Una reflexión en un día no habitual

Hoy es un día no habitual, prefiero denominarlo así antes que la más manida expresión de día histórico.  Desde esta mañana, está disponible a través del 060 el Registro Electrónico Común. La función del mismo está puntualmente descrita en el RD 1671/2009:

Artículo 31. Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico Común.
1. Se crea el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado, accesible a través del punto de acceso general establecido en el artículo 9.
2. El Registro Electrónico Común será gestionado por el Ministerio de la Presidencia.
3. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.
4. El Registro Electrónico Común informará al ciudadano y le redirigirá, cuando proceda, a los registros competentes para la recepción de aquellos documentos que dispongan de aplicaciones específicas para su tratamiento.
5. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se establecerán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico Común, incluyendo la creación de un fichero ajustado a las previsiones de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, así como los demás aspectos previstos en el artículo 27.2.

Básicamente, ello significa que a partir de hoy el  ciudadano podrá realizar con la Administración (de momento sólo la AGE, conviene recordarlo) por medios electrónicos. Es de suponer que su implementación a supuesto un coste humano que conviene recordar, pero también un coste económico. Y la fuente de financiación son esos impuestos que tanto se crítica su subida. Sólo con ellos ha sido posible el aumento de calidad de servicio que ha supuesto la entrada en vigor real de esta ley, y que también se materializa en la aparición de las primeras sedes electrónicas (e.g. MEH, Fomento, AEAT, ..)

El hito hoy alcanzado puede resultar a algunos poco significativo, y desde el punto de vista teórico he volcado en ocasión opiniones personales sobre lo mucho que aún queda por hacer para llegar a alcanzar la implementación total del Gobierno Electrónico. Baste un ejemplo para ver la transcendencia del hecho basada en una experiencia por la que todos hemos pasado alguna vez. ¿Han intentado anular un cargo incorrectamente realizado sobre su tarjeta de crédito? ¿Pueden hacerlo de modo electrónico con la entidad financiera que le da servicio? No se en su caso, pero en el mío, siendo cliente de uno de los dos principales bancos del país, no puedo hacerlo. Es más, he de ir a la sucursal concreta en que tengo abierta mi cuenta corriente.

Antes de quejarnos de las subidas de impuestos, de considerar estas desmedidas, comparemos los costes de la calidad de servicio que ofrecen las Administraciones Públicas en comparación con otras entidades, y preguntémonos si estamos dispuestos a renunciar a ella.

Feliz año nuevo.

Administraciones Públicas y Tratado de Lisboa

Andamos ya cerrando el año, y en la tranquilidad navideña del Ministerio, he estado echando un vistazo al Tratado de Lisboa. O mejor dicho, las nuevas versiones consolidadas de los Tratados de la Unión y del Funcionamiento de la Unión que son consecuencia del mismo. No ha sido una visita casual a los mismos, sino una lectura detallada de tres artículos que el otro día oí mencionar como la puerta de entrada de la Comisión Europea a los asuntos de las Administraciones Públicas de los Estados Miembros. Son los artículos 197, 298 y 336 de la versión consolidad del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La existencia de estos artículos, no tendría mayor problema más allá de la voracidad competencial de la Comisión Europea, que hasta ahora no tenía poder alguno sobre las AAPP de los EEMM, sino fuera por los antecedentes. Sólo basta recordar los intentos por implantar la jornada de 65 horas rechazadas en el último trámite, para echarnos a temblar. No tranquiliza un posible poder reglamentario de las fuerzas neoliberales de Bruselas sobre el estatuto de la función pública.

Los artículos mencionados están abiertos a la interpretación y nadan en la ambigüedad. Pueden ser tanto un"sigamos como hasta ahora" como la vía a un "uniforme de talla única para todos los funcionarios europeos". En el ambiente de restricciones actuales, no es difícil imaginarse la talla que nos sería aplicada.

No cabe duda que es necesaria una reforma de la Función Pública en todos los niveles de gobierno. Tanto de nuestro país como de otros de nuestros socios comunitarios. Pero los cambios en la reglas que nos son aplicables no deben entrar por esa puerta falsa. Que esto no sea una vez más buscar que Europa tome las decisiones difíciles por nosotros.

¿A unos días de acceder a un nuevo derecho?

Hace unos días escuche en una conferencia como un profesional del Derecho, pomposamente, propagaba la falsa idea de que el 31/12/2009 entraba en vigor el derecho ciudadano a relacionarse por medio electrónico con las AAPP. Desde un punto de vista estrictamente literal, esta afirmación es falsa:

• La Ley 11/2007 deja claro en su Disposición Final Tercera que la satisfacción de este derecho es sólo obligado para la Administración General del Estado.


• El RD 1671/2009 es un ejemplo práctico de las lecciones del Conde de Romanones, y amplia para la Administración General del Estado los plazos de cumplimiento para las previsiones de la Ley 11/2007 al respecto de la firma electrónica, registro electrónico, sede electrónica, ...

No me parece mal como ejercicio de realismo la ampliación de plazos real  que va a acontecer. Me inclino más por pensar que quizás el error fue pensar en un plazo de dos años escasos para hacer realidad este derecho de elección de canal.

Me resulta más preocupante la posible inviabilidad del derecho a largo plazo.

De un lado, parece que no se ha sido consciente que nuevos derechos requieren de nuevas necesidades de financiación para aquellos que los materializan. Un policía necesita de la disuasión de un arma para evitar ciertos delitos. Las Subdirecciones Generales TIC necesitan de recursos para asegurar una continuidad 24x7 del Gobierno Electrónico y ampliar el portfolio de servicios que demanda toda nueva política pública. No parece ser esa la realidad que vivimos. Hace unos meses Rafael Padilla denunciaba los recortes presupuestarias nada menos que en la AEAT. Podemos imaginar cual es la realidad en los departamentos que se dedican a ejecutar políticas de gasto en lugar de políticas de recaudación.

De otro lado, las últimas decisiones del Parlamento Europeo anuncian un choque de derechos artificioso, entre la restrictiva interpretación del derecho de propiedad intelectual y el derecho de acceso electrónico a las AAPP. No veo cómo va a ser posible garantizar los derechos ciudadanos de la Ley 11/2007 con los cortes sin orden judicial de la línea de comunicaciones que da acceso a los mismos.

No son señales que estemos a las puertas de acceder a un nuevo derecho ...

Sobre la Directiva de Gobierno Abierto de Obama

Con unos días de retraso, he tenido ocasión de leerme con calma la Directiva de Gobierno Abierto promulgada por el Gobierno Obama. He querido leermela en comparación diagonal con otros dos planes de acción relacionados, los del Gobierno Australiano y el Gobierno del Reino Unido, que fueron dados a conocer aproximadamente el mismo día.  Aunque los documentos Australiano y Británico, respectivamente, de naturaleza (plan vs ley) u orientación distinta (reforma administrativa vs gobierno abierto), permiten centrar el análisis sobre las carencias del documento norteamericano.

En primer lugar, el documento del Gobierno Obama hace especial hincapíe sobre la transparencia, especialmente la de carácter presupuestario, dejando más de lado los aspectos de participación y colaboración ciudadana. Los plazos y acciones marcados al respecto de lo primero son claramente más exigentes que para los segundos. Podemos justificarlo en que la transparencia es la piedra angular de participación y colaboración, pero esperaba mayores compromisos en estos campos.  Un ejemplo de los mismos son los Bonos de Impacto de Social como mecanismo de finaciación de las iniciativas no gubernamentales que se quiere poner en marcha en el Reino Unido.

La Directiva Americana cae también en el defecto de la Asimetría de la Relación entre Gobierno y Ciudadano. Este aspecto es también criticado por Andrea Di Maio.  Mientras que tanto Australianos como Británicos apuestan por un flujo bidireccional de información y colaboración, con los empleados públicos haciendo un uso intensivo de los medios sociales para ello, el Gobierno Obama se apoya en dar información para obtener colaboración, sin buscar obtener información o prestar colaboración. Este desequilibrio, en mi opinión, lleva en el medio plazo a un rapto por las élites de la acción pública, ya que en ella participarán de modo activo los interesados (i.e. los lobbys) y no los ciudadanos. La presencia en los medios sociales es la nueva forma en que los empleados públicos han de defender el interés general.

Consecuencia de estas dos carencias, nace una tercera. La falta de un cariz inclusivo de la Directiva Obama. No existe una sóla mención en las once páginas en cómo lograr que toda la sociedad forme parte del Gobierno Abierto, en cómo incorporar a todo la población al proceso de decisión mediante un uso flexible de las TIC, que no necesariamente ha de ser personal. Espacios dedicados a la accesibilidad, en el caso australiano, o del uso del gobierno local para llegar a los excluidos, en el caso británico, son la mayor ausencia de la Directiva Obama.

