un mea culpa.

Gobierno Abierto y convivencia

Hace unas semanas se me cruzo en el camino un estudio interesante denominado "Internet, Trust in Government and Citizen Compliance". Analizaba el impacto del uso de Internet en la confianza que los ciudadanos de Corea tienen en su Gobierno y como esta confianza se relacionaba con el cumplimiento de las normas sociales. Desconozco si existe un estudio similar para el ámbito de España o la UE, pero de existir es probablemente que las conclusiones sean similares: Más uso de Internet implica una mayor desconfianza en los Gobiernos y ello deriva en un abandono del cumplimientos de las normas.

Creo que ello nos debería llevar a la reflexión si estamos sabiendo hacer de Internet una herramienta de creación de sociedad, o si por el contrario los Gobiernos estamos haciendo una dejación de ese espacio de colaboración permitiendo que sirva de elemento de disolución del tejido social. No apalancarnos en Internet para la construcción de una democracia más deliberativa tiene como consecuencia un crecimiento de la desconfianza ciudadana de consecuencias impredecibles. La ciudadanía sabe identificar que los gobiernos no tienen ya excusa para no ser más transparentes, participativos y colaborativos. La tecnologia habilita de modo irreversible el Gobierno Abierto, no avanzar en su construcción no es perdonado por los ciudadanos. Ni tan siquiera simulacros estéticos consiguen engañarlos, ello explica que los resultados del estudio en un país como Corea en cabeza del ranking de e-participación de la ONU. Y cuando los ciudadanos no creen a sus Gobiernos, las normas de convivenciadejan de tener razón de ser.

Con la implementación del Gobierno Electrónico,  el desarrollo de las versiones electrónicas de servicios y procedimientos administrativos, nos jugábamos la construcción de una sociedad más productiva y competitiva. La conjunción del medio electrónico y la simplificación administrativa produce significativos ahorros que permiten a los ciudadanos y empresas generar más actividad. Con la implementación del Gobierno Abierto nos jugamos algo más importante, la convivencia. Sólo poniendo la tecnología la servicio de la creación de confianza mantendremos viva una sociedad democrática, cohesionada y responsable.

Las AAPP y la transición a IPv6

Internet es la frágil plataforma sobre la que se asienta nuestra vida cotidiana, nuestro ocio, nuestro modo de trabajar. Existen elementos externos a la misma que quieren una evolución regresiva de la red. Pero estos son elementos contra los que podemos actuar, organizarnos en núcleos de solidaridad que (al menos) dificulten el tránsito por este camino. Más peligrosos para mantener nuestro "Internet way of living" son los problemas estructurales de la red, que empiezan a aflorar tras sus quince primeros años de adopción masiva.

El principal problema estructural de la red es derivado de su uso masivo. Cada vez son más los dispositivos que conectamos a la red, cada día conectamos más dispositivos que el día anterior. Aunque con matices, todas estas nuevas conexiones demandan una dirección propia que les habilite para emitir y recibir información. La consecuencia es obvia, las direcciones se van acabando, quedando tan solo un 10% de direcciones libres. La ampliación del espacio de direccionamiento de la red exige la evolución de las  reglas que utilizan los dispositivos de comunicaciones sobre los que se apoya y que hacen uso de la misma. Esas reglas en obsolescencia son el protocolo IPv4, las nuevas reglas necesarias son el protocolo IPv6. La implantación de IPv6 permitiría que pasaramos de disponer 2³² a disponer 2¹²⁸, asegurando la sostenibilidad de la red.

Las acciones hasta ahora de los poderes públicos han ido destinadas a hacer posible la transición a IPv6.  Aunque sin fruto evidente, la Comisión Europea ha financiado diversos problemas de investigación en la última decada. La creciente escasez de direcciones obliga a que se acelere el paso. Hay que entrar en la fase de implementación de IPv6. 

Se han comenzado a dar los primeros pasos de esta evolución a IPv6 en las AAPP. La Agenda Digital para Europa habla de la necesidad de que las Administraciones Públicas apoyen la transición a IPv6, y, de un modo más concreto tal y como acostumbra, Vivek Kundra ha definido una hoja de ruta para el Gobierno Federal USA.  Ello supondrá actualizar de un modo u otro equipos y aplicaciones de Gobierno Electrónico.

Cuando la Comisión Europea publicó la Agenda Digital mostré mi escepticismo sobre la idoneidad del momento y la aproximación. Lamentablemente, sobre el momento no podemos actuar, pero si sobre la aproximación tomada. La migración a IPv6 debe ser una acción global liderada por organismos multinacionales. De un lado, los operadores de telecomunicaciones han de comenzar a activas las nuevas reglas de IPv6 en su equipamiento de red, haciendo del actual IPv4 un servicio sobre la misma, algo totalmente posible. De otro, hemos de hacer una diseminación de la problemática entre los ciudadanos y comenzar a prepararles para el cambio, del mismo modo que se les ha hecho participes de la lucha contra el cambio climático. 

Si sólo abordamos qué tenemos que hacer las AAPP como usuarios de  la red para evolucionar a IPv6,  fracasaremos en asegurar la sostenibilidad de Internet.

Reforma Administración Pública: Antes cambiar cómo se funciona que quien la hace funcionar

Son tiempos económicos duros, tiempos de hacer más con menos y reordenar prioridades en la cosa pública. Sin duda necesarias son las acciones de ajuste, el recorte o privatización de servicios, algunos incluso plantean el cambio del régimen estatutario de los funcionarios (aunque muchas veces uno duda que sepan qué es un funcionario y cuál es la diferencia con otro tipo de empleados públicos).

Creo que el reformismo ha de desplazar al conformismo (genial frase de @sevillajordi), y ello ha de empezar por cómo se definen, proveen y priorizan los servicios que prestamos y las políticas públicas que se implementan. Esa definición, provisión y priorización, a falta de un funcionariado independiente y fuerte, queda sin contrapeso de la mera ambición política. Y ello no es bueno para la Sociedad.

Ilustrar las ideas con ejemplos de la vida real es básico para su propagación. Pueden encontrarse de todo color, pero por tenerlo cerca, voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, desde hace unos meses en guerra porque se le deje refinanciar la insoportable deuda que cae sobre todos los madrileños. Parece razonable que un Ayuntamiento así recorte servicios y que dicho recorte comience por los no prioritarios. Es significativo que entre sus servicios prioritarios incluya la financiación de actividades de ski  y no la iluminación de la M-40, cuando ambos son servicios que ha asumido de modo voluntario. Obviamente, dicha priorización, a todas luces contra el valor público, responde a un interés más político que social.

En tiempos de cambio, en epocas de reforma de lo público, es indudable que se necesita incorporar cambios en la función pública. Pero el cambio más importante a realizar es en las reglas de funcionamiento de la Administración y poder ejecutivo, en definir cómo este conjunto puede servir mejor a la sociedad.