Hoy hemos conocido los titulares de las medidas de racionalización de la Administración General del Estado. La supresión de 32 altos cargos y 29 empresas públicas van a permitir que nos ahorremos 16 millones de euros anuales. No hay una cuenta detallada del ahorro, así vamos a hacer una simplificación, y suponer que la supresión de cada alto cargo o empresa supone una reducción de coste similar. Ello supondría que cada supresión implica un ahorro de 260.000 euros.
Una de las Direcciones Generales suprimidas es el INAP, órgano de selección y formación de los empleados públicos. No voy a entrar en el debate sobre la importancia de la formación para poder tener un servicio público de calidad, y cómo el paso de esta Dirección General a Subdirección General mermará la primera y como consecuencia la segunda. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que ello implica una apuesta por la descentralización parcial de estas funciones hacia los distintos departamentos ministeriales. Con ello se perderá la economía de escala en las acciones de formación. La consecuencia sobre el gasto público parece obvia.
Otra de las Direcciones Generales suprimidas es la de Desarrollo de la Sociedad de la Información. No voy a entrar en el debate de la incoherencia de esta medida con la (supuesta) apuesta por un cambio de modelo productivo y las fanfarrias de hace apenas dos semanas alrededor de la Declaración de Granada. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que las funciones de promoción de la Sociedad de la Información seguirán realizándose a través de otros instrumentos, y que ello supondrá un reforzamiento de los mismos. Estos instrumentos no pueden ser otros que Red.es e INTECO, ambas empresas públicas. Es decir, se producirá una huida del derecho administrativo en la gestión de los importantes recursos económicos que se destinan a la promoción de la Sociedad de la Información. Más flexibilidad, pero también menos controles sobre el gasto público.
Por un puñado de euros anuales, poco más de medio millón anual, podemos estar en vía de provocar un exceso de gasto de gestión que, en el mejor de los casos, será poco menos que equivalente. Ojalá esta conclusión sea fruto de mi ignorancia.