Un último comentario. Gobierno Abierto es sinónimo de transparencia, participación y colaboración. Es necesaria una estrategia clara de como convertir estos tres puntos en unos mejores y más efectivos servicios, de lo contrario, cuando se convierten en un fin en si mismo, pasan a ser tan sólo fuego de artificio mediático. Tampoco he encontrado en la Directiva Obama como se hará este engarce.

RD 1671/2009: Qué tiene, Qué le sobra y Qué le falta

Han corrido ya ríos de bits analizando el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Quizás el esfuerzo más comprensivo y extenso sea el realizado por el maestro Felix Serrano, que ha ido desgranando  diversos aspectos de la norma jurídica (sede, registro, ...). También Montaña Merchán ha hablado de un tema básico  para el desarrollo de la Administración Electrónica, el intermediario cuya figura ha sido afortunadamente desarrollada en el reglamento. No voy a cometer la osadía de tratar de repetir la hazaña de ninguno de ellos con un análisis detallado de aspectos del reglamento, sino que me centraré en el aspecto global de la norma, que virtudes tiene, que le sobra y que le falta.

Comienzo por sus virtudes, aunque como veremos éstas terminan convirtiéndose en un qué le sobra. La norma es un loable esfuerzo de trasladar al mundo electrónico las piezas claves de la actividad administrativa. Pero el loable esfuerzo termina convirtiéndose en un galimatías de complejo entendimiento en algunas partes del artículado (e.g. ¿porqué tanto espacio dedicado a las copias electrónicas cuando todos entendemos lo que han de ser?).  Como recientemente recordaba en una entrada de su blog Seth Godin, al que tiene un martillo todo le parecen clavos, y aquí está clara la tradición netamente administrativa y jurídica de los autores. De tanto querer hacer un clavo de lo que no lo es, han terminado deformándolo hasta el infinito.

También creo que ha faltado algo de valor y decisión, de falta de voluntad política para abordar reformas necesarias. El Registro Electrónico Común puede ser algo necesario, pero sólo si se aborda como medida de racionalización y conjuntamente con la supresión de los Registros Electrónicos de las sedes electrónicas dentro de cada ministerio y organismo. Mantengamos los formularios electrónicos en los procedimientos totalmente automatizados en las mismas, pero para cualquier otro tipo de escrito o petición ciudadana habilitemos un único punto de acceso electrónico. Creo que sería una medida que sin duda contribuiría a clarificar  y simplificar la relación electrónica con los ciudadanos. Y ya que estamos  con el Registro Electrónico, hecho de menos también que no se regule una más explícita ampliación de plazos por problemas técnicos que la reflejada en el artículo 30.2.

El artículo 32 regula como establecer la "Obligatoriedad de la comunicación a través de medios electrónicos". También aquí creo que ha faltado visión de largo plazo. Una disposición transitoria estableciendo o comprometiéndose a desarrollar un plan de cierre de ventanillas, hubiera sido el complemento perfecto de este artículo. Existiéndose las previsiones de intermediación antes aludidas, no existe razón para no empezar a caminar hacia el apagon analógico de la Administración.

Pero los puntos anteriores, y otros, son puntos menores de mejora en la digitalización del procedimiento administrativo.  Me reafirmo en considerar que ello se ha hecho razonablemente bien.  Se ha sabido realizar un exhaustivo análisis de nuestro peculiar mundo administrativo, aunque se nos ha olvidado desarrollar, mejorar y simplificar la relación con el ciudadano. Excepto el artículo 2 que regula el derecho a no aportar información en manos de la Administración, faltan detalles similares a los que contiene el "PROYECTO DECRETO DE MODERNIZACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, AGILIZACIÓN DE TRÁMITES, ORDENACIÓN E IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA" de la Junta de Andalucia:

• Contemplar entre los servicios de las sedes electrónicas la posibilidad de consultar los datos personales en poder de la Administración y las cesiones internas de los mismos o medios de participación ciudadana


• Permitir una declaración jurada responsable haciendo uso de firma electrónica como alternativa a la presentación de documentos justificativos


• Eliminar de modo radical la necesidad de presentar certificados de uso común (e.g. certificado de vida laboral)

Quedémonos con la esperanza de que el RD 1671/2009 se auocalifica de desarrollo parcial y esperemos que sea pronto el desarrollo que resta de la Ley 11/2007.

Millenium como parábola de la llegada del Gobierno 2.0

Acabó de terminar de leerme la trilogía de moda. Millenium de Stieg Larsson merece sin duda pasar a la antología de la novela negra, especialmente en sus dos últimos tomos, pero tiene además otras muchas lecturas. Probablemente, alguna insospechada para su ya difunto autor. Espero que la mía, no reviente el argumento general a los que áun están leyendo la trilogía que nos vino del frío.

A medida que leia la última de las partes, cualquier ser humano al servicio de una Administración Pública encuentra paralelismos entre la Sección y lo que aprecia en su vida cotidiana. La opacidad de la vida administrativa permite que unidades pervivan encerradas en un mundo endogámico, dónde garantizar su propia continuidad es su único objetivo de ser. Son las jefaturas fantasmas de las que hace unas semanas hablaba Oscar Cortes. Conozco quien vive realizando informes para si mismo, otros que dan apariencia de importancia convocando a terceros externos a reuniones sin finalidad alguna y habrá los que desarrollan software para gestionar líneas de subvención que hace años no se convocan. Gracias a Dios, no conozco casos tan perversos como la Sección, pero no descarto que existan.

El final de la Sección es sin embargo un canto a la esperanza. La acción combinada de funcionarios abiertos al conocimiento externo y ciudadanos comprometidos, acaba con el mundo endogámico y dañino de esa unidad administrativa. No deja de ser una parábola de cómo llegará a ser realidad el Gobierno Abierto, el Gobierno 2.0.

A vueltas con el uso del Gobierno Electrónico

El incremento en el uso por parte de los ciudadanos de los servicios de Gobierno Electrónico, está actualmente en la agenda política de un alto número de países. Reflejo de tal preocupación, es el monográfico de la OCDE “Rethinking e-Government Services”. El estudio identifica una lista de condicionantes para que dicho uso se produzca:

• Acceso: Posibilidad de acceso a los servicios mediante la disponibilidad de las infraestructuras adecuadas y estableciendo las condiciones de accesibilidad para discapacitados que los mismos han de cumplir


• Provisión: Existencia de los servicios como condicionante obvio para su uso


• Conocimiento: Los servicios no pueden ser utilizados si no existen


• Organizativos: Presentando los servicios de modo que se favorezca su uso apoyándose para ello en la cooperación interadministrativa


• Satisfacción de expectativas: Los servicios presentados a los ciudadanos han de estar orientados a satisfacer sus necesidades


• Confianza: Dada la sensibilidad de la información manejada en los servicios de Gobierno Electrónico, su uso está fuertemente condicionado por las garantías de privacidad y seguridad percibidas por los ciudadanos

Personalmente creo que esta lista de condicionantes puede ser simplificada algo más, fusionando los condicionantes organizativos y de satisfacción de los ciudadanos en un solo condicionante de efectividad de los servicios. Ello nos permite un planteamiento del problema del uso del Gobierno Electrónico inspirado en el modelo de satisfacción de necesidades de Maslow. Podemos establecer una pirámide de uso del Gobierno Electrónico con las siguientes capas (de abajo hacia arriba): Acceso, Oferta, Conocimiento, Efectividad, Confianza.

Establecido el modelo de análisis, podemos trasladarlo a un caso concreto, a fin de identificar dónde radican los principales obstáculos para avanzar en el progreso del uso. En el caso de España, nos encontraríamos con el siguiente diagnóstico para tratar de explicar el uso de los servicios entorno a un 15% de la población (30% de los usuarios regulares de Internet):

• Acceso: Podemos considerar la conectividad a los servicios está estructuralmente satisfecho. La cobertura de la banda ancha en España anda en cotas superiores al 90%  desde hace ya unos años, mientras que el uso regular de Internet parece estancado entorno al 50%. Sólo podríamos por tanto a un incremento de la base posible de usuarios del Gobierno Electrónico con un cambio radical en las políticas globales de impulso de la Sociedad de la Información. Sin embargo, si añadimos otros condicionantes del acceso a los servicios, el panorama no es tan optimista. Dado que la firma electrónica avanzada es el método de identidad electrónica generalmente utilizado en los servicios transaccionales, la escasa difusión de lectores del DNIe (solo un 2% de población tiene uno) o de certificados reconocidos alternativos al DNIe (sólo un 7,2% de la población dispone de uno), se convierte en una importante barrera de acceso.


• Oferta: Los servicios de Gobierno Electrónico están disponibles. Según la medición de disponibilidad 2009 de la Comisión Europea, aunque sólo centrada en los servicios básicos, España ha alcanzado un nivel de disponibilidad del 80%. De acuerdo a los datos ofrecidos por el informe “eEspaña 2009”  que realiza Orange, y que se centra en la disponibilidad de servicios competencia de las CCAA, informa de una disponibilidad media del 72%.


• Conocimiento: Aunque muchas veces culpado de la falta de uso de los servicios de Gobierno Electrónico, de acuerdo al barómetro de Marzo de 2009 del CIS, el conocimiento por la población de la posibilidad de realizar gestiones con las AAPP a través de Internet es de un 71,9%. Dato mejorable, pero no desdeñable.


• Efectividad: Si establecemos como indicador de la efectividad de los servicios que sus usuarios consigan hacer uso de los mismos de un modo sencillo, la encuesta del CIS ofrece también buenos resultados. En el lado de los servicios informacionales, el 89,3% de los que los usaron alcanzaron aquello que buscaban y el 77,9% de ellos de modo fácil o muy fácil. En el ámbito transaccional, los que intentaron realizar una gestión lo consiguieron en un 92,3% y al 85,6% le resulto fácil o muy fácil. La satisfacción alta o muy alta en el uso del servicio alcanzó un 80%.


• Confianza: De modo general, y volviendo a los datos dados por la encuesta del CIS, la seguridad de las transacciones y gestiones por Internet sigue viéndose como el principal inconveniente a las relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas por un 23,8% de la población. Llama la atención la discrepancia entre este dato y el de aquellos que no usan en general Internet por razones de seguridad, un 2,2% según datos del INE.

Este esbozo de radiografía (no pasa de ahí) de la transposición de las barreras del uso del Gobierno Electrónico al caso español, nos permite extraer al menos las siguientes conclusiones:

• Dejando a un lado la política transversal de potenciar el acceso mediante medidas que favorezcan la extensión generalizada de Internet, la identificación electrónica a pesar de los programas de promoción del DNIe sigue configurándose como un obstáculo. Es quizás hora de abordar el problema desde otra óptica, exigiendo niveles de identificación fuerte sólo el los procedimientos que realmente se necesiten. La Ley 11/2007 permite opciones basadas en login/password que no están siendo explotadas.


• Los servicios están disponibles en un alto grado, aunque como en una entrada anterior de la bitácora comenté, comienza a configurarse un desequilibrio geográfico en este parámetro. Asegurar un conjunto universal de servicios debería ser objetivo de una política consensuada entre todas las Administraciones.


• Mantener el nivel actual de difusión de la existencia de servicios, podría ser suficiente en el momento actual. La brecha entre quienes usan los servicios y quienes los conocen es lo suficientemente amplia como para no ser necesario redoblar esfuerzos en dicho ámbito.


• La efectividad de los servicios parece suficiente para los ciudadanos que actualmente hacen uso de los mismos. No obstante, dado su carácter minoritario resulta un parámetro a vigilar.


• Es preocupante la desconfianza específica en el uso de Internet para relacionarse con las Administraciones Públicas. Dejando a un lado la desconfianza natural en los gobiernos por parte de los ciudadanos, medidas sencillas como hacer aun más explícitas las medidas de seguridad de la información, privacidad y protección de datos seguidas podría ayudar en este campo.

Sin embargo, creo que nos faltan dos parámetros importantes a la hora de analizar el uso del Gobierno Electrónico.

• ¿Cuál es el tanto por ciento de ciudadanos que realizan trámites o reconocen hacerlo con las Administraciones Públicas? No he visto una pregunta concreta al respecto en ninguna encuesta. Presuponemos que la respuesta es del 100%, pero un dato real y analizar el problema del uso de la Administración Electrónica desde la óptica del gap con la relación presencial introduciría una nueva visión. Baste señalar, que en la encuesta del CIS sin ofrecer la respuesta alrededor del 10% de los ciudadanos indican que los trámites con la Administración se los realiza un tercero.


• ¿Cuál es el uso oculto del Gobierno Electrónico? La AEAT y la Seguridad Social obliga a las empresas sea cuál sea su tamaño a la realización de ciertos trámites por Internet. Sin embargo, según los datos de Eurostat de 2008 sólo el 64% de las empresas reconocen el uso de los servicios de Gobierno Electrónico. Es en mi opinión la punta del iceberg de algo más generalizado, un uso intermediado del Gobierno Electrónico que no estamos sabiendo recoger (otro ejemplo es la presentación por Internet de la declaración IRPF dónde se produce un fenómeno extendido de colaboración en las unidades familiares, en mi caso la realizo para tres personas).

Nos queda aún mucho para comprender dónde estamos en el progreso del Gobierno Electrónico. El campo del uso del Gobierno Electrónico, es sólo uno de ellos.

Presidencia UE 2010, una oportunidad de liderazgo en el Gobierno Electrónico

Nuestra Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007) recoge en su artículo 6 un amplio conjunto de derechos ciudadanos en la relación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.  Aunque sin embargo, conviene recordar cómo dichos derechos no pasan de ser papel mojado por las previsiones de la disposición adicional tercera: Sólo la Administración General del Estado está obligada a satisfacer las previsiones legales establecidas cuando llegue el 31/12/2009.

A veces, y yo el primero, sobrevaloramos la importancia y transcedencia de nuestra ley en comparación con otras iniciativas europeas. Falta un pronunciamiento claro de las Administraciones regionales sobre su renuncia a refugiarse en la salvaguarda de las "disponibilidades presupuestarias" para evitar dar cumplimiento a estos derechos. Nada parece indicar que dentro de un par de meses el escenario de desigualdad ciudadana en los derechos de relación electrónica con las Administraciones Públicas vaya a sufrir alteración. Ni tras una denuncia clara como suponian las conclusiones del "III Estudio sobre la e-administración autonómica" ha existido ningún pronunciamiento claro.

En nuestro entorno, las iniciativas europeas mencionadas anteriormente solo realizan un aseguramiento de derechos en aspectos puntuales como la firma electrónica. Esta por ver cuál va a ser el alcance de las implementaciones de  la Directiva de Servicios, pero todo parece indicar que serán interpretaciones de mínimos.

El 31/12/2009, sólo tenemos, claro por tanto, que las sedes electrónicas de la Administración General del Estado serán una isla de garantías jurídicas en el Gobierno Electrónico.

Una de los objetivos establecidos para la Presidencia Española de la UE en 2010 abarca la definición de la ciudadanía del siglo XXI. Los derechos de los ciudadanos en la relación electrónica con las Administraciones Públicas, forma parte de la definición del ciudadano del siglo XXI. La Presidencia Española de la UE se presenta como una oportunidad de liderar el Gobierno Electrónico mediante la potenciación de una carta de derechos comunes en el ámbito europeo.

La Presidencia Española se iniciará también apenas un mes después de la aprobación Declaración de Malmö por los Ministros de los Estados Miembros responsables del Gobierno Electrónico. Tras la misma queda esperar el Plan de Acción de desarrollo, de cuyas ideas se sabe poco más que lo esbozado en el documento de la Comisión Europea  “Visions and priorities for eGovernment in Europe-Orientations for a post 2010 eGovernment Action Plan” (ver resumen aquí). En cualquier caso, el desarrollo del Plan de Acción 2010-2015 para el Gobierno Electrónico en la UE será arrancado en su desarrollo también en la Presidencia Española de la UE. presentando otra posibilidad de influir de modo directo en la definición de las líneas comunes de actuación en la materia.

Declaración Ministerial de Malmö: Primeras y positivas impresiones

Europa es una vieja señora de andar lento. Los avances decididos sólo le son posible cuando sincroniza adecuadamente todos sus órganos vitales: cerebro anglo-nórdico, corazón mediterráneo y pulmones centroeuropeos. La Declaración de Malmö aprobada ayer parece el signo de un caminar decido de Europa hacia la Administración 2.0 apoyándose en el Gobierno Electrónico.

Habrá tiempo de analizarla, hoy por hoy sólo dispongo de uno de sus últimos borradores que gentilmente me ha facilitado un compañero. A la luz de dicho borrador, existen motivos para pensar que el camino hacia la Administración 2.0 está abierto. Unos cuantos puntos a destacar en la misma son:

• Los servicios de Gobierno Electrónico son identificados como un apoyo decisivo para superar los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestra sociedad


• Establece la necesidad de una mayor colaboración entre Administraciones Públicas para facilitar el desarrollo de servicios transfronterizos y reducir cargas administrativas (importante a este último respecto la referencia a caminar hacia evitar pedir más de una vez datos al ciudadano)

• Asume como propios los valores de participación, transparencia y empoderamiento propugnados en el manifiesto “Open Declaration on European Public Services”

• Por primera en una Declaración Ministerial de la UE se hace referencia explícita al factor humano (por dos veces aparece el término “funcionario”) resaltando con ello su importancia en el cambio organizacional que se avecina


• Recuerda la necesidad que tienen las Administraciones Públicas de reducir su huella medioambiental


• Apoya decididamente el uso de especificaciones abiertas y recomienda la promoción del software libre


• Proclama la necesidad de hacer de la innovación el centro de la actividad administrativa

Tras los nuevos objetivos establecidos en la Declaración, tan sólo queda esperar que el Plan de Acción para alcanzarlos, también previsto en la misma, sea igual de ambicioso. No deja de ser curioso que la Declaración de los gobernantes incluya algunos de los principios que algunos echábamos de menos en la “Open Declaration on European Public Services” (ver Apuntes Electrónicos y Neocivis). Al final va a resultar que, como en Mayo de 1968, hemos de ser más razonables y pedir lo aparentemente imposible.

28/11/2009: La Declaración está disponible aquí. Es curiosa también la nube de tags de la Declaración, y que descubre una importante palabra ausente ...

Motivación del empleado público

En el ya lejano curso selectivo que seguimos tras aprobar la oposición, nos hablaron entre otras cosas de la motivación de los empleados públicos. Uno de los profesores, nos interrogó acerca de porqué trabajábamos. Respuestas variadas de la audiencia, desde el orgullo profesional a la motivación pecuniaria, salieron todas las respuestas posibles. Excepto una que era la correcta: Trabajamos porque queremos. La motivación al trabajo, cómo se llega a provocar ese "porque se quiere", es lo que es variable. Y la labor más dura en la gestión de recursos humanos.

No es ningún misterio la dificultad de la gestión de recursos humanos en la Administración. Personalmente, ni gestiono ni me siento gestionado, siendo mi motivación puramente personal. Es decir, me encuentro entre los que me considero automotivado y tengo la suerte de no tener que motivar a nadie a realizar su trabajo. Sobre todo, me alegro de lo último, pues, precisamente por mi automotivación, soy incapaz de comprender las razones por las que hay que motivar a alguien a cumplir con su obligación (aunque crea haberlo sabido hacer cuando se me ha requerido).

Existen a mi juicio tan sólo dos maneras de motivar a un empleado público a realizar su trabajo. La primera es la económica, pero los márgenes aquí son estrechos. Los ascensos son difíciles y la recompensa económica en forma de paga de productividad tiende a la equidad. La segunda, es el gusto por lo que se hace, motivado por uno mismo o desde fuera. Tratar de encontrar el hueco dónde realizar una tarea que realice y ayudar a los que de tí dependan a lo mismo dentro de tus posibilidades.

En estos tiempos de congelación salarial que se nos avecina, decir que me importa más la segunda de las razones (la satisfacción profesional) a la hora de realizar mi trabajo, puede resultar contraproducente. Sin embargo, me inclinaría más a la búsqueda de un cambio el tedio personal que la búsqueda del incremento salarial. Evitar el tedio personal (propio y de los que nos rodean) es la clave de la supervivencia en este año de restricciones económicas. Esa huida del tedio tiene sin duda alguna un origen personal en parte, pero también un origen externo de aquellos responsables de la organización del servicio público. La valoración pública del empleado público  y su labor, debería ser parte de la estrategia de nuestros responsables ante los sacrificios por delante.

La gestión de dos crisis: 1989 y 2009

Los acontecimientos históricos vividos nos llenan los ojos de lágrimas y el cerebro de imágenes. Llevo unos días, recordando dónde estaba y que hacía hace 20 años, pensando en quien ocupaba mis pensamientos entonces y las preocupaciones post-adolescentes que me llenaban de pesar. 1989.

He oido análisis de todos los gustos de aquellos sucesos de invierno, de aquella crisis del comunismo que acabó con su fin. Bendita la hora para aquellos países cuando la libertad entró por la puerta, el momento que tan brillantemente recordó hace unos días Timothy Garton Ash (el mejor relator de aquellos meses en una serie magnífica de crónicas). Pocos sin embargo han hablado de la gestión de la crisis realizada, de cómo ante su evidencia hubo quien tuvo el valor de avanzar para superarla. No todo salió como esperaban los gestores de la crisis del comunismo, pero buscar fórmulas de solución abrevió la crisis y el sufrimiento que  provocaba. No digamos que hubo total convicción de los gestores, pero si en gran medida se abordó el cambio como única solución.

2009. 20 años después. Una nueva crisis sistémica, la crisis del capitalismo. Y sin embargo los gestores de la crisis se empeñan en mirar para otro lado. No se buscan soluciones para superar la crisis, sino para mantener los principios que la han provocado.  Hemos conseguido que los bancos mantengan sus beneficios y ahora estamos en realimentar la espiral de consumo. No hay convicción en la gestión del cambio, y cuando es inevitable, como todo indica que lo es, llegará por compulsión. Y mientras, se prolonga el sufrimiento social que la crisis causa y el momento final traerá aún mayor dolor.

Sociedades sostenibles y Gobierno Electrónico

Llevo ya un tiempo dándole vueltas al concepto de sostenibilidad.  Hoy, en concreto, me preguntaba si esto del Gobierno Electrónico podría aportar  o no algo a la creación de una sociedad más sostenible. Mente en blanco inicial, pero, repasándo cada uno de los vértices de la sostenibilidad, al final fueron saliendo ideas. Estas podrían ser algunas medidas basadas en el uso del Gobierno Electrónico cuya puesta en marcha favorecería (modestamente, no nos engañemos) que nuestra sociedad fuera más sostenible:

• Sostenibilidad Económica:
  
  
  
  • Reformar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007), estableciendo la obligatoriedad a todas las Administraciones Públicas de realizar todas las fases de la compra pública por medios electrónicos. La disponibilidad de una Plataforma de Contratación abierta para su uso a todas las AAPP de España, hace que sea una medida realista y que dinamizaría la actividad económica por la importancia que el sector público tiene en la misma.
  
  
  • Cierre del canal presencial de las AAPP para empresas, que provocaría un incremento de productividad al eliminar los trámites presenciales. Según Eurostat, en 2008 el 95 de las empresas de 10 0 más empleados tenían acceso a Internet, el cierre de las ventanillas no supondría un trastorno, sino forzar un cambio que inyectara eficiencia en la sociedad.
  
  
  • Obligatoriedad de proactividad en el ofrecimiento de servicios por las AAPP, obligando al uso del medio electrónico para ofrecer un canal de recogida de direcciones electrónicas de comunicación inmediata con los ciudadanos (teléfono móvil, e-mail, twitter, ...). Dicha dirección sería utilizada para hacerle llegar ofertas de servicios a los que tuviera derecho, evitando las perdidas de tiempo y recursos que el conocer los derechos propios implica.
  
  
  • Establecer un catálogo de información pública reusable en formatos acordes con estándares abiertos, que permita el fácil establecimiento de servicios de infomediación y la consecuente potenciación del sector económico de los contenidos digitales
  
  
  
  

• Sostenibilidad Social:
  
  
  
  • Desarrollo de una estrategia de canales en los organismos públicos, adaptándo sus estructuras organizativas y el modo de ofrecer sus servicios a los ciudadanos objeto de los mismos. Mayor personalización en el ofrecimiento de servicios basado en el  uso de las TIC, pero sin obligar a su uso por el ciudadadno, introduciendo modelos de colaboración social apoyados en el canal electrónico
  
  
  • Creación de paneles electrónicos ciudadanos de evaluación de políticas públicas, apalancándose en el crowdsourcing para conocer la efectividad real de las mismas haciendo del canal electrónico un elemento clave del aprendizaje organizativo.  Políticas más efectivas sólo son posibles con la participación de la sociedad.
  
  
  • Garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de servicios básicos electrónicos independientemente de su región geográfica. Reformar  la ley 11/2007 para incorporar un mecanismo flexible de definición y actualización de los mismos mediante la cooperación entre todas las AAPP.
  
  
  
  

• Sostenibilidad medioambiental:
  
  
  
  • Introducción de la claúsula verde en la compra pública de las TIC, adquiriendo equipamiento de acuerdo a criterios de eficiencia energética.
  
  
  • Desarrollo de servicios comunes y consolidación tecnológica, estableciendo  un plan de sistemas que permita la unificación de los servicios administrativos comunes (nómina, compras, personal, etc, ...). Eliminando de este modo el gasto energético derivado de las duplicaciones de equipamiento.
  
  
  • Eliminación del uso del papel en los procedimientos administrativos, establecienfo plazos  para la automatización del backoffice administrativo y la eliminación de fotocopiadoras e impresoras.
  
  
  
  

Ampliando la "Declaración Abierta para los Servicios Públicos Europeos"

(This post has an English versión in "Electronic Notes")

No soy el único en seguir y admirar el trabajo que realiza David Osimo. Sin duda es uno de los principales animadores del escenario europeo de la Administración 2.0 y quizás sólo echo de menos que escriba algo más en su bitacora, a través de la cual muchos nos iniciamos en el tema. Su última hazaña ha sido la promoción del desarrollo de "Una declaración abierta para los servicios públicos europeos".

No puedo dejar de solidarizarme con los principios que la declaración propone que han de regir los servicios públicos en Europa, pero creo que David, esta vez, se ha quedado corto. Demasiado hincapié en dar un lugar a la sociedad en el desarrollo de los mismos y poco  (ningún) espacio dedicado al cambio de modelo organizacional de las Administraciones Públicas. El cambio de dicho modelo es esencial de cara a progresar en la mejora de muchos servicios públicos, los servicios de Gobierno Electrónico sin ir más lejos.

El olvido es lógico dado que la práctica totalidad de los actores que han colaborado con David no forman parte de las Administraciones Públicas. No quiero que ello se entienda como corporativismo, sino como autocrítica hacia los que no hemos colaborado lo suficiente. Elllo ya es un indicio que la evolución de los servicios públicos europeos pasa por una evolución en nuestros modos de trabajar.

Tras este discurso de contrición, llegando fuera de tiempo, le facilito a David, esta contribución tardía a su esfuerzo. Un cuarto principio que debería regir también los servicios públicos europeos:

Administraciones Públicas Inteligentes, la colaboración entre organizaciones públicas y  empleados públicos más activos son piedras angulares en la construcción de los servicios públicos. Una mayor fluidez en las relaciones e intercambio de la información entre las organizaciones, permitirá construir servicios públicos más adptados a las necesidades de la sociedad y que impliquen menos cargas administrativas sobre los ciudadanos. Es necesario para ello,  aprovechar y mejorar las capacidades internas de las organizaciones públicas haciendo uso más eficiente y eficaz de los empleados públicos, cambiando sus modos de trabajar a través de las herramientas que permiten una mayor contacto de los mismos con los ciudadanos a los que sirven.

En cualquier caso, yo ya me he adherido a la declaración, ¿y tu?

Recetas contra la fatiga del Gobierno Electrónico

Este año 2009 en que "se nos acaba el mundo" de la Sociedad de la Información, hace especialmente importante los papeles, estudios y material generado al respecto por el país que detenta la rotatoria Presidencia de la UE, en este caso la Suecia patria chica de Lisbeth Salander. Con anterioridad, dentro del Gobierno Electrónico, nos hemos referido a parte de estos materiales como la futura Declaración Ministerial de Gobierno Electrónico de Malmö. Existen otros documentos interesantes, como el recientemente liberado "A Green Knowledge Society", que, como subtitulo indica, aspira a ser la guía para la agenda política TIC de la UE de aquí al 2015. No he visto una repercusión del mismo en la blogosfera o twittersfera, lo que no deja de ser preocupante, ya que en sus páginas es probable se encuentre escrito parte de nuestro futuro.

El documento está bien construido, bien estructurado y es fácil de leer. Su resumen ejecutivo está especialmente cuidado. Si he de quedarme con algo, me quedo con su realista diagnóstico de situación de partida para las políticas TIC de cara al 2015, que puede resumirse en los siguientes puntos:

• Creciente importancia de disponer una política TIC por parte de los Gobiernos, su ubicuidad en la sociedad actual le hace merecedora de tal dedicación al igual que se hace para, por ejemplo, los campos fiscal o energético


• La necesidad de reconciliar en las políticas TIC sus aspectos horizontales/transversales y verticales/específicos


• Reconocimiento del paso atrás en las TIC en la UE. Acertado los ejemplos de como de inventar la Web y el Linux, hemos pasado a meros usuarios de la Web 2.0 y las aplicaciones Open Source

Este diagnóstico generalizado de las políticas TIC es aplicable a cualquier aspecto específico de las mismas. El Gobierno Electrónico no está exento de este diagnóstico, en especial de sus aspectos pesimistas: Existe una fatiga del Gobierno Electrónico (término acuñado por mi admirado Di Maio). En resumen:

• La introducción de las TIC en las AAPP no han provocado la modernización esperada, en especial cuando no existía voluntad de modernización en quienes habían de ejercer el liderazgo del cambio


• La introducción de las TIC no ha supuesto hasta ahora un cambio de las estructuras jerárquicas de las AAPP por modelos de organización en red, más efectivos y planos


• El uso de las TIC no ha sido asumido de modo homogeneo por todos los integrantes de las AAPP, y en ocasiones, como en toda empresa, sigue viéndose como un obstáculo al negocio

¿Cómo seguir avanzando? ¿Cómo vencer está fatiga del Gobierno Electrónico? Pues recientemente, dos de mis blogueros favoritos daban dos recetas para ello, con voluntad de cambio de los responsables e incidiendo en hacer uso del mayor valor de las AAPP, el factor humano.

Estrategias multicanal: Conceptos básicos

Hace unos meses, comenzó a estar en la lista de temas que ocupan el tiempo libre que dedico a esta bitacora el cierre de las ventanillas presenciales.  Aún siendo un escenario de futuro consecuencia de las inversiones en Gobierno Electrónico, la llegada al mismo nunca podrá ser plena y exige una planificación estratégica adecuada. Esta planificación es denominada en el Reino Unido "Estrategia Multicanal". Dentro del continuo proceso de mejora de la Administración Pública Británica, se ha establecido el objetivo de desarrollar en cada Ministerio una "Estrategia Multicanal"  antes de Marzo de 2010. Como apoyo a esta tarea, el Cabinet Office ha editado una serie de documentos guía que son la principal fuente de información de esta entrada.

Una estrategia multicanal describe como una organización administrativa va a prestar los servicios que tiene encomendados haciendo uso de los recursos a su alcance. Su desarrollo, por tanto, es clave en la relación con el ciudadano, por ser elemento angular de la imagen que éste va a tener de la organización.

Son muchas las razones que impulsan a las organizaciones administrativas a desarrollar una estrategia multicanal. Podemos clasificar estas razones en dos grandes grupos

• Intrinsecas a la organización: Reducir costes sin reducir servicios, reorganizar recursos para ser más eficaz, obligación de mejora continua incorporando nuevos medios, ...


• Extrinsecas a la organización: Demanda de más servicios en situaciones de crisis, expectativas de la ciudadanía consecuencia estándares de prestación de servicios establecidos por sector privado, facilitar  construir servicios de valor público por elementos externos a la Administración, ...

El desarrollo de una estrategia multicanal no puede ser estandarizado. No existen dos unidades administrativas iguales en servicios  o ciudadanos objetivos principales de los mismos. Tan sólo, por tanto, pueden darse unas pautas metodológicas para ello, que es lo que pretende hacer la guía editada por el Cabinet Office. El desarrollo de una estrategía multicanal consta de tres elementos:

• Identificación de los principios de servicio y objetivos propios de la organización


• Evaluar como cada posible canal puede ayudar en la materialización de estos principios, sin descuidar la obligación de una estrategia de inclusividad en la aproximación global


• Desarrollar las acciones que permitan la migración de los canales de prestación de servicios en uso al modelo deseado

La siguiente figura ilustra la relación entre estos elementos.

El elemento más crítico de la estrategia es precisamente el último de ellos, cómo conseguir la migración de los ciudadanos hacia los canales que se han identificado como más eficientes para el prestador y más efectivos para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Las pautas, necesariamente, han de ser generales por la especificidad de casos de cada organización pero han de incluir:

• Gestión integral y centralizada de todos los canales utilizados, que evite al mismo tiempo inconsistencias en la prestación del servicio y que los intereses contrapuestos de los actores que intervienen en cada canal se impongan a los de la organización.


• Involucrar a los ciudadanos objeto del servicio, siendo participes de la selección de canales y el diseño de su uso


• Continuo proceso de mejora basado en el ciclo PDCA de Deeming, estableciendo indicadores de eficiencia y efctividad globales del servicio y particulares de cada canal

Sostenibilidad de las Administraciones Públicas

Hace unos días atendí a una presentación dónde se introducía el concepto de “Sostenibilidad de las Administraciones Públicas”. El concepto abarcaba el desarrollo de Administraciones Públicas que contribuyesen a la sostenibilidad de la sociedad en que estén encuadradas siendo a su vez en si mismas entes sostenibles. Quizás dentro de nuestra acción diaria tengamos más asumida la preocupación por la primera de las facetas que la segunda, y sólo periodos de crisis como el que atravesamos nos haga pensar en la segunda. Esta necesidad de reflexión, me ha llevado a buscar datos de la OCDE y otras fuentes sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas Españolas, y cómo estas estaban preparadas al respecto antes de la crisis. No tengo datos más actuales, y está claro que la crisis habrá cambiado parte de lo expuesto, es sólo un punto de partida del análisis.

La primera de las preocupaciones es, obviamente, la sostenibilidad económica de la Administración Pública. No ser un ente orientado a la venta de servicios hace difícil establecer la misma, acudiendo al básico mecanismo del beneficio económico. El porcentaje de PIB que supone la producción de la actividad de la Administración y servicios públicos, es un modo de evaluación de la sostenibilidad económica. Según datos de la OCDE, podríamos considerar que la Administración Pública española se ha mantenido en una línea de sostenibilidad económica entre 1995 y 2007: A pesar del innegable incremento del número de servicios prestados en este periodo, el coste de producción se ha mantenido estable en el 20% del PIB. Es significativo además, que el porcentaje del gasto público dedicado a pagar los salarios de los empleados públicos en España en ese periodo ha decrecido, a pesar que el número de empleados públicos haya aumentado. En comparación con otras Administraciones Públicas de la OCDE, España está situada en ambos conceptos, porcentaje de PIB que supone el coste de producción y porcentaje de fuerza laboral que suponen los empleados públicos, por debajo de la media de la OCDE.

La evaluación de la sostenibilidad social de una Administración Pública es aún, si cabe, más compleja. Una interpretación, es prestar atención a la evolución de los servicios que presta a la sociedad, su preocupación por el impacto de sus actividades y la imagen que de ella tiene la sociedad. Excepto para el último parámetro, me centraré en la evaluación por comparación con nuestro entorno. La evolución del gasto en servicios públicos como porcentaje del PIB ha bajado en un 5,9% entre 1995 y 2006, situándose en un 38,5%, por debajo de la media OCDE del 43,5%. Cada vez se ha dado menos servicios a la sociedad de lo que era posible. De otro lado, y también de acuerdo a los datos de la OCDE, España está a la cola del índice RIA que evalúa la preocupación por el análisis de impacto en las medidas gubernamentales y administrativas. O lo que es lo mismo, la preocupación por el impacto sobre la sociedad de la acción pública es mejorable. La comparativa negativa de la vertiente social de la acción de las Administraciones Públicas tiene su traslado en la opinión de los ciudadanos. De acuerdo a la encuesta del CIS de Marzo 2009, no llega al 30% de la sociedad los que tienen una visión positiva de las Administraciones Públicas, y apenas el 43% opinan que haya habido una mejora. En conjunto, si en la sostenibilidad económica podíamos considerar tener unas Administraciones Públicas por encima del aprobado, la sostenibilidad social ofrece un panorama menos feliz.

Pocos datos existen sobre la sostenibilidad medioambiental de las Administraciones Públicas Españolas. Desde hace unos años se han desarrollado planes destinado a reducir la huella medioambiental, pero poca información se tiene de su impacto global en el conjunto de las Administraciones Públicas. Aparte de la estimación de la reducción derivada de la digitalización del BOE (3.500 toneladas de papel) y la nota de prensa del impacto del “Plan de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado” (reducción del 10% del consumo eléctrico), no he conseguido encontrar una fuente para convalidar la idea de que, aunque se podría hacer más (e.g. introduciendo el teletrabajo), se está por el buen camino.

El punto débil de la sostenibilidad de las Administraciones Públicas Españolas no parece ser el económico en contra de lo que se pretende. A pesar de la imagen de gasto desbocado, en condiciones normales se ha procurado no caer en el vicio del nuevo rico. El punto débil de nuestra sostenibilidad es el social, el uso más efectivo de los recursos públicos en lo demandado por la sociedad.

Si nuestra sociedad ha de tener presente la máxima “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Informe Brutland), algo parecido podría decirse de nuestras Administraciones Públicas. Hemos de satisfacer las necesidades para poder velar por el interés general sin comprometer que en un futuro haya quien siga realizando esta labor. Para empezar, comencemos por reconocer lingüísticamente la palabra sostenibilidad y apoyemos que entre en nuestro diccionario.

Administración al Cuadrado (Gob Squared)

A través de las bitacoras de Rafael Chamorro y Ioannes Xabier he llegado a la lectura de otro de los últimos artículos de O´Reilly, "Web Squared: Web 2.0 five years on". Ambos han realizado un resumen del mismo, por lo que encaminaré esta entrada por otra línea de desarrollo. ¿Es hora de comenzar a hablar de la Administración al cuadrado (Gob Squared)? Aunque aún estemos comenzando a hacer realidad el Gobierno 2.0, quizás es hora de empezar a imaginar.

De igual modo que O´Reilly propone como punto de partida de su desarrollo el encuentro y fusión entre la web y el mundo real (Web is the World), la Administración al Cuadrado parte del encuentro y fusión entre Administración y Administración Electrónica: eGov is the Gov. Las sedes electrónicas dejan de describir a la Administración para pasar a ser la Administración.

Gob Squared es la culminación del Gobierno Abierto. Es la culminación de la accesibilidad, transparencia y simplificación administrativa que supone la Administración 2.0.

Es una Administración Electrónica Ambiental, transparencia inmediata a través de aplicaciones "augmented reality" que dejen ver la sombra de información de la gestión administrativa en cualquier lugar (hace unos días Amadeo Maturo hablaba de ello) . De modo inmediato saber los ámbitos  de responsabilidad de lo que nos rodea, cómo llegar a los mismos y poder hacerlo. Es tambíen que la sombra de información y servicios de la Adminsitración esté accesible desde cualquier espacio virtual donde sea natural encontrarla.

Es también la creación constante de un círculo virtuoso de información y servicios entre Gobierno y ciudadanos. El Gobierno Abierto es sinónimo de transparencia, Gob Squared es sinónimo del "Return on on Information" como otro elemento rector de la inversión pública en Tecnologías de la Información. Los servicios públicos electrónicos no sólo serán evaluados por lo que proveen, sino también por los servicios que habilitan.

Es una Administración en Tiempo Real, llegando a todos sus ámbitos de competencia mediante la colaboración que los ciudadanos, convertidos en sensores de la realidad. Una relación basada en un canal directo eliminado de la burocracia innecesaria.

Lo dicho, aún queda trecho para implantar el Gobierno 2.0, pero ¿qué sería para tí el Gob Squared?

Las barbas de los salarios o la congelación transversal

Hay un viejo refrán que habla de barbas de los vecinos.

Con la edad, uno acumula una amplia base de conocidos en su sector laboral, en mi caso el de las Tecnologías de la Información. Todos ellos, olvidaron el viejo refrán en el fragor del pim-pam-pum al funcionario. Unanimidad en lo merecido que los funcionarios nos teníamos la magra subida del 0,3%. He de reconocer que el tema me irritó.

Ahora resulta que los funcionarios eramos tan sólo los primeros. Una vez más, se hace carne el  poema “Cuando los nazis vinieron por los comunistas” de Martin Niemoller (falsamente atribuido a Bertolt Brecht). La moderación (lease congelación) llega a todos los asalariados.

Pues que quieren que diga, que me parece de una lógica aplastante. Si existe deflación, necesidades de ajustar costes y de hacer sacrificios, parece lógico que sea cosa de todos. Ya sólo nos falta, que los ERE sean en las mismas condiciones para todos.

El manipulador

No hace unas semanas, leí un debate sobre la mentira entre Andrés y la divinidad. Al final del debate Dios mencionaba la mentira en el entorno laboral. Lamento disentir de Dios, pero la mentira en el mundo laboral, simplemente, no existe.  Existe manipulación y manipuladores, no mentiras y mentirosos. También existen tontos que no ven la realidad, y que suelen ser pasto de los manipuladores.

El manipulador lo solemos hacer equivalente al mentiroso, cuando no es así. Simplemente tergiversa la realidad, la presenta de acuerdo a sus intereses tratando de persuadir sobre su visión de la misma a los que figuran a su alrededor. Nada es verdad ni mentira, depende del cristal con que se mira. El manipulador es un fabricante de cristales.

El manipulador vive en la ambigüedad, necesita de ella. Promete a unos y a otros y dilata su toma de posición al respecto de cualquier tema, lo que suele convertirle en torpe. Velar por el interés propio, primera de sus máximas, hace encaminar su gestión al caos de la organización (conunto grande o pequeño de seres humanos). Un disfraz general de la habitual del interés propio son las circunstancias, unas veces impiden el posicionamiento y otras es necesario cambiarlas antes de posicionarse, pero nunca son las adecuadas. Otro disfraz frecuente es su humanidad, su anuncio a los cuatro vientos de su alto (y fingido) interés por la especie humana que le lleva a aplazar las decisiones que puedan dañar.

El manipulador suele ser efectivo. Alcanza los objetivos que se le encomienda o hace ver de modo efizaz el haberlos alcanzado. Su carrera profesional es la obra mestra mestra de su quehacer.

El manipulador, en definitiva, pasa a nuestro lado sin que seamos conscientes de ello. Es dificil identificarle, sólo cuando somos sus víctimas o cuando alguien a quien bien queremos lo es, conseguimos despejarle de su máscara. Y aún así, tratará de convencernos que el sólo estaba auxiliando a la victima.

El voto electrónico de los representantes electos y la democracia asamblearia

No hace unos días que "El País" publicaba una noticia que reabría un viejo debate. Dos concejales en estado de buena esperanza amenazan con dejar en minoria al gobierno municipal de Bullas. Una solución puesta en sobre el tapete es la reforma constitucional que permita hacer uso del voto telemático a los representantes electos.

Ello abré da lugar a la necesidad de dar respuesta, al menos, a dos preguntas. La primera es determinar cuándo podrán sus señorías y similares hacer uso del voto electrónico. Aunque el debate se reabra con motivo de unas licencias laborales por maternidad, pueden darse otras circunstancias (no necesariamente por razones de salud) en que este justificado este voto remoto. ¿Pero quién determina esa justificación? ¿La responsabilidad del representante electo? ¿Un lista exhaustiva incluida en la legislación?. La respuesta no es fácil, sobre todo por la continua sospecha ciudadana de picaresca por parte de sus representantes (sin ir más lejos, ese mismo día el mismo periódico publicaba una Carta al Director al respecto).

La segunda pregunta es aún de más difícil respuesta. Supuesto que se habilita el voto electrónico para el representante electo, ¿qué razones habría para no habilitar el mecanismo como medio de una actuación cotidiana de la ciudadanía? Es de suponer que no se haría al mismo tiempo, pero sería difícil justificar su no habilitación en plazo medio después de la primera medida una vez que a sus señorías se les diera la posibilidad de votar electrónicamente en los debates.

Curioso como la conciliación laboral de sus señorías conduce a la democracia asamblearía, con los riesgos que eso implica.

¿Tenemos las señales correctas sobre qué hacer en el Gobierno Electrónico?

¿Nos están dando las estadísticas las señales correctas sobre qué hacer? En nuestro mundo orientado hacia el desempeño, las cuestiones de medición han cobrado mayor relevancia: lo que medimos afecta lo que hacemos.

Joseph Stiglitz - "El fetichismo del PIB"

En un informe reciente sobre el estado de la Administración Pública en un conjunto de países que tuve oportunidad de revisar, existía un capítulo dedicado al Gobierno Electrónico. Cómo en otros apartados (gasto público, estructura del empleo público, ...), los autores trataban de ofrecer una visión de estado de desarrollo del Gobierno Electrónico basado en indicadores preexistentes. Se remitía en concreto a los resultados del informe periódico que Cap Gemini realiza para la Comisión Europea en su edición del año 2007 y el informe de 2008 de las Naciones Unidas "From eGovernment to Connected Governance".

Existen pocos indicadores globalmente aceptados que reflejen el progreso del Gobierno Electrónico en un conjunto amplio de países. Los indicadores seleccionados, si bien los más utilizados, son, cuando menos, discutibles. Ya del informe de Cap Gemini mostré mi opinión en un post anterior. Mis reticencias son aún mayores del informe de las Naciones Unidas y su indice de "eGovernment Readiness". Tiene el gran acierto de incluir como componente del indicador algo más que la evaluación de servicios electrónicos (disponibilidad de infraestructura telco y capital humano), pero naufraga precisamente en la valuación de servicios electrónicos. Alguno de los sistios seleccionados  como portal nacional es sorprendente (e.g. en el caso de España www.la-moncloa.es) y se centra, según indica, en analizar los sitios de los ministerios de Educación, Trabajo, Finanzas, Seguridad Social y Sanidad, pero no indica por cada país cuáles son estos sitios ni los servicios que analiza.

No se mejora en lo que no se mide, pero medidas no correctas pueden llevar a callejones sin salida. Tenemos una carencia importante de indicadores válidos para la medición del progreso en el Gobierno Electrónico, que nos permitan además establecer una dirección de avance. Otros han recogido previamente también esta carencia (Di Maio, Osimo, ..). Un resumen de estas carencias son:

• Identificar una cesta de servicios asociada a cada una de las grandes políticas públicas (sanidad, educación, impuestos, ...)


• Selección de servicios informativos y no sólo transaccionales


• Falta de datos del uso real del Gobierno Electrónico por los ciudadanos (directo e indirecto)


• Integrar en la medición factores no sólo de disponibilidad de infraestructuras sino también de otros aspectos estructurales (e.g. marcos legales)


• Evaluar la experiencia de usuario y satisfacción en el uso de los servicios públicos, no sólo su disponibilidad


• Incluir la evaluación no sólo de los aspectos administrativos que favorece el Gobierno Electrónico, sino también de su impacto como vector de sociedades más participativas

Los "privilegios" de los funcionarios

En este periodo de crisis, son muchos los que se acuerdan de nosotros, los funcionarios. Generalmente, su recuerdo es para apuntar a los muchos “privilegios” que tenemos. Muchas veces me he preguntado porqué se considera como tales aspectos cómo la estabilidad laboral o la necesidad de justificar las acciones radicales contra un trabajador como el despido.

Voy con un ejemplo práctico de nuestros “privilegios”.

Ayer me enteré que una compañera, días antes de haber dado a luz había sido promocionada. Ello no dejaba de ser un reconocimiento a su valía, aunque supongo que muchos lo considerarán un “privilegio” promocionar a quien va a estar durante cuatro meses de licencia con sueldo por maternidad. Para ver que muchos aún consideran "contra natura" promocionar a una embarazada, basta ver el caso análogo descrito en esta carta al director de “El País”: A una trabajadora del sector privado no  se la renueva un contrato por obra 10 días antes de dar a luz.

Sin que ello no implique no reconocer el abuso que ciertos “compañeros” puedan hacer de su condición de funcionario, vivimos en una sociedad enferma cuando ser promocionada días antes de dar a luz puede ser considerado por muchos un “privilegio”. Las relaciones laborales en la Administración no son perfectas, pero estas comparaciones le lleva a uno a apreciar un entorno de trabajo donde al menos no suceden estos casos sangrantes.

La escalera de la Participación

Nota previa: Lo malo de tener fondos escritos para cuando agobia el trabajo, es que los amigos te medio pisan lo escrito. También es casualidad, Carlos.

Según el libro de Clay Shirky "Here Comes Everybody" , tres son los ingredientes de un proceso colaborativo: Causa, herramientas y reglas. Ya sea la creación de un sistema operativo, la construcción de la wikipedia o cualquier otra comunidad ad-hoc, sin una definición clara de esos tres elementos no puede existir un proceso de colaboración. El éxito o no del proceso es otro cantar, pero depende de la adecuación o no de las instanciaciones de los ingredientes al proceso que se implementa.

Aproximándonos a la participación ciudadana por medios electrónicos como un proceso colaborativo, la causa y las herramientas parecen adecuadas. La primera, la creación de un gobierno más abierto y participativo tiene el atractivo suficiente para atraer a aquellos que pueden formar parte de la comunidad. Las segundas, las distintas herramientas 2.0 que permitirían implementar una comunicación bidireccional son maduras, conocidas y usadas por un número alto aquellos llamados a tomar parte en el proceso.

Las reglas, como nos referiamos en una entrada anterior, son el punto débil. Sólo la credibilidad de las reglas hacen fracasar o triunfar los procesos de participación. ¿Cómo transmitir credibilidad? Aunque resulte una perogrullada, creando procesos relamente participativos. La ciudadanía tiende a identificar las farsas y huir de ellas.

¿Cuándo un proceso de participación es más o menos creible? El más simple esquema de clasificación por autenticidad de un proceso de participación, lo he encontrado en un artículo denominado “A Ladder of Citizen Participation”, que tiene el valor adicional de haber sido escrito en 1969. El autor, Sherry Arnstein, establece una escalera de ocho peldaños en los que clasificar los procesos de participación, de más a menos creible:

1. Manipulación, creando comités conjuntos con la ciudadanía para utilizar esta como coartada


2. Terapía, similar a la anterior, creando un entorno dónde la ciudadanía se desahogue pero sin atender a su expresión


3. Informativo, estableciendo un canal unidireccional en el que el gobierno facilita información de sus intenciones pero sin dar opción a la réplica


4. Consulta, creando un entorno de expresión de la ciudadanía y atención de la misma, aunque sin expresar un compromiso acerca del tratamiento de sus opiniones.


5. Apaciguador, aceptando de modo claro propuestas de la ciudadanía que sirvan como muestra de la bondad de las intenciones de la Administración pero sin dejar claro como se toman las decisiones globales


6. Colaboración, en un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas pero conducido por la Administración en todos sus ámbitos


7. Delegación de poder, en el cual los ciudadanos tiene ámbitos cuya opinión prevalece sobre la opinión de la Administración


8. Control ciudadano, dónde la ciudadanía participa sin tutelaje alguno de la Administración

En general, los ciudadanos tenderán a participar más en los procesos de participación de los 3-4 últimos peldaños, mientras huirán de los situados en los niveles bajos de la escalera. Quizás la falta de éxito de los procesos de participación se basa en que las Administraciones aún no han sabido subir más allá de los primeros peldaños.

Gobierno 2.0: No es una plataforma, es un ecosistema

O´Reilly es "dios.0" (lease diospuntocero), y toda frase categórica suya abre las compuertas a rios de bits. Su última ocurrencia ha sido la sentencia "Gov 2.0: It´s all about the platform", que desarrollaba en una reciente entrada como autor invitado en Techcrunch. No obstante, creo que es más afortunada la frase de  Andrea Di Maio (otro sospechoso habitual): "Government has a platform, but definitely is not a platform". Aunque el segundo se empeñe en querer demostrar que ha dicho algo distinto, los egos son así,  no ha hecho en realidad más que dar con un resumén acertado de las tesis de O´Reilly.

No creo que tampoco sea para tanto el descubrimiento. Antes incluso de la existencia de data.gov, hacia ya tiempo que los hay que hablábamos de la existencia de esa plataforma en potencia.  La duda está en si el futuro del Gobierno Electrónico será o no construido sobre esa plataforma.

La evolución de los servicios públicos, sean electrónicos o no, están marcados por muchas circunstancias. Lo que parece obvio en círculos de (llamemoslo) iniciados no tiene porque ser el futuro, que suele ser el hermano pobre (y realista también) de los sueños del presente. Por poner un ejemplo, hace 20 años creíamos en interfaces ATM en casa del abonado para los servicios multimedia; nos hemos tenido que conformar con una línea ADSL sobre la que viaja el que llamábamos ineficiente TCP/IP. Es lo malo de cumplir años, uno se acuerda de demasiadas cosas.

Recientemente me he leido el fascículo "eGovernment evolution towards 2020" del estudio encargado por la Comisión Europea "eGovernment TrendsWatch". Es un informe denso, a ratos aburrido y a ratos interesante. Y además difícil de leer en diagonal.  No obstante, merece tenerlo encima de la mesa para en ratos libres leer una decena de páginas. En su capítulo 4, presenta distintas posibilidades de futuro del Gobierno Electrónico de acuerdo a la evolución de tres parámetros:

• Disruptividad del entorno socio-económico (estable o inestable)


• Actitud de los ciudadanos frente al Gobierno y la Administración (confianza o desconfianza)


• Visión de sus funciones que tiene el Gobierno (omnímodo o reducido)

Este espacio de evolución tridimensional da lugar a ocho modelos de Gobierno Electrónico, en los cuáles no necesariamente tiene sitio la plataforma "descubierta" por O´Reilly.  Sólo en un futuro dónde los ciudadanos confíen en su Gobierno y éste tenga conciencia que no necesariamente es el mejor proveedor de todos los servicios, la visión de O´Reilly (y de los que creemos en el Gobierno 2.0) tendrá un sitio.

¿Y el factor socio-económico? ¿Favorece a la plataforma un entorno estable o disruptivo? Es difícil de adivinar, sobre por su efecto sobre los otros dos parámetros que marcan el futuro. De un lado, la inestabilidad impulsa la concepción del "lean Government", favoreciendo que el Gobierno busque la colaboración y abra su plataforma. De otro lado, la inestabilidad retrae la voluntariedad de esa colaboración por la sociedad e incrementa su desconfianza. Una descripción de cómo las tensiones socio-económicas afectan a la voluntad (aparente, al menos) de construir el futuro del Gobierno Electrónico sobre la plataforma "descubierta" por O´Reilly lo dió recientemente Vivek Kundra.

"Dios.0" y Andrea di Maio tienen razón en identificar que existe una plataforma, pero la plataforma no equivale al Gobierno 2.0. Coincido más con la visión del Gobierno 2.0 como un nuevo ecosistema público-privado de servicios públicos electrónicos, la forma del mismo y el grado de apoyo de los mismos sobre la plataforma "descubierta" por O´Reilly es lo que aún está por determinar, y dependerá de las circunstancias antes descritas.

Y como "Gobierno 2.0" es sinónimo de "Gobierno Abierto", acabo con ejemplos prácticos de los obstáculos  internos al mismo tomados con ese fiel reflejo de la vida Administrativa que es "Si, Ministro".

Identidad electrónica personal y los límites del crowdsourcing

La inteligencia de las multitudes es una de las bases sobre las que se apoyan los servicios colaborativos. Ayudar con la opinión individual a que otros se formen opinión sobre un tema concreto, es el servicio más claramente identificable en esta línea. La integración de diversos formatos digitales para ello (texto, imagen, audio, vídeo) ha sido facilitado por los medios sociales.

Los asuntos públicos comienzan a ser objeto de este tipo de servicios colaborativos. Un ejemplo de ello es "Patient Opinion", dónde los ciudadanos del Reino Unido describen su experiencia como usuarios del Sistema Nacional de Salud. Si uno toma un tiempo leyendo las mismas, encuentra tanto opiniones favorables como desfavorables, pero con el denominador común de referirse a empleados públicos perfectamente identificables. Los datos de carácter personal, de acuerdo a la interpretación de la definición de estos que recoge la Opinión 4/2007 del grupo de trabajo del Artículo 29 , son un elemento de manejo frecuente en este tipo de servicios.

Y sólo acabamos de empezar.  La evaluación de servicios públicos puede ir más allá. Hace unos días Andrea di Maio ponía un ejemplo para la meditación en su blog. Hay que encontrar los límites del crowdsourcing Entre la libertad de expresión y la protección de los datos personales. De nuevo el 2.0 nos enfrenta con una razón para repensar el marco legal de la identidad electrónica personal en su más amplio significado.

Gripe A, Administración y Tecnologías de la Información

Seguimos sin saber a ciencia cierta si esto de la Gripe A va a ser un fenómeno de amplio impacto sobre nuestra vida cotidiana o no. Sumergidos en noticias de “si pero no”, datos estadísticos ausentes o sospechosos (hace un par de días hoy en la CNN que en China no se había registrado ningún muerto por la pandemia), queda oculto el efecto que la enfermedad va a tener sobre la sociedad. Y sin embargo hay oportunidades de cambio social. Cambios sociales en los que las TIC dentro de la Administración tienen un importante papel.

Se presenta una oportunidad para el desarrollo del teletrabajo, en general pero también en el sector público. Sólo el 8% de los trabajadores españoles teletrabajan, y en el sector público su impacto es insignificante. Lejos quedaron los tiempos del impulso dado a la medida por el Ministro Jordi Sevilla, y la previsión de desarrollo del teletrabajo ha quedado como una de las disposiciones incumplidas de la Ley 11/2007 (o al menos de desarrollo retrasado). Es tiempo para retomar una medida pensando en los posibles deberes familiares de asistencia a enfermos que los empleados públicos hayan de satisfacer. Además, supondría un ahorro energético importante en estos tiempos de crisis. La medida tiene coste, en contra de lo que algunos piensan y refleja su desconocimiento de la materia (ver último párrafo de esta noticia), y necesitaría al menos de

• un desarrollo legal


• despliegue de medios en los domicilios de los teletrabajadores


• creación de infraestructura de acceso al entorno virtual de trabajo


• formación para teletrabajadores y sus responsables sobre como actuar en el nuevo entorno laboral


• transformación del espacio físico de las oficinas para adecuarse a un colectivo teletrabajador

Y, por encima de todo, sería necesario el desarrollo de un plan de despliegue de la medida, identificando aquellos puestos de servicio en los que es razonable aplicarla y cuáles no. No sería justificable una adopción opcional.

También se presenta una oportunidad para el desarrollo del Gobierno Electrónico. El Gobierno Vasco ha anunciado medidas destinadas a evitar el contagio entre los empleados públicos.  Las ventanillas van a ser dotadas de mamparas y, lo que es más importante, van a ser reducidas en número. Echo de menos que además se indique que se va a publicitar la posibilidad de realizar los trámites por Internet y que se mida la repercusión de la medida. Una oportunidad igual de realizar una experiencia de semi-apagón “analógico” de la Administración es difícil que se nos presente. Servicios de Gobierno Electrónico que deberían ser especialmente promocionados son, obviamente, los relacionados con la salud, tratando de evitar en la mayor medida posible la asistencia a centros sanitarios (focos naturales de contagio). La cita previa o la teleprescripción como un servicio asociado a la receta electrónica entrarían dentro de los servicios a implantar y promocionar.

Finalmente, aunque seguro que habrá quien se le ocurra otros campos, está la enseñanza. Se hace un escaso uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, especialmente para la difusión masiva de contenidos educativos. La previsible existencia de un amplio grupo de afectados entre la población infantil presenta una oportunidad de cambio al respecto. Así lo están entendiendo y se están preparando para ello algunos gobiernos, pensando en utilizar las televisiones públicas con fines educacionales en caso de ser necesario.

El trabajo funcionarial, la relación entre Administración y ciudadanos, la enseñanza, ... servicios públicos cuya transformación mediante las TIC puede acelerarse con la pandemia de Gripe A